EXAMENES ADMI UNIR (COMPILACION)

Según establece la Ley 29/1998, LJCA, ¿se puede solicitar una medida cautelar antes de interponer un recurso contencioso-administrativo?. Sí, pero una vez acordada la medida cautelar, si no interpongo el recurso contencioso administrativo, las medidas acordadas quedarán automáticamente sin efecto. Sí, pero debo pedir su ratificación en el momento de interponer el recurso. Sí, en los supuestos de inactividad de la Administración o de vía de hecho. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El recurso administrativo que cabe contra la adjudicación de un contrato administrativo de obras con un presupuesto de 40.000.000 euros es: Recurso especial en materia de contratación. Recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda. Recurso contencioso administrativo. Recurso de revisión.

En el proceso judicial contencioso-administrativo, si alguna parte demandada o codemandada formulara alegaciones previas: ¿se suspendería el plazo para contestar a la demanda?. Sí, así se establece en la Disposición Final única de la LJCA. Sí, porque lo prevé el art. 59 de la LJCA. No, porque va contra el principio de eficacia y de economía procesal. No, son trámites que se desarrollan en paralelo; uno no interfiere con el otro.

En relación a los Tribunales Superiores de Justicia, marque la respuesta errónea: No conocen de los recursos entablados contra las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales. No conocen de los recursos contra los actos de las Comunidades Autónomas, que estén atribuidos a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Les corresponde conocer de los recursos contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos. Les corresponde conocer de los recursos contra las prohibiciones o propuestas de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.

¿Hay siempre vista oral en el procedimiento abreviado?. Sí, salvo que el demandante y demandado soliciten que se falle el pleito sin necesidad de vista. No, nunca. Sí, siempre. No, sólo si lo piden demandante y demandado.

Indique el procedimiento por el que habrá de tramitarse un recurso contencioso administrativo en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas, que sea competencia de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Procedimiento ordinario. Procedimiento abreviado. Procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales en todo caso. Cuestión de ilegalidad.

Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ¿puede inaplicar una disposición reglamentaria, por considerarla ilegal?. Sí, siempre y cuando la disposición reglamentaria sea impugnada de forma indirecta. Sí, si el recurrente lo incluye en el suplico. No, en ningún caso. No, en ningún caso.

Indique qué recurso cabe contra una sentencia dictada por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo en un asunto cuya cuantía es de 8.500 euros. recurso de casación para unificación de doctrina. recurso de apelación. recurso de casación ordinario. no cabe recurso alguno.

Indique cuál de las siguientes resoluciones judiciales no es susceptible de recurso de apelación: Sentencia dictada por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo en procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. Sentencia dictada en litigio entre Administraciones. Sentencia dictada en litigio entre Administradores. Sentencia dictada por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo que declare la inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad y la cuantía sea inferior a 30.000 euros.

La potestad sancionadora de la Administración pública se centra en: La constatación y represión de actos y omisiones contrarios a la legalidad jurídico- administrativa. El incumplimiento de las leyes en el ámbito contencioso-administrativo. Las respuestas a) y b) son correctas. La imposición de sanciones en cualquier tipo de conflicto entre la Administración y el ciudadano.

¿Como se inicia un procedimiento contencioso-administrativo abreviado?. Mediante escrito de interposición como el procedimiento ordinario. Mediante escrito de interposición y demanda. Mediante demanda. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Al escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo se habrá de acompañar necesariamente la siguiente documentación (art. 45 LJCA): El documento que acredite la representación del compareciente en todo caso. El documento que acredite la legitimación del recurrente en caso de que la ostente por haberla recibido por herencia o por cualquier otro título. El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si estuviese unido a otras actuaciones de un recurso pendiente de resolución ante el mismo Tribunal. Las respuestas b) y c) son correctas.

Marque la respuesta correcta. El recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Se puede plantear ante todas las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Se puede plantear directamente, sin más trámite, frente a autos, siempre que concurran los requisitos que prevé la LJCA. Su tramitación da lugar a que, ante el Tribunal ad quem, se dé una audiencia excepcional para que las partes se puedan pronunciar sobre la concurrencia de interés casacional objetivo. Se puede presentar contra todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas.

Marque la respuesta correcta, en relación al contenido posible de la sentencia dictada en los pleitos del orden contencioso-administrativo: Estimación del recurso entablado, con el pronunciamiento que corresponda sobre las costas procesales. Desestimación del recurso entablado, con el pronunciamiento que corresponda sobre las costas procesales. Inadmisibilidad del recurso entablado, con el pronunciamiento que corresponda sobre las costas procesales. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respecto a las formas de terminación del proceso judicial contencioso-administrativo, es correcto afirmar que: A través de la conciliación, el tribunal, incluso de oficio, puede indicar a las partes que ponderen la posibilidad de reconocer ya sea hechos, ya sea documentos o bien la posibilidad de celebrar un acuerdo. La conciliación puede tener lugar en primera instancia y en segunda instancia, pero no en el recurso de casación. La conciliación se puede solicitar, como máximo, una vez transcurridos 5 días hábiles desde la presentación de la contestación a la demanda. La conciliación es obligatoria siempre.

¿Como ha de hacerse en una expropiación forzosa la declaración de utilidad pública o interés social?. Por ley. Por acuerdo motivado. Por el Gobierno de la Nación, por Real Decreto, o de las Comunidades Autónomas, por Decreto. Por orden ministerial, que en todo caso será recurrible.

Indique en cuál de los siguientes casos se presumirá que existe interés casacional objetivo a efectos del recurso de casación: Cuando la resolución recurrida se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea. Cuando la cuantía es superior a 600.000 euros. Cuando no ha existido recurso de apelación previo. Cuando ya haya jurisprudencia suficiente sobre la norma en que se sustente la razón de decidir de la resolución impugnada.

El plazo de interposición del recurso de alzada contra un acto administrativo expreso es: De un mes. De tres meses. De diez días. No hay plazo.

Indique cuál de los siguientes requisitos no es necesario para que concurra la responsabilidad patrimonial del Estado: El daño evaluable económicamente. La existencia de una norma expresa que reconozca la responsabilidad patrimonial en el sector concreto de que se trate. El nexo de causalidad entre el actuar administrativo y la lesión resarcible. Que el daño se deba al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

En el procedimiento administrativo, ¿cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse por la Administración la resolución expresa que se dicte?. El que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Un año en todo caso. Tres meses en todo caso. Seis meses en todo caso.

Indique el plazo, desde que se produce el daño, para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial del Estado en vía administrativa. Depende de la legislación autonómica que corresponda. Un año. Dos meses, contados desde la notificación del acto. Ninguna de las anteriores.

¿Qué plazo hay para interponer recurso contencioso-administrativo frente a un acto administrativo expreso?. 2 meses. 1mes. Seis meses. 30 días hábiles.

En procedimiento contencioso-administrativo, se puede otorgar poderes a procuradores: exclusivamente apud acta. exclusivamente ante Notario. las dos formas son válidas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La regla básica para determinar qué órgano jurisdiccional, dentro del orden contencioso- administrativo, debe conocer un asunto, consiste en que: Los actos de la Administración General del Estado se impugnan ante el Tribunal Supremo y los dimanantes de las Comunidades Autónomas, ante los Tribunales Superiores de Justicia. Los actos de la Administración General del Estado se impugnan ante la Audiencia Nacional y los dimanantes de las Comunidades Autónomas, ante los Tribunales Superiores de Justicia. Los actos de la Administración General del Estado se impugnan ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y los dimanantes de las Comunidades Autónomas, ante los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo. Los actos de la Administración General del Estado se impugnan ante el Tribunal Supremo y los dimanantes de las Comunidades Autónomas, ante los Tribunales Superiores de Justicia.

El recurso de apelación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Se formula en doble efecto. Se formula en un solo efecto. Se debe presentar en un plazo de 15 días, a contar desde la notificación de la resolución que se va a recurrir. Las respuestas A y C son correctas.

Frente a los decretos del Secretario Judicial, ¿Qué recurso cabe?. Recurso de revisión. Recurso de alzada. Recurso de apelación. No cabe recurso alguno.

El derecho a reclamar en la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado prescribe: A los seis años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Es una acción personal, por lo que el plazo es de 15 años de acuerdo con el Código Civil. El plazo de prescripción del delito correspondiente. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones exige: Que haya culpabilidad en el funcionario responsable. No se exige culpa, al contrario que la responsabilidad civil. Una previa denuncia en Comisaría. Ninguna de las anteriores es verdadera.

En relación con el régimen de Extranjería, marque la frase correcta: La entrada de un extranjero a España debe llevarse a cabo mediante cualquier punto de su geografía que la persona elija. Uno de los requisitos para la entrada legal en España por parte de un extranjero consiste en que éste no esté incurso en una prohibición expresa al respecto. Si un ciudadano comunitario va a entrar en España, habrá de exhibir a la autoridad su documento nacional de identidad, junto con el visado comunitario. Todo extranjero debe exhibir en la frontera española un certificado médico acreditando no tener enfermedades contagiosas.

La residencia legal de un extranjero en España puede ser, según su tipo: Por causa de violencia de género. Por circunstancias excepcionales de seguridad nacional o de arraigo laboral. Por circunstancias excepcionales de arraigo social. Las anteriores respuestas son todas correctas.

Dentro de las garantías jurídicas de los extranjeros en España, está: La ejecutividad propia de los expedientes de expulsión con carácter preferente. Que el extranjero se acoja a asistencia letrada, incluso del turno de oficio, para cualquier procedimiento administrativo que pueda conllevar expulsión de España. El derecho a renovar su pasaporte en las Comisarías españolas. Las respuestas A y B son correctas.

Dentro de las infracciones que la normativa de extranjería clasifica como graves, se encuentra: Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro la inmigración clandestina. Estar trabajando en una actividad o ámbito geográfico no incluido en la autorización de residencia y trabajo de la que es titular. Trabajar en España sin haber obtenido la autorización correspondiente para ello. Empadronar, con ánimo de lucro, en el domicilio propio a un extranjero que no reside ahí.

Marque la respuesta correcta y completa, en relación al derecho de asilo: La protección que se concede a ciudadanos no comunitarios, o bien a los apátridas, a quienes se reconozca condición de refugiado en los términos de la Convención de Ginebra de 1951. Por razones humanitarias, se concede a todos los extranjeros que lo aleguen, de forma automática; en un primer momento, de forma temporal y, posteriormente, de forma indefinida. Para su concesión, uno de los requisitos consiste en encontrarse fuera del país de la propia nacionalidad del solicitante. Las respuestas A y C son correctas.

Los visados pueden ser: Sólo de residencia. De residencia de trabajo y de tránsito. Sólo de trabajo una vez obtenido el de residencia. Sólo de trabajo una vez obtenido el de residencia.

La impugnación de un reglamento puede realizarse: bien, de forma directa en el plazo de dos meses, o bien de forma indirecta contra las actuaciones administrativas, dictadas en aplicación del reglamento ilegal. Se puede únicamente de forma directa. Se puede de las dos formas descritas. Se puede únicamente de forma indirecta. No son las formas en que se impugna.

Prevé el art. 23.3 de la LJCA que los funcionarios públicos pueden comparecer por sí mismos ante este orden jurisdiccional... En relación a sus derechos estatutarios siempre. En cualquier caso que les afecte. En relación a sus derechos estatutarios, siempre que estos se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. No. No pueden comparecer.

Periculum in mora, establecido en el art. 130.1 de la LJCA, significa que para poder adoptar la medida cautelar, el juzgador ha de entender que, si no se adoptara, el recurso perdería su finalidad legítima. Es una medida que si se pide debe darse siempre. Es correcto lo que afirma la frase del enunciado. No lo establece la LJCA. Esa afirmación se refiere al "fumus boni iuris".

Marca la frase correcta y completa respecto al incidente de ejecución de sentencia. Permite identificar al órgano administrativo debe responsabilizarse de efectuar la ejecución. Concreta el plazo máximo para que quede realizada la ejecución. Determina con qué medios debe llevarse a efecto la ejecución y el procedimiento a seguir. Todas las frases anteriores son correctas.

La ley 12/2012 prevé un régimen de infracciones y sanciones para los supuestos en que se incumpla las obligaciones referidas a la declaración responsable o a la comunicación. Ese tema se prevé en la Ley 30/95, no en la ley referenciada en el enunciado. Es correcto lo que se afirma en el enunciado. No se prevén sanciones para esas figuras. Se prevé sólo para la comunicación.

En la Ley de contratos del Sector Público, los pliegos de cláusulas administrativas generales vienen aprobados por el Consejo de Ministros para su uso en los contratos que celebre toda entidad considerada Administración pública a efectos de la LCSP. Vienen aprobados por el Consejo de Ministros para su uso en los contratos que celebre toda entidad considerada Administración pública a efectos de la LCSP. Son aprobados por el órgano de contratación. Son aprobados por particulares. Ninguna es correcta.

Marque la respuesta correcta. Según prevé la Ley 29/1998 (LJCA), ante un acto administrativo de los que tradicionalmente se denominan “actos políticos”, en todo caso, será posible el control judicial respecto a: Los derechos fundamentales. Los elementos reglados del mismo. La determinación de indemnizaciones procedentes, en su caso. Todas las respuestas son correctas.

Marque la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, LRJSP, de entre los principios materiales que rigen la actividad sancionadora de la Administración, se encuentran: El de legalidad y el de tipicidad. El de irretroactividad y el de “non bis in idem”. El de prevalencia y el de rango constitucional. Las respuestas A y B son correctas.

En derecho administrativo sancionador, de entre los derechos del presunto responsable se encuentra el de: Ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer, pero nunca de conocer la identidad del instructor, por motivos de seguridad. Formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que sean procedentes. Una reducción en la indemnización por buen comportamiento. Las respuestas b) y c) son correctas.

En un procedimiento administrativo, ¿sobre quién recae la carga de la prueba? Indique la respuesta correcta: A la Administración, ya que es la encargada de aportar las pruebas necesarias que demuestren la comisión de la infracción. Al interesado o administrado, ya que las actuaciones de la Administración tienen presunción iuris tantum de validez y admiten prueba en contrario. No existe norma especial para los procedimientos administrativos, por lo que rige la regla general según la cual incumbe la carga de la prueba a quien alegue los hechos en que funden sus derechos. El interesado, en todo caso, salvo que los hechos sean irrelevantes a juicio de la Administración, o sean admitidos por ambas partes, o de cuya existencia presume la ley.

Según la Ley de expropiación forzosa, las tasaciones de los bienes y derechos susceptibles de ser expropiados deberán referirse al valor que tuvieren: Al tiempo de iniciarse el expediente del justiprecio (art. 36.1 LEF). A la fecha de iniciación del expediente de expropiación. Al tiempo de constituirse el Jurado Provincial de Expropiación. A la fecha del acta de ocupación.

Una Asociación de promotores y constructores de edificios pretende plantear recurso administrativo contra un reglamento aprobado por Orden Ministerial, por considerarlo no ajustado a Derecho. Señale la opción correcta, según la Ley 39/2015, LRJSP: Puede plantear recurso de alzada porque la Orden Ministerial la aprueba el Ministro, y cabe recurso de alzada ante el Consejo de Ministros. No puede plantear recurso administrativo, por ser una disposición administrativa de carácter general. No puede plantear recurso administrativo, porque el Ministro no tiene superior jerárquico. Solo cabe recurso de reposición.

Su cliente, tras recibir la notificación de la resolución administrativa, pregunta qué recurso/s podrá interponer contra ella. Indique la respuesta correcta: Podrá interponer recurso potestativo de reposición y posteriormente de alzada. Al agotarse la vía administrativa, deberá interponer recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción ordinaria. Si la resolución pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición o acudir directamente a los tribunales interponiendo un recurso contencioso-administrativo. En caso contrario, si fuese un acto de trámite, devendrá exigible el recurso de alzada. Podrá interponer un recurso de apelación ante el órgano superior jerárquico, poniendo así fin a la vía administrativa.

Según se establece en la vigente normativa de contratos de las Administraciones públicas: La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponde al órgano de contratación, que no podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga. Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos de prescripciones técnicas generales a que haya de ajustarse la Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con sus normas específicas, sin previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera. En los contratos de servicios de suministro de personal de enfermería el anuncio de información previa no podrá abarcar un plazo superior a 12 meses.

La LJCA considera que la Administración ha sido emplazada en el proceso contencioso- administrativo: Desde que se presenta la demanda. Desde el envío del expediente administrativo. Desde el momento de la reclamación del expediente administrativo. Desde que presenta la contestación a la demanda.

Un funcionario municipal quiere acudir al Juzgado contencioso para impugnar un proceso selectivo, para ocupar un puesto de trabajo en un Ayuntamiento. ¿Es preciso que cuente con abogado y procurador en ese proceso?. No es preciso ni abogado ni procurador, por tratarse de un funcionario y de una cuestión de personal que no implica separación de empleados públicos inamovibles. No es preciso procurador, por tratarse de un órgano unipersonal, pero sí abogado. En este caso necesariamente deberá conferir su representación a un abogado. Es preciso que confiera su representación a un procurador, y será asistido en todo caso por abogado.

Una sentencia del orden C-A (que ha devenido firme) anula el acto administrativo que Ud. impugnó, en defensa de su cliente; en consecuencia, según la LJCA, el siguiente paso procesal será que: El juez publicará esa sentencia en el Boletín Oficial del Estado. La sentencia, una vez firme, se publicitará en los tablones de anuncios de los juzgados. El letrado de la Administración de Justicia dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada. El juez dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada.

En materia de contratación pública, la interposición de la cuestión de nulidad: Puede plantearla toda persona física cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados: así lo prevé el art. 39 de la Ley de contratos del sector público. Debe plantearse ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Contencioso-administrativo competente. Puede plantearla toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados: así lo prevé el art. 39 de la Ley de contratos del sector público. Debe interponerse en plazo de 20 días desde la publicación de la adjudicación del contrato.

En el transcurso de un proceso judicial contencioso-administrativo, ¿qué sucede si la Administración no remite el expediente administrativo en plazo al Tribunal?. El recurrente puede solicitar, por sí, o a iniciativa del LAJ, al Tribunal que se le conceda plazo para formalizar demanda. El recurrente no puede formalizar demanda, ya que sufre indefensión, puesto que no dispone del expediente para formular alegaciones. El recurrente puede formalizar demanda, siempre que lo solicite al juez y este resuelva estimando su petición. El Letrado de la Administración de Justicia lo pone de manifestó a las partes, por plazo de 10 días, para que formalicen alegaciones.

En un procedimiento administrativo se notifica resolución a su cliente y, dentro de plazo, Ud. le tramita la interposición de recurso de alzada frente a la misma. Explique a su cliente si la interposición de ese recurso suspende, o no, la ejecución del acto impugnado: Según el art. 117 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso nunca suspende la ejecución del acto impugnado, ya que los actos administrativos tienen presunción de legalidad y confieren al acto continuidad, regularidad y eficacia respecto a la actuación administrativa. Según el art. 117 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso suspende la ejecución del acto impugnado, al objeto de conferir eficacia a la actuación administrativa. Según el art. 117 de la Ley 39/2015, cuando, a juicio del órgano competente para resolver el recurso, una resolución administrativa pueda suponer un perjuicio para el administrado de imposible o difícil reparación, o cuando la impugnación se fundamente causa de nulidad de pleno derecho, se podrá suspender, de oficio o a solicitud del interesado, la ejecución del acto impugnado. Según el art. 117 de la Ley 39/2015, solo en los casos en los que el administrado base su recurso en causa de nulidad de pleno derecho, el órgano administrativo deberá suspender la ejecución del acto administrativo.

¿Qué asuntos judiciales que competen a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo se tramitan por el procedimiento abreviado?. Cuestiones de personal al servicio de las administraciones públicas. Cuestiones de extranjería y peticiones de asilo político. Todas aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 €. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Su cliente le encarga iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra una Administración autonómica, por una lesión sufrida. Le pregunta que cuáles son los criterios que se usarán para calcular la cuantía de la indemnización, a lo que Ud. responde que. La cuantía de la indemnización se calcula con referencia al día en que se inició el procedimiento administrativo y se tendrá en cuenta los intereses por demora en el pago de la indemnización fijada, que se exigirán según la Ley General Presupuestaria. La cuantía de la indemnización se calcula con los baremos que aporta la Administración, el valor del mercado y los criterios de la Ley del contrato de seguro. La cuantía de la indemnización se calcula con referencia al día en que se reconozca la indemnización en vía administrativa y se tendrán en cuenta los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria. La cuantía de la indemnización se calcula con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de que se actualice a la fecha en que se ponga fin al procedimiento, lo que se lleva a cabo según el índice correspondiente del Instituto Nacional de Estadística y los intereses por demora en el pago de la indemnización fijada.

¿La LJCA prevé algún proceso especial?. Procedimiento ordinario, procedimiento acelerado y cuestión prejudicial. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, cuestión de ilegalidad, proceso especial en materia de contratos. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, cuestión de ilegalidad, procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos y procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Los elementos personales en el ejercicio de la potestad expropiatoria son: El expropiante, el confiscado y el Ministerio. El expropiante, el beneficiario y el expropiado. El expropiante, que ha de ser un Ministerio, y el confiscado, a quien le quitan la finca. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Respecto de las concesiones administrativas, marque la frase correcta: La norma general consiste en que su vigencia es indefinida en el tiempo. Pueden concederlas las fundaciones públicas, pero no los entes públicos empresariales. Se tramitan mediante un concurso público, que finalmente se formaliza a través de un contrato privado. En el ámbito de la Administración local, se prevén unas disposiciones especiales en el Reglamento de servicios de las corporaciones locales.

Marque la frase correcta, en relación a las técnicas de intervención administrativa: Mientras que una concesión es un acto administrativo a favor de un particular, para que explote un bien de dominio público o un servicio público, una autorización parte de que el ciudadano tiene derecho a ejercer ciertas actividades, si bien con ciertas restricciones por causa de interés público. Las autorizaciones son actos administrativos, mientras que las concesiones son actos privados. La comunicación previa es el acto administrativo mediante el que se notifica al interesado que ya puede poner en práctica el objeto de la concesión. Entre las causas de resolución anticipada de las concesiones se encuentra que la Administración se demore en más de un mes al hacer entrega de las contraprestación o medios auxiliares a que se obligó en contrato.

Un ciudadano no está conforme con la determinación del justiprecio que ha realizado el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, en un procedimiento de expropiación forzosa respecto a una finca de su propiedad. Considera este ciudadano que el valor económico de su propiedad es mucho mayor que la cantidad establecida como justiprecio. ¿Qué puede hacer?. Interponer recurso de reposición ante el referido Jurado Provincial. Interponer recurso de reposición ante la Administración expropiante. Interponer recurso de alzada ante la Administración expropiante. Interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que resulte competente.

Un ciudadano solicitó la revisión de oficio de un acto nulo dictado hace dos años. La Administración inadmitió a trámite la solicitud, sin solicitar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Esa persona le pide a su Abogado que recurra la referida resolución de inadmisión. Seleccione la respuesta correcta que debe dar el Abogado: No cabe recurrir contra la inadmisión, porque ello supondría que los tribunales controlaran actos firmes. No cabe recurrir contra la inadmisión, porque la solicitud de revisión de oficio era improcedente, ya que la revisión de actos nulos siempre se hace de oficio. Sí cabe recurrir, porque debido a la gravedad de la nulidad, se puede solicitar la revisión de oficio en cualquier momento, y la inadmisión acordada por la Administración podrá discutirse mediante un recurso administrativo o contencioso-administrativo. Sí cabe recurrir porque no se ha solicitado que se pronuncie el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

Un funcionario lo contrata a Ud. como Abogado para que plantee el recurso contencioso- administrativo, al objeto de impugnar la resolución de un proceso selectivo para ocupar un puesto de trabajo en un Ayuntamiento. ¿Con qué tipo de escrito debe Ud. comenzar ese proceso? Indique la respuesta correcta: Con un escrito de interposición limitado a indicar quien recurre y lo que recurre. Con un escrito limitado a solicitar que se le tenga como demandado. Con un escrito limitado a solicitar que se adopten medidas cautelares. Con un escrito de demanda, en el que consten todos los fundamentos de hecho y de derecho.

Los visados pueden ser: De residencia y trabajo de temporada. De residencia y trabajo. De tránsito. Todas las respuestas anteriores son correctas.

En relación con la jurisdicción contencioso-administrativa, marque la respuesta correcta: En este orden jurisdiccional no se puede conocer los actos del gobierno ya que, por ser de contenido político, quedan totalmente ajenos al examen de los tribunales de justicia. En este orden jurisdiccional no se puede conocer los actos del Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas ya que, por ser de contenido político, quedan totalmente ajenos al examen de los tribunales de justicia. La competencia de esta jurisdicción comprende cuestiones prejudiciales o incidentales si tienen relación directa con el recurso contencioso administrativo de que se trate, excepto si quedaran excluidas en virtud de un tratado internacional. Las respuestas anteriores son falsas.

Aquellas resoluciones dimanantes del Tribunal Administrativo del Deporte que, habiendo sido dictadas en vía de fiscalización, pueden ser recurridas en sede judicial ante: Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. El Tribunal Superior de Justicia. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. El Tribunal Supremo.

Los recursos directos frente a la actividad administrativa del Consejo General del Poder Judicial han de plantearse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de: El Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional. El Tribunal Superior de Justicia. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

Marque qué respuesta es falsa en este caso: ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, se puede ejercer la pretensión consistente en pedir: Condenar a la Administración a cumplir sus obligaciones en los términos que pida la demanda. Condenar a la Administración a cumplir sus obligaciones, en los términos en que estén establecidas. Reconocer una situación jurídica individualizada, en el sentido de haberse vulnerado un derecho del recurrente. Reconocer una situación jurídica individualizada, en el sentido de haberse vulnerado un interés legítimo del recurrente.

En aquellos casos en que una Administración decide impugnar un acto o disposición dimanante de otra Administración, para canalizar esa impugnación conforme a derecho, debe: Realizar una previa declaración de lesividad. Tramitar la previa declaración de lesividad, según se regula en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Interponer un recurso contencioso-administrativo, si bien tiene la posibilidad de requerir previamente a esa otra Administración para que derogue o anule esa actuación. Plantear conflicto de competencias, a fin de que resuelva el superior jerárquico.

La capacidad procesal en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se le reconoce a: Los patrimonios independientes titulares de derechos y obligaciones. Las uniones sin personalidad jurídica. Los grupos de afectados, si una Ley lo declarare así expresamente. D. Las respuestas A y B son correctas.

En relación a la defensa y representación procesal de las partes ante los tribunales de lo contencioso administrativo, es correcto afirmar que: El Procurador de la Administración ha de ser funcionario público. La Administración debe ser defendida siempre por un abogado de sus propios servicios jurídicos. El Procurador de la Administración ha de ser funcionario público, si bien se admite que sea funcionario interino. La Administración puede designar a un abogado ajeno a sus servicios jurídicos para que defienda un asunto, porque lo permite la Ley orgánica del poder judicial.

Según prevé la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, se presume que existe interés casacional objetivo si la resolución que se impugna: (en las otras tres se aprecia). Afecta a un gran número de situaciones, por sí misma, o por transcender del caso concreto que fue objeto del proceso. Interpreta y aplica el Derecho de la UE en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, o en casos en que todavía pueda ser exigible a la intervención de éste a título prejudicial. Resuelva un proceso en el que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general. Se aparta deliberadamente de la jurisprudencia existente, al considerarla errónea.

Marque la frase que sea incorrecta, en relación a lo que establece la ley para los procesos judiciales contencioso-administrativos: Si se impugna una actuación administrativa en vía de hecho, se puede pedir al tribunal la adopción de medidas cautelares incluso antes de interponer el recurso contencioso-administrativo. Las medidas cautelares se pueden pedir en cualquier momento del proceso, excepto si se impugna una disposición general, en cuyo caso deben pedirse anticipadamente 10 días antes del escrito de demanda. Si se impugna una actuación administrativa consistente en inactividad, se puede pedir al tribunal la adopción de medidas cautelares incluso antes de interponer el recurso contencioso-administrativo. En aquellos casos en que se alegan circunstancias de especial urgencia, se sigue un proceso judicial específico, que permite el dictado de un auto sin oír a las partes adversas; y ello, sin perjuicio de que, si se estima adoptar la medida cautelar, en legal plazo, se le debe conceder a las otras partes procesales, audiencia al respecto.

Dentro de los procedimientos especiales previstos en la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, se encuentra: El de protección de los derechos humanos. El de suspensión administrativa previa de acuerdos de sindicatos. El de la cuestión de ilegalidad. El de la cuestión de inconstitucionalidad.

Las corporaciones de derecho público representativas de intereses profesionales son: administración privada. administración pública. asociaciones privadas profesionales. entidades de base asociativa que, respecto a las funciones públicas asignadas por ley, ejercen funciones públicas.

El recurso especial en materia de contratación deberá... resolverse dentro de los cinco días hábiles siguientes, una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso. resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes, una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso. estimar en todo o en parte o desestimar las pretensiones formuladas o declarar su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado. las respuestas a) y c) son correctas.

El contrato administrativo ... . es la típica modalidad dual del acto administrativo. es una disposición general, que se aplica a las empresas de servicios. responde a la concurrencia de voluntades de la Administración y del administrado. es una disposición general que solo puede aplicarse a las empresas que han participado en un procedimiento administrativo.

El acto administrativo se compone de varios elementos. sujeto, objeto, elemento teleológico y elemento formal. sujeto, objeto y elemento. sujeto, objeto, elemento administrativo y elemento final. sujeto, objeto, elemento inicial y elemento final.

Los actos administrativos ... originarios son los dictados por el órgano administrativo original. pueden clasificarse como originarios o confirmatorios, siendo estos últimos los que reproducen el contenido de otro acto previo. pueden ser confirmatorios si conceden algo de forma exactamente igual que cuando se la Administración estimó una solicitud por primera vez. pueden ser originarios si los dicta un ayuntamiento y confirmatorios, si proceden de un ministerio.

6. El reglamento administrativo ... en todo caso, será dictado por el Parlamento, siguiendo el procedimiento legal. se integra en el ordenamiento jurídico y lo innova. solo puede ser dictado por un Ministro. todas las respuestas anteriores son falsas.

Los actos administrativos .... pueden ser dictados por todos los órganos administrativos, dentro de sus competencias. B. solo pueden ser dictados por los órganos administrativos a los que se le atribuye esa potestad, salvo las entidades locales. solo pueden ser dictados por los Ministerios. todas las respuestas anteriores son correctas.

Si un reglamento es ilegal... solo puede intervenir el Tribunal Constitucional. se puede reaccionar frente al mismo mediante revisión de oficio, cuestión de ilegalidad o recurso contencioso-administrativo. el Tribunal Supremo es el único órgano jurisdiccional que puede anularlo. una vez que está anulado en vía administrativa, luego ya se podrá anular en vía jurisdiccional.

Su cliente, mayor de edad, le solicita, en su condición de abogado, asesoramiento en relación con un procedimiento administrativo seguido ante el Ayuntamiento de la ciudad. En dicho procedimiento el padre de su cliente ha actuado como representante de su hijo, pero ninguno de los dos ha aportado poder de representación ante el Ayuntamiento ¿es posible la actuación en representación ante las autoridades públicas?. Sí, ya que cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las autoridades públicas. Sí, siempre que, tanto mi cliente como su padre, han presentado a la Administración un poder de representación. No, ya que el padre de mi cliente no está legitimado para actuar en representación de su hijo, al carecer de relación con el objeto del procedimiento. No, ya que el padre de mi cliente no es un interesado desde el punto de vista formal del procedimiento administrativo.

¿Cuándo se pone fin al procedimiento?: Ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud y la declaración de caducidad. Ponen fin al procedimiento la resolución, la terminación convencional y la caducidad. Ponen fin al procedimiento la resolución administrativa motivada y la renuncia por parte del interesado. Ponen fin al procedimiento la caducidad, la renuncia, la terminación convencional o pactada y la resolución.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera?: El principio de legalidad determina que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos colegiados que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. El principio de legalidad supone la imposibilidad por parte de la Administración de condenar o sancionar a los administrados por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa de acuerdo con lo establecido en una norma con rango de ley. El principio de legalidad determina que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. Las respuestas b) y c) son correctas.

Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán. Establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos. En casos de urgencia, se podrá imponer sanción con ausencia de procedimiento mediante procedimiento simplificado. Estar legal o reglamentariamente establecidos. Las respuestas a) y c) son correctas.

¿En qué clases de procesos contencioso-administrativos ha de intervenir el Ministerio Fiscal?. En los procedimientos especiales de protección de los derechos fundamentales. En todos los procedimientos contencioso-administrativos sin excepción. C. Únicamente en los procedimientos contencioso-administrativos ordinarios. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

El Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo no x de Madrid, una vez finalizado el período de prueba del proceso instado por la asociación de vecinos “El Juglar” contra la resolución del Alcalde por la que se les imponía una multa por alterar el orden público, acuerda de oficio el recibimiento a prueba y la práctica de una prueba pericial a fin de determinar con mayor precisión los hechos que fundamentarán su sentencia. ¿Podrán la asociación de vecinos y el Ayuntamiento intervenir de algún modo en la práctica de la prueba pericial?. No tendrán intervención en la prueba pericial. Podrán impugnar la prueba practicada al carecer el Juez de competencia para acordar la práctica de la prueba una vez finalizado el período de prueba. Las partes únicamente podrán tachar a los peritos. Las partes podrán, entre otras cosas, solicitar una exposición completa del dictamen, así como formular las tachas que pudieren afectar al perito.

Qué asuntos judiciales, de los que competen a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, se tramitan por el procedimiento abreviado (art. 78 LJCA, Ley 29/1998)?. Cuestiones de personal al servicio de las administraciones públicas. Cuestiones de extranjería y peticiones de asilo político; asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje. Todas aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 €. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El Ministerio de Fomento ha publicado los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establecen las condiciones que deben regir la contratación de un servicio de mantenimiento y reparación sujeto a regulación armonizada. La empresa REPARA S.A. desea interponer un recurso especial en materia de contratación contra dichos actos y acude a Ud., abogado en ejercicio, para que le asista. ¿Podrá REPARA S.A. interponer el recurso?. No, dado que solo cabe interponer el recurso contra los acuerdos de adjudicación. No, dado que no cabe interponer el recurso contra actos relativos a contratos de servicios. No, dado que no cabe interponer el recurso contra actos relativos a contratos de servicios no sujetos a regulación armonizada. Sí, dado que cabe interponer el recurso contra los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, en contratos de servicios sujetos a regulación armonizada.

En los procedimientos administrativos sancionadores iniciados de oficio, la falta de resolución expresa en plazo, según establece el art. 95 de la Ley 39/2015 (LPACAP), da lugar a ... Silencio estimatorio. Silencio desestimatorio. Caducidad y archivo. Prescripción.

El Ayuntamiento de Bilbao contrata para la Semana Grande de la ciudad a un grupo musical para que dé un concierto. Existen discrepancias entre el Ayuntamiento y el grupo en relación al cumplimiento del contrato. ¿Qué orden jurisdiccional es competente para resolver dichas cuestiones litigiosas?. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de un contrato administrativo de una Administración pública. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de un contrato privado de una Administración pública. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de una cuestión litigiosa en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de un contrato privado de una Administración pública. El orden jurisdiccional civil, ya que se trata de una cuestión litigiosa en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de un contrato privado de una Administración pública.

Un funcionario municipal pretende acudir al Juzgado de lo contencioso administrativo para impugnar un proceso selectivo, referido a ocupar un puesto de trabajo en un Ayuntamiento, y le pregunta a Ud. si es preciso que él cuente con abogado y procurador en el proceso. No es preciso ni abogado ni procurador, por tratarse de un funcionario y de una cuestión de personal. No es preciso procurador, por tratarse de un órgano unipersonal, pero sí abogado. En este caso necesariamente deberá conferir su representación a un abogado. Es preciso que confiera su representación a un procurador, y será asistido en todo caso por abogado.

Se considera órgano administrativo, según la Ley 40/2015. A las unidades de gestión administrativas a las que se les atribuya funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación sea preceptiva. A todas las unidades de gestión. . A las unidades de gestión que tramitan asuntos en materia de responsabilidad patrimonial y derechos fundamentales. Todas las respuestas anteriores son falsas.

La sociedad CYS, S.A. tiene al Ayuntamiento de Jaén como accionista mayoritario. ¿Deberá aplicársele la regulación contenida en la LPAC (Ley 39/2015) y en la LRJSP (Ley 40/2015)?. Sí, siempre que la sociedad esté vinculada o sea dependiente del Ayuntamiento, se considerará que pertenece al sector público institucional. Por ello, su actividad estará sujeta a dichas leyes, cuando así lo establezcan las mismas y cuando ejerza potestades administrativas. No serán de aplicación las leyes de procedimiento administrativo, ya que dentro de su accionariado tiene accionistas de carácter privado. No, ya que al ser una sociedad mercantil no tendrá la consideración de entidad de Derecho Público. Sí, en virtud de la atribución o encargo específico que haya realizado el Ayuntamiento.

¿Ante qué órgano administrativo se podrá interponer el recurso de alzada?. Se interpondrá ante el órgano que dictó el acto, para que lo remita al superior jerárquico. Siempre ante el órgano superior jerárquico del que dictó la resolución impugnada. Se podrá interponer ante el órgano que dictó el acto, o bien ante el competente para resolver el recurso. Se interpondrá ante el órgano administrativo central, para que lo remita al superior jerárquico.

Las entidades públicas empresariales. Son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y, junto con el ejercicio de potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, susceptibles de contraprestación. Son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, se financian mayoritariamente con ingresos de los Presupuestos generales del Estado y, junto con el ejercicio de potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, susceptibles de contraprestación. Son entidades de Derecho privado, con personalidad jurídica propia, se financian mayoritariamente con ingresos de los Presupuestos generales del Estado y, junto con el ejercicio de potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, susceptibles de contraprestación. Son entidades de Derecho privado, con personalidad jurídica propia, se financian mayoritariamente con ingresos de carácter mercantil y, junto con el ejercicio de potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, susceptibles de contraprestación.

Ud. debe solicitar para su cliente la nulidad de actuaciones en un procedimiento administrativo, por causa de incompetencia del órgano administrativo para dictar resolución sobre el fondo del asunto. En aplicación del art. 74 de la Ley 39/2015, indique cómo procede tramitar esa petición: La Administración debe suspender la tramitación del procedimiento principal en tanto se tramita la solicitud como cuestión incidental. La Administración debe tramitar esa solicitud como una cuestión incidental, sin suspender la tramitación del procedimiento principal y sin perjuicio de poder convalidar los actos que sean simplemente anulables. La Administración debe tramitar la solicitud como un supuesto de revisión de actos nulos. La Administración debe acumular esa solicitud al procedimiento en trámite y resolverla junto con la resolución de fondo de dicho procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de convalidación de actos anulables.

Ud. ha recibido notificación de una sentencia anulatoria de una disposición, a raíz de un proceso que inició en defensa de los derechos e intereses de un cliente suyo; ¿sobre quién tendrá efectos esa sentencia?. Sobre aquellas personas que hayan actuado como partes en el proceso. Sobre aquellas personas afectadas por la referida sentencia (art. 72.2 LJCA). Sobre todas las personas sometidas al ordenamiento jurídico español (art. 72.2 LJCA). Sobre aquellas personas que se personaron ante el Tribunal mediante Procurador.

¿Qué procesos judiciales especiales prevé La LJCA?. Procedimiento ordinario, procedimiento acelerado y cuestión prejudicial. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, cuestión de ilegalidad, proceso especial en materia de contratos. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, cuestión de ilegalidad, procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos y procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según prevé el art. 69 de la LJCA, la inadmisibilidad del recuso administrativo se declarará siempre que. Se hubiera interpuesto por incapaz, no debidamente representado o no legitimado. El Juzgado o Tribunal contencioso-administrativo carezca de jurisdicción. Tenga por objeto disposiciones o actos no susceptibles de impugnación. Todas las respuestas anteriores son correctas.

En aplicación del art. 107 de la LJCA, cuando una sentencia firme anule total o parcialmente el acto impugnado... El juez publicará el acto impugnado en el Boletín Oficial del Estado. El juez publicará esa sentencia en los tablones de los juzgados. El Letrado de la Administración de Justicia dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada. El juez dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada.

Su cliente le encarga interponer recurso contencioso-administrativo frente a un acto administrativo que es reproducción de otros anteriores, definitivos y firmes. Ud. le explica que en ese caso ... Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo siempre que dicho acto produzca indefensión, así como un perjuicio irreparable a sus intereses legítimos. Según prevé la LJCA, no es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, legitima para interponer recurso contencioso- administrativo en defensa de sus intereses legítimos. Las respuestas a) y c) son correctas.

38. Según establece el art. 136.2 de la LJCA, ¿Ud. puede solicitar una medida cautelar antes de interponer un recurso contencioso-administrativo?. Sí, pero una vez acordada la medida cautelar, si no interpongo el recurso contencioso administrativo, las medidas acordadas quedarán automáticamente sin efecto. Sí, pero debo pedir su ratificación en el momento de interponer el recurso. Sí, en los supuestos de inactividad de la Administración o de vía de hecho. Todas las respuestas anteriores son correctas.

En el transcurso de un proceso contencioso-administrativo, ¿qué sucede si la Administración no remite el expediente administrativo en plazo?. El recurrente puede solicitar, por sí, o a iniciativa del LAJ, al Tribunal que se le conceda plazo para formalizar demanda (art. 53 LJCA). El recurrente no puede formalizar demanda, ya que sufre indefensión, puesto que no dispone del expediente para formular alegaciones (art. 53 LJCA). El recurrente puede formalizar demanda, siempre que lo solicite al juez y este resuelva estimando su petición (art. 53 LJCA). El Letrado de la Administración de Justicia lo pone de manifestó a las partes, por plazo de 10 días, para que formalicen alegaciones (art. 53 LJCA).

La actividad administrativa de fomento consiste en: Conceder subvenciones. Conceder ayudas y beneficios, así como también otras técnicas de carácter organizativo y servicial. Conceder premios científicos o literarios. Las respuestas A y C son correctas.

Es Administración pública. La Administración general del Estado, las de las Comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local. Las Sociedades mercantiles estatales y las Fundaciones públicas. La administración general del Estado, las de las Comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local. Las Corporaciones de Derecho público representativas de intereses económicos o profesionales. La Administración general del Estado, las de las Comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración local. Las entidades de Derecho público dependientes o vinculadas al Estado, a las Comunidades autónomas y a las Entidades locales. Todas las respuestas son correctas.

El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse: Desde el día en que la infracción se cometió. Desde el día en que se notificó el expediente sancionador al interesado. Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución que impone la sanción o bien haya transcurrido el plazo para recurrirla. Desde el día en que la administración hubiera podido tener conocimiento de la infracción.

El recurso especial en materia de contratación deberá. Estimar en todo o en parte o desestimar las pretensiones formuladas o declarar su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado. Resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes, una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso. Resolverse dentro de los cinco días hábiles siguientes, una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso. Las respuestas a) y c) son correctas.

. En los procedimientos expropiatorios, ¿qué requisito previo debe llevar a cabo la administración antes de expropiar un bien?. La declaración de urgente ocupación. Calcular el justiprecio y efectuar el pago al propietario del bien a expropiar. La declaración de necesidad de la ocupación. Declarar de utilidad pública o interés social el bien a expropiar.

Una asociación de promotores y constructores de edificios pretende interponer recurso administrativo contra un reglamento aprobado por Orden Ministerial, por considerarlo no ajustado a Derecho. Señale la opción correcta, según el art. 112 de la Ley 39/2015, LPACAP: Solo cabe recurso de reposición. Puede interponer recurso de alzada porque la Orden Ministerial la aprueba el Ministro, y cabe recurso de alzada ante el Consejo de Ministros. No puede interponer recurso administrativo, porque el Ministro no tiene superior jerárquico. No puede interponer recurso administrativo, por ser una disposición administrativa de carácter general.

Usted, como abogado ejerciente, está redactando la demanda de un recurso contencioso- administrativo ordinario y tiene que proponer prueba. Señale cuál de las opciones es la correcta. Tiene que indicar expresamente que el expediente se admita como prueba. Tiene que indicar de forma ordenada cuáles son los hechos que quiere probar y los medios de prueba que propone. Tiene que indicar de forma ordenada los hechos que quiere probar y proponer la única prueba que procede en el contencioso, que es la documental. Únicamente puede proponer prueba testifical y pericial, pues los documentos ya están adjuntos a la demanda.

¿Puede exigirse responsabilidad patrimonial como consecuencia de la actuación anormal de un órgano jurisdiccional?. Sí, pero únicamente podrá exigirse la responsabilidad previa sentencia estimatoria del TC, porque el Poder Judicial goza de una presunción iuris tantum de validez de sus resoluciones. Sí, puede exigirse una indemnización por el funcionamiento anormal de la administración de Justicia y el procedimiento se regirá exclusivamente por la LOPJ. Sí, pero no por la vía administrativa. En estos casos únicamente podrá exigirse la correspondiente responsabilidad patrimonial mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo. Sí, puede exigirse una indemnización por el funcionamiento anormal de la administración de Justicia y el procedimiento se regirá exclusivamente por la LPAC y la LRJSP.

Su cliente le encargó iniciar un procedimiento administrativo para obtener una licencia. Recibe notificación en la que se le dice que esa solicitud no reúne los requisitos exigidos, por lo que debe subsanar los errores que se le indican y aportar varios documentos; ¿qué plazo hay para esa subsanación de solicitud?. Un plazo de 5 días. Un plazo de 10 días, pudiendo solicitar su ampliación hasta 5 días, para el caso en que los documentos requeridos presenten dificultades especiales. Un plazo de 5 días, pudiendo pedir que se amplíe hasta 5 días más, para el caso en que los documentos requeridos presenten dificultades especiales. Un plazo de 15 días, pudiendo pedir que se amplíe hasta 5 días más, para el caso en que los documentos requeridos presenten dificultades especiales.

Al escrito de interposición de un recurso contencioso-administrativo se le debe acompañar la siguiente documentación. El documento que acredite la representación del recurrente, si bien, en caso de figurar en otras actuaciones ante el mismo órgano jurisdiccional, es viable pedir que expida su certificación para su unión a estos autos que se inician con la interposición de este recurso contencioso-administrativo. El documento que acredite el tipo de administración contra el que se dirige, a efectos de determinar el tipo de procedimiento que se ha de seguir. El documento que acredite la legitimación del recurrente, en caso de que la ostente por haberla recibido por herencia o por cualquier otro título. Son correctas las respuestas A y C.

Dentro del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, contra aquellas sentencias que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales, cabe plantear, según prevé la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Recurso de revisión. Recuso de apelación. Recurso de casación por infracción de ley. Todas las respuestas anteriores son falsas.

En relación con el recurso especial en materia de contratación, la respuesta correcta es que son susceptibles del mismo. Los anuncios de licitación, pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que han de regir la contratación, cuando se refieran a contratos de obras con valor estimado superior a un millón de euros. Los anuncios de licitación, pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que han de regir la contratación, cuando se refieran a determinados acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición. Los anuncios de licitación, pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que han de regir la contratación, cuando se refieran a contratos de suministro y servicios, si tienen un valor estimado superior a veinte mil euros. Todas las respuestas anteriores son falsas.

A efectos de la Ley de contratos del sector público, se considera que forman parte del referido sector público. Los consorcios que se rigen por la legislación aduanera. Los consorcios previstos en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, y en la legislación de régimen local. Las respuestas A y B son correctas. Todas las respuestas anteriores son falsas.

A efectos de la Ley de contratos del sector público, se considera poderes adjudicadores a. Las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, en los términos que prevé la ley. Las fundaciones privadas que se dediquen a fines de interés general de la sociedad. Los partidos políticos y organizaciones sindicales, en los términos que prevé la ley. Las respuestas A y C son correctas.

Cuando, en vía administrativa, estamos antes un supuesto de silencio administrativo, el plazo para recurrir ese acto presunto, al cual se le aplica los efectos del silencio es, según establece la Ley 39/2015 (LPACAP). Tres meses en todo caso. Seis meses para plantear recurso de alzada y tres meses para recurso de reposición. En cualquier instante, a partir del momento en que se produzcan los efectos del silencio en ese caso concreto. Seis meses si el silencio es negativo.

En la tramitación de un recurso contencioso-administrativo, ¿es legal excluir algún documento del expediente administrativo al enviarlo al Tribunal de Justicia?. No, porque generaría indefensión procesal formal. Sí, por el principio de prevalencia de la administración pública. No, porque vulneraría el principio de igualdad de armas procesales. Sí, motivadamente, en el caso en que estuviese clasificado como secreto oficial.

El ayuntamiento ha procedido a la expropiación forzosa de una finca rústica de su cliente, el cual le explica a Ud. que la administración actuante realmente ha expropiado una superficie de terreno mayor que la que constaba en el acta previa de ocupación. Desestimada su petición al respecto en la vía administrativa, Ud. se dispone a iniciar un proceso contencioso-administrativo sobre esta cuestión, para lo que cuenta con un informe pericial de un ingeniero agrónomo privado. Su cliente le pregunta a Ud. que cuándo se va a recibir el proceso a prueba, a lo que Ud. responde: En el proceso contencioso-administrativo no hay una fase propiamente de prueba. Cuando haya disconformidad en los hechos y estos fueran de trascendencia, a juicio del órgano jurisdiccional, para resolver el pleito. Siempre que lo pidan las partes (por “otrosí”), en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. Las respuestas b) y c) son correctas.

En un proceso judicial contencioso-administrativo, en el que Ud. recurre una resolución administrativa, se va a celebrar la fase de práctica de prueba. A ambas partes se les ha estimado la práctica de: pruebas testificales, periciales e interrogatorio de parte. ¿En qué orden deben practicarse las mismas ante el Tribunal, según se prevé en los arts. 60 y 61 de la Ley 29/1998 (LJCA)?: 1º, el interrogatorio de las partes, 2º, el de los testigos y, 3º, los dictámenes periciales. 1º, el interrogatorio de las partes, 2º, los dictámenes periciales y, 3º, el interrogatorio a los testigos, puesto que el orden de práctica de las pruebas difiere del orden contencioso- administrativo al civil. 1º, el interrogatorio de las partes, 2º, el de los testigos y, 3º, los dictámenes periciales, salvo que el Juez decida otro orden. 1º, el interrogatorio de los testigos, 2º, el de las partes y, 3º, los dictámenes periciales.

La madre de sus clientes acudió al Ayuntamiento de su localidad a hacer unas gestiones. Mientras caminaba por un pasillo del edificio municipal, sufrió un ataque cardiaco que le hizo fallecer allí mismo. Sus clientes le preguntan a Ud. si tienen expectativas de obtener, por ello, una indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración, a lo que Ud. responde que: Por supuesto que sí: pueden reclamar una indemnización, ya que la responsabilidad patrimonial de la administración es objetiva. No, porque no existe en este caso una relación de causalidad entre una actividad administrativa y el fallecimiento de esa persona. Por supuesto que sí: el derecho a ser indemnizados surge tanto del funcionamiento anormal de la administración como del funcionamiento normal; habiendo relación de causalidad, siempre se reconoce esa responsabilidad. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Marque la respuesta correcta. El recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso- administrativo: Se puede plantear ante todas las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Se puede plantear directamente, sin más trámite, frente a autos, siempre que concurran los requisitos que prevé la LJCA. Su tramitación da lugar a que, ante el Tribunal ad quem, se dé una audiencia excepcional para que las partes se puedan pronunciar sobre la concurrencia de interés casacional objetivo. Se puede presentar contra todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas.

Indique cual de los siguientes requisitos no es necesario para que concurra la responsabilidad patrimonial del Estado: El daño evaluable económicamente. La existencia de una norma expresa que reconozca la responsabilidad patrimonial en el sector concreto de que se trate. El nexo de causalidad entre el actuar administrativo y la lesión resarcible. Que el daño se deba al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Indique qué órgano es el competente para conocer un recurso contencioso administrativo formulado contra un decreto del Consejo de Ministros. Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Audiencia Nacional. Tribunal Supremo. Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.

El recurso administrativo que cabe contra la adjudicación de un contrato administrativo de obras con un presupuesto de 40.000.000 euros es: Recurso especial en materia de contratación. Recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda. Recurso contencioso administrativo. Recurso de revisión.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (art. 11 LJCA) conoce de los recursos contra: 1.- Disposiciones generales y los actos de los ministros y de los secretarios de Estado o de órganos centrales del Ministerio de Defensa que no sean competencia de los Juzgados centrales. 2.-De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones Públicas no atribuidos a los TSJ. contra los primeros descritos. Contra los dos descritos. de los segundos descritos. ninguno de los dos.

La ley 12/2012 prevé un régimen de infracciones y sanciones para los supuestos en que se incumpla las obligaciones referidas a la declaración responsable o a la comunicación. Ese tema se prevé en la Ley 30/95, no en la ley referenciada en el enunciado. Es correcto lo que se afirma en el enunciado. No se prevén sanciones para esas figuras. Se prevé sólo para la comunicación.

El instructor del procedimiento sancionador, decidirá practicar todas aquellas pruebas que sean pertinentes. Frente a la denegación de un medio de prueba, que ha de ser siempre motivada, no se admite recurso: se admite reposición. Se admite apelación. es correcta la afirmación del enunciado. hay 15 días para recurrir.

En el procedimiento ordinario, ¿Cuándo ha de solicitar el demandante la práctica de prueba?. En el acto de la vista. Después de la admisión de la demanda. En la pieza de medidas cautelares. En la demanda.

En ámbito local, los actos de imposición de sanciones tributarias sí quedarán automáticamente suspendidos al recurrirse en vía administrativa conforme a la LGT. No suspenden. es correcto, pero en todos los ámbitos. es correcto y sólo en el local. es así, pero por previsión de normas no tributarias.

Un ciudadano ha sido sancionado por circular a una velocidad excesiva en carretera. Un mes y medio después de haber pagado la multa, la norma cambia y se aumenta la velocidad máxima a la que puede circular en ciudad, de modo que, de haberse cometido los hechos en ese momento, la velocidad a la que circulaba el particular estaría dentro de los límites legales. ¿Se vulnera el principio de retroactividad de la norma favorable si no se anula la multa que se impuso a aquel ciudadano?. Sí, hay que anularla. No, pues las normas favorables en materia de sanciones no son retroactivas. Sí, pero sólo si lo solicita el sancionado. No, pues la retroactividad no afecta a las sanciones firmes y ejecutadas.

El mero planteamiento de la oposición, no da lugar a que se suspenda el proceso judicial de ejecución de sentencia. correcto y luego no hay impugnación posible. sí que da lugar a la suspensión. correcto y la parte procesal adversa, una vez recibido traslado de esa oposición y conferido plazo, puede presentar contra ella escrito de impugnación de la oposición. La parte procesal adversa, una vez recibido traslado de esa oposición sin esperar a plazo, puede presentar contra ella escrito de impugnación de la oposición.

Indique qué se entiende por dimensión material del principio "non bis in ídem": Impide que por unos mismos hechos se sigan dos procedimientos sancionadores. Impide que se sigan por los mismos hechos un procedimiento sancionador y otro procedimiento de limitación de derechos. Permite que un juez penal pueda imponer sanciones administrativas, pues quien puede lo más puede lo menos. Impide que se impongan dos sanciones por los mismos hechos y con el mismo fundamento.

El origen de las figuras de la declaración responsable y de la comunicación está en la conocida como Directiva Bolkestein, de 2006, trasladada al ámbito español mediante la conocida como Ley Ómnibus. No es correcto la afirmación sobre la Ley Ómnibus. Ambas figuras proceden de la Constitución. No vienen reguladas realmente. Es correcto.

En procedimiento tributario, se le aplica un plazo máximo para notificar resolución expresa de 6 meses, de forma que, si transcurre el mismo, sin haber notificado al interesado, la consecuencia que se sigue es: silencio positivo. caducidad del procedimiento. silencio negativo. prescripción.

La estimación por silencio se considera acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación permite al interesado interponer el recurso que proceda... en vía administrativa. en vía judicial. en ambas. no es posible recurrir.

Es posible acordar la tramitación simplificada del procedimiento... cuando concurran razones de orden público o falta de complejidad. exclusivamente por falta de complejidad. no es posible nunca. por decisión del juez de forma discrecional.

Las corporaciones de derecho público. Se rigen por su normativa específica en el ejercicio de funciones públicas que tengan atribuidas y, supletoriamente... por la Ley 40/2015. por la Ley 39/2015. por ambas. por ninguna de ellas.

Periculum in mora, establecido en el art. 130.1 de la LJCA, significa. Que para poder adoptar la medida cautelar, el juzgador ha de entender que, si no se adoptara, el recurso perdería su finalidad legítima. Cada pieza de medidas cautelares que se abre en un órgano judicial debe atender a los argumentos y pruebas de las (al menos) 2 partes enfrentadas. La LJCA menciona este criterio en su expresión contrarios en su cuando indica, aunque sea en el art. referido a la inactividad y la vía de hecho. B y C son las correctas.

Manuel, funcionario autonómico destinado en una Dirección General de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha participado en un concurso de traslados convocado por la Consejería de Hacienda, solicitando una de las plazas publicadas, que le fue denegada. Agotada la vía administrativa, Manuel decide interponer recurso contencioso-administrativo, consultando a su Abogado ante qué órgano jurisdiccional deberá interponerse y qué procedimiento se habrá de seguir: Recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo a tramitar por el procedimiento ordinario. Recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia a tramitar por el procedimiento ordinario. Recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo a tramitar por el procedimiento abreviado. Recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia a tramitar por el procedimiento abreviado.

La prohibición o propuesta de modificación de reuniones prevista en la LO reguladora del Derecho de reunión, el art. 122 de la LJCA que para el caso en que la prohibición, o propuesta de modificación de una reunión regulada en la LO 9/1983, de 15 de julio, del derecho de reunión no sea aceptada por el promotor, el mismo puede interponer RC-A ante el órgano judicial competente, que es la Sala de lo C-A del TSJ correspondiente (art. 10.1.h), LJCA). La autoridad gubernativa debe remitir el expediente con carácter inmediato. La autoridad gubernativa debe remitir el expediente en el plazo de 10 días hábiles. La autoridad gubernativa debe remitir el expediente en el plazo de 10 días inhábiles. Ninguna de las anteriores es correcta.

Indica el criterio de imposición de las costas que rige en el procedimiento contencioso- administrativo. El criterio del vencimiento. Solo en caso de que concurra mala fe o temeridad. Es discrecional para el juez, puede hacer lo que considere más conveniente. En el contencioso-administrativo, como en el penal, no existen costas.

¿A cuál de las siguientes entidades no es de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público?. Una sociedad mercantil participada mayoritariamente por la administración General del Estado. Una sociedad mercantil participada mayoritariamente por un organismo público. A los ayuntamientos. A los bancos.

¿Cuándo estamos ante un contrato público de tramitación urgente?. Contratos cuya celebración devenga de una necesidad inaplazable o cuya adjudicación haya de acelerarse en aras al interés público. Aquel en que la administración debe actuar con carácter inmediato por acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o una necesidad que afecte a la defensa nacional. Dentro de ese mismo contrato, aquellas prestaciones que no sean de emergencia seguirán la tramitación común u ordinaria. Ninguno de los anteriores.

El plazo general para que la administración ejecute voluntariamente las sentencias dictadas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es... 20 días. 2 meses. 3 meses. 5 años.

Tipos de resoluciones judiciales según (art. 245.1 LOPJ): Providencia y auto. Sentencia y auto. A y B son correctas. A y B son incorrectas.

La práctica de la prueba tiene algunas particularidades en el proceso abreviado. El interrogatorio de partes es verbal, sin pliegos, así como el de testigos. Ante la resolución del juzgador sobre la admisión de pruebas, quien no sea conforme con la misma, debe presentar verbalmente recurso de reposición que será resuelto seguidamente en el acto. Si el juzgador considerase que alguna prueba de relevancia, por motivos ajenos a quien tenga carga de aportarla, no se puede practicar sobre la marcha en la vista convocada, se suspende la vista de forma que en el mismo acto se proporciona nueva citación para su reanudación. Todas son correctas.