Examenes 2022

En relación con los derechos fundamentales y las libertades públicas regulados en el Sección 1.ª del Capítulo segundo "derechos y libertades", la regulación legal de la cláusula de conciencia y el secreto profesional, ¿con qué derecho se encuentra relacionado?. Con ninguno delos contenidos en esa sección. Con el derecho a comunicar libremente información veraz. Con el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Con el derecho a la vida y a la integridad física y moral.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía ¿Cuál de los siguientes principios no es un Principio rector de las políticas públicas?. La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad. La especial protección de las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida. El uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto. El derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable.

En una aplicación desplegada en la sede electrónica de un organismo público en la que se publiquen actos administrativos que contengan datos personales, se debe tener en cuenta que: Cuando el afectado carezca de documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos. Por norma general, se identificará a los afectados mediante su nombre y apellidos, añadiendo las cuatro últimas cifras numéricas del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. En el caso de notificaciones infructuosas, podrá publicarse el nombre y apellidos del afectado de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados, estos deberán ser identificados únicamente mediante su identificador completo de documento nacional de identidad, identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales: El consentimiento tácito del interesado es condición legítima para el tratamiento de sus datos personales. Las Administraciones Públicas, por su propia naturaleza, no están obligadas a recabar el consentimiento para el tratamiento de datos personales. El responsable del tratamiento, cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, no está obligado a recabar el consentimiento del interesado. El consentimiento expreso es genérico e independiente de las actividades de tratamiento y de los fines de éstas.

La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales incluye como novedad el derecho de. Acceso. Portabilidad. Transparencia. Reposición.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género se denomina: Interseccionalidad. Corresponsabilidad. Transversalidad. Neutralidad.

¿Cuánto tiempo tienen los centros sanitarios obligación de conservar la documentación clínica, según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica?. Durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cuatro años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. Durante el tiempo adecuado a cada caso atendiendo a la patología, determinado por la comisión de historias clínicas. Durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. Durante un mínimo de cinco años desde el fallecimiento del paciente.

Integran el Sector Público Institucional: Sólo las administraciones territoriales y los organismos públicos vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Sólo las administraciones territoriales y las entidades de Derecho Privado, cuando ejercen potestades administrativas. Las Administraciones Territoriales, y los organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas; las entidades de Derecho Privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, cuando ejerzan potestades administrativas; y las Universidades Públicas. las Administraciones Territoriales, las entidades de Derecho Privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, en todo caso, y las Universidades.

Podrá otorgarse eficacia retroactiva a aquellos actos administrativos en los que se den las siguientes circunstancias: Siempre que lo autorice mediante resolución motivada el órgano jerarquicamente superior de aquel que vaya a dictar el acto administrativo con efecto retroactivo. D) dictados en sustitución de actos anulad. Solo pueden tener efectos retroactivos los actos emanados del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Siempre que el interesado lo haya solicitado expresamente al iniciar el procedimiento. Podrán tener efectos retroactivos los actos dictados en sustitución de actos anulados.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de la revocación de actos es correcta?: Las Administraciones Públicas podrán, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción, y únicamente de oficio, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Las Administraciones Públicas podrán, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción, y únicamente a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Las Administraciones Públicas podrán revocar, en cualquier momento, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

En la delegación de competencias: Los efectos jurídicos se atribuyen siempre al órgano delegado. Los efectos jurídicos se atribuyen al órgano delegante. Siempre se delega la titularidad y el ejercicio de la competencia. Sólo es posible delegar en un órgano jerárquicamente subordinado.

En relación con la figura de la avocación, podemos afirmar que: En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante, o por el superior jerárquico del órgano delegado. El acuerdo de avocación podrá ser recurrido en Alzada. Los órganos superiores solo pueden avocar las competencias que hayan sido delegadas en sus órganos inferiores. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes.

En un procedimiento administrativo la acumulación de expedientes la acuerda: El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, de oficio o a instancia de parte. No es posible la acumulación de expedientes en ningún caso. Exclusivamente el órgano competente en los de concurrencia competitiva. El superior jerárquíco del órgano administrativo que inicie el procedimiento y solo es posible si se ha iniciado de oficio.

Los interesados en un procedimiento administrativo podrán aducir alegaciones y aportar documentos: En cualquier momento del procedimiento. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Exclusivamente, a solicitud del órgano administrativo. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

La tramitación simplificada del procedimiento administrativo: Responde a razones de interés público o falta de complejidad del procedimiento; se acuerda solo de oficio, y no admite oposición del interesado; deben ser resueltos en 30 días; y debe constar únicamente de determinados trámites. Responde a razones de interés público o falta de complejidad del procedimiento; se acuerda de oficio o a instancia del interesado; admite oposición del interesado; deben ser resueltos en la mitad del plazo provisto para el procedimiento de tramitación ordinaria, y debe constar únicamente de determinados trámites. Responde a razones de interés público o falta de complejidad del procedimiento; se acuerda de oficio o a instancia del interesado; admite oposición del interesado; deben ser resueltos en 30 días; y debe constar únicamente de determinados trámites. No se admite, en ningún caso respecto de los procedimientos sancionadores.

En la regulación que la el y 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, hace del recurso de alzada, se prevé lo siguiente: El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de un mes, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó el acto que se impugna, y éste deberá remitirlo al competente para resolver en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó el acto que se impugna, y éste deberá remitirlo al competente para resolver en el plazo de tres días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad los servicios sanitarios, así como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean precisos para el funcionamiento del Sistema de Salud, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de: Eficacia, competitividad, economía y flexibilidad. eficacia, objetividad, economía y flexibilidad. eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. eficacia, utilidad, economía y flexibilidad.

De acuerdo con lo establecido en el art. 3.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva con el territorio europeo. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva como mínimo a nivel Autonómico. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva como mínimo a nivel provincial.

De acuerdo con lo establecido en el art. 57 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las Áreas de Salud contarán, como mínimo, con los órganos de participación, de dirección, y de gestión. El órgano de participación lo forma: El Consejo de Salud de Área. El Consejo de Salud de Área y el Consejo de Dirección del Área. El Consejo de Dirección de Área y la Delegación de Salud. El Consejo de Participación y Atención al Usuario del Área.

El IV Plan Andaluz de Salud fija en su Meta 5.1 Garantizar la transparencia en las actuaciones del SSPA. Entre los objetivos de esta meta no se encuentra: Convertir la transparencia en el eje central de la gestión de Unidades Clínicas. Lograr una organización abierta a la ciudadanía, garantizando la interacción en estructura, objetivos, procedimientos y resultados. Las Unidades de Gestión Clínica se gestionarán contando con los profesionales, de forma ecuánime y transparente, ponderando los criterios de eficiencia y de resultados en salud. Publicar quincenalmente las estadísticas de morbimortalidad de los hospitales del SSPA.

En Atención Primaria, ¿de quién depende jerárquica y funcionalmente el Director de una Unidad de Gestión Clínica?. De la Dirección Gerencia del Distrito. Director de Salud. De la Junta Facultativa. Del Consejo de Dirección.

De acuerdo con el art.13 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en cada distrito de atención primaria se constituirán las siguientes comisiones. Señale la respuesta incorrecta: Comisión de Calidad y Procesos Asistenciales. Comisión de Documentación Clínica. Comisión de Uso racional del medicamento. Comisión de Ética e Investigaciones Sanitarias.

De acuerdo con el art. 18 del DECRETO 105/1986 de 11 de junio, sobre ordenación de asistencia sanitaria especializada y órganos de dirección de los hospitales, todos los Hospitales contarán con las siguientes unidades administrativas, adscritas directamente al Director-Gerente. Señale la respuesta incorrecta: Relaciones Laborales. Información y Atención al Usuario. Calidad asistencial. Admisión, Estadística y Archivo de Historias Clínicas.

De acuerdo con el art. 24.3 del DECRETO 105/1986 de 11 de junio, sobre ordenación de asistencia sanitaria especializada y órganos de dirección de los hospitales, la Junta del Hospital y de los Centros periféricos de Especialidades creará el número de Comisiones necesarias, entre las cuales deberá existir, en todo caso: La Comisión de Bienestar y Atención al Usuario, la de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Comisión de Catástrofes. La Comisión de Calidad, la de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Comisión de Catástrofes. La Comisión de Mortalidad, la de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Comisión de Historias Clínicas e información. La Comisión de Igualdad, la de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Comisión de Participación Ciudadana.

¿Los Bancos de Sangre se integran dentro del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía?. Sí. No. No existe el Biobanco. No existen los Bancos de Sangre.

De acuerdo con el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, ¿a quién corresponde la elaboración de las propuestas de actuación que deban formularse a la Consejería de Salud y Familias, en relación con los presupuestos y el Contrato-Programa tanto del Servicio Andaluz de Salud, como de las entidades que tenga adscritas?. A la Viceconsejería de Salud y Familias. A la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Familias. Conjuntamente a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Dirección General de Personal, y la Dirección General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud. A la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.

La partida presupuestaria de gastos, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 19 de febrero de 2015, está compuesta de los siguientes elementos: Centro gestor, identificando la sección presupuestaria, el servicio y el centro de gastos. Posición presupuestaria, que comprende el tipo de presupuesto (gastos), el programa presupuestario, el capítulo, artículo, concepto y subconcepto, así como la provincia. a y b son correctas. a y b no son correctas.

Según el artículo 41 de La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; la estructura del presupuesto de ingresos se ajustará a la clasificación: Orgánica, económica, y funcional por programas. Orgánica y económica. Económica y funcional. Ninguna es correcta.

El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía realizará las siguientes funciones: Recepción de facturas electrónicas. Realización de apunte registral en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía de cada factura electrónica que se reciba, proporcionando un acuse de recibo con la fecha y hora de presentación. Remisión de las facturas al Registro Contable de Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía y a los Sistemas de Información en los que los órganos o entidades competentes tramitan las facturas. Todas son ciertas.

En la plataforma de Gestión Integrada de Recursos organizativos que elemento de imputación forma parte de la estructura presupuestaria en GIRO: Centro Gestor, Posición presupuestaria, Fondo y Proyecto Presupuestario. Centro Gestor, Partida Presupuestaria, Fondo y Proyecto Presupuestario. Órgano gestor, Posición presupuestaria, Fondo y Proyecto Presupuestario. Órgano Gestor, Partida Presupuestaria, Fondo y Proyecto Presupuestario.

De las siguientes aplicaciones NO es un paquete ofimático: Microsoft Office. LibreOffice. MacOffice. iWork.

En Excel, ¿Qué expresión será correcta para buscar un valor contenido en la celda en un rango de datos?. =INDICE(A2;B7;COINCIDIR(D2;A2:A7;0);2). Todas son correctas. =DESREF(A1;COINCIDIR(D2;A2:A7;0);1). =BUSCARV(D2;A2:B7;2;FALSO).

Cuando un trabajador de un Centros Sanitario del SAS sufre un accidente de trabajo, y conforme establece el Procedimiento 04 del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del SA, debe actuar en la siguiente forma: El procedimiento se inicia por parte de un trabajador/a cuando comunica por escrito el suceso ocurrido, y entrega debidamente cumplimentado el documento de Comunicación de Accidentes de Trabajo e Incidentes (CATI), junto con el parte de baja por IT a la Unidad de Personal, para su tramitación al INSS y a la UPRL. El procedimiento se inicia por parte de un trabajador/a cuando comunica por escrito el suceso ocurrido, y entrega debidamente cumplimentado el documento de Comunicación de Accidentes de Trabajo e Incidentes (CATI), junto con el parte de baja por IT a la UPRL, para su tramitación a la Unidad de Personal. El procedimiento se inicia por parte de un trabajador/a cuando comunica por escrito el suceso ocurrido, y entrega debidamente cumplimentado el documento de Comunicación de Accidentes de Trabajo e Incidentes (CATI), junto con el parte de baja por IT a la Unidad de Personal, para su tramitación al INSS y, en todos los casos, a la Inspección de Trabajo. El procedimiento se inicia por parte de un trabajador/a cuando comunica por escrito el suceso ocurrido, y entrega debidamente cumplimentado el documento de Comunicación de Accidentes de Trabajo e Incidentes (CATI) al Director de UGC o Mando Intermedio correspondiente.

El Decreto 304/2011 de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de los Servicios de Prevención establece. Que en materia de Seguridad y salud de los trabajadores de los Centros dependientes del SAS, estos se regirán por lo previsto en el propio Decreto 304/2011 de 11 de octubre, aplicando por su peculiaridades, y de forma subsidiaria lo previsto en el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Que los centros dependientes de la Consejería de Educación se regirán por su normativa específica en materia de Salud Laboral y prevención de Riesgos Laborales, y Los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud se regirán por lo dispuesto en la Orden de 11 de marzo de 2004, conjunta de las Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud. Que Los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud se regirán por lo dispuesto en la Orden de 11 de marzo de 2004, conjunta de las Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud, sin que existe previsión expresa de normativa específica que sea aplicable a los centros dependientes de la Consejería de Educación. El decreto 304/2011 mencionado en el enunciado derogó en su disposición derogatoria segunda la Orden de 11 de marzo de 2004, conjunta de las Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud.

Mientras un trabajador está en huelga permanecerá en: Situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del trabajador. Situación de baja en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del trabajador. Situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario no así del trabajador. Situación de alta en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario no así del trabajador.

De acuerdo con Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en su art. 10, ¿Quién desarrollará las actividades de planificación, diseño de programas de formación y modernización de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud?. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La Comisión de Planificación y Modernización del Sistema Nacional de Salud. El Consejo de Ministros. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con la Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Salud (su nueva edición), se posibilita la prolongación voluntaria de la permanencia en servicio activo al personal licenciado sanitario que reúna la capacidad funcional necesaria, de las categorías de Facultativos/as Especialistas de Área en sus distintas especialidades, Médicos/as de Familia en sus diferentes destinos y Pediatras de Atención Primaria hasta alcanzar la edad máxima de: 67 años. 68 años. 69 años. 70 años.

La competencia para la certificación en el acceso o la promoción a los distintos niveles de Carrera Profesional de los profesionales del SAS, la ostenta. La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. La Secretaria General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. La Dirección General de Personal del SAS. La Dirección Gerencia del SAS.

En relación con la responsabilidad disciplinaria del personal vinculado, el órgano competente para instruir y sancionar, y conforme a lo que establecen los Convenios Marcos de este personal. La potestad disciplinaria la ostenta la autoridad universitaria, por ser el contrato principal de naturaleza docente para esta clase de personal. La potestad disciplinaria la ostentan la autoridad de los Centros sanitarios, por ser el ámbito de mayor especificidad para este tipo de personal. Para determinar la Institución competente en las actuaciones disciplinarias se estará al ámbito y naturaleza de la falta cometida. Para instruir los correspondientes expedientes disciplinarios de este tipo de personal se constituirán comisiones mixtas Universidad-Servicios de Salud, que enjuicien los hechos, los califiquen y los sancionen.

En la ordenación dela confección de las nóminas del personal estatutario de los centros asistenciales del SAS: Los documentos contables relativos a la ordenación de pagos y la orden de transferencia a las entidades de créditos corresponde a cada Centro de Gasto. Los documentos contables relativos a la ordenación de pagos corresponde a cada Centro de Gasto, y la ordenación de las transferencias a las entidades de créditos corresponde a la Plataforma Logística Sanitaria. Los documentos contables relativos a la ordenación de pagos y la orden de transferencia a las entidades de créditos corresponde al Servicio de Tesorería del SAS. Los documentos contables relativos a la ordenación de pagos corresponde a cada Centro de Gasto, y la orden de transferencia a las entidades de créditos corresponde al Servicio de Tesorería del SAS.

Respecto a la regulación del reingreso al servicio activo del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud. Tendrán la consideración de plazas susceptibles de ser cubiertas mediante reingreso provisional, aquellas plazas básicas de la categoría desempeñadas por el personal temporal mediante nombramiento de interinidad o de sustitución. El reingreso al servicio activo con carácter provisional del personal estatutario que no tenga reserva de plaza podrá producirse, previa solicitud del interesado, en plaza básica vacante debidamente presupuestada, de la correspondiente categoría y, en su caso, especialidad en el mismo Centro Sanitario en el que tuvo el último destino definitivo. El plazo para tomar posesión de la plaza será de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución de concesión del reingreso provisional al servicio activo. El personal estatutario en situación de reingreso provisional que no obtenga plaza en el concurso de traslados, habiendo solicitado todas las convocadas en el Area de Salud, podrá optar por obtener nuevo destino provisional en alguna de las plazas que resulten vacantes como consecuencia de la resolución del mismo, o por pasar a la situación de excedencia voluntaria.

En relación a la negociación colectiva de las materias que afecten y se refieran a los empleados públicos, la normativa vigente dispone. La ley no distingue entre Pactos y Acuerdos. Son dos denominaciones que se utilizan indistintamente y se refieren a la negociación de la Administración con los representantes de los empleados públicos. Los Pactos necesitan la aprobación por mayoría simple de los integrantes de la Mesa de Negociación, y los Acuerdos requieren una mayoría cualificada de dos tercios de los miembros presentes de la Mesa, para ser aprobados. Los Acuerdos se refieren a la negociación de condiciones de trabajo de los empleados públicos en desarrollo de normas con rango de ley, y los Pactos se refieren a la negociación de condiciones de trabajo de los empleados públicos en desarrollo de normas con rango reglamentario. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente, y los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas.

Un contrato de regulación armonizada será nulo si: No se publica en DOUE. Si se incumplen las normas de adjudicación del acuerdo marco. Si hay sistema dinámico de contratación y se incumplen las normas de adjudicación. Todas las anteriores.

Según dispone expresamente la Ley de Contratos del Sector Público, indicar el tipo de procedimiento de adjudicación que procede utilizar en los supuestos de “contratos particularmente complejos”: Concurso de Proyectos. Procedimiento Restringido. Procedimiento negociado. Dialogo competitivo.

El valor estimado de los contratos será determinado como sigue: En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de contratación tomará el importe bruto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios. En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios. Las respuestas c y a son correctas.

Podrán ser objeto de tramitación de emergencia regulada en el art. 120 de la Ley de Contratos del Sector Público: Los expedientes en los que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afectan a la defensa nacional. Los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada. Los expedientes de obras sujetos a regulación armonizada. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, respecto a los Contratos Menores no es cierto: En el expediente deberá justificarse que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras legalmente establecidas. La adjudicación podrá realizarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. La duración del contrato menor no puede exceder de un año, sin que quepa prórroga alguna. Y tampoco se admite la revisión de precios. Son contratos típicos regulados en la Ley de Contratos del Sector Público.

Según la LCSP, ¿qué se entenderá por presupuesto base de licitación?: El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede adjudicar el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario. El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el IVA, salvo disposición en contrario. El límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario. El límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede adjudicar el órgano de contratación, incluido el IVA.

En el marco de la contratación pública, identificar cómo se denominan los documentos que el órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y contienen las especificaciones que hayan de regir la realización de la prestación y definen sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De acuerdo con el artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en el perfil del contratante del órgano de contratación, en un plazo: No superior a diez días tras la adjudicación del contrato. No superior a quince días tras la adjudicación del contrato. No superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato. No superior a veinte días tras el perfeccionamiento del contrato.

Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado cuando se cumpla: Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25% del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, en que su ponderación no podrá superar el 45% por ciento del total. Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25% del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, en que su ponderación no podrá superar el 35% por ciento del total. Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 45% del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, en que su ponderación no podrá superar el 25% por ciento del total. Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 35% del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, en que su ponderación no podrá superar el 25% por ciento del total.

El sistema de información denominado SIGLO aborda, entre otras cuestiones, todas las relaciones de las empresas proveedoras con el Servicio Andaluz de Salud en cuanto a: Catálogo, Implantación, Contratación y Logística. Catálogo, Pagos, Contratación y Logística. Catálogo, Contratación y Logística. Catálogo, Banco, Contratación y Logística.

El módulo de SIGLO en el que se define la estructura organizativa y funcional (Servicios, Unidades de Gestión Clínica, Centros de consumo...) de un centro, es: La Dirección General de Asistencia Sanitaria facilita a SIGLO dicha información. Sistema de Acreditación Logística y se gestiona desde el Órgano Gestor del centro. Gestión de Acuerdos de Consumo. Sistema de Acreditación Logística y se gestiona desde Plataforma Logística Sanitaria.

Según el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Dirección Gerencia del SAS dependen directamente los órganos o centros directivos siguientes, EXCEPTO: Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. Dirección General de Personal. Dirección General de Gestión Económica y Servicios. Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

Iniciado alguno de los procedimientos de revisión de oficio a los que se refiere la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué casos podrá el órgano competente suspender la ejecución del acto?. Sólo en el caso de actos nulos, cuando la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Sólo en el caso de actos anulables, cuando la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación. La suspensión del acto debe solicitarse en la declaración de lesividad y acordarse por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo entre las medidas cautelares que se dicten. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según establece el artículo 3 (Principios generales) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas deberán respetar, en su actuación y relaciones, uno de los siguientes principios: Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. Planificación y coordinación entre las Administraciones Públicas. Responsabilidad en la asignación y utilización de los recursos públicos. Eficacia en los procedimientos administrativos y en las actividades de gestión.

Según el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la composición de las mesas de contratación: La mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. Las mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación, que igualmente deberá autorizar la asistencia de los asesores técnicos o expertos en su caso. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Aunque la vigente Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) establece como regla general la división en lotes del objeto del contrato, ¿podrá el órgano de contratación no dividir en lotes el objeto del contrato, aunque por su naturaleza se pudiera hacer?. No, no podrá hacerlo en ningún caso, ya que la ley establece que siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independientemente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. Sí, siempre que el órgano de contratación considere que existen motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente. Sí, pues en cualquier caso el órgano de contratación puede apelar a que la división por lotes del objeto del contrato conlleva a restringir injustificadamente la competencia. Sí, aunque la ley restringe la excepcionalidad de la no división a los casos de contratos de concesión de obras.

El Sistema GIRO soporta la tramitación de los procedimientos electrónicos relativos a los expedientes de los ámbitos: Presupuestario, patrimonial, de control y contabilidad. Presupuestario, patrimonial, fiscal, de control y contabilidad. Presupuestario, patrimonial, fiscal y contabilidad. Presupuestario, patrimonial, económico-financiero, de control y contabilidad.

Cuando el trabajador desarrolla actividades que conllevan al alta obligatoria en dos o más Regímenes diferentes de la Seguridad Social, la situación se denomina: Pluriactividad. Pluriempleo. Alta especial. Alta asimilada.