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Según el artículo 17 de la Constitución Española, se garantiza la asistencia de abogado al detenido: En las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Exclusivamente en las diligencias judiciales. En las diligencias policiales y judiciales en los términos que el juez establezca. Exclusivamente en las diligencias policiales.

Según el artículo 18 de la Constitución Española, el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. No se limitará. Se limitará por ley. Se limitará por reglamento. Se limitará por resolución judicial.

Según el artículo 54 de la Constitución Española, el Defensor del Pueblo dará cuenta: Al Gobierno. Al Tribunal de Cuentas. Al Tribunal Supremo. A las Cortes Generales.

Según el artículo 16 de la Constitución Española, la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades: No se garantiza, salvo excepciones. Se garantizan sin límites. Se garantiza sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el ejercicio de la misma. Se garantiza sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

¿Cuál de los siguientes NO es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Española?. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. El derecho a la propiedad privada y a la herencia. El derecho de asociación y el derecho a la educación. El derecho de reunión.

¿En qué artículo de la Constitución Española se reconoce el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica?. En el artículo 48. En el artículo 32. En el artículo 18. En el artículo 22.

Según el artículo 1 de sus Estatutos, la Universidad de Alcalá, en la realización de sus actividades, se atendrá a los: Principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Principios de economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. Principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, calidad y mejor servicio a la sociedad. Principios de simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

Según el artículo 3 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, el principio de libertad académica se manifiesta en las siguientes libertades: Libertad de enseñanza. Libertades de cátedra y de expresión. Libertades de cátedra y de creación literaria, artística, científica y técnica. Libertades de cátedra, investigación y estudio.

Según el artículo 9 de sus Estatutos, la Universidad de Alcalá está integrada por: Facultades y Escuelas ubicadas en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Guadalajara. Facultades y Escuelas ubicadas en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Segovia. Facultades ubicadas en la Comunidad de Madrid. Facultades ubicadas en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Segovia.

Según el artículo 15 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, la elaboración de los mismos, así como su reforma e interpretación corresponde al: Consejo de Gobierno. Claustro. Consejo Social. Rector.

Según el artículo 12 de sus Estatutos, son órganos unipersonales de gobierno general de la Universidad de Alcalá: El Rector, las Juntas de Facultad y Escuela, el Secretario General y los Delegados del Rector. El Rector, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente. El Rector, los Vicerrectores y los Delegados del Vicerrector. El Rector, los Vicerrectores, los Consejos de Departamento y de los Institutos Universitarios de Investigación.

Según el artículo 21 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, el nombramiento del Gerente, de acuerdo con el Consejo Social, así como su destitución corresponde al: Consejo de Gobierno. Vicerrector con competencia en asuntos económicos. Claustro. Rector.

Según el artículo 201 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, el Consejo Social enviará el presupuesto anual de la Universidad, una vez aprobado, a la Comunidad de Madrid: No hay prevista tal obligación en los Estatutos de la Universidad de Alcalá. En el plazo máximo de un mes. En el plazo máximo de tres meses. En el plazo máximo de quince días.

Según el artículo 108 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, la dedicación a tiempo completo será requisito para el desempeño de: Cargos en los órganos académicos unipersonales regulados en los presentes Estatutos. Cargos en los órganos académicos colegiados regulados en los presentes Estatutos. Cargos de representación del personal regulados en los presentes Estatutos. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 142 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, las Facultades, Escuelas u otros Centros harán publica la programación de la docencia de las asignaturas que se imparten en ellos: Con antelación al comienzo del curso. Coincidiendo con el comienzo del curso. Al final del año. Al inicio del año.

Según el artículo 148 de sus Estatutos, el personal de administración y servicios de la Universidad de Alcalá estará integrado por: El personal contratado en régimen administrativo. El personal contratado en régimen mercantil. El personal contratado en régimen laboral. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 154 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, los órganos de representación del personal de administración y servicios son: La Junta de Personal. El Comité de Empresa. El Consejo de Representantes. Todas las anteriores son correctas.

Según el artículo 219 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, el Archivo universitario dependerá: De la Gerencia. Del Director de la Biblioteca. Del Rector o Vicerrector en quien delegue. De la Secretaria General.

Según el artículo 224 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, el Servicio de Prevención actuará bajo las directrices aprobadas por: El Consejo de Gobierno. El Comité de Transparencia. . El Consejo de Gobierno. El Comité de Seguridad y Salud.

Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles: Cuando así lo establezca una ley ordinaria. En cualquier caso. En ningún caso. Cuando así lo establezca una disposición reglamentaria.

Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la misma tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo: 9.3 de la Constitución Española. 14 de la Constitución Española. 18.4 de la Constitución Española. 35.1 de la Constitución Española.

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, será lícito: En todo caso. Sólo si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. En ningún caso. Sólo si consta el del titular de la patria potestad o tutela y el del responsable del tratamiento.

Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el deber de confidencialidad regulado en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derecho Digitales: Estarán sujetas al deber de confidencialidad todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos. El deber de confidencialidad termina cuando finaliza la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Estarán sujetos al deber de confidencialidad los responsables del tratamiento de datos. Estarán sujetos al deber de confidencialidad los encargados del tratamiento de datos.

Según el artículo 36 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se producirán: En todo caso por escrito. Por escrito en soporte papel, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. En todo caso de forma verbal. Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuáles de las siguientes NO es un medio de ejecución forzosa?. Expropiación forzosa. Compulsión sobre las personas. Multa coercitiva. Apremio sobre el patrimonio.

Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de: Tres meses. Dos meses. Un mes. Quince días hábiles.

Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos: Desde la fecha en que se publiquen en el diario oficial correspondiente. A los veinte días de su publicación en el diario oficial correspondiente. Desde la fecha en que se notifiquen a las personas interesadas, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Las asociaciones y organizaciones que sean titulares de intereses legítimos individuales. Los que, sin haber iniciado el procedimiento y sin tener derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, así lo soliciten. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Cualquiera que se persone en el procedimiento.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos: Iniciados a solicitud del interesado. Salvo en los casos de prescripción o renuncia del derecho. Cualquiera que sea su forma de iniciación. Sólo en los procedimientos iniciados de oficio.

El artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el sector público institucional se integra por: Las Universidades Públicas. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones públicas. Todas son correctas.

Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán consideración de órganos administrativos las unidades administrativas: Que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter potestativo. Que se les atribuya funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Que se les atribuya funciones que tengan efectos jurídicos frente a otras Administraciones Públicas, o cuya actuación tenga carácter potestativo. Que se les atribuya funciones que tengan efectos jurídicos frente a otras Administraciones Públicas, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los acuerdos de los órganos colegiados: Serán adoptados por mayoría absoluta de votos. Serán adoptados por mayoría de votos. Serán adoptados por unanimidad. Serán adoptados por mayoría simple o mayoría absoluta de votos.

En relación con la recusación regulada en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA: Se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de un mes, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Podrá promoverse por cualquier persona en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. El recusado dispone de siete días para manifestar a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada.

Señale cuál de las siguientes respuestas NO se encuentran regulada en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de conformidad con su artículo 1: Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Los principios de la potestad sancionadora. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Según el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por: El vocal de mayor edad. El secretario. El presidente. Cualquiera de sus miembros.

Señale cuál de los siguientes principios NO ha de tenerse en cuenta por las Administraciones Públicas a la hora de determinar las condiciones e instrumentos de creación de las Sedes Electrónicas según el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Interoperabilidad. Transparencia. Accesibilidad. Sancionador.

Según el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada: a. El sello electrónico de la Administración Pública. b. La firma húmeda de la Administración Pública. c. El código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública. d. Las respuestas a) y c) son correctas.

Según el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ¿las Universidades Públicas se consideran Administración Pública a los efectos de lo previsto en el Título I de la mencionada Ley?. Sólo en materia de contratación pública. Verdadero. Sólo en materia de selección personal. Falso.

Según el artículo 34 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ¿cuáles son los fines del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. Tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Tiene por finalidad presentar los presupuestos de ingresos y gastos, velar por el cumplimiento de las obligaciones de carácter económico y garantizar el seguimiento presupuestario. Tiene la finalidad de seleccionar al personal de nuevo ingreso, velar por la transparencia de los procesos selectivos y garantizar la igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Tiene por finalidad regular la potestad disciplinaria y la tramitación de los expedientes de carácter sancionador.

Según el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública debe notificarse: En el plazo máximo de quince días desde la entrada de la solicitud en el registro de cualquier Administración Pública. La Ley no establece plazo de resolución. En el plazo máximo de dos meses desde la presentación de la solicitud, en cualquier registro público. En el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, por el órgano competente para resolver.

Según el artículo 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, entre los miembros que componen la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno se encuentran: El Presidente, el Secretario y el Defensor del Pueblo. El Presidente, un Diputado y un Senador. El Presidente, el Presidente del Congreso y el Presidente del Senado. El presidente, el Vicepresidente y el Secretario.

El artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que el trabajador deberá recibir una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, y que esta formación deberá impartirse: Siempre dentro de la jornada de trabajo. Siempre que sea posible dentro de la jornada de trabajo. Siempre fuera de la jornada de trabajo. En días no laborables para que no afecte al normal desarrollo de la jornada de trabajo.

Según el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Alcalá, y de cara al perfeccionamiento y mejora de su sistema de prevención, la Universidad de Alcalá: Deberá someterlo al control de una auditoría o evaluación externa obligatoria cada tres años. Podrá someterlo con carácter voluntario al control de una auditoría o evaluación externa. Deberá someterlo al control de una auditoría o evaluación externa obligatoria cada dos años. Deberá someterlo al control de una auditoría o evaluación externa obligatoria cada cinco años.

Según el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud se reunitá: Trimestralmente. Anualmente. Mensualmente. Semestralmente.

Según el artículo 34 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿tienen los trabajadores derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo?. No, es una materia reservada a la Administración. Sí, pero sólo cuando la relación laboral supera los dos años de duración. Sí, en cualquier caso. Sólo los funcionarios.

Según el artículo 14 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el derecho a una protección eficaz en materia de salud y seguridad en el trabajo constituye un deber: Sólo para los empresarios que realicen actividades de riesgo. No constituye un deber para las Administraciones Públicas. Para el empresario y las Administraciones Públicas. Únicamente para las Administraciones Públicas con competencias en obra civil.

Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los siguientes NO es un derecho de los empleados públicos?. El derecho al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. El derecho a la tutela judicial efectiva en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional contra su persona. El derecho a recibir protección eficaz en materia de Seguridad y salud en el trabajo. El derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.

Según el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en la correspondiente ley de presupuestos se reflejarán las cuantías de: Las pagas extraordinarias de los funcionarios. Las retribuciones básicas de los funcionarios. Los complementos específicos de los funcionarios. Las gratificaciones de los funcionarios.

Según el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿quiénes podrán formar parte de los órganos de selección?: El personal de designación política. Los funcionarios interinos. El personal eventual. Ninguna respuesta es correcta.

Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal por tiempo indefinido. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal directivo. Funcionarios propios, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.

Según el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones muy graves prescribirán: A los tres años. A los dos años. Al año. A los seis meses.

Según el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad que: No podrá ser superior al seis por cierto de las vacantes. No podrá ser superior al uno por ciento de las vacantes. No podrá ser inferior al cuatro por ciento de las vacantes. No podrá ser inferior al siete por ciento de las vacantes.

Según el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley será: Compatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad siempre que sea de carácter público. Incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, aún cuando pueda impedir el estricto cumplimiento de sus deberes siempre que se justifique. Incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Compatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado.

Según el artículo 4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como: Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial. Profesor titular de Universidad en régimen de dedicación a tiempo completo y con duración determinada. No podrá autorizarse dicha compatibilidad. Catedrático de Universidad en régimen de dedicación a tiempo completo.

Según el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, los servicios prestados en el segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público: Computarán a efectos de antigüedad, trienios y derechos pasivos. Computarán a efectos de antigüedad y derechos pasivos. Computarán a efectos de antigüedad. No computarán a efectos de trienios.

Según el artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo de las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse: Cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta ley como de prestación a tiempo completo. Cuando la actividad pública sea de carácter discontinuo. Cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta ley como de prestación a tiempo parcial. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 9 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, los grupos profesionales son: Tres. Seis. Cuatro. Ocho.

Según el artículo 30 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, el periodo de prueba de los contratos del personal laboral queda establecido en: Siete días para los puestos que no exijan cualificación, dos meses para los cualificados y un año para los titulados superiores. Quince días para todo tipo de puestos. Quince días para los puestos que no exijan cualificación, un mes para los cualificados y seis meses para los titulados superiores. No se regula el período de prueba de los contratos en el Convenio Colectivo.

Según el artículo 44 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de los siguientes NO es un sistema de selección?. Concurso-oposición de promoción interna. Concurso de traslado. Concurso-oposición libre. Concurso de movilidad.

Según el artículo 66 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de los siguientes NO es un complemento del puesto de trabajo?. Nocturnidad. Jornada diferenciada y rotatoria. Jornada de mañana y tarde. Específico.