1.- La Constitución Española reconoce: a) El derecho a la propiedad pública. b) El derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. c) El deber de negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. d) El derecho de petición individual y colectiva de los miembros de las Fuerzas Armadas sometidas a disciplina militar.
2.- La defensa de los derechos fundamentales, recogidos en el Título I de la Constitución Española, corresponde: a) En exclusiva a los tribunales de orden penal. b) Al Defensor del Pueblo, elegido por el Consejo de Ministros. c) Al Defensor del Pueblo, designado por las Cortes Generales, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad del Congreso y del Senado. d) Al Defensor del Pueblo, designado por las Cortes Generales, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración.
3.- Según la Constitución Española el ejercicio del derecho de reunión: a) No precisa de autorización previa si es pacífica y sin armas. b) Es reconocido como un derecho de la ciudadanía, incondicionado e ilimitado. c) Necesita, para evitar alteraciones del orden público, de preceptiva autorización previa en los casos de reuniones en lugares de tránsito público. d) Son válidas las respuestas a) y c).
4.- El Consejo de la Unión Europea: a) Es elegido por los Parlamentos de cada Estado miembro. b) Es presidido por cada Estado miembro por turno de 12 meses. c) Es el principal órgano de decisión de la Unión Europea, junto con el Parlamento Europeo. d) Se compone de un número de miembros fijo, representados por los/as Presidentes de los Parlamentos de los Estados miembros.
5.- La Comisión Europea: a) Es un órgano de la Unión Europea colegiado, ejecutivo y políticamente independiente. b) Dirige y controla las decisiones del Parlamento Europeo. c) Elige a los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo y del Comité de las Regiones. d) Es el órgano legislativo de la Unión Europea.
6.- El Gobierno Vasco: a) Es el órgano colegiado que ostenta las funciones ejecutivas, judiciales, legislativas y administrativas del País Vasco. b) Nombra de entre sus miembros al Presidente o Lehendakari. c) Cesa por dimisión de su Presidente. d) Son válidas las respuestas a) y c).
7.- La Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta competencia exclusiva en las siguientes materias: a) Asistencia social. b) Legislación penal y penitenciaria. c) Obras públicas hidráulicas de interés y ámbito general. d) Ordenación del sector pesquero del País Vasco.
8.- El Parlamento Vasco: a) Está integrado por un número de representantes proporcional a la población de cada Territorio Histórico. b) Responde políticamente de sus actos, en forma solidaria, ante el Tribunal Constitucional. c) Ejerce la potestad reglamentaria y administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. d) Designa los/as senadores/as que han de representar al País Vasco.
9.- Los órganos forales del Territorio Histórico de Álava son: a) Las Juntas Generales y los Organismos Autónomos Forales. b) La Diputación Foral, las Cuadrillas y las Hermandades. c) La Diputación Foral y las Juntas Generales de Álava. d) Son válidas las respuestas b) y c).
10.- Las Juntas Generales de Álava: a) Como máximo órgano colegiado del Territorio Histórico de Álava ostenta la representación de la Diputación Foral de Álava. b) Ejercen e impulsan la potestad reglamentaria de la Diputación Foral de Álava. c) Ejercen la iniciativa popular para la aprobación de los presupuestos de la Diputación, en los términos aprobados por la Ley del Parlamento Vasco. d) Son el órgano máximo de representación y participación popular del Territorio Histórico de Álava.
11.- Son disposiciones de carácter general emanadas de las Juntas Generales: a) Las mociones e interpelaciones. b) Las Normas Forales. c) Las Leyes Forales. d) Los Acuerdos de la Mesa de las Juntas Generales.
12.- Los puestos de trabajo que impliquen el ejercicio de las potestades públicas corresponden: a) Exclusivamente al personal directivo profesional. b) Al personal funcionario público. c) Al personal laboral fijo. d) Al personal funcionario público, al personal laboral y al personal eventual.
13.- El régimen general del personal funcionario público será aplicable: a) Exclusivamente al personal eventual. b) Al personal directivo profesional y a los altos cargos de la Administración. c) Al personal funcionario de carrera y, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, a los funcionarios interinos y al personal eventual. d) Al personal laboral fijo que determine cada Administración.
14.- En correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, el personal empleado público tiene los siguientes derechos de carácter individual: a) Al planteamiento de conflictos colectivos. b) A la libre asociación profesional. c) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. d) Al derecho de reunión.
15.- La renuncia voluntaria a la condición de funcionario/a de carrera: a) Inhabilita para, a través del procedimiento selectivo correspondiente, ingresar de nuevo en al Administración Pública. b) Habrá de manifestarse por escrito. c) Deberá ser aceptada por la Administración en cualquier caso y sin limitación alguna. d) Deberá ser aceptada únicamente cuando el personal funcionario esté sujeto a un expediente disciplinario que pueda conllevar la separación del servicio.
16.- Son causa de pérdida de la condición de funcionario/a de carrera: a) La pena de suspensión de funciones que tuviera el carácter firme. b) La sanción administrativa de inhabilitación para cargo público. c) El acto administrativo de procesamiento por la comisión de algún delito. d) La renuncia a la condición de funcionario/a.
17.- Los sistemas selectivos del personal funcionario de carrera serán: a) Con carácter general los de oposición, concurso-oposición y concurso de valoración de méritos. b) Los de oposición, concurso-oposición y, excepcionalmente en virtud de ley, el concurso de valoración de méritos. c) Cualquier sistema que garantice la publicidad, transparencia e imparcialidad. d) Con carácter exclusivo el de oposición.
18.- Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Pública: a) Todas las personas físicas. b) Todo empleado público, cualquiera que sea el trámite que desee realizar. c) Únicamente las personas jurídicas que realicen una actividad profesional y/o empresarial y tengan un volumen de negocio superior a 15.000 euros al año. d) Las entidades sin personalidad jurídica.
19.- La Administración queda exceptuada de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla, en todos los procedimientos en cualquiera que sea su forma de iniciación, en los siguientes casos: a) Prescripción. b) Caducidad del procedimiento. c) Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. d) Terminación del procedimiento por pacto o convenio.
20.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución: a) Se suspenderá cuando los/as interesados/as promuevan la recusación desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. b) No podrá ser objeto de suspensión por un plazo superior a 3 meses. c) No podrá ser objeto de ampliación en ningún caso. d) Se suspenderá cuando el/la interesado/a desista de su solicitud.
21.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado/a el silencio administrativo: a) Será estimatorio en todo caso y sin excepción en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución Española. b) Será desestimatorio en los procedimientos de revisión de oficio iniciados a solicitud del interesado/a. c) No permite a los/as interesados/as interponer los recursos que procedan hasta el momento del dictado de resolución expresa. d) No puede darse en ningún caso.
22.- Según el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos de fabricación por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaborados con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, se denominan: a) Contrato de servicios. b) Contratos de suministro. c) Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. d) Contratos de gestión de servicios públicos.
23.- Según el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos se considera: a) Contrato privado. b) Contrato administrativo de suministro. c) Contrato administrativo de servicio. d) Ninguna de las respuestas es válida.
24.- Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, si la comunicación de datos a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, se efectúa previo procedimiento de disociación: a) Se requiere el consentimiento de la persona afectada en todo caso. b) No se aplica lo previsto en la legislación para el consentimiento de la persona afectada. c) Se requiere el consentimiento de la persona afectada si se trata de datos relativos a la salud. d) Se requiere el consentimiento de la persona afectada si la comunicación tiene como destinatario el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.
25.- Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación de la persona interesada: a) Corresponde al responsable del tratamiento. b) Deberá hacerse en el plazo de 3 meses. c) Corresponde al encargado del tratamiento que deberá hacerlo efectivo en el plazo de 15 días. d) No procede si los datos han sido comunicados previamente.
26.- El acceso a la información cuando exista oposición de tercero: a) Se realizará únicamente por vía electrónica. b) Solo tendrá lugar cuando habiendo concedido el acceso haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. c) No podrá realizarse de forma gratuita. d) Deberá ser denegado siempre.
27.- Están incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Transparencia: a) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. b) Todas las fundaciones del sector privado. c) Las sociedades mercantiles en las que la Administración General del Estado tengan una participación directa o indirecta inferior al 15%. d) La Casa de su Majestad el Rey en relación con todas sus actividades sujetas o no al derecho administrativo.
28.- El derecho de acceso a la información pública: a) Se reconoce en el artículo 105. b) de la Constitución Española a todas las personas sin limitación alguna en su ejercicio. b) Podrá ser limitado atendiendo a la concurrencia de un interés público o privado superior que así lo justifique en cada caso concreto. c) No podrá ser limitado por razones de perjuicio a los intereses económicos y comerciales. d) No podrá ser limitado por razones de perjuicio para la garantía de confidencialidad en procesos de toma de decisión.
29.- En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo la legitimación corresponde: a) A cualquier persona física o jurídica en el ejercicio de la acción popular. b) Al Defensor del Pueblo y a las Cortes Generales. c) Únicamente a la persona acosada. d) A los poderes públicos competentes en materias de políticas públicas para la igualdad.
30.- Según la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que correspondan a los poderes públicos: a) Es obligatorio atender al principio de presencia igualitaria de hombres y mujeres. b) Se incorporará preceptivamente un informe de evaluación de impacto de género sobre la legalidad de los nombramientos y designaciones. c) La presencia de mujeres representará, al menos, 3/4 del total de los nombramientos. d) Se procurará atender al principio de presentación equilibrada de hombres y mujeres.
31.- El Diputado General de Álava: a) Es elegido por las Juntas Generales de Álava a propuesta del Presidente de las Juntas Generales. b) Es elegido por el Parlamento Vasco por sufragio universal, libre, directo y secreto. c) Es elegido y cesado por las Juntas Generales a propuesta de los y las diputados y diputadas forales. d) Es incompatible con el ejercicio del cargo de concejal de cualquier municipio.
32.- Según el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público son negocios o contratos sujetos a la misma: a) Los acuerdos que celebre el Estado y las Comunidades Autónomas con otros Estados o con entidades de derecho internacional público. b) Los contratos relativos a arbitraje y conciliación. c) Los contratos celebrados por las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación de entidades pertenecientes al sector público sea inferior al 15%. d) Los contratos celebrados por las Universidades Públicas y los Organismos Autónomos.
33.- Dentro de las modalidades de la carrera profesional del personal funcionario público: a) La carrera horizontal consiste en el acceso a cuerpos a escalas de un subgrupo profesional a otro superior. b) La carrera vertical consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. c) La carrera interna vertical consiste en el ascensor a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional. d) Son válidas las respuestas a) y c).
34.- Las notificaciones que conteniendo el texto integro del acto omitiesen la expresión de los recursos que proceden: a) Surtirán efecto a partir de la fecha en que la persona interesada interponga el recurso que proceda. b) No surtirá efecto en ningún caso. c) Surtirán efecto desde la fecha en que la persona interesada firme el acuse de recibo de la notificación correspondiente. d) Surtirán efecto en todo caso.
35.- Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos que resuelvan las reclamaciones de las personas interesadas por actuaciones contratadas a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: a) No cabe recurso alguno. b) Procederá la interposición de recurso contencioso-administrativo. c) Procederá reclamación civil de daños y perjuicios. d) Procederá recurso de alzada ante el Congreso de Diputados.
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