Exámenes C2 II

1. Según el artículo 1 de la Constitución, España se constituye como: a) Un Estado liberal y democrático. b) Un Estado social y democrático de Derecho. c) Un Estado federal y social. d) Una monarquía absoluta.

2. ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español?. a) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. b) Igualdad, legalidad, seguridad y soberanía. c) Justicia, solidaridad, igualdad y unidad. d) Libertad, democracia, soberanía y justicia.

3. Los constituyentes optaron, en relación a la soberanía, por declarar: a) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. b) La soberanía reside en la nación española. El diseño de los constituyentes optaba por tesis centralistas. c) La soberanía reside en los pueblos que forman la nación española. d) El sistema diseña un Estado pseudofederalista y regionalista, siendo las nacionalidades las titulares de la soberanía.

4. En el texto constitucional se consagra que la forma política del Estado español es: a) República parlamentaria. b) Monarquía constitucional. c) Monarquía parlamentaria. d) Estado federal.

5. El Título I de la Constitución trata sobre: a) La organización territorial del Estado. b) Los derechos y deberes fundamentales. c) El Gobierno y la Administración. d) El Tribunal Constitucional.

6. El artículo 40 de la Constitución dedicado a los principios rectores de la política social y económica que alude a la consecución del progreso social y económico, la distribución de la renta regional y personal más equitativa, la estabilidad económica y el pleno empleo: a) Tiene el carácter de norma imperativa e indisponible. b) Recoge los precedentes constitucionales españoles. c) Es una norma típicamente programática que prescribe la persecución de un fin de interés general, pero sin poner los medios y las condiciones para su realización. d) Para la consecución del pleno empleo y el reparto del trabajo, el Tribunal Constitucional ha dicho que el legislador no puede utilizar como instrumento la jubilación forzosa.

7. En relación a la alusión de la Constitución al derecho a la salud: a) El texto constitucional diseña una organización territorial del Estado que impide la asunción por las Comunidades Autónomas de competencias en materia de sanidad. b) Tiene su precedente en el artículo 46.2 de la Constitución de 1931, que estipulaba que la legislación social de la República regularía los casos de seguro de enfermedad. c) El art. 4.2.f del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, define como competencia exclusiva de los Estados miembros los asuntos relativos a la seguridad en materia de salud pública. d) Titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria son todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia legal en el territorio nacional.

8. El artículo 41 de la Constitución, encuadrado en el capítulo de principios rectores de la política social y económica, se ocupa de la Seguridad Social: a) Las prestaciones de la Seguridad Social son contributivas y proporcionales en todo caso a cotizaciones de los afiliados. b) La Seguridad Social española sigue el modelo contributivo y profesional que diseñó Bismark. c) Se regula partiendo de manera flexible y abierta a la evolución del sistema. d) La Seguridad Social española sigue el modelo anglosajón de Beveridge, no contributivo y universal.

9. ¿En qué Título de nuestra Constitución encontramos definida la doctrina de la separación de poderes?. a) En el Título III, de las Cortes Generales. b) No existe referencia expresa en el texto constitucional. c) En el Título IV, del Gobierno y de la Administración. d) En el Título Preliminar.

10. La expresión "derecho de excepción", se puede relacionar con: a) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Judicial. b) El ámbito de aplicación de la "legislación terrorista" y la suspensión de algunas garantías procesales. c) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio competencial entre Estado y Comunidades Autónomas por motivos de orden público. d) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Legislativo.

11. El artículo 44 de la Constitución contempla el derecho a la cultura, y las obligaciones para los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la misma: a) Se permite la posibilidad de exigencia inmediata del mismo ante jueces y tribunales. b) Se diseña como política de exclusiva competencia estatal. c) En su promoción intervendrán exclusivamente la administración autonómica y la administración europea. d) El derecho a la cultura pertenece, como ha señalado reiteradamente la doctrina, al género de los derechos de prestación.

12. La STC 88/1986, de 1 julio, analiza la unidad de mercado y su compatibilidad con la autonomía política. De ella deducimos: a) La Constitución garantiza un mercado único que implica la uniformidad de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica. b) La Constitución garantiza la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. c) La Constitución excluye la diversidad de regímenes jurídicos eliminando las intervenciones de distintas autoridades públicas. d) La libertad de empresa, la unidad de mercado y la libertad de residencia son exigencias exclusivamente derivadas del Derecho Comunitario.

13. La regulación Capítulo III, del Título I de la Constitución se incluye en el Título I "De los derechos y deberes fundamentales", por lo que: a) Abren vía de recurso ante el Tribunal Constitucional. b) Pueden ser considerados verdaderos derechos subjetivos de los ciudadanos como el resto de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el citado Título. c) De estos principios no cabe deducir pretensiones jurídicas inmediatas sino expectativas de derechos. d) Son normas meramente programáticas.

14. ¿Resulta la Constitución directamente aplicable a los operadores jurídicos como fuente del Derecho?. a) No, puesto que sería una interpretación excesiva del principio de soberanía nacional. b) Sí, porque fue el resultado de un pacto entre la Corona y la soberanía nacional. c) Sí, puesto que la Constitución vincula a Jueces y Tribunales. d) No, puesto que las normas directamente aplicables son las emanadas del poder legislativo y del ejecutivo.

15. Los derechos fundamentales pueden ser suspendidos en determinados casos, establecidos constitucional y legalmente: a) La declaración de suspensión ha de ser general en relación a un colectivo de personas, en un ámbito territorial, nacional o regional. b) La suspensión de derechos fundamentales de forma individual ha sido declarada inconstitucional. c) Los derechos pueden ser suspendidos de forma tanto individual como colectiva. d) La suspensión de derechos ha sido integrada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

16. En relación a los estados de alarma, excepción o sitio: a) Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio serán provisionales e indispensables y proporcionadas para restablecer la normalidad. b) Se adoptarán cuando desórdenes extraordinarios hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad por parte de los poderes ordinarios de las autoridades. c) Deberán adoptarse a través de Ley Orgánica. d) Dependerán también de lo que se establezca en los correspondientes Estatutos de Autonomía.

17. En relación con las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales: a) Se regularon por primera vez en la Constitución de 1931. b) La suspensión de garantías se regulaba en las leyes de “orden público”. c) Las Constituciones históricas españolas no contuvieron mención alguna de las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales. d) Las dos últimas opciones son correctas.

18. El artículo 55 del texto constitucional regula la suspensión general de derechos y libertades: a) Se relaciona con la declaración de las situaciones excepcionales cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades. b) Se permite la suspensión de derechos y libertades en nuestra Constitución en el estado de excepción, el estado de sitio y el estado de alarma. c) La finalidad es la suspensión de determinados derechos y libertades, sobre la base de dejar total libertad de actuación al Ejecutivo para posibilitarle el restablecimiento del orden público alterado. d) Los actos de la autoridad gubernativa adoptados durante la vigencia de la suspensión de derechos no son impugnables en vía jurisdiccional.

19. El art. 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, afirmación que encuentra sus precedentes en: a) En la Constitución de 1812. b) En el art. 31 del Fuero de los Españoles y en la Declaración XII, 2, del Fuero del Trabajo. c) En la Constitución de 1931. d) En la Constitución de 1869.

20. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre: a) Magistrados, Fiscales y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. b) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. c) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. d) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

21. Según el artículo 159 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de: a) Seis años y se renovarán la mitad de sus miembros a los tres años. b) Seis años y se renovarán por terceras partes cada tres. c) Cinco años con posibilidad de renovar el mandato una sola vez. d) Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

22. Según el artículo 162 de la Constitución están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: a) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los Presidentes de la Comunidades Autónomas. b) El Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. c) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. d) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

23. Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los artículos 166 y 167 de la Constitución, se tramitarán: a) Conforme a las normas establecidas para proyectos y proposiciones de ley. b) Conforme al procedimiento seguido con los proyectos de ley. c) Conforme al procedimiento seguido con las proposiciones de ley. d) Conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

24. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá: a) A la disolución inmediata de las Cortes previa convocatoria de referéndum. b) Las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión y aprobar el nuevo texto constitucional por mayoría de dos tercios de ambas y someterla a referéndum. c) La propuesta podrá ser sometida a referéndum. d) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

25. Según el artículo 169 de la Constitución no podrá iniciarse la reforma constitucional: a) En tiempo de guerra o de estado de excepción. b) En tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, de sitio o de excepción. c) En los estados de alarma, de sitio o de excepción. d) En los estados de sitio o excepción.

201. En relación a las administraciones locales, la Constitución: a) No permite la articulación de una vía para la defensa específica de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. b) Reconoce a los Municipios personalidad jurídica plena. c) Reconoce a los Municipios exclusivamente como entidades político-administrativas. d) No contiene una cláusula genérica de atribución competencial a los entes locales.

202. Según el artículo 141 de la Constitución, la entidad local que constituye la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado es: a) La Diputación Provincial. b) La Provincia. c) El Municipio. d) La Mancomunidad de Municipios.

204. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno Local: a) Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce funciones ejecutivas y administrativas. b) La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales necesarios de los municipios de gran población. c) El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la corporación Municipal. d) Las dos primeras opciones son correctas.

205. La Administración Local está integrada por entes públicos de carácter territorial con personalidad jurídica. Su naturaleza es: a) Sociológica, su existencia se justifica por la existencia de un elemento concreto de interés común relacionado con una determinada materia común a todos ellos. b) Voluntaria, en las corporaciones locales no ha de suponerse el vínculo de vecindad local. c) Asociativa, el municipio es una entidad natural reconocida por la ley. d) La Administración Local tiene ante todo una naturaleza corporativa.

206. Las entidades básicas de la organización territorial del Estado según el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son: a) El Municipio, la Provincia y la Isla. b) La Comarca, la Provincia y el Municipio. c) El Municipio, la Provincia y el Cabildo. d) La Provincia, el Municipio y el Concejo abierto.

207. Según el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Gobierno y la administración municipal corresponden: a) Al Alcalde. b) Al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. c) Al Alcalde y a las Diputaciones Provinciales. d) Al Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales.

208. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, son órganos superiores municipales los siguientes: a) El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y el Secretario general del Pleno. b) El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde. c) Los miembros de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde y el interventor general municipal. d) El Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local.

209. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, no son órganos superiores municipales los siguientes: a) El secretario general del Pleno y el interventor general municipal. b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local. c) El Alcalde. d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

210. Según el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Consejo Social de la Ciudad se constituirá: a) En los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. b) En los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas si lo deciden las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. c) En los municipios fronterizos cuya población supere los 75.000 habitantes. d) Las dos primeras opciones son correctas.

211. Según el preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la actividad de las Entidades que integran la Administración Local ha de someterse al principio constitucional de autonomía y el administrativo de la descentralización: a) Estos principios implican las diversificaciones de los centros del poder público administrativo. b) Implican la actuación de cada Entidad integrante de la Administración Local, en su ámbito propio, con plena capacidad y bajo la propia responsabilidad. c) Se permite la atribución a un órgano de facultades de control que recaigan sobre la actividad en general de los otros y que supongan una limitación de la capacidad de éstos. d) Las dos primeras opciones son correctas.

212. La primera aproximación legal a la definición del Municipio la encontramos: a) En el artículo 3.1 de la Ley 7/1985. b) En los artículos 137 y 140 del texto constitucional. c) En la Carta Europea de la Autonomía Local de octubre de 1985. d) En la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local.

213. Según el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Administración Local y las demás Administraciones públicas. a) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de lealtad institucional, información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. b) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, eficacia, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. c) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, transparencia y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. d) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivo.

214. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la organización municipal: a) La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. b) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. d) La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que así lo autorice el Consejo de Gobierno de su Comunidad Autónoma.

215. La Ley 7/1985, de 2 de abril: a) Constituye legislación básica del Estado y tiene por tanto una aplicación sustantiva directa. b) Se aplica supletoriamente en las materias no reguladas por las Comunidades Autónomas. c) Constituye el marco legal para el desarrollo de la legislación sectorial necesaria. d) La Administración Local tiene su potestad para la elaboración de su propia normativa.

216. Según el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en relación a las Mancomunidades, se establece: a) Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una provincia, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia. b) Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una misma o varias provincias limítrofes, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia. c) Tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por estatutos propios, cuyo contenido y aprobación se ajustará a la Ley 7/1985 y sus modificaciones. d) La elaboración de sus estatutos y el procedimiento de aprobación de los mismos se determinará por las estipulaciones fijadas en la legislación básica estatal.

217. Según el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la responsabilidad de hacer efectiva la autonomía que la Constitución reconoce a las Entidades Locales, la relaciona con: a) La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. b) La legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. c) La legislación de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. d) La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios y a las Comunidades Autónomas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses.

218. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno Local: a) Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce funciones ejecutivas y administrativas. b) La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales necesarios de los municipios de gran población. c) El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la corporación Municipal. d) Las dos primeras opciones son correctas.

219. En virtud del artículo 137 del texto constitucional de 1978, el Estado: a) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. b) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía política para la gestión de sus respectivos intereses. c) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía administrativa para la gestión de sus respectivos intereses. d) Se organiza territorialmente en municipios que gozan de autonomía administrativa y en Comunidades Autónomas dotadas de autonomía política.

220. La Carta Europea de Autonomía Local se firmó en Estrasburgo en el año: a) 1992. b) 1986. c) 1985. d) 1994.

221. Según el artículo 4 de la Carta Europea de la Autonomía Local, en relación al alcance de la autonomía local: a) Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia expresamente delegada por cualquier autoridad central o regional constitucionalmente definida. b) Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad. c) Las competencias encomendadas a las Entidades Locales serán en todo caso plenas y completas. d) Las competencias básicas de las Entidades Locales vendrán fijadas por la Constitución de cada Estado firmante.

222. El diseño y regulación de las entidades locales se lleva a efecto en: a) El texto constitucional. b) La legislación ordinaria. c) Las leyes orgánicas. d) Los Estatutos de Autonomía.

223. Según el artículo 5 de la Carta Europea de la Autonomía Local: a) La modificación de los límites territoriales locales habrá de ser sometida a referéndum Temario General. b) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser consultada previamente a las colectividades locales afectadas, mediante la celebración de referéndum si la legislación lo permite. c) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en las entidades afectadas por mayoría de dos tercios de sus representantes electos. d) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en referéndum por mayoría de dos tercios de los votantes.

225. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: a) La creación o supresión de municipios se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, si la alteración de términos municipales supone modificación de los límites provinciales se requerirá siempre la aprobación por norma con rango de ley adoptada por mayoría absoluta. b) La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. c) La unión de municipios y la alteración de términos municipales se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. d) La alteración de términos municipales, se regulará por las pertinentes ordenanzas municipales de las entidades afectadas, que será convalidada por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma afectada.

326. Según el RGPD, se considera dato personal cualquier información que: a) Permita únicamente un análisis estadístico o agregación anónima, sin que sea posible, ni siquiera con medios adicionales razonables, identificar a una persona física. b) Corresponda exclusivamente a entidades jurídicas y se refiera a su estructura organizativa, actividad económica o información fiscal corporativa. c) Haga posible directa o indirectamente la identificación de una persona física, ya sea por referencia a un identificador o a uno o varios elementos propios de su identidad física, fisiológica, genética, económica, cultural o social. d) Consista en códigos internos, claves operativas o identificadores técnicos cuyo diseño no esté vinculado expresamente a la identidad del sujeto afectado.

327. El principio de minimización de datos, según el RGPD, exige que el responsable del tratamiento: a) Recoja también datos adicionales que, aun no siendo estrictamente necesarios, puedan resultar útiles para futuras finalidades compatibles. b) Limite la recogida y el tratamiento exclusivamente a los datos adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad concreta declarada. c) Amplíe la información solicitada cuando la incorporación de más variables permita un análisis más preciso o facilite la elaboración de perfiles estadísticos. d) Recoja datos complementarios para documentar la diligencia del responsable y demostrar cumplimiento en el marco del principio de responsabilidad proactiva.

328. El principio de exactitud de los datos personales, recogido en el RGPD, implica que: a) Los datos pueden mantenerse desactualizados cuando provengan de fuentes formales o registros públicos, dado que su origen garantiza su validez jurídica. b) Se adopten las medidas necesarias para corregir sin dilación aquellos datos personales que resulten inexactos o incompletos, asegurando que se ajustan a la finalidad del tratamiento. c) Los datos personales se conserven tal como fueron obtenidos inicialmente, evitando su supresión incluso en caso de que se demuestre su desactualización o imprecisión. d) El responsable no tenga obligación de revisión periódica de la información, siempre que el interesado no solicite expresamente la rectificación de sus datos.

329. En el modelo de información por capas previsto por el RGPD, la denominada “primera capa” debe contener, como mínimo: a) La totalidad de la política de privacidad del responsable, incluyendo el detalle completo de las bases jurídicas, plazos de conservación y destinatarios previstos. b) Únicamente la referencia a la base jurídica aplicable conforme al artículo 6 del RGPD, sin necesidad de aportar más información en esta fase inicial. c) La identificación del encargado de seguridad o de la persona que gestione los sistemas internos de protección de datos de la organización. d) La identidad del responsable del tratamiento, la finalidad principal del tratamiento y la indicación de los derechos esenciales que asisten al interesado conforme al RGPD.

330. El derecho de acceso reconocido en el artículo 15 del RGPD garantiza al interesado la posibilidad de: a) Consultar únicamente un conjunto limitado de datos básicos, excluyendo información adicional relativa a las finalidades del tratamiento o a los destinatarios. b) Obtener la confirmación de si se están tratando o no sus datos personales, así como acceder a dichos datos y recibir copia de ellos junto con la información complementaria prevista en el artículo 15 del RGPD. c) Proceder a la modificación automática de los datos sin necesidad de intervención del responsable, siempre que detecte cualquier discrepancia o error en la información tratada. d) Transferir libremente los datos personales a terceros a su elección sin necesidad de solicitarlo al responsable, por ser una consecuencia directa del derecho de acceso.

331. El derecho de rectificación reconocido en el RGPD permite al interesado exigir al responsable que: a) Modifique o complemente los datos personales que resulten inexactos o incompletos, aportando la documentación acreditativa necesaria cuando proceda. b) Proceda a la eliminación total del tratamiento aun cuando los datos sean exactos, por el mero deseo del interesado de que no figuren en los sistemas del responsable. c) Cese el tratamiento de los datos cuando el responsable considere que los mismos ya no resultan de utilidad, incluso sin solicitud expresa del interesado. d) Modifique los datos personales únicamente cuando exista una obligación contractual que lo exija, independientemente de que los datos sean incorrectos.

332. El ejercicio del derecho de supresión previsto en el artículo 17 del RGPD procede cuando: a) El responsable estime, por criterios internos de eficiencia o reorganización, que la eliminación de los datos resulta conveniente para la gestión del tratamiento. b) Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados, dejando de existir la base jurídica que legitimaba su tratamiento. c) El interesado solicite en cualquier circunstancia la eliminación de sus datos, con independencia de la existencia de obligaciones legales de conservación o de fines legítimos que exijan mantenerlos. d) Los datos posean valor histórico, científico o administrativo, lo que justifica su eliminación para evitar un uso inadecuado o interpretaciones erróneas.

333. El derecho de oposición, conforme al artículo 21 del RGPD, faculta al interesado para: a) Solicitar que el responsable cese cualquier operación de tratamiento sobre sus datos, con independencia de la base jurídica utilizada o de los intereses legítimos en juego. b) Negarse al tratamiento de sus datos personales cuando este se base en el interés público o en el interés legítimo del responsable, incluido el perfilado relacionado con dichas bases, salvo que el responsable acredite motivos legítimos imperiosos. c) Resolver unilateralmente cualquier contrato celebrado con el responsable cuando discrepe del modo en que se tratan sus datos personales. d) Limitar el acceso de terceros autorizados a sus datos cuando considere que el tratamiento puede generar efectos no deseados o interpretaciones incorrectas.

334. En el ámbito de la protección de datos, existe una decisión individual automatizada cuando: a) La decisión que afecta al interesado se adopta exclusivamente mediante procesos automatizados, sin intervención humana significativa, y produce efectos jurídicos o le afecta de manera similar de forma apreciable. b) Se consulta una base de datos automatizada, aunque la decisión final sea adoptada por un empleado que revisa y valida la información. c) La decisión se basa en un algoritmo, pero el responsable realiza una comprobación formal posterior para confirmar que el resultado no contiene errores aparentes. d) El interesado participa en el proceso aportando información adicional o manifestando preferencias que influyen parcialmente en el resultado del tratamiento.

335. Para que una decisión individual automatizada sobre datos personales sea lícita conforme al RGPD, es necesario que: a) Exista consentimiento tácito del interesado o que la medida esté vinculada de manera general a la ejecución de un contrato, sin requerir garantías adicionales. b) Exista consentimiento explícito del interesado, o bien sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato, o esté amparada por una norma habilitante que prevea salvaguardias adecuadas para los derechos y libertades del afectado. c) Sea suficiente con que el interesado haya sido informado verbalmente de que el tratamiento puede incluir decisiones automatizadas, sin necesidad de establecer mecanismos adicionales. d) El responsable notifique previamente a la autoridad de control su intención de aplicar sistemas automatizados, quedando dispensado de obtener consentimiento o justificar otra base legal.

336. La obligación de transparencia en la información sobre protección de datos implica que esta debe presentarse: a) Redactada en un formato altamente técnico y exhaustivo, de manera que permita reflejar íntegramente la complejidad del tratamiento y su base jurídica. b) Facilitada exclusivamente en soporte físico para garantizar la validez documental y el acceso permanente a la información. c) Redactada con terminología jurídica especializada para asegurar precisión normativa, aunque resulte menos accesible para el interesado medio. d) Clara, concisa, fácilmente comprensible y accesible para el interesado, permitiendo conocer el tratamiento sin interpretaciones técnicas o jurídicas complejas.

337. Cuando los datos personales se obtienen de fuentes distintas al propio interesado, el responsable del tratamiento está obligado a: a) Considerar que la información ya es conocida por el afectado si proviene de fuentes accesibles al público, por lo que no resulta necesario facilitarle ninguna comunicación adicional. b) Facilitar información al afectado sobre el tratamiento de sus datos dentro de un plazo razonable, según art. 14 Reglamento General de Protección de Datos. c) Suprimir sin más los datos obtenidos de terceros salvo que el interesado confirme expresamente su interés en mantener el tratamiento. d) Recabar el consentimiento previo del afectado antes de iniciar cualquier tratamiento cuando los datos procedan de un tercero, independientemente de la base jurídica aplicable.

338. La limitación del tratamiento prevista en el artículo 18 del RGPD implica que los datos personales: a) Permanezcan conservados sin ser objeto de tratamiento activo, quedando restringidos mientras se verifica la exactitud, la licitud o la necesidad del tratamiento a petición o impugnación del interesado. b) Deban ser eliminados inmediatamente para evitar cualquier tratamiento posterior, incluso cuando su licitud o exactitud esté pendiente de comprobación. c) Puedan utilizarse para elaborar perfiles estadísticos o inferenciales siempre que no se comuniquen a terceros ni se produzcan efectos jurídicos. d) Deban ser transferidos obligatoriamente a otro responsable con mayor capacidad para verificar la exactitud o licitud del tratamiento.

339. Según el RGPD, para que el consentimiento sea una base jurídica válida en materia de protección de datos, debe: a) Manifestarse mediante una acción afirmativa clara, informada e inequívoca por parte del interesado, que refleje su voluntad real de aceptar el tratamiento propuesto. b) Entenderse prestado si el interesado no manifiesta oposición expresa al tratamiento, siempre que el responsable haya informado previamente de su intención de utilizar los datos. c) Considerarse válido cuando un profesional jurídico u otra persona experta valida la idoneidad del tratamiento en nombre del interesado. d) Obtenerse mediante casillas premarcadas o mecanismos que presuponen la aceptación, siempre que el interesado pueda desmarcarlas si no desea participar.

340. El cumplimiento del deber de información en materia de protección de datos exige que el responsable: a) Facilite información únicamente cuando el interesado la solicite expresamente, al considerar que la ausencia de oposición constituye aceptación de las condiciones del tratamiento. b) Proporcione al interesado, de forma previa o simultánea al tratamiento, toda la información exigida por los artículos 13 y 14 del RGPD, siempre que se lleve a cabo cualquier tratamiento de datos personales. c) Limite la comunicación de la información a los supuestos en los que el tratamiento sea realizado por Administraciones Públicas o implique datos especialmente sensibles. d) Cumpla el deber informativo únicamente cuando exista una comunicación o cesión de datos a terceros, sin necesidad de hacerlo en tratamientos internos del responsable.

341. Según el RGPD, los derechos del interesado pueden ser objeto de limitaciones cuando: a) El responsable del tratamiento considere que el ejercicio de tales derechos podría entorpecer la operativa interna de la organización o ralentizar procesos administrativos esenciales. b) Se establezca mediante una norma con rango legal que la restricción sea necesaria y proporcionada para fines como la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública o la prevención e investigación de infracciones penales, entre otros intereses públicos relevantes. c) La entidad privada responsable estime que existen intereses comerciales o estratégicos que justifican restringir temporalmente la posibilidad de ejercer los derechos del interesado. d) El volumen de solicitudes presentadas por los interesados resulte elevado, comprometiendo la capacidad operativa del responsable para atenderlas adecuadamente.

342. Según el RGPD, forman parte de las categorías especiales de datos aquellos que: a) Incluyen información de contacto general, como dirección postal o número de teléfono, siempre que identifiquen a la persona. b) Revelan aspectos particularmente sensibles del individuo, como sus convicciones ideológicas o religiosas, su estado de salud, su orientación sexual u otros datos cuyo tratamiento exige garantías reforzadas conforme al art. 9 del RGPD. c) Comprenden datos utilizados habitualmente en comunicaciones electrónicas, tales como direcciones de correo electrónico o identificadores de usuario, que requieren protección adicional por su uso frecuente. d) Abarcan información demográfica o estadística —como edad, rango de ingresos o nivel educativo— cuyo tratamiento puede influir en la elaboración de perfiles complejos.

343. Para que un tratamiento de datos personales sea lícito conforme al RGPD, es necesario que: a) El responsable obtenga siempre el consentimiento del interesado, incluso cuando exista otra base jurídica más adecuada para el tratamiento previsto. b) La licitud derive de la participación de un encargado de tratamiento debidamente designado, que actúe como garantía adicional de seguridad jurídica. c) El tratamiento se apoye en una base jurídica válida prevista en el artículo 6 del RGPD, como la ejecución de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal o el interés legítimo del responsable debidamente ponderado. d) Los datos personales se utilicen exclusivamente dentro del ámbito interno del responsable, sin realizar comunicaciones a terceros, lo que elimina la necesidad de justificar una base jurídica adicional.

344. El modelo de información por capas en protección de datos se fundamenta en que: a) Toda la información exigida por el RGPD se proporcione en un único documento extenso para asegurar la completitud formal del deber informativo. b) Se facilite una primera capa con información esencial y directamente relevante para el interesado, remitiendo a una segunda capa accesible donde se detallen el resto de elementos exigidos por el RGPD. c) La información pueda proporcionarse únicamente al finalizar el tratamiento, una vez que el responsable disponga de todos los datos que va a registrar. d) El deber de información quede satisfecho cuando el responsable comunique los detalles solo a quienes intervienen internamente en el tratamiento, sin necesidad de ponerlos a disposición del interesado de forma accesible.

345. En relación con el deber de confidencialidad previsto en la normativa de protección de datos, debe entenderse que: a) La obligación de guardar secreto se mantiene únicamente durante la vigencia del tratamiento, pudiendo el responsable o el encargado divulgar la información una vez finalizada la relación contractual. b) La obligación decae automáticamente cuando el responsable comunica al afectado la finalización del servicio, al no existir ya una relación jurídica que justifique la reserva de la información. c) El deber de confidencialidad persiste incluso después de que concluya la relación entre el responsable, el encargado o cualquier persona que hubiera intervenido en el tratamiento, no pudiendo divulgar los datos sin base legal. d) La obligación no resulta aplicable a los encargados del tratamiento, dado que su función se limita estrictamente a ejecutar las instrucciones del responsable.

346. ¿Qué exige el principio de minimización de datos en los formularios de recogida de información?. a) Solicitar datos complementarios que, aunque no sean imprescindibles para la finalidad, permitan al responsable realizar tratamientos compatibles previstos en el futuro. b) Limitar la recogida exclusivamente a los datos necesarios para la finalidad prevista. c) Incluir campos cuya aportación no sea obligatoria, pero cuyo diseño del formulario induzca a su cumplimentación para obtener una evaluación más completa del interesado. d) Recopilar información adicional cuando su obtención no impida el cumplimiento del principio de proporcionalidad ni afecte de forma significativa a los derechos del interesado.

347. En el caso de tratamientos que impliquen decisiones individuales automatizadas sobre datos personales de menores, el RGPD establece que: a) Estas decisiones pueden adoptarse sin requisitos adicionales, siempre que el tratamiento se derive de los servicios ofrecidos directamente al menor. b) Las decisiones automatizadas se sustituyen por el derecho a la portabilidad, dado que los menores no pueden ser objeto de perfilados ni decisiones individuales significativas. c) El RGPD excluye la aplicación de decisiones automatizadas cuando el interesado es menor, por lo que no resultan jurídicamente aplicables estos supuestos. d) Se exige la adopción de garantías reforzadas y especial cautela, debido a la especial vulnerabilidad de los menores frente a decisiones que produzcan efectos jurídicos o les afecten significativamente.

348. En la Ley Orgánica 3/2018, el bloqueo de datos personales implica que: a) Los datos se conserven de forma restringida, quedando únicamente accesibles para atender posibles responsabilidades derivadas del tratamiento, mientras se impide cualquier otra operación sobre ellos. b) Los datos queden sometidos a un proceso irreversible de anonimización que permita su reutilización para fines estadísticos sin necesidad de base jurídica adicional. c) El responsable solo aplique el bloqueo cuando exista una resolución sancionadora de la autoridad de control o una instrucción administrativa que así lo exija. d) El bloqueo consiste en la destrucción física o lógica de los datos, tras lo cual no podrán ser utilizados en ningún contexto ni restaurados por el responsable.

349. El responsable debe informar al interesado sobre su derecho de oposición de forma que: a) Baste con incluir una referencia genérica al derecho dentro del texto completo de la política de privacidad, sin destacarlo específicamente. b) Se facilite de manera expresa, claramente diferenciada del resto de la información y, en el caso del marketing directo, con especial relevancia y accesibilidad. c) Sea suficiente con mencionarlo únicamente en los procedimientos internos del responsable, siempre que esté documentado para auditoría. d) Pueda integrarse de forma implícita dentro de la explicación del consentimiento, sin necesidad de aviso independiente si ambos se relacionan con el mismo tratamiento.

350. Las decisiones individuales automatizadas previstas en el artículo 22 del RGPD no pueden aplicarse cuando: a) El afectado sea una persona mayor de edad, dado que la normativa exige que estos tratamientos se limiten exclusivamente a colectivos especialmente vulnerables. b) El responsable sea una entidad pública, ya que la naturaleza institucional del responsable excluye la posibilidad de tratamientos basados exclusivamente en algoritmos. c) El usuario haya dado su consentimiento para el tratamiento, puesto que el consentimiento por sí solo no legitima una decisión con efectos jurídicos adoptada exclusivamente por medios automatizados. d) El interesado sea un menor y no se hayan implementado salvaguardas reforzadas que tengan en cuenta su especial vulnerabilidad frente a decisiones con efectos jurídicos o similares.

401. ¿Cuál es el objeto principal de la Ley 12/2007?. a) Regular el empleo público. b) Garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres. c) Proteger la familia tradicional. d) Regular la educación obligatoria.

402. En qué ámbito territorial se aplica la Ley 12/2007?. a) En toda España. b) Solo en municipios rurales. c) En la Comunidad Autónoma de Andalucía. d) En la Unión Europea.

403. ¿Qué tipo de igualdad promueve la Ley 12/2007?. a) Igualdad formal. b) Igualdad económica. c) Igualdad real y efectiva. d) Igualdad salarial exclusivamente.

404. ¿Cuál de los siguientes es un principio general de la ley?. a) Neutralidad de género. b) Transversalidad del principio de igualdad. c) Discriminación positiva permanente. d) Supremacía masculina.

405. ¿Qué se entiende por transversalidad de género?. a) Aplicar la igualdad solo en educación. b) Integrar la igualdad en todas las políticas públicas. c) Crear un organismo exclusivo para mujeres. d) Aplicar la ley solo en casos de violencia.

407. ¿Qué ámbito NO se incluye en las políticas de igualdad del Título II?. a) Educación. b) Salud. c) Urbanismo. d) Defensa nacional.

408. En el ámbito educativo, la ley promueve: a) La segregación por sexos. b) La coeducación. c) La educación privada. d) La educación religiosa.

409. ¿Qué objetivo tiene la igualdad en el ámbito de la salud?. a) Atención exclusiva a mujeres. b) Eliminar diferencias biológicas. c) Incorporar la perspectiva de género. d) Privatizar los servicios sanitarios.

410. En materia de empleo, la ley fomenta: a) La contratación temporal. b) La igualdad de oportunidades laborales. c) El trabajo no remunerado. d) La exclusión positiva.

412. ¿Qué son los planes de igualdad?. a) Medidas voluntarias sin control. b) Estrategias para eliminar la discriminación. c) Normas exclusivas del sector privado. d) Medidas solo educativas.

413. ¿Quién debe elaborar planes de igualdad en el sector público andaluz?. a) Solo el Parlamento. b) Todas las Administraciones Públicas andaluzas. c) Solo los ayuntamientos. d) Solo empresas privadas.

414. ¿Qué se busca con la conciliación de la vida laboral y familiar?. a) Aumentar la jornada laboral. b) Reforzar el rol tradicional de la mujer. c) Corresponsabilidad entre mujeres y hombres. d) Eliminar permisos laborales.

415. ¿Qué principio se aplica en el acceso al empleo público?. a) Preferencia femenina automática. b) Igualdad, mérito y capacidad. c) Discriminación positiva ilimitada. d) Libre designación.

417. ¿Qué órgano es clave en la promoción de la igualdad en Andalucía?. a) Tribunal Superior de Justicia. b) Instituto Andaluz de la Mujer. c) Defensor del Pueblo estatal. d) Ministerio de Igualdad.

418. ¿Qué función tiene la Administración andaluza según el Título IV?. a) Sancionar exclusivamente. b) Garantizar el cumplimiento de la ley. c) Delegar la igualdad en ONG. d) Limitar derechos.

419. ¿Qué tipo de medidas pueden adoptarse para corregir desigualdades?. a) Medidas discriminatorias. b) Medidas de acción positiva. c) Medidas sancionadoras únicamente. d) Medidas temporales sin control.

420. Las medidas de acción positiva deben ser: a) Permanentes. b) Desproporcionadas. c) Temporales y justificadas. d) Exclusivas para mujeres.

421. ¿Qué se considera discriminación directa?. a) Trato desigual explícito por razón de sexo. b) Diferencias biológicas. c) Falta de formación. d) Opiniones personales.

422. ¿Qué se considera discriminación indirecta?. a) Insultos directos. b) Normas aparentemente neutras que perjudican a un sexo. c) Violencia física. d) Lenguaje inclusivo.

424. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación según la ley?. a) Ninguno. b) Reforzar estereotipos. c) Promover una imagen igualitaria. d) Evitar contenidos educativos.

425. ¿Cuál es el objetivo final de la Ley 12/2007?. a) Regular sanciones. b) Lograr una sociedad más justa e igualitaria. c) Favorecer a un solo sexo. d) Limitar derechos sociales.

1. La expresión “Administración Pública” hace referencia: A) A un complejo de elementos personales y materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de división del trabajo. B) A un complejo de elementos materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de especialidad y eficiencia. C) A un complejo de elementos personales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de competencia y especialidad. D) A un complejo de elementos personales y materiales ordenados que por designación política asume parte del total de las competencias que corresponden a la organización en su conjunto.

2. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: A) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros cuya actuación tenga carácter potestativo. B) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. C) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones jurídicamente reguladas cuya actuación tenga carácter potestativo. D) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones reguladas por la Ley 39/2015.

3. Cuando nos referimos a la clasificación de los órganos administrativos en individuales y colegiados hacemos referencia a lo siguiente: A) Varias personas concurren en posición de igualdad y simultáneamente a la formación de la voluntad de un determinado órgano administrativo. B) El número de titulares de que se compone un determinado órgano administrativo. C) Varias personas concurren en el ejercicio mismo de la función que el órgano tiene atribuida. D) Todas las opciones son válidas.

4. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: A) La determinación de su forma de integración en la Administración Pública concernida y su dependencia jerárquica, la delimitación de sus funciones y competencias y su dotación financiera. B) La determinación de sus funciones y competencias, su régimen de funcionamiento y su dotación financiera y de recursos personales. C) La determinación de su situación jerárquica en la organización, la delimitación de sus funciones, la designación del titular responsable y su dotación financiera. D) La determinación de las razones que justifican su creación, la planificación estratégica, su situación jerárquica en la organización y su dotación financiera.

5. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la competencia es: A) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. B) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. C) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. D) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.

6. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante: A) Instrucciones y órdenes de servicio. B) Reglamentos internos. C) Circulares. D) Disposiciones de carácter general.

7. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: A) Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. B) Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. C) No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. D) No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

8. Según el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al régimen jurídico de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, establece: A) Si dichos órganos están compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. B) Si en dichos órganos participan organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. C) Si en dichos órganos colegiados participan organizaciones representativas de intereses sociales, su funcionamiento se regirá por las mismas normas que regulan el funcionamiento de la organización representada. D) Son correctas las dos primeras opciones.

9. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda: A) Ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes. B) Ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. C) Por delegación a sus órganos administrativos dependientes. D) Ninguna es correcta.

10. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de avocación: A) Podrá interponerse recurso de alzada. B) Podrá interponerse recurso potestativo de reposición. C) No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. C) No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

11. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los órganos colegiados: A) Se podrán convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia. B) Se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. C) Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse y celebrar sesiones tanto de forma presencial como a distancia. D) Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia.

12. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia: A) Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de dos terceras partes, al menos, de sus miembros. B) Presencial del Presidente o Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de la mitad, al menos, de sus miembros. C) Presencial del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros. D) Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

13. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos colegiados tendrán un Secretario. De entre las siguientes opciones señale la que considere correcta: A) Podrá ser un miembro del propio órgano. B) Podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. C) Podrá ser una persona ajena a la Administración Pública. D) Las dos primeras opciones son correctas.

14. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no corresponderá al Secretario: A) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. B) Certificar las actuaciones del órgano colegiado. C) Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados. D) Fijar el orden del día.

15. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa: A) Cuando así lo decidan la mitad de sus miembros. B) Cuando así lo decidan dos tercios de sus miembros. C) Cuando así lo decidan tres quintos de sus miembros. D) Cuando así lo decidan todos sus miembros.

16. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los órganos colegiados: A) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de dos tercios. B) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. C) Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de los miembros presentes. D) Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de sus miembros.

17. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados: A) En el lugar donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado. B) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado el Secretario. C) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. D) En el lugar donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado.

18. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas: A) Ya sean de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. B) A instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. C) De oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. D) Bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

19. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el contenido de los actos se ajustará: A) A lo dispuesto expresamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico. B) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley. C) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. D) A lo dispuesto exclusivamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

20. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: A) Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión. B) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. C) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos. D) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.

21. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse: A) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. B) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. C) Los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración. D) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.

22. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán: A) Por escrito a través de medios electrónicos. B) A través de medios electrónicos. C) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. D) Por escrito o verbalmente.

23. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: A) Son convalidables. B) No son recurribles. C) Son anulables. D) Son nulas.

24. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: A) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. B) El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. C) El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. D) La fecha en que se dicten, en cualquier caso.

25. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas de carácter particular: A) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. B) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. C) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general. D) No podrán vulnerar lo establecido en otra disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general.

26. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: A) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. B) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. C) Como regla general, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. D) En ningún caso, cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

27. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación: A) Deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. B) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. C) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. D) Deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

28. Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos serán objeto de publicación: A) Cuando lo aconsejen razones de interés público legalmente previstas. B) En cualquier caso. C) A instancias del interesado. D) Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.

29. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones: A) Se practicarán preferentemente por medios no electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. B) Se practicarán preferentemente por correo certificado, excepto en los casos en que el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. C) Se practicarán por cualquier medio reconocido válidamente por el ordenamiento jurídico para producir los efectos legalmente previstos. D) Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

30. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: A) Por medios electrónicos. B) Por medios no electrónicos. C) Por el medio señalado al efecto por la Administración. D) Por el medio señalado al efecto por aquel.

31. Entendemos por procedimiento administrativo: A) Aquella serie de actuaciones tendentes a alcanzar la formación de la voluntad de la Administración Pública. B) El conjunto de disposiciones tendentes a regular la formación de la voluntad de la Administración Pública. C) La resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. D) El conjunto de instrucciones a los órganos de la Administración Pública sobre la aplicación de normas de índole procesal.

32. Según el apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento administrativo es: A) El instrumento de carácter reactivo que protege la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas. B) La expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución. C) El cauce formal que ha de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. D) La regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como reza el artículo 105 de la Constitución.

33. En relación al procedimiento administrativo común, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece lo siguiente: A) Sólo mediante Ley pueden establecerse trámites adicionales o distintos a los contemplados en dicha norma. B) La Ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. C) La Ley contiene una regulación secuencial del procedimiento al modo en que se hace en las normas procesales, estableciendo los trámites concretos que han de seguirse para dictar actos administrativos. D) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

34. Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en relación a la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común: A) El régimen jurídico de las Administraciones Públicas ha de ser establecido exclusivamente por la legislación estatal. B) Para la regulación del procedimiento administrativo común, la Constitución diseña una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en atención a las especialidades de las mismas. C) Son competencias exclusivas del Estado. D) La regulación del régimen de las Administraciones Públicas ha sido redefinida desde la entrada de España en las Comunidades Europeas.

35. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones son motivos de abstención los siguientes: A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. B) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. C) Tener relación comercial con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. D) Las dos primeras opciones son correctas.

36. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es motivo de abstención tener con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento: A) El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. B) El parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto. C) El parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del primero. D) El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del tercero.

37. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados: A) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. B) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. C) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. D) En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.

38. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: A) En el plazo de tres días desde la presentación del escrito. B) En el plazo de dos días desde la presentación del escrito. C) En el mismo momento de la formulación de la recusación. D) En el día siguiente a la presentación del escrito.

39. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a los efectos de dicha Ley, no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: A) Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. B) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. C) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos que la Ley admita expresamente. D) Los menores de edad no incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

40. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se consideran interesados en el procedimiento administrativo: A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. C) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución sin mediar personación. D) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales.

41. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición: A) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. B) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. C) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. D) El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

42. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: A) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. B) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado. C) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación tácita en contra del interesado. D) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas en tanto no se acredite fehacientemente la revocación de sus poderes.

43. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a: A) A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. B) El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. C) A no presentar en ningún caso documentos originales. D) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.

44. En cuanto al inicio del procedimiento administrativo, según el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos pueden iniciarse: A) Directamente de oficio por la misma Administración. B) A petición de cualquier interesado. C) A petición de quien acredite un interés legítimo. D) Las dos primeras opciones son correctas.

45. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo que deba tramitar y resolver dicho procedimiento: A) Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. B) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. C) Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. D) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

46. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciación de oficio del procedimiento se lleva a efecto en virtud de: A) El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia. B) El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia o como consecuencia de una orden del superior. C) La denuncia de un particular. C) La denuncia de un particular.

47. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al inicio del procedimiento de oficio se entiende por denuncia: A) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. B) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. C) La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. D) El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

48. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos necesarios, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo: A) De veinte días. B) De cinco días. C) De diez días. D) De tres días.

49. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales: A) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. B) Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. C) Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días. D) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días.

50. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites: A) A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad y buena fe. B) A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. C) A través de medios no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad. D) A través de medios a su alcance, electrónicos o no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad.

51. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse: A) En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. B) En el plazo de cinco días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. C) En el plazo de diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. D) En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

52. Según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la instrucción del procedimiento comprende aquellas actuaciones dentro del procedimiento que se consideran necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución que haya de dictarse: A) Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios electrónicos, por el órgano que inicie el procedimiento. B) Esas actuaciones se realizarán de oficio por el órgano encargado de la tramitación y a través de medios electrónicos. C) Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el órgano que inicie el procedimiento. C) Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el órgano que inicie el procedimiento.

53. En relación a los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados, habrán de practicarse, según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: A) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. B) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones laborales o profesionales. C) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones familiares y personales. D) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones.

54. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: A) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. B) En todo momento del procedimiento. C) En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. D) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

55. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, la prueba mediante la cual se pretenden acreditar los hechos relevantes que sirvan de presupuesto a la decisión: A) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en el Derecho Común. B) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. C) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. D) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

56. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: A) No superior a treinta días ni inferior a diez. B) No superior a veinte días ni inferior a diez. C) No superior a quince días ni inferior a diez. D) No superior a treinta días ni inferior a veinte.

57. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán informes que, salvo disposición expresa en contrario, serán: A) Facultativos y no vinculantes. B) Preceptivos y no vinculantes. C) Facultativos y vinculantes. D) Preceptivos y vinculantes.

58. En relación al procedimiento administrativo en el ámbito local: A) No puede hablarse de un procedimiento administrativo específico para las Entidades Locales, habida cuenta de que les resulta de aplicación la Ley 39/2015. B) Las Entidades Locales están fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015. C) Las Entidades Locales se rigen exclusivamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. D) El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, regula los procedimientos administrativos de las Entidades Locales.

59. Según el art. 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento: A) La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la declaración de caducidad. B) La resolución, el desistimiento, la renuncia no prohibida, la imposibilidad sobrevenida y la declaración de caducidad. C) La caducidad, la renuncia o el desistimiento. D) La prescripción, la caducidad y la resolución motivada.

60. Los procedimientos sancionadores podrán finalizar: A) Si el infractor reconoce su responsabilidad ante fedatario público. B) En el caso de sanciones pecuniarias, si el presunto responsable paga voluntariamente antes de que se dicte resolución. C) Si el infractor paga voluntariamente la sanción pecuniaria antes de la práctica de diligencias probatorias. D) Si el infractor y el órgano competente acuerdan la reducción de la sanción antes de que se abra el plazo para dictar resolución.

61. Las reducciones a aplicar en los procedimientos que pueden imponer sanciones pecuniarias pueden ascender: A) Al 20% del importe de la sanción propuesta. B) Al 25% del importe de la sanción reglamentariamente estipulada. C) Al menos al 20% del importe de la sanción propuesta salvo que se incremente reglamentariamente dicho porcentaje. D) Al importe que se acuerde con el infractor en la fase de diligencias previas.

62. Los procedimientos administrativos, según el art. 86 de la Ley 39/2015, podrán finalizar mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos si respetan el ordenamiento y satisfacen el interés público: A) Celebrados con personas y entidades de Derecho público. B) Celebrados con entidades de Derecho público. C) Celebrados con personas de Derecho público o privado. D) Celebrados con entidades con personalidad jurídica y con el dictamen conforme del Consejo de Estado.

63. El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo podrá decidir motivadamente la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la resolución: A) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a siete días. B) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a treinta días. C) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. D) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días.

64. La Administración está obligada a resolver los procedimientos administrativos, en virtud de las prescripciones del artículo 21 de la Ley 39/2015: A) En el plazo establecido por la norma pertinente, con un máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. B) En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. C) En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley. D) En el plazo máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea.

65. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos: A) En un plazo máximo de tres meses cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo. B) En un plazo máximo de seis meses cuando el procedimiento se inicie de oficio. C) En un plazo máximo de tres meses cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte. D) En el plazo máximo de cuatro meses si la terminación tiene lugar por pacto o convenio.

66. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: A) En los procedimientos iniciados de oficio. B) En los procedimientos finalizados por pacto o convenio. C) En todos los procedimientos cualquiera que sea la forma de iniciación. D) No ha de dictar resolución en los casos de prescripción, renuncia o caducidad.

67. La Administración está obligada a informar a los interesados en relación a: A) Los procedimientos de su competencia, los plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo. B) La duración máxima de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo. C) Las posibilidades de ampliar el plazo para resolver. D) La compensación económica correspondiente a los interesados por la demora en la resolución del procedimiento.

68. El artículo 24 de la Ley 39/2015, en relación con los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, establece que el silencio administrativo: A) Tendrá efecto estimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE o el Derecho Internacional. B) Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal. C) Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE. D) Tendrá efecto desestimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal.

69. El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efectos desestimatorios: A) En todos los supuestos salvo disposición legal contraria. B) En procedimientos relativos al derecho de petición y actos de impugnación y solicitud de revisión de oficio. C) En todos los procedimientos relativos a licencias, tasas y tributos. D) En todos los procedimientos que impliquen medidas cautelares o complementarias.

70. La estimación por silencio administrativo: A) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. B) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Administración. C) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. D) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento desde que la Administración competente dicta resolución expresa posterior.

71. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá: A) De oficio por el órgano competente para resolver en los tres meses siguientes a la expiración del plazo. B) A instancia del interesado. C) De oficio por el órgano competente para resolver transcurridos quince días desde que expiró su plazo para resolver o a instancia del interesado en cualquier momento. D) Cuando no pueda efectuarse la notificación electrónica.

72. La regulación del silencio administrativo fue modificada para incrementar la seguridad jurídica de los administrados en: A) La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. B) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. C) La Ley 11/2007, de 22 de junio. D) La Ley 4/1999, de 13 de enero.

73. La regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se reguló en: A) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. B) La Ley 4/1999, de 13 de enero. C) Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos. D) La Ley 11/2007, de 22 de junio.

74. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración: A) Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, el organismo competente volverá a iniciar el expediente. B) Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, se entenderán desestimadas las pretensiones del interesado que persiguieren situaciones jurídicas favorables por silencio administrativo. C) La Administración, aun transcurrido el plazo máximo establecido para resolver, ha de dictar resolución y notificarla fehacientemente al interesado. D) La Administración podrá paralizar o suspender el plazo para resolver siempre que lo notifique al interesado.

75. Según el art. 88 de la Ley 39/2015, en relación a la resolución que ponga fin al procedimiento: A) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados en los procedimientos iniciados por estos. B) Las resoluciones serán motivadas en todos los casos. C) La Administración podrá declinar la resolución por ausencia de regulación a las cuestiones planteadas en el procedimiento. D) Podrán expresar los recursos que caben contra la misma.

76. En los procedimientos de carácter sancionador la propuesta de resolución será formulada por el órgano instructor y notificada a los interesados: A) Deberá indicar el plazo de alegaciones, en su caso las medidas cautelares adoptadas y la valoración de la prueba practicada. B) Deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, los hechos probados, su calificación, la persona responsable y la sanción propuesta. C) Deberá valorar las causas atenuantes o agravantes de la responsabilidad del interesado. D) Deberá dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas.

77. En los procedimientos iniciados de oficio: A) La Administración no podrá desistir sin resolver previamente el expediente. B) La Administración podrá desistir sin necesidad de motivar su actuación. C) Los interesados podrán desistir o renunciar a sus derechos por cualquier medio que acredite su constancia y con las firmas correspondientes según normativa aplicable. D) Los interesados podrán desistir mediante comparecencia personal ante el órgano encargado de instruir el expediente.

78. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece: A) En las cuestiones que afecten al interés general o aquellas cuya sustanciación fuese conveniente, la caducidad podrá no ser aplicada por la Administración. B) La caducidad se aplicará a la paralización del procedimiento por los interesados que lo iniciaron por causas imputables a estos en todos los casos. C) Podrá acordarse la caducidad por inactividad del interesado en la cumplimentación de cualquier trámite pertinente en el procedimiento. D) Los actos y trámites utilizados en un procedimiento en el que se haya producido su caducidad no podrán ser incorporados a otro procedimiento.

79. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que: A) No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante un mes por causa imputable al interesado que lo inició. B) No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició. C) No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició, previa advertencia de la Administración pertinente. D) Contra la resolución que acuerde la caducidad no cabrá recurso alguno.

80. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo podrá acordarse: A) Por razones de interés o falta de complejidad del procedimiento, de oficio o a instancia del interesado. B) De oficio por razones de orden público o interés general. C) A instancia de parte, cuando se acredite la lesión patrimonial. D) No cabrá tramitación simplificada en procedimientos sancionatorios.

81. En el caso de que se acuerde la tramitación simplificada, los procedimientos administrativos deberán ser resueltos: A) En un plazo de quince días. B) En un plazo de cuarenta días. C) En un plazo de treinta días en las Administraciones Central y Autonómica y de quince días en el caso de la Administración Local. D) En un plazo de treinta días desde que se acuerde, a menos que restase menos para su tramitación ordinaria.

82. Los trámites de lo que constará la tramitación simplificada serán los siguientes: A) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, informes y dictámenes preceptivos y resolución. B) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución. C) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, recibimiento a prueba, informes y dictámenes preceptivos y resolución. D) Inicio, subsanación, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución.

83. En el procedimiento simplificado si fuesen preceptivos informes o dictámenes, el órgano competente, a fin de respetar el plazo establecido en el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, podrá solicitar: A) Que el dictamen se emita en el plazo de un mes desde la recepción del expediente. B) Que el dictamen se emita en el plazo de quince días. C) Que se prescinda del dictamen por causa de urgencia. D) Que el dictamen se ajuste a la propuesta de resolución que se adjunta en el expediente remitido.

84. El artículo 61 de la Ley 39/2015 permite a un órgano administrativo el inicio de procedimientos por petición razonada de otros. Podemos afirmar que: A) El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de inspección del órgano solicitante. B) El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de investigación del órgano solicitante. C) El órgano competente, si recibida la petición decide no iniciar el procedimiento, habrá de dictar resolución motivada. D) El órgano competente, si recibida la petición, decide no iniciar el procedimiento habrá de comunicar al peticionario los motivos por los que no procede el inicio del procedimiento.

85. En el caso de ser preceptivo dictamen en el procedimiento administrativo simplificado: A) El procedimiento se suspenderá por el plazo necesario para resolver. B) El dictamen conforme a la propuesta de resolución pone fin al procedimiento. C) Se seguirá la tramitación por el procedimiento ordinario si el dictamen se aparta de la propuesta de resolución del órgano competente. D) El dictamen conforme a la petición inicial del interesado pone fin al procedimiento.

86. El interesado en un procedimiento administrativo tendrá los siguientes derechos: A) A conocer el estado de la tramitación del procedimiento, los efectos del silencio administrativo, el órgano competente, los trámites y la resolución. B) A recibir notificaciones por correo certificado y a presentar documentación por este mismo método en cualquier momento del procedimiento. C) A la asignación de abogado de oficio para la defensa de sus intereses. D) A la obtención de compensación de daños e indemnización por el retraso de la Administración por el incumplimiento de los plazos en la tramitación de los expedientes que le afecten.

87. Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos podrán ser adoptadas: A) De oficio, de forma motivada siempre que resulten necesarias. B) De oficio o a instancia de parte, de forma motivada y siempre que resulten necesarias y proporcionadas. C) De oficio o a instancias del órgano superior siempre que resulten necesarias. D) De oficio tras denuncia que otro órgano administrativo formule ante el órgano competente.

88. La iniciación del procedimiento por la Administración puede llevarse a efecto: A) Por denuncia identificada o anónima, por orden de un órgano superior o por propia iniciativa del órgano competente. B) Por denuncia, por propia iniciativa del órgano competente o por petición razonada de otros. C) Por orden de un órgano superior o por denuncia de un particular, identificado o no, en caso de infracción legal flagrante. D) Por denuncia, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otro órgano administrativo o por propia iniciativa del competente.

89. Durante la consulta de un expediente administrativo tramitado por vía electrónica, un ciudadano accede a la sede electrónica. ¿Qué elemento garantiza la autenticidad de la sede y de la información publicada?. A) El uso exclusivo en horario laboral. B) La identificación mediante un certificado electrónico cualificado. C) La obligación de usar servidores nacionales. D) La exigencia de DNI físico.

90. Una administración diseña un portal accesible desde web, app móvil y atención telefónica para facilitar la relación con la ciudadanía. ¿Cómo se denomina este conjunto de canales y puntos de acceso?. A) Ventanilla administrativa tradicional. B) Oficina integrada presencial. C) Multicanalidad de acceso electrónico. D) Registro único físico.

91. En la revisión de un documento incluido en un expediente electrónico, un funcionario debe comprobar que su contenido no ha sido modificado desde su firma. ¿Qué mecanismo acredita dicha integridad?. A) El CSV asociado al expediente. B) El sello electrónico de órgano. C) La firma electrónica avanzada (FEA). D) El justificante de presentación.

92. Durante un trámite electrónico, una persona se identifica con su DNI electrónico para confirmar su identidad. ¿Qué tipo de sistema de identificación está utilizando?. A) Certificado electrónico cualificado (QCert). B) Atributos digitales en la nube. C) Autenticación de nivel bajo. D) Sistema de claves concertadas.

93. Un técnico revisa un procedimiento administrativo que se ha tramitado íntegramente de forma electrónica y necesita comprobar todas las actuaciones realizadas. ¿Qué elemento contiene la secuencia completa del procedimiento?. A) El asiento registral asociado. B) El justificante electrónico. C) El CSV de presentación. D) El expediente electrónico.

94. En el envío de una notificación electrónica mediante la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHU), la administración debe determinar el momento en que se considera practicada. ¿Cuándo ocurre esto?. A) Cuando la administración publica la notificación. B) Cuando el ciudadano recibe el aviso por email. C) 48 horas después del envío. D) Cuando accede a su contenido o pasados 10 días naturales.

95. Una entidad pública implementa nuevos servicios digitales y debe cumplir los principios que rigen el funcionamiento electrónico. ¿Cuál de ellos exige claridad y trazabilidad en las actuaciones administrativas?. A) Interrupciones periódicas del servicio. B) Simplicidad absoluta en todos los trámites. C) Transparencia y trazabilidad. D) Obligatoriedad del canal presencial.

96. Un ciudadano recibe un documento administrativo electrónico y desea comprobar que no ha sido alterado durante su conservación. ¿Qué mecanismo proporciona esta verificación?. A) La fecha de creación del documento. B) El tamaño del archivo. C) El formato de fichero utilizado. D) El Código Seguro de Verificación (CSV).

97. Una administración desea garantizar que su sede electrónica permanece disponible sin interrupciones injustificadas para la ciudadanía. ¿Qué principio debe asegurarse?. A) Usabilidad máxima. B) Simplicidad organizativa. C) Disponibilidad permanente. D) Seguridad mínima.

98. Una persona usuaria accede a un trámite electrónico utilizando Cl@ve PIN, que combina un código temporal y una clave concertada. ¿Qué tipo de autenticación es esta?. A) Autenticación local sin seguridad reforzada. B) Sistema basado en claves concertadas. C) Autenticación mediante certificado cualificado. D) Autenticación biométrica avanzada.

99. Una unidad administrativa incorpora un documento al expediente electrónico y debe garantizar su validez jurídica. ¿Qué requisito mínimo debe cumplir el documento?. A) Ser una copia escaneada. B) Estar en formato PDF. C) Tener un tamaño inferior a 5 MB. D) Contener metadatos obligatorios.

100. Una empresa está obligada a relacionarse electrónicamente con la administración pero presenta una solicitud en papel. ¿Qué actuación debe realizar la administración?. A) Tramitar la solicitud sin más. B) Considerarla desistida. C) Requerir que la presente por vía electrónica. D) Aceptar la solicitud si paga una tasa adicional.

101. Un archivo electrónico único debe conservar documentos generados durante procedimientos administrativos para futuras consultas. ¿Qué característica principal debe garantizar este archivo?. A) Eliminar automáticamente documentos en papel. B) Traducir los documentos a varios idiomas. C) Almacenar solo expedientes cerrados. D) Conservación íntegra y accesible.

102. Una administración revisa sus procedimientos electrónicos para reducir dificultades a los ciudadanos en la tramitación. ¿Qué objetivo persigue la simplificación administrativa?. A) Aumentar el número de formularios. B) Reducir costes internos exclusivamente. C) Eliminar cargas innecesarias para la ciudadanía. D) Eliminar controles automáticos.

103. Durante una auditoría, se revisa la trazabilidad de documentos que entran y salen de la administración. ¿Qué representa un asiento en el Registro Electrónico General (REG)?. A) Un certificado digital asociado. B) Una copia física del documento. C) La entrada o salida formal de un documento. D) Una notificación emitida.

104. Una persona usuaria necesita registrar un documento electrónico fuera del horario de atención presencial. ¿Qué sistema garantiza su presentación válida?. A) La oficina presencial. B) La atención telefónica. C) El Registro Electrónico. D) Un buzón físico cerrado.

105. Una notificación electrónica enviada por la administración debe garantizar que el ciudadano pueda identificar al órgano emisor. ¿Qué elemento asegura esta autenticidad?. A) El correo electrónico del funcionario. B) El sello electrónico de órgano. C) El número de expediente. D) El tipo de documento enviado.

106. Un ciudadano quiere verificar un documento electrónico sin disponer de certificado digital. ¿Qué sistema permite dicha verificación únicamente con un código?. A) Requiere certificado raíz. B) Funciona solo en un navegador concreto. C) Permite verificar mediante CSV sin credenciales. D) Exige identificación facial.

107. Una administración habilita servicios web (API) para interoperar con otras administraciones en la tramitación de expedientes. ¿Qué principio del funcionamiento electrónico está aplicando?. A) Reducción de plazos. B) Interoperabilidad administrativa. C) Accesibilidad universal. D) Neutralidad técnica.

108. Un expediente administrativo electrónico agrupa todos los documentos y actuaciones realizadas durante un procedimiento. ¿Qué elemento permite consultar esta información completa?. A) Lista de firmas realizadas. B) Expediente electrónico. C) Registro de salida. D) Metadatos administrativos.

109. Un ciudadano se relaciona electrónicamente con una administración y debe garantizar que sus datos de contacto estén actualizados para recibir notificaciones. ¿Qué obligación legal cumple con ello?. A) La obligación de disponer de certificado cualificado. B) El uso de redes públicas de acceso. C) La presentación en papel de la documentación. D) El mantenimiento actualizado de los medios de contacto.

110. Un servicio público electrónico incluye un asistente guiado que orienta a los ciudadanos durante la tramitación. ¿Qué requisito debe cumplir este servicio según la normativa de accesibilidad?. A) Exigir formación previa al usuario. B) Cumplir el nivel AA de las WCAG. C) Utilizar exclusivamente software privativo. D) Solicitar firma biométrica obligatoria.

111. Un órgano administrativo utiliza un sello electrónico para firmar documentos y notificaciones automáticas. ¿Qué tipo de firma electrónica emplea este sello?. A) Firma manuscrita escaneada. B) PIN asociado a un usuario. C) Certificado cualificado de sello electrónico. D) Firma basada en coordenadas.

112. Una plataforma electrónica permite aportar documentos y realizar pagos telemáticos durante un procedimiento administrativo. ¿Qué requisito de seguridad debe cumplir según el Esquema Nacional de Seguridad?. A) Utilizar únicamente pasarelas privadas. B) Permitir solo documentos editables. C) Garantizar medidas ENS de confidencialidad e integridad. D) Limitar el tamaño a 2 MB.

113. Una administración genera un documento electrónico y lo incorpora a un expediente. ¿Qué característica define que dicho documento sea válido jurídicamente?. A) Que provenga de una copia escaneada. B) Que incluya firma manuscrita escaneada. C) Que esté en formato editable. D) Que se genere o incorpore con autenticidad e integridad.

114. Durante la preparación de un procedimiento electrónico que requiere intercambiar datos con otra Administración, un organismo debe asegurarse de que ambos comparten los mismos principios y reglas de intercambio. ¿Qué marco regulatorio define estos principios de interoperabilidad?. A) El Esquema Nacional de Seguridad (ENS). B) El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). C) La Ley Orgánica de Protección de Datos. D) El Reglamento eIDAS europeo.

115. Una comunidad autónoma y un ayuntamiento deben coordinar sus sistemas para facilitar la gestión de un expediente compartido. ¿Qué tipo de interoperabilidad se refiere a la capacidad de coordinar procesos, roles y responsabilidades entre distintas administraciones?. A) Interoperabilidad semántica. B) Interoperabilidad organizativa. C) Interoperabilidad técnica. D) Interoperabilidad documental.

116. Un técnico debe comprobar que los datos enviados desde una Administración a otra se interpretan correctamente, sin ambigüedades. ¿Qué dimensión de la interoperabilidad asegura el significado común de los datos?. A) Interoperabilidad organizativa. B) Interoperabilidad semántica. C) Interoperabilidad técnica. D) Interoperabilidad visual.

117. Para integrar un nuevo sistema municipal con plataformas estatales, se deben cumplir los estándares de formatos, protocolos y servicios que permitan la conexión técnica entre sistemas. ¿Qué dimensión de interoperabilidad se aplica?. A) Organizativa. B) Semántica. C) Técnica. D) Operativa.

118. Una Diputación debe utilizar un formato de documento que pueda ser leído por cualquier otra administración. ¿Qué principio del ENI exige el uso de estándares abiertos?. A) Disponibilidad. B) Neutralidad tecnológica. C) Reutilización por defecto. D) Verificabilidad.

119. Una Administración prepara una ordenanza digital y quiere que otros organismos puedan reutilizar versiones previas del documento. ¿Qué concepto regula esta práctica dentro del ENI?. A) Interoperabilidad técnica. B) Reutilización y transferencia de tecnología. C) Cooperación multinivel. D) Integridad documental.

120. En el intercambio de información entre administraciones, se utiliza un sistema que verifica automáticamente datos como identificación personal o domicilio. ¿Qué servicio común proporciona esta capacidad?. A) Plataforma Cl@ve. B) Carpeta Ciudadana. C) Servicio de Verificación de Datos (SVD). D) Sistema de Interconexión de Registros.

121. Un organismo debe garantizar que los documentos electrónicos se mantengan accesibles y legibles durante largos periodos. ¿Qué área del ENI regula la conservación del documento electrónico?. A) Interoperabilidad técnica. B) Recuperación y conservación del documento electrónico. C) Reutilización avanzada. D) Semántica documental.

122. En el intercambio telemático entre administraciones, se requiere garantizar que los sistemas puedan comunicarse pese a estar desarrollados con tecnologías distintas. ¿Qué principio del ENI lo posibilita?. A) Principio de economía procedimental. B) Interoperabilidad técnica. C) Principio de neutralidad personal. D) Integridad administrativa.

123. Un ministerio debe evaluar si un módulo informático cumple los requisitos obligatorios del ENI. ¿Qué mecanismo permite comprobar el grado de adecuación normativa?. A) Evaluación ENS. B) Normas de conformidad ENI. C) Auditoría de accesibilidad. D) Informe de interoperabilidad europeo.

124. Una Administración decide actualizar su sistema de gestión electrónica para adaptarlo a nuevas versiones de estándares. ¿Qué principio del ENI establece la necesidad de mantener los sistemas al día?. A) Integridad. B) Universalidad. C) Actualización. D) Redundancia.

125. Dos administraciones deben intercambiar documentos firmados digitalmente. ¿Qué mecanismo garantiza la validez de firmas y certificados?. A) Infraestructura DNS. B) Plataforma de Contratación. C) Servicios comunes de firma electrónica y certificados. D) Sello de tiempo municipal.

126. Un ayuntamiento quiere conectarse al Sistema de Interconexión de Registros (SIR) para enviar asientos electrónicos a otras administraciones. ¿Qué área del ENI regula estas comunicaciones?. A) Reutilización tecnológica. B) Comunicaciones entre administraciones públicas. C) Simplificación. D) Normas de archivo electrónico.

127. Una Administración debe garantizar que los ciudadanos pueden presentar documentos desde distintos puntos del territorio utilizando sistemas heterogéneos. ¿Qué pilar del ENI habilita esta interoperabilidad territorial?. A) Interoperabilidad privada. B) Infraestructuras y servicios comunes. C) Identidad distribuida. D) Neutralidad fiscal.

128. En la elaboración de un trámite digital compartido entre varios organismos, se deben alinear procesos, plazos y responsabilidades. ¿Qué dimensión del ENI actúa aquí?. A) Técnica. B) Semántica. C) Organizativa. D) Archivística.

129. El intercambio automatizado de datos personales entre administraciones debe evitar que el ciudadano aporte documentación que ya obre en poder público. ¿Qué principio habilita esta automatización?. A) Accesibilidad universal. B) Neutralidad técnica. C) Interoperabilidad y reutilización de datos. D) Competencia digital.

130. Una administración recibe un documento en formato XML firmado electrónicamente. Para validar su estructura debe usar un esquema estándar común. ¿Qué dimensión aplica?. A) Organizativa. B) Semántica (estructuras comunes de datos). C) Técnica. D) Legal.

131. Un organismo debe conservar la trazabilidad del ciclo de vida de los documentos electrónicos. ¿Qué instrumento del ENI regula esto?. A) CSV. B) Pasarela SIR. C) Política de gestión de documentos electrónicos. D) Registro contable.

132. Una Administración quiere compartir un desarrollo tecnológico con otra sin coste, fomentando la reutilización. ¿Qué marco legal habilita esta colaboración?. A) Ley de Subvenciones. B) Reutilización y transferencia de tecnología del ENI. C) Reglamento eIDAS. D) Estatuto del Empleado Público.

133. Para garantizar la compatibilidad con otras Administraciones, un órgano debe emplear estándares europeos para firmas electrónicas. ¿Qué normativa lo exige?. A) LOPDGDD. B) ENS. C) ENI + Reglamento eIDAS. D) BOE distribuido.

134. Una diputación desea automatizar consultas de identidad a través de un servicio seguro. ¿Qué infraestructura común permite esta interoperabilidad?. A) Pasarela FAX. B) Servicio de Verificación de Datos (SVD). C) DNS seguro. D) Middleware ciudadano.

135. Un organismo revisa que su sistema electrónico usa metadatos comunes en sus expedientes. ¿Qué garantiza esto?. A) Neutralidad política. B) Interoperabilidad semántica. C) Sensibilidad documental. D) Redundancia administrativa.

136. Varias administraciones firman un convenio para compartir datos y simplificar trámites digitales. ¿Qué instrumento habilita esta cooperación?. A) SIR. B) Relaciones e instrumentos de colaboración interadministrativa. C) LOPD. D) Registro nacional documental.

137. Una entidad debe proporcionar documentos electrónicos siempre en formatos interoperables como PDF/A o XML. ¿Qué regula esta obligación?. A) ENS. B) RGPD. C) Normas técnicas y formatos del ENI. D) Ley de contratos públicos.

138. Un organismo autonómico integra su sistema con el estatal para compartir expedientes sin duplicar trámites. ¿Qué principio del ENI se materializa?. A) Segmentación. B) Interoperabilidad entre administraciones públicas. C) Hiperconvergencia. D) Reducción de metadatos.

139. El Esquema Nacional de Seguridad establece principios para la protección de la información en el sector público. ¿Cuál es uno de sus principios básicos?. A) Gestión del conocimiento. B) Seguridad integral. C) Externalización obligatoria. D) Acceso universal sin restricciones.

140. Según el ENS del Real Decreto 311/2022, ¿qué obligación tiene cada sistema de información?. A) Utilizar siempre hardware propietario. B) Asignar una categoría de seguridad basada en impacto. C) Deshabilitar servicios en la nube. D) Evitar en todo caso el cifrado.

141. ¿Qué mide la categorización de un sistema en el ENS?. A) El tamaño del servidor. B) El impacto en disponibilidad, integridad y confidencialidad. C) La marca del fabricante. D) El número de usuarios conectados.

142. ¿Qué son los requisitos mínimos del ENS?. A) Requisitos opcionales. B) Controles técnicos y organizativos obligatorios. C) Funciones exclusivas de la policía. D) Normas de auditoría privada.

143. Una Administración usa comunicaciones electrónicas para notificar actos administrativos. ¿Qué requisito debe cumplir la notificación electrónica?. A) No requiere autenticación. B) Debe garantizar disponibilidad y autenticidad. C) Debe ser enviada siempre por email. D) Solo puede hacerse en días hábiles.

144. ¿Qué sistema permite verificar la identidad electrónica mediante certificados almacenados en una tarjeta criptográfica?. A) Cl@ve PIN. B) DNI electrónico. C) Usuario y contraseña simple. D) QR público.

145. La plataforma Cl@ve permite la identificación ciudadana. ¿Qué característica destaca?. A) Autenticación basada en múltiples mecanismos. B) Uso obligatorio de certificado cualificado. C) Acceso solo para empresas. D) Solo funciona con navegadores específicos.

146. ¿Qué es la Dirección Electrónica Habilitada (DEH)?. A) Buzón seguro para recibir notificaciones electrónicas. B) Servidor de correo sin cifrado. C) Repositorio público de datos abiertos. D) Sistema de copia de seguridad.

147. ¿Cuál es la finalidad del Sistema de Verificación de Datos?. A) Acceder a historiales médicos. B) Intercambiar datos entre Administraciones evitando aportar documentos. C) Auditar servicios financieros. D) Controlar la geolocalización del usuario.

148. En el ENS, ¿qué significa la autenticidad?. A) Garantizar origen legítimo de la información y de los usuarios. B) Evitar redundancia. C) Proteger solo en servidores externos. D) Forzar copias locales.

149. ¿Qué elemento protege la integridad de los documentos electrónicos?. A) Sello electrónico o firma electrónica. B) Compresión ZIP. C) Impresión en papel. D) Código QR sin validar.

150. La disponibilidad en el ENS implica: A) Acceso sólo en horario laboral. B) Acceso cuando sea necesario y con continuidad del servicio. C) Acceso público sin control. D) Acceso sin cifrado.

151. ¿Qué técnica se usa para garantizar confidencialidad en comunicaciones electrónicas?. A) Cifrado de extremo a extremo. B) Envió abierto por HTTP. C) Impresión física. D) Copias no cifradas.

152. El ENS exige auditorías periódicas de seguridad. ¿Con qué frecuencia mínima deben realizarse?. A) Cada 10 años. B) Cada año. C) Cada dos años. D) Mensualmente.

153. El uso de certificados cualificados permite: A) Prohibir accesos remotos. B) Reemplazar autenticación multifactor. C) Garantizar firma con validez legal reforzada. D) Evitar cifrado en servidores.

154. El DNIe incorpora certificados. ¿Cuál es su finalidad principal?. A) Control fiscal. B) Autenticación y firma electrónica segura. C) Acceso a redes sociales. D) Pagos automáticos.

155. ¿Qué se entiende por trazabilidad en la Administración electrónica?. A) Registrar las operaciones realizadas sobre información y documentos. B) Eliminar logs automáticamente. C) Permitir acceso anónimo. D) Guardar solo copias locales.

156. La reutilización de información del sector público implica: A) Impedir acceso a empresas privadas. B) Permitir uso bajo condiciones de licencia abierta. C) Obligar a pago por todos los datos. D) Prohibir redistribución.

157. Un certificado de sello electrónico identifica a: A) Una persona física. B) Una entidad en sus actuaciones automatizadas. C) Un empleado con rol de administrador. D) Un proveedor externo.

158. La autenticación basada en Cl@ve PIN se caracteriza por: A) Requiere lector criptográfico. B) Usa PIN de un solo uso y validez temporal. C) Necesita certificado cualificado. D) Funciona sin conexión.

159. El canal cifrado TLS en la Administración electrónica sirve para: A) Reducir tamaño de archivos. B) Garantizar confidencialidad e integridad en comunicaciones. C) Evitar auditorías. D) Reemplazar control de acceso.

160. El principio de mínima información en el ENS establece: A) Recopilar todos los datos posibles. B) Tratar únicamente los datos necesarios para el trámite. C) Usar datos sin restricción temporal. D) Compartir datos entre todas las unidades.

161. ¿Qué es un servicio de firma centralizada?. A) Firma realizada por personal autorizado. B) Firma generada en un servidor seguro mediante claves custodiadas. C) Firma manual en PDF. D) Firma con contraseña simple.

162. Para verificar firma electrónica, una Administración consulta: A) Registro de la propiedad. B) Plataforma @firma. C) Página web generalista. D) Correo institucional.

163. Según el ENS, un incidente de seguridad es: A) Cualquier evento que compromete disponibilidad, integridad o confidencialidad. B) Un fallo administrativo. C) Una petición ciudadana. D) Un mantenimiento programado.

164. Según el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por: A) Funcionarios, contratados en régimen de Derecho administrativo y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. B) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de Derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. C) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de Derecho laboral y personal interino que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. D) Funcionarios, personal laboral indefinido a tiempo completo o parcial y personal eventual.

165. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto Básico es de aplicación: A) A la Administración de las Entidades Locales. B) A las Universidades Públicas. C) A las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. D) Todas las opciones son correctas.

166. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la potestad para dictar normas en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público la ostenta: A) Exclusivamente las Cortes Generales. B) El Gobierno. C) Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. D) El Gobierno y las Cortes Generales.

167. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: A) Funcionarios y personal laboral. B) Funcionarios y personal temporal. C) Funcionarios, personal laboral, personal eventual y personal directivo. D) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, indefinido o temporal, y personal eventual.

168. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la relación que vincula a los funcionarios de carrera con la Administración Pública es: A) Especial. B) Estatutaria. C) Laboral. D) De servicios.

169. Son empleados públicos, según se define en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: A) Quienes trabajan en las Administraciones Publicas al servicio de los intereses generales. B) Aquellos que desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. C) Los funcionarios que desempeñan funciones con cargo a los presupuestos públicos. D) Los empleados que llevan a cabo funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de la propia Administración.

170. Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿Cuál de las siguientes circunstancias han de concurrir para que pueda nombrarse un funcionario interino?. A) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionario de carrera. B) La sustitución transitoria de los titulares. C) La ejecución de programas de carácter temporal. D) Todas las opciones son correctas.

171. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación al personal eventual regulado en el Estatuto, no es cierta la siguiente afirmación: A) Solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. B) El nombramiento y cese serán libres. C) Realiza funciones públicas que implican el ejercicio de la autoridad. D) Su retribución se lleva a efecto con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

172. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la condición de personal eventual: A) Constituye mérito para el acceso a la Función Pública. B) Se obtiene en virtud de nombramiento libre. C) Se obtiene mediante contratación laboral. D) Constituye mérito para la promoción interna.

173. Según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación al personal directivo profesional al servicio de la Administración Pública podemos afirmar que: A) Desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas. B) Desarrolla funciones de asesoramiento y dirección en la Administración Pública. C) Desarrolla funciones directivas que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas. D) La determinación de sus condiciones de empleo podrá ser objeto de negociación colectiva.

174. En virtud de lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con el personal directivo, señale la opción incorrecta. A) El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad que lo designó. B) Las determinaciones de las condiciones de empleo no tienen la consideración de materia objeto de negociación colectiva. C) Cuando reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. D) Es designado atendiendo a principios de mérito y capacidad.

175. Es un fundamento de actuación recogido en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: A) El servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. B) La evaluación y la responsabilidad en la gestión. C) La transparencia. D) Todas las opciones son correctas.

176. En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la formalización del nombramiento del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se lleva a efecto: A) En virtud de nombramiento legal. B) Mediante nombramiento reglamentario. C) Por contratación laboral. D) Por medio de contrato administrativo de carácter laboral.

177. En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por el personal laboral: A) Serán establecidos mediante negociación colectiva. B) Serán establecidos por las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. C) Serán establecidos por el Órgano de Gobierno correspondiente. D) Todas las opciones son correctas.

178. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige: A) Exclusivamente por la legislación laboral. B) Por la legislación laboral, las normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan. C) Por la legislación laboral y por las normas convencionalmente aplicables. D) Por la legislación laboral de carácter especial.

179. En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen jurídico aplicable al personal eventual de las Administraciones Públicas es…. A) El régimen previsto por el Derecho mercantil y administrativo. B) El régimen general de los funcionarios de carrera. C) El Derecho laboral. D) Ninguna de las opciones es correcta.

180. Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los procedimientos de selección de funcionarios interinos respetarán en todo caso los principios de: A) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. B) Igualdad, mérito, eficacia y capacidad. C) Igualdad, mérito, transparencia y publicidad. D) Ninguna opción correcta.

181. El concepto de plantilla hace referencia a: A) El conjunto de puestos de la organización existentes en un momento determinado y que han de pagarse con cargo a un presupuesto concreto. B) La relación de puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. C) La herramienta que prevé y garantiza el pago de toda persona empleada en la organización y controla el gasto que ello acarrea. D) Todas las opciones son correctas.

182. En virtud de lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño del puesto se denomina: A) La relación de puestos de trabajo. B) La oferta de empleo público. C) La plantilla aprobada en Pleno junto con el presupuesto. D) Los planes de empleo.

183. La exigencia de que las plantillas se elaboren siguiendo los principios de racionalidad, economía y eficiencia, de acuerdo con la ordenación general de la economía se establece en: A) El artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. B) El artículo 90 de la Ley de Bases Régimen Local. C) El artículo 2 de la Ley 30/84 de medidas para la reforma de la función pública. D) El artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

184. Según el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Administraciones Públicas estructuran su organización a través de: A) La oferta de empleo público. B) El registro de personal. C) Las relaciones de puestos de trabajo. D) Los proyectos de presupuesto.

185. En relación a la plantilla de personal: A) Se aprueba anualmente y comprende los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. B) Se aprueba a través del presupuesto y comprende los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. C) Se aprueba anualmente a través del presupuesto y comprende los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. D) Se aprueba dentro del primer trimestre del año y debe comprender los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, vacantes y objeto de oferta pública.

186. Según el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los planes para la ordenación de los recursos humanos de las Administraciones Públicas pueden incluir: A) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, en cuanto a su número y perfil profesional. B) Medidas de movilidad del personal. C) Medidas de promoción interna y de formación de personal. D) Todas las opciones son correctas.

187. Según el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la necesidad de recursos humanos mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso en las Administraciones Públicas: A) Será objeto de Oferta de Empleo Público, que deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente. B) Será objeto de Oferta de Empleo Público o instrumento similar de gestión de la provisión, que deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente. C) Será objeto de la convocatoria pública de provisión de puestos de trabajo, que deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente. D) Será objeto de Oferta de empleo público mediante promoción interna, ya sea vertical u horizontal, que será publicada en el Diario oficial correspondiente.

188. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la estructuración de los recursos humanos se lleva a cabo: A) De acuerdo con la oferta de empleo público que se publique que recogerá las necesidades de personal. B) De acuerdo con las normas que regulan el acceso y la promoción profesional. C) De acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones. D) A través del análisis de las disponibilidades del personal con el objetivo de contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios.

189. Según el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, siempre que se den determinadas circunstancias, son funcionarios interinos los que por razones: A) Expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales, no pudiendo desempeñar en caso alguno funciones propias de funcionarios de carrera. B) Expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera. C) Expresamente justificada de necesidad y urgencia, son nombrados como funcionarios de carrera. D) De necesidad o de urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de cualquier función en interés del bien general.

190. Para proceder al nombramiento de funcionarios interinos existen unas circunstancias que lo permiten, entre ellas se encuentra la ejecución de programas de carácter temporal y que no podrán tener una duración: A) Superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. B) Superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. C) Superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. D) superior a un año, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

191. Para proceder al nombramiento de funcionarios interinos una de las circunstancias que lo permite, es el exceso o acumulación de tareas por plazo: A) Máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. B) Máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. C) Máximo de cuatro meses, dentro de un periodo de doce meses. D) Máximo de doce meses, dentro de un periodo de veinticuatro meses.

192. Conforme al artículo 70.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo: A) Improrrogable de dos años. B) Improrrogable de seis años. C) Improrrogable de tres años. D) Prorrogable de tres años.

193. Según el artículo 73.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar: A) La selección, la formación y la eficacia. B) La eficiencia, la economía y la celeridad. C) La selección, la formación y la movilidad. D) La selección, la dotación y la celeridad.

194. Son funcionarios de la Administración Local: A) Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios retribuidos, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo. B) Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo. C) Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo. D) Ninguna de las opciones es correcta.

195. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. La selección de personal se realizará: A) De acuerdo con la oferta de empleo público en el caso de los funcionarios. B) De acuerdo con la oferta de empleo público tanto en el caso de los funcionarios como en el del personal laboral. C) Mediante convocatoria pública en el caso de los funcionarios. D) Mediante contratación directa en el caso del personal laboral.

196. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la selección de todo el personal debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, a través: A) Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre. B) Del sistema de concurso-oposición o concurso. C) Del sistema de oposición o concurso-oposición libre. D) Del sistema de oposición o concurso-oposición libre o libre designación.

197. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el sistema de selección de funcionarios en las Entidades Locales habrá de garantizar los principios constitucionales de: A) Igualdad, mérito y capacidad. B) Capacidad, productividad e igualdad. C) Igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. D) Cualificación, mérito y capacidad.

198. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados: A) Por personal funcionario o por personal laboral. B) Con carácter general por personal funcionario. C) Por personal eventual y personal funcionario. D) Por personal funcionario y por personal laboral de libre designación.

199. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: A) Corresponde al personal funcionario y al personal laboral de libre designación. B) Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local. C) Corresponde al personal funcionario y excepcionalmente al personal laboral de libre designación. D) Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local.

200. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera: A) Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia. B) Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. C) Las que se lleven a efecto en un proceso esencialmente electrónico en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. D) Ninguna es correcta.

201. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: A) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. B) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. C) La gestión de los recursos humanos y materiales al servicio de las competencias propias de la Corporación Local. D) Las dos primeras opciones son correctas.

202. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, su régimen disciplinario y situaciones administrativas serán reguladas por: A) El Ministerio de la Presidencia, mediante orden. B) El Ministerio de la Función Pública, mediante orden. C) El Ministerio de Política Territorial, mediante decreto. D) El Gobierno, mediante real decreto.

203. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde: A) A la Corporación interesada previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. B) Al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. C) Al Estado, a través del Ministerio de la Función Pública. D) A la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

204. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación a la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: A) El Gobierno la regulará mediante real decreto, siendo el concurso de carácter estatal el sistema normal de provisión. B) El Ministerio de la Función Pública, mediante decreto, siendo el concurso el sistema exclusivo de provisión. C) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante orden, siendo el concurso-oposición el sistema preestablecido para la provisión. D) El Gobierno a propuesta de la Federación de Municipios, siendo el concurso libre.

205. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación: A) Excepcionalmente en los municipios que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. B) Con carácter bianual en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. C) En todos los casos aprobados previamente por acuerdos de la Comunidad Autónoma competente. D) En los supuestos acordados por el Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio de Hacienda.

206. En virtud de lo establecido en el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no es un requisito necesario para ser admitido a las pruebas para el acceso a la función pública local: A) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. B) Tener la nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los casos legalmente previstos. C) Ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. D) Poseer la titulación exigida.

207. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario de las Entidades Locales, no se encuentra: A) La excedencia voluntaria por prestación de servicio militar o servicio social sustitutorio. B) La excedencia voluntaria por interés particular. C) La excedencia voluntaria por agrupación familiar. D) La suspensión de funciones.

208. No se considerará en situación de servicio activo a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que: A) Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. B) Hubieran obtenido la habilitación de carácter nacional ingresando en cualquiera de sus subescalas y no hubieran obtenido aún su primer nombramiento. C) Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en Entidades Locales. D) Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las ciudades de Ceuta y Melilla.

209. Corresponderán, las funciones necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para garantizar el principio de transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económico-financiera: A) A los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. B) Al personal eventual que desempeñe puestos de confianza o de asesoramiento especial. C) Al personal técnico-directivo específicamente habilitado al efecto. D) Ninguna de las opciones es correcta.

210. Los funcionarios de carrera de la Administración Local se dividen en: A) Funcionarios que prestan servicios de carácter transitorio y funcionarios que gocen del derecho de reserva de plaza y destino. B) Funcionarios técnicos, personal directivo y de libre designación. C) Funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios de la propia Corporación. D) Funcionarios que prestan servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, que en función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

211. El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos en las Entidades Locales corresponde: A) Al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia. B) Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. C) Al Ministerio de Administraciones Públicas. D) A los órganos de la Corporación Local.

212. La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica, corresponde: A) El Presidente de la Corporación oído el Pleno de la misma. B) A la Secretaría de Estado para la Administración Pública. C) Al Pleno de la Corporación. D) Al Ministerio de Administraciones Públicas.

213. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes cursos selectivos, para el acceso a la función pública en la Administración Local corresponderá: A) Al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. B) Al Secretario de Estado para la Función Pública. C) Al Secretario de la Corporación Local. D) Ninguna de las opciones es correcta.

214. Según el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección, formación y habilitación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde: A) A la Secretaría Técnica del Ministerio de Administración Territorial. B) Al Instituto Nacional de Administración Pública. C) Al Instituto de Estudios de Administración Local, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente. D) Al Centro de Formación de la Dirección General de la Función Pública.

215. La selección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de trabajo, según el artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es competencia: A) Del Alcalde o Presidente, o del miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. B) Del Secretario de Estado para la Función Pública. C) De cada Corporación local. D) Ninguna de las opciones es correcta.

216. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando un funcionario de carrera sea adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional será declarado en la situación administrativa de: A) Excedencia forzosa. B) Excedencia voluntaria. C) Servicios especiales. D) Servicio en otras Administraciones Públicas.

217. Según el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo: A) De cinco años inmediatamente anteriores. B) De cinco años. C) De cuatro años. D) De dos años inmediatamente anteriores.

218. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho a: A) Computar el tiempo en dicha situación a efectos de trienios, pero no de promoción interna. B) Reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. C) Percibir las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera. D) La reserva del puesto de trabajo.

219. ¿En qué situación se encuentran los funcionarios que están en periodo de vacaciones o disfrutando de un permiso?. A) Servicio activo. B) Servicios especiales. C) Excedencia voluntaria. D) Suspensión provisional.

220. Conforme al artículo 82 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Este traslado: A) No tendrán la consideración propia del traslado, tanto voluntario como forzoso. B) Tendrán la consideración de traslado voluntario. C) Tendrán la consideración de servicios en otras Administraciones Públicas. D) Tendrán la consideración de traslado forzoso.

221. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen: A) Por las disposiciones de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y supletoriamente por la Ley 7/2007. B) Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. C) Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/1985. D) Por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

222. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los puestos de trabajo en la Administración Local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por: A) Funcionarios de carrera exclusivamente. B) Exclusivamente por personal funcionario. C) Exclusivamente por funcionarios de carrera y por personal técnico de libre designación. D) Personal funcionario con carácter general.

223. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: A) Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local. B) Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera habilitados al servicio de la Administración Local. C) Corresponde, en la medida de lo posible, a los funcionarios de carrera y altos cargos habilitados al servicio de la Administración Local. D) Ninguna de las opciones es correcta.

224. Según el artículo 93 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, las retribuciones básicas de los funcionarios locales: A) Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso. B) Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso con las modificaciones establecidas como complementos autonómicos. C) Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública. D) Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública salvo los complementos de destino.

225. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en: A) Básicas y complementarias. B) Básicas y suplementos. C) Salario base y complementos en especie. D) Básicas, complementarias e indemnizaciones.

226. Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones básicas de los funcionarios: A) Las fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. B) Las fija cada Administración para su ámbito de competencia. C) Las fija cada Administración Pública según el sistema de baremación reglamentariamente aprobado. D) Ninguna de las opciones es correcta.

227. El Estatuto Básico del Empleado Público recoge por primera vez en nuestra legislación: A) La creación de la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas. B) Una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos. C) El derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. D) Todas son correctas.

228. En relación a los derechos de los empleados públicos el Estatuto en su redacción de 2015, actualiza ese catálogo, incorporando a los más tradicionales otros de reciente reconocimiento: A) Es el caso de los derechos relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de evaluación. B) El derecho a la negociación colectiva y a la representación sindical. C) Se consagra el derecho a la promoción interna de todos los empleados que adquieran las competencias legalmente establecidas. D) El derecho a consolidar las retribuciones complementarias como parte de la masa salarial.

229. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación a la evaluación del desempeño de los empleados públicos se establece que la Administraciones Públicas deberán llevarla a efecto: A) A través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad, no discriminación y transparencia. B) En virtud de procedimientos fundados en los principios de mérito, capacidad y objetividad. C) A través de procedimientos fundados en los principios de eficacia, transparencia e igualdad. D) En virtud de procedimientos fundados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

230. La evaluación del desempeño de los empleados públicos deberá tenerse en cuenta: A) En la carrera profesional horizontal. B) En la provisión de puestos de trabajo. C) En la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del Estatuto. D) Las tres opciones son correctas.

231. No se considera actividad en el sector público: A) La desarrollada por los miembros electivos de las cámaras representativas estatales, autonómicas o locales. B) La desarrollada por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes. C) La desarrollada por las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria. D) La desarrollada por los dirigentes y altos cargos de partidos políticos y sindicatos u organizaciones empresariales representativas legalmente constituidos.

232. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con: A) El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. B) El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. C) El ejercicio de cualquier profesión o actividad privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. D) Ninguna de las opciones es correcta.

233. La regulación de las incompatibilidades de los empleados públicos se contiene en: A) La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. B) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. C) El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. D) La Ley 40/2015, de 1 de octubre.

234. Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el ejercicio de una segunda actividad en el sector privado de un funcionario: A) Requiere previa autorización de compatibilidad. B) Está exenta del régimen de incompatibilidades. C) Requiere previo reconocimiento de compatibilidad. D) Ninguna de las opciones es correcta.

235. Según el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes: A) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad. B) Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. C) Miembros del Consejo de Ministros o del Parlamento Europeo. D) Las dos primeras opciones son correctas.

236. Según el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el personal comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma, y en los supuestos que se determine: A) Por el Consejo de Ministros. B) Por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. C) Por el Consejo General del Poder Judicial. D) Las dos primeras opciones son correctas.

237. Según el artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se exceptúan de la prohibición general de la Ley: A) Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. B) Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación a tiempo completo y con duración determinada. C) Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida. D) Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario honorario en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida.

238. El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en: A) El Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. B) En el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. C) En el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. D) El Real Decreto 33/1986, de 10 de enero sigue en vigor con carácter supletorio respecto al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

239. En virtud del artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación al funcionario declarado en la situación de suspensión, quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma: A) Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. B) La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de diez meses. C) Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición salvo sus retribuciones básicas. D) Del ejercicio de sus funciones durante un plazo máximo de doce meses.

240. Según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones: A) De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos. B) De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos y en caso de extralimitación en las mismas. C) Del personal laboral e interino a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos. D) De los funcionarios públicos y el personal laboral a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos.

241. Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario: A) No podrá exceder de 3 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. B) No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. C) En ningún caso podrá exceder de 4 meses. D) Ninguna de las opciones es correcta.

242. El artículo 98 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce que el procedimiento disciplinario deberá estructurarse atendiendo a los principios de: A) Eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. B) Celeridad, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. C) Objetividad, eficacia y celeridad, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. D) Audiencia, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.

243. Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, la resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad de una actividad privada, se resolverá en el plazo de: A) Tres meses. B) Dos meses. C) Seis meses. D) Un mes.

244. Según el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, los servicios prestados en el segundo puesto o actividad: A) No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos. B) No podrá ser suspendida la cotización. C) Las pagas extraordinarias, podrán ser percibidas en los dos puestos. D) Se computarán a efectos de trienios y de derechos pasivos.

245. Según el artículo 11 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de los empleados públicos, ¿cómo se podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales?. A) Mediante Orden Ministerial. B) El Gobierno mediante Real Decreto. C) El Gobierno mediante Decreto. D) Mediante Reglamento.

246. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a la Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión; si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los: A) Cinco primeros días del aludido plazo de toma de posesión. B) Díez primeros días del aludido plazo de toma de posesión. C) Quince primeros días del aludido plazo de toma de posesión. D) Veinte primeros días del aludido plazo de toma de posesión.

247. Conforme al artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas, la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en: A) Un 35 por 100 para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente. B) Un 30 por 100 para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente. C) Un 20 por 100 para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente. D) Un 25 por 100 para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente.

248. Conforme al artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en relación con la potestad disciplinaria, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes: A) Podrán vincular a la Administración si así lo recoge la sentencia. B) No vinculan a la Administración. C) Vinculan a la Administración. D) Podrán ser tenidos en cuenta por la Administración.

249. ¿A los cuántos años prescriben las faltas muy graves según el artículo 97.1 del TREBEP?. A) Al año. B) A los dos años. C) A los tres años. D) A los seis meses.

250. Según el artículo 96.1 del TREBEP, ¿qué sanción es exclusiva para faltas muy graves?. A) El apercibimiento. B) El demérito. C) La separación del servicio. D) La suspensión de funciones por 15 días.

245. Según el artículo 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse: A) En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. B) En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma uniprovincial. C) En la fecha que en las mismas se señale. D) Todas las opciones son correctas.

246. Según el artículo 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Ordenanzas fiscales obligan: A) Donde establezca su articulado en relación a su ámbito territorial. B) En el territorio de la respectiva Entidad Local. C) Según se establezca en la Ley General Tributaria. D) Las dos últimas opciones son correctas.

247. Según el artículo 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Ordenanzas fiscales se aplican conforme a los principios: A) De residencia efectiva según los datos del Padrón municipal. B) De residencia efectiva según los datos del Catastro. C) De residencia efectiva y de territorialidad, según los casos. D) Las dos primeras opciones son correctas.

248. Según el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales se formulará: A) El recurso de alzada. B) El recurso de reposición. C) El recurso de reforma. D) El recurso de revisión.

249. Según el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios de gran población contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales se formulará: A) El recurso potestativo de reposición. B) El recurso de reforma. C) El recurso extraordinario de revisión. D) Ninguna de las opciones es correcta.

250. Según el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponderá: A) Al Pleno de la Corporación. B) Al Tribunal Económico-Administrativo territorialmente competente. C) Al Tribunal de Cuentas. D) A la Delegación del Ministerio de Hacienda territorialmente competente.

251. Según el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, salvo en los casos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, las Entidades Locales: A) Deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios. B) Deberán aprobar las Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios. C) Deberán acordar la creación, imposición y supresión de sus tributos propios. D) Las dos primeras opciones son correctas.

252. Según el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Entidades Locales tendrán autonomía: A) Para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas Locales. B) Para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en las Leyes que dicten aquellas Comunidades Autónomas cuyos Estatutos hayan previsto esta competencia. C) Para crear, regular, establecer y exigir tributos propios de acuerdo con lo previsto en sus Ordenanzas fiscales. D) Las dos primeras opciones son correctas.

253. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los tributos que establezcan las Entidades Locales no someterán a gravamen: A) Actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva Entidad. B) Bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva Entidad. C) Rendimientos originados, gastos realizados ni bienes situados fuera del territorio de la respectiva Entidad. D) Derechos consolidados, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva Entidad.

254. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los tributos que establezcan las Entidades Locales no gravarán: A) La transmisión de bienes, derechos u obligaciones que hayan nacido o hubieran de cumplirse en el territorio de la Entidad impositora. B) Los derechos consolidados o adquisiciones no lucrativas realizadas fuera del territorio de la Entidad impositora. C) Los negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora. D) Las tres opciones son correctas.

255. Según el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles los Ayuntamientos podrán: A) Fijar los elementos necesarios para la determinación de la base liquidable. B) Fijar los elementos necesarios para la determinación de la base imponible. C) Fijar los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias. D) Las tres opciones son correctas.

256. Según el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales, así como las modificaciones de las correspondientes Ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con: A) Lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. B) Lo dispuesto en la Ley General Tributaria. C) Lo dispuesto en las normas locales especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos locales. D) Las previsiones de las respectivas Ordenanzas fiscales.

257. Según el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Ordenanzas fiscales relativas a la regulación de tributos propios contendrán: A) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. B) La determinación del hecho imponible, obligados tributarios, los regímenes de declaración y de ingreso y el comienzo de su aplicación. C) La determinación de la base imponible, sujeto pasivo, exenciones, reducciones y bonificaciones, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. D) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo.

258. Según el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Ordenanzas fiscales relativas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al Impuesto sobre Actividades Económicas y al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica contendrán necesariamente: A) Los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos. B) La fecha del comienzo de su aplicación. C) La regulación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales. D) Todas las opciones son correctas.

259. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos provisionales adoptados por las Corporaciones Locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos que supongan una aprobación o modificación de las Ordenanzas fiscales, se deberán exponer en el tablón de anuncios de la Corporación Local: A) Durante treinta días. B) Durante treinta días, como mínimo. C) Durante cuarenta días. D) Ninguna de las opciones es correcta.

260. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales publicarán, en todo caso los anuncios de exposición: A) En el Boletín Oficial de la Provincia, o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma uniprovincial. B) En el Boletín Oficial de la Provincia. C) En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la Entidad Local. D) Las dos últimas opciones son correctas.

261. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Diputaciones Provinciales, Consejos, Cabildos Insulares y, en todo caso, las demás Entidades Locales, editarán el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente: A) Cuando su población sea superior a 10.000 habitantes. B) Cuando su población sea superior a 20.000 habitantes. C) Cuando su población sea superior a 15.000 habitantes. D) Cuando su población sea superior a 25.000 habitantes.

262. Según el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán la consideración de interesados: A) Los que tuvieran un interés directo en tales acuerdos. B) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. C) Los que resulten afectados por tales acuerdos. D) Los que tuvieran algún interés en tales acuerdos.

263. Según el artículo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Ordenanzas fiscales de las Entidades Locales definitivamente aprobadas regirán durante el plazo previsto en ellas, cabrá contra ellas: A) El recurso contencioso-administrativo. B) El recurso de apelación. C) El recurso de alzada. D) El recurso extraordinario de revisión.

264. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los tributos que establezcan las Entidades Locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, respetarán: A) El principio de no someter a gravamen actividades desarrolladas por ciudadanos inscritos en el Padrón Municipal de la Entidad impositora. B) El principio de prohibición de la doble imposición. C) El principio de no implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales. D) Todas las opciones son correctas.

265. Según el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es competencia de las Entidades Locales: A) La gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, así como de aquellos se le transfieran por la respectiva Comunidad Autónoma. B) La gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las Entidades Locales de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas. C) La gestión y recaudación de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las respectivas Comunidades Autónomas. D) La aplicación, liquidación, inspección y recaudación tributarias de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las respectivas Comunidades Autónomas.

266. En virtud de lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará: A) De acuerdo con lo prevenido en dicho Real Decreto y supletoriamente por las disposiciones de la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia. B) De acuerdo con lo prevenido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y las normas dictadas por la Comunidad Autónoma afectada para su desarrollo. C) De acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y las demás leyes del Estado reguladoras de la materia. D) De acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

267. En virtud de lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, la competencia para evacuar las consultas escritas corresponde: A) Al patronato de recaudación territorialmente competente. B) A la entidad que ejerza dichas funciones. C) A la delegación provincial del Ministerio de Hacienda territorialmente competente. D) Al Tribunal Económico-Administrativo.

268. Los aspectos fundamentales de los impuestos locales son establecidos por: A) El Estado. B) Las Comunidades Autónomas. C) El Estado y las Comunidades Autónomas. D) Ninguna de las opciones es correcta.

269. Algunos de los elementos de los impuestos locales, tales como los tipos impositivos aplicables, los coeficientes de incremento y las bonificaciones pueden ser modificados por: A) El Estado. B) Las Comunidades Autónomas. C) El Estado y las Comunidades Autónomas. D) Los Ayuntamientos.

478. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales, podrán establecer tasas por: A) La utilización del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos. B) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, que beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. C) La prestación de servicios públicos o la realización de cualquier actividad administrativa. D) Las dos últimas opciones son correctas.

479. Las Entidades Locales podrán exigir tasas por: A) La prestación del servicio de gestión de residuos urbanos. B) La limpieza de la vía pública. C) El alumbrado de vías públicas. D) Todas las opciones son correctas.

480. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las Entidades Locales por la prestación de un servicio público: A) Que sean de solicitud voluntaria para los administrados. B) Que no se presten o realicen por el sector privado. C) Que sean de recepción voluntaria para los administrados. D) Que no venga impuesto por disposiciones legales o reglamentarias.

481. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados: A) Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos no sean imprescindibles para el solicitante. B) Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para el desarrollo profesional del solicitante. C) Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. D) Todas las opciones son correctas.

482. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las Entidades Locales por la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local: A) Que se realicen por el sector privado, si está normativamente prevista su reserva a favor del sector público. B) Que se realicen por el sector privado, si no está normativamente prevista su reserva a favor del sector público. C) Que se realicen por el sector privado, a precios equivalentes a las tasas establecidas. D) Que no se realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

483. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo: A) Cuando haya sido motivado directa o indirectamente, de modo que sus actuaciones u omisiones obliguen a las Entidades Locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios. B) Cuando haya sido motivado directamente por este en razón de que sus actuaciones obliguen a las Entidades Locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios. C) Cuando haya sido motivado indirectamente por este en razón de que sus actuaciones obliguen a las Entidades Locales a realizar actividades o a prestar servicios. D) Cuando haya sido ocasionado por omisiones del sujeto pasivo que obliguen a las Entidades Locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios.

484. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales desarrollarán la actividad o prestarán el servicio pertinente por: A) Por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras. B) Por exigencias derivadas de disposiciones legales o reglamentarias. C) Por exigencias derivadas de compromisos válidamente adquiridos. D) Todas las opciones son correctas.

485. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local en relación a: A) Servicios de alcantarillado. B) Sacas de arena y de otros materiales de construcción en terrenos de dominio público local. C) Alumbrado de vías públicas. D) Protección civil.

486. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de. A) servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por:. B) Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. C) Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público local. D) Pasos de caravana y cualesquiera otras actividades que exijan la prestación de servicios especiales.

487. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos se realizarán: A) De forma directa mediante personificación privada. B) Mediante gestión indirecta. C) Mediante encomienda. D) Las dos primeras opciones son correctas.

488. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de servicios públicos: A) Tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. B) Tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público tributario. C) Tendrán la condición de ingresos de derecho público. D) Tendrán la condición de precios públicos.

489. Según el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: A) Vigilancia pública en general. B) Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local. C) Servicios de alcantarillado. D) Todas las anteriores son correctas.

490. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación a la compatibilidad de las distintas obligaciones tributarias, podemos afirmar que: A) Las tasas por la prestación de servicios excluyen la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos. B) Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos. C) Las tasas por la prestación de servicios incluyen la exacción de contribuciones. D) especiales por el establecimiento de aquéllos.

491. En virtud de lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes: A) Las personas físicas que aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular. B) Los constructores y contratistas de obras. C) Las personas físicas afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las Entidades Locales. D) Las comunidades de bienes.

492. En virtud de lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas: A) Tomando como referencia el valor que tendría en el mercado su utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. B) Tomando como referencia los valores reflejados en los registros públicos en relación a los bienes que se benefician de la actividad o servicio prestado por la Entidad Local. C) Tomando como referencia los estudios e informes obrantes en poder de la administración liquidadora en relación a los sujetos tributarios. D) Todas las opciones son correctas.

493. Según el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario: A) El importe de aquéllas consistirá en el 2,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. B) El importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. C) El importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. D) El importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 0’75 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.

494. Según el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el caso de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, no se incluirán en este régimen especial de cuantificación: A) Los servicios de suministro energético. B) Los servicios de telefonía móvil. C) Los servicios de televisiones y plataformas de comunicación. D) Todas las opciones son correctas.

495. Según el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el régimen especial de cuantificación previsto se aplicará a: A) Las empresas titulares de las redes a través de las cuales se efectúan los suministros. B) Las empresas titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las redes de suministro. C) Las empresas explotadoras, distribuidoras y comercializadoras de servicios de suministros que resulten de interés general. D) Todas las opciones son correctas.

496. Según el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las tasas podrán devengarse: A) Según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva Ordenanza fiscal. B) Según la cuantía de su base imponible y conforme determine la respectiva Ordenanza fiscal. C) En todo caso tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural. D) Según las estipulaciones contenidas en el reglamento que establezca la tasa.

497. Según el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el hecho imponible de las contribuciones especiales lo constituye: A) La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas. B) La obtención por el sujeto pasivo de una mejora en el funcionamiento de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas. C) La obtención por el sujeto pasivo de una mejora en el acceso a sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas. D) Todas las opciones son correctas.

498. Según el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo: A) Por el 80 por ciento del coste que la Entidad Local soporte por la realización de las. B) obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. C) Por el 85 por ciento del coste que la Entidad Local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. D) Por el 90 por ciento del coste que la Entidad Local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

499. Según el artículo 33 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las contribuciones especiales se devengan: A) En el momento en que la mitad de las obras se hayan ejecutado. B) En el momento en que el servicio haya comenzado a prestarse. C) El primer día del siguiente trimestre a aquel en el que finalizaron las obras. D) Cuando la Entidad Local certifique la recepción de las obras.

500. Según el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales podrán establecer precios públicos: A) Por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la Entidad Local impuestas por disposiciones legales o reglamentarias. B) Por la prestación de servicios o la realización de actividades competencia de la Entidad Local imprescindibles para la vida privada o social del obligado tributario. C) Por la prestación de servicios o la realización de actividades competencia de la Entidad Local imprescindibles para la vida profesional del sujeto tributario. D) Por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la Entidad Local que sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados.

501. Las Entidades Locales pueden, en virtud de lo estipulado en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, exigir el pago de un precio público por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia si, dichos servicios o actividades: A) Pueden ser prestados o realizados por el sector privado y son de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. B) Pueden ser prestados o realizados por el sector privado y no son de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. C) No pueden ser prestados o realizados por el sector privado y no son de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

502. Según el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá: A) A la Concejalía de la que dependa el servicio. B) Al Pleno de la Corporación. C) A la Comisión de Gobierno por delegación. D) Las dos últimas opciones son correctas.

503. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es: A) Uno de los impuestos obligatorios que exigen los Ayuntamientos junto con el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. B) Uno de los impuestos obligatorios que exigen los Ayuntamientos junto con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. C) Uno de los impuestos obligatorios que exigen los Ayuntamientos junto con el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. D) Uno de los impuestos que exigen los Ayuntamientos junto con el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

504. Según el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es: A). B) Un impuesto local de carácter obligatorio, directo, real, objetivo y periódico que grava el valor de los bienes inmuebles. C) Un impuesto local de carácter obligatorio, directo, personal, objetivo y periódico que grava el valor de los bienes inmuebles. D) Un impuesto local de carácter obligatorio, indirecto, real, objetivo y periódico que grava el valor de los bienes inmuebles.

505. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles grava: A) El valor de los bienes inmuebles en función del producto o de la renta que de ellos se deriva. B) El valor de los bienes inmuebles progresivamente en relación a la renta que de ellos se obtiene. C) El valor de los bienes inmuebles con independencia de su producto o de la renta que de ellos se deriva. D) La propiedad de los bienes inmuebles en función del producto que de ellos se obtiene.

506. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es: A) La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales. B) La titularidad de los determinados derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos inscritos como tales en el Registro de la Propiedad. C) La titularidad de los determinados derechos sobre los bienes inmuebles urbanos inscritos como tales en el Registro de la Propiedad. D) La titularidad de los determinados derechos sobre los bienes inmuebles urbanos y sobre los inmuebles de características especiales inscritos como tales en el Registro de la Propiedad.

507. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los derechos sobre los bienes inmuebles que constituyen el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles son: A) La concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos. B) De un derecho real de superficie o usufructo. C) De un derecho real de propiedad de bienes afectos a uso público. D) Las dos primeras opciones son correctas.

508. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales: A) Los inscritos como tales en el Registro de la Propiedad. B) Los definidos como tales por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. C) Los clasificados como tales por la Dirección General del Catastro. D) Los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

509. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles: A) Los inmuebles de dominio público propiedad de los municipios, afectos a un servicio público cedidos a terceros mediante contraprestación. B) Los bienes inmuebles patrimoniales propiedad de los municipios, cedidos a terceros mediante contraprestación. C) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. D) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.

510. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles: A) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos dedicados a estaciones o almacenes. B) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo. C) Los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados y las oficinas de la dirección de líneas de ferrocarriles. D) Los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.

511. Según el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, previa solicitud, estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: A) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos dedicados a estaciones o almacenes. B) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas. C) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural. D) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

512. Según el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de: A) Los bienes de la Iglesia Católica y de la Cruz Roja Española. B) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación. C) Los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. D) Los bienes, sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años.

513. Según se desprende del artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entre las exenciones rogadas permanentes, en las que su aplicación depende de su solicitud, tenemos: A) Las superficies de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas. B) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en dichos terrenos dedicados a estaciones o almacenes. C) Los destinados a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo. D) Las establecidas por razón de catástrofes naturales para los inmuebles afectados por las mismas.

514. El Catastro es: A) Un censo confeccionado por la Administración Estatal de los inmuebles rústicos o urbanos a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B) Un censo confeccionado por la Administración Estatal de los inmuebles rústicos o urbanos a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. C) Un censo confeccionado por la Administración Estatal de los inmuebles rústicos o urbanos a los efectos de la liquidación del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. D) Un censo confeccionado por la Administración Estatal de los inmuebles rústicos o urbanos a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Impuesto sobre Actividades Económicas.

515. Según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, son sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles quienes ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, lo serán a título de contribuyentes: A) Las personas naturales y jurídicas y las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición. B) Los concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. C) La persona física o jurídica que ostente la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible. D) Las dos primeras opciones son correctas.

516. Según el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,. A) la base imponible de este impuesto estará constituida por:. B) El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. C) El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, y será susceptible de impugnación, conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. D) El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

517. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el valor catastral de un inmueble estará integrado por: A) El valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones fijado por el Estado. B) El valor administrativo fijado objetivamente para cada bien inmueble según la Ponencia de valores determinada por el municipio correspondiente más los coeficientes reglamentarios. C) El valor administrativo fijado por las Gerencias Provinciales del Catastro en aplicación de los criterios de valoración recogidos en la Ponencia de valores del municipio correspondiente. D) Ninguna de las opciones es correcta.

518. El Impuesto de Bienes Inmuebles es: A) Un impuesto de titularidad autonómica cuya gestión se halla compartida con el Estado. B) Un impuesto de titularidad municipal cuya gestión se halla compartida con el Estado. C) Un impuesto de titularidad estatal cuya gestión se halla compartida con el municipio. D) Ninguna de las opciones es correcta.

519. Al objeto de garantizar que los datos que se incluyen en la descripción catastral de los bienes inmuebles concuerdan con la realidad, es obligatoria: A) La incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario así como la de las alteraciones de su calificación. B) La incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario así como la de las alteraciones de su titularidad. C) La incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario así como la de las alteraciones de sus características. D) Las tres opciones son correctas.

520. Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la reducción que se aplica sobre la base imponible, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 de esa norma, se extenderá: A) Durante un período de cinco años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. B) Durante un período de siete años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. C) Durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. D) Durante un período de seis años a contar desde la aprobación de los nuevos valores catastrales.

521. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado: A) Pueden actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes que pueden ser distintos para cada clase de inmuebles. B) Pueden fijar coeficientes de actualización por grupos de municipios, que se deban determinar en función de su dinámica inmobiliaria. C) Pueden actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes de tarifa uniforme para toda clase de inmuebles. D) Las dos primeras opciones son correctas.

522. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aquellos que sean objeto de dichos derechos: A) En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto. B) En los supuestos de transmisión onerosa de la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto. C) En los supuestos de transmisión mortis causa de la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto. D) En los supuestos de transmisión no lucrativa de la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto.

523. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario, los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición: A) Responden solidariamente de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B) Responden de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en proporción a sus respectivas participaciones. C) Responden por partes iguales en todo caso. D) Las dos primeras opciones son correctas.

524. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si no figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario, los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición: A) Responden solidariamente de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B) Responden de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en proporción a sus respectivas participaciones. C) Responden por partes iguales en todo caso. D) Ninguna de las opciones es correcta.

525. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación a la afección real en la transmisión y responsabilidad en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen: A) Sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite. B) Sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el Impuesto por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble. C) Sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria. D) Todas las opciones son correctas.

526. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los supuestos de cambio en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria: A) En régimen de responsabilidad subsidiaria. B) En régimen de responsabilidad solidaria. C) En régimen de responsabilidad mancomunada. D) Ninguna de las opciones es correcta.

527. Los bienes inmuebles se pueden clasificar catastralmente en: A) Urbanos, rústicos y de características especiales dependiendo de la naturaleza del suelo. B) Urbanos, rústicos y de características especiales dependiendo de su calificación registral. C) Urbanos, rústicos y de características especiales dependiendo de su referencia catastral. D) Urbanos, rústicos y de características especiales dependiendo de su situación según la cartografía oficial del Catastro.

528. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la base liquidable: A) Es el resultado de practicar en la base imponible de los bienes inmuebles una reducción si su valor catastral aumenta como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. B) Es el resultado de practicar una reducción en la base imponible de los bienes inmuebles cuyo valor catastral aumente como consecuencia de un procedimiento de actualización colectiva de carácter parcial. C) Es el resultado de practicar una reducción en la base imponible de los bienes inmuebles cuyo valor catastral aumente como consecuencia de un procedimiento de revisión colectiva de carácter ordinario. D) Es el resultado de practicar una reducción en la base imponible de los bienes inmuebles cuyo valor catastral aumente como consecuencia de un procedimiento de resolución colectiva de carácter simplificado.

529. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general en relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles: A) La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible. B) La notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble. C) La notificación incluirá los importes de la reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto. D) Las tres opciones son correctas.

530. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando se produzcan alteraciones de términos municipales los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio: A) Mantendrán, en todo caso, el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen. B) Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen mientras no se apruebe una nueva ponencia de valores. C) Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen durante los cinco años siguientes a la modificación. D) Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen hasta el siguiente procedimiento de valoración colectiva general.

531. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de: A) La Dirección General del Catastro. B) La Comisión Técnica de Cooperación Catastral. C) La Junta Pericial Técnica Catastral. D) La Gerencia Regional de Coordinación Catastral.

532. Según el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la reducción en la base imponible será aplicable a: A) Aquellos bienes inmuebles urbanos cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general. B) Aquellos bienes inmuebles rústicos cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general. C) Aquellos bienes inmuebles cuyo valor catastral se incremente por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. D) Las dos primeras opciones son correctas.

533. Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se aplicará: A) Durante un período de cinco años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. B) Durante un período de ocho años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. C) Durante un período de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. D) Durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales.

534. Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la cuantía de la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: A) Será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, para cada tipo de inmueble afectado, a un componente objetivo preestablecido para cada municipio. B) Será el resultado de aplicar un coeficiente objetivo único para todos los inmuebles afectados, a un valor predeterminado para cada municipio. C) Será el resultado de restar un porcentaje objetivo establecido para grupos de inmuebles afectados del municipio durante un período de tiempo dado según el valor asignado a dichos inmuebles. D) Será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.

535. Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente reductor que se aplica en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tendrá el valor: A) De 0,9 durante todo el período en el que permanezca invariable el valor catastral, hasta la siguiente modificación. B) De 0,9 durante nueve años previa solicitud del obligado tributario en cada ejercicio. C) De 0,9 durante los primeros cinco años, e irá disminuyendo anualmente hasta su desaparición. D) De 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.

536. Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el componente individual de la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles será: A) En cada año, la diferencia entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. B) Hasta el siguiente procedimiento de valoración general, la diferencia entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. C) En cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. D) Ninguna de las opciones es correcta.

537. Según el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el valor base será: A) La media de la base liquidable de los últimos cinco ejercicios anteriores a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. B) La base imponible del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. C) La base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. D) La media de la base imponible de los últimos diez ejercicios anteriores a la entrada en vigor del nuevo valor catastral.

538. Según se desprende del artículo 69 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando la actualización de valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el valor base será: A) La media de la base imponible de los últimos diez ejercicios anteriores a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. B) La base imponible del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. C) La base liquidable del ejercicio inmediatamente anterior a dicha actualización. D) Ninguna de las opciones es correcta.

539. Según el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la cuota íntegra de este impuesto será: A) El resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen correspondiente. B) La cantidad que se obtendrá minorando la cuota líquida en el importe de las bonificaciones previstas legalmente. C) La cantidad que se obtendrá minorando de la base liquidable el coeficiente reductor. D) La cantidad que se obtendrá minorando la cuota líquida en el importe del coeficiente reductor.

540. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Ayuntamientos, en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, podrán establecer el tipo de gravamen del impuesto cuando se trate de bienes inmuebles urbanos: A) Que no podrá ser inferior al 0,5 %. B) Que no podrá ser inferior al 0,3 %. C) Que será del 0,4 %. D) Que no podrá ser inferior al 0,4 %.

541. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Ayuntamientos, en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, podrán establecer el tipo de gravamen del impuesto cuando se trate de bienes inmuebles urbanos: A) Que no podrá ser superior al 1,1 %. B) Que no podrá ser superior al 1 %. C) Que no podrá ser superior al 1,5 %. D) Que no podrá ser superior al 1,3 %.

542. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen mínimo y supletorio cuando se trate de bienes inmuebles urbanos será: A) 0,4 %. B) 0,6 %. C) 1,5 %. D) Ninguna de las opciones es correcta.

543. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen mínimo y supletorio del Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuando se trate de bienes inmuebles rústicos será el: A) 0,6 %. B) 0,3 %. C) 0,4 %. D) 1,3 %.

544. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen máximo y supletorio del Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuando se trate de bienes inmuebles rústicos será del: A) 0,6 %. B) 0,5 %. C) 0,90 %. D) 0,80 %.

545. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio será del: A) 0,80 %. B) 0,90 %. C) 0,6 %. D) 0,5 %.

546. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de los bienes inmuebles de características especiales existentes en el municipio un tipo diferenciado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que, en ningún caso, será inferior: A) Al 0,45 %. B) Al 0,3 %. C) Al 0,25 %. D) Al 0,4 %.

547. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de los bienes inmuebles de características especiales existentes en el municipio un tipo diferenciado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que, en ningún caso, será superior: A) Al 1,3 %. B) Al 1,25 %. C) Al 1,2 %. D) Al 1 %.

548. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles fijados con un 0,07 para los bienes urbanos para el caso de: A) Municipios en los que se preste servicio de transporte público colectivo de superficie. B) Municipios que sean capital de provincia o Comunidad Autónoma. C) Municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica representan más del 80 por ciento de la superficie total del término. D) Las dos primeras opciones son correctas.

549. Según el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: A) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. B) Los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra. C) Los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. D) Ninguna de las opciones es correcta.

550. Según el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: A) A favor de bienes inmuebles de organismos públicos de investigación y los de enseñanza universitaria. B) A favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. C) A favor de los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. D) A favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que correspondan a asentamientos de población singularizados por actividades primarias de caracteres agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros o análogos y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio.

551. Según el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se devengará: A) El primer día del período impositivo que coincide con el año natural. B) En los primeros veinte días de cada año. C) El primer día del período impositivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. D) Ninguna de las opciones es correcta.

552. Según el artículo 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, serán competencia exclusiva de los Ayuntamientos: A) La liquidación, recaudación y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B) La liquidación y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. C) La revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. D) La recaudación y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

553. Según el artículo 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los datos contenidos en el padrón catastral deberán figurar: A) En los documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B) En las listas cobratorias y los documentos de ingreso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. C) En las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. D) En los justificantes de pago y en las listas cobratorias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

554. La gestión catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que desarrolla la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda finaliza: A) Con la aprobación de los coeficientes a aplicar para la determinación de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B) Con el registro del valor catastral, que es la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. C) Con la determinación del valor catastral, que es la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. D) Con la aprobación de las bonificaciones potestativas a aplicar para la determinación de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

760. Según el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias podrán extinguirse: A) Por pago, prescripción, compensación o condonación y por los demás medios previstos en las leyes. B) Por pago, caducidad, prescripción, compensación o condonación y por los demás medios legalmente previstos. C) Por pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. D) Por pago, prescripción, caducidad o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes.

761. Según el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el efecto liberatorio de la extinción de la deuda tributaria afectará: A) Exclusivamente al importe pagado, compensado, deducido o condonado. B) Principalmente al importe pagado, compensado, deducido o condonado. C) A la totalidad de la deuda reconocida por el obligado tributario. D) Al importe de la deuda consignado por la Administración Tributaria en la liquidación definitiva.

762. Según el artículo 60 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con las formas de pago: A) El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, mediante efectos timbrados o mediante giro postal certificado. B) El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, mediante efectos timbrados o en especie cuando se determine expresamente. C) El pago de la deuda tributaria se efectuará en cualquier caso utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos. D) Las últimas opciones son correctas.

763. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos. A) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el último día hábil del mes en curso, pudiendo solicitar el obligado tributario una prórroga de siete días. C) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior. D) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta los veinte días posteriores a la recepción de la notificación.

764. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse: A) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de diciembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 30 de octubre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) En el período comprendido entre el día quince de septiembre y el 20 de Noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente para los pagos domiciliados. D) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

765. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrado: A) Se pagarán en el momento en el que se reciba la notificación de la Administración Tributaria competente. B) Se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica. C) Se pagarán en el momento de la recepción de la liquidación pertinente. D) Se abonarán cuando la Administración Tributaria competente valide el importe de la liquidación.

766. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos. A) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.1. B) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el último día hábil del mes en curso. D) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta veinte días después de la recepción de la notificación.

767. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de una deuda tributaria se suspenderá, sin aportación de garantías, cuando se compruebe que por la misma operación: A) Se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria. B) Cuando se ha soportado la repercusión de otro impuesto. C) Siempre que el pago o la repercusión fuera incompatible con la deuda exigida y el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente. D) Todas las opciones son correctas.

768. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el fraccionamiento supone: A) Un aplazamiento con la especialidad de realizarse el pago en varios plazos. B) La obligación ineludible de realizar pagos parciales. C) Un diferimiento en el momento del pago referido al importe total de la deuda. D) las dos primeras opciones son correctas.

769. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias: A) Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período voluntario. B) Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período ejecutivo. C) Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período voluntario o ejecutivo. D) Podrán fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período voluntario.

770. Según el artículo 63 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario, y no pudieran extinguirse totalmente, en relación a la imputación de pagos: A) Si no pudieran extinguirse totalmente, la Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda más antigua. B) Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias a favor de una Administración y de otras entidades de Derecho público dependientes de la misma, tendrán preferencia para su cobro estas últimas. C) Si no pudieran extinguirse totalmente la Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda más reciente. D) Si no pudieran extinguirse totalmente la Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda de mayor importe.

771. Según el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los plazos de prescripción, establece que no prescriben a los cuatro años los siguientes derechos: A) El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación. B) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. C) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. D) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

772. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación comenzará a contarse: A) Desde el día en que comience el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. B) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. B) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. D) Ninguna de las opciones es correcta.

773. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas comenzará a contarse: A) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario. B) Desde el día en que comience el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. C) Desde el día en que tenga lugar el requerimiento de pago por la Administración tributaria competente. D) Desde el día siguiente a la notificación de la última actuación recaudatoria practicada.

774. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías comenzará a contarse: A) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo. B) Desde el día siguiente a la fecha de la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado. C) Desde el día siguiente a aquel en que se requirió el pago del ingreso indebido. D) Ninguna de las opciones es correcta.

775. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías comenzará a contarse: A) Desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. B) Desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías. C) Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario. D) Las dos primeras opciones son correctas.

776. Según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación se interrumpe: A) Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento del obligado tributario. B) Por cualquier acción de la Administración Tributaria conducente a la investigación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria. C) Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario. D) Las dos primeras opciones son correctas.

777. En relación a la compensación, el artículo 71 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, admite la posibilidad de que: A) Las deudas tributarias se extingan total o parcialmente por compensación. B) La compensación habrá de aplicarse, en todo caso, de oficio. C) Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo previa solicitud de este último. D) Las dos primeras opciones son correctas.

778. Según el artículo 69 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los efectos de la prescripción: A) La prescripción ganada extingue la deuda tributaria. B) Aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria excepto a los responsables. C) Se aplicará de oficio, excepto en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria. D) Ha de ser invocada o excepcionada por el obligado tributario.

779. Según el artículo 75 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias: A) Sólo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. B) La condonación de las obligaciones es contraria al principio de la indisponibilidad de la Administración de los créditos tributarios de que es acreedora. C) La condonación de las obligaciones tributarias será establecida reglamentariamente en los casos excepcionales acordados por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda. D) Las dos últimas opciones son correctas.

780. Según el artículo 76 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios: A) Se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial. B) En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. C) Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente. D) Las dos primeras opciones son correctas.

781. Según el artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria. A) Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. B) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga. C) Los bienes transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. D) Las dos primeras opciones son correctas.

782. Según el artículo 78 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente: A) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales si estos no han inscrito sus derechos. B) El Estado y las Comunidades Autónomas, aunque éstos hayan inscrito sus derechos. C) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales aunque éstos hayan inscrito sus derechos. D) Las Entidades Locales, hayan inscrito o no sus derechos.

783. Según el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Hacienda Pública: A) Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores. B) Tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos respecto a otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real inscrito con anterioridad. C) Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores excepto las obligaciones derivadas de relaciones paternofiliales derivadas de procedimientos judiciales. D) Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores excepto los créditos derivados de obligaciones incumplidas con la Seguridad Social.

784. En relación con el artículo 74 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: A) Podrán extinguirse mediante deducción sobre transferencias las deudas tributarias que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales tengan con el Estado. B) Podrán extinguirse mediante deducción sobre transferencias las deudas tributarias que el Estado tenga con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. C) El inicio del procedimiento determinará la suspensión del cobro de las deudas a las que el mismo se refiera. D) La extinción de las deudas tendrá lugar cuando se produzca la deducción y por la cantidad concurrente.

785. ¿Quién está legitimado para pagar una deuda Tributaria?. A) Sólo el sujeto pasivo. B) Cualquier persona. C) Sólo el contribuyente. D) Sólo el obligado a retener.

786. En relación con el artículo 61 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: A) Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se realiza el ingreso en caja de su importe. B) Se entiende una deuda tributaria mediante efectos timbrados cuando se utilicen estos en la forma que reglamentariamente se determine. C) Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando la entidad colaboradora en la recaudación lo notifique a la Administración Tributaria. D) El pago en especie extinguirá la deuda tributaria en el momento señalado en las normas que lo regulen.

787. Según el artículo 64 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en caso de que un obligado tributario consigne el importe de la deuda en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, ¿qué efectos liberatorios tendrá esta actuación?. A) Tendrá plenos efectos liberatorios. B) Ninguno, no se puede depositar el importe de una deuda tributaria en la Caja General de Depósitos. C) Los que determine cada Administración Tributaria, en base a su potestad de autoorganización. D) Los que se determinen reglamentariamente.

788. En relación a la compensación, el artículo 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone que se compensarán de oficio: A) Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario. B) Las deudas tributarias que se encuentren en periodo ejecutivo. C) Las deudas tributarias que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales tengan con el Estado, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. D) Ninguna de las opciones es correcta.

789. En relación a la compensación de oficio, el artículo 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone que la extinción de la deuda tributaria se producirá: A) Siempre en el momento de inicio del periodo ejecutivo. B) Siempre cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos. C) En el momento de inicio del periodo ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera anterior. D) En el momento de inicio del periodo ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior.

790. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse: A) El día de su presentación en el registro competente. B) En los plazos que establezca la normativa de cada tributo. C) En los 15 días siguientes a su presentación en el registro competente. D) Ninguna de las contestaciones son correctas.

791. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos. A) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 15 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. D) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 30 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

792. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos. A) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 10 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 15 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. D) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

793. El inicio del procedimiento de recaudación en período voluntario se produce por. A) La notificación, individual o colectiva, de la liquidación al obligado al pago. B) La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de los recursos que sean objeto de notificación colectiva y periódica. C) La fecha de comienzo del plazo señalado reglamentariamente para su presentación tratándose de autoliquidaciones. D) Todas las contestaciones son correctas.

794. La finalización del procedimiento de recaudación en período voluntario tiene lugar. A) El día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso señalados en el artículo 62 de la LGT. B) El día de finalización del plazo en los tributos de cobro periódico de notificación colectiva. C) El día de finalización del plazo para la presentación de las autoliquidaciones. D) Todas las contestaciones son correctas.

795. Podrán actuar como entidades colaboradoras en la recaudación las entidades de crédito. A) Sin necesidad de autorización alguna. B) Autorizadas por cada Administración. C) Autorizadas por el Jefe del Servicio de Recaudación. D) Ninguna de las contestaciones son correctasinistración.

796. Sólo podrán actuar como entidades colaboradoras, entre otras,. A) Las cooperativas de crédito. B) Las gestorías homologadas. C) La caja de la Corporación. D) Las Notarías.

797. Las entidades colaboradoras en la recaudación prestarán el servicio. A) Mediante retribución fija. B) Mediante retribución variable. C) Sin retribución alguna. D) Ninguna de las contestaciones son correctas.

798. Para valorar adecuadamente la conveniencia de conceder la autorización para actuar como entidades colaboradoras en la recaudación, se tendrá en cuenta. A) La solvencia de la entidad. B) El reparto de dividendos. C) La oferta económica presentada. D) La figura del Consejero.

799. La Resolución que se dicte frente a una solicitud de autorización para actuar como entidades colaboradoras en la recaudación, se notificará a la entidad solicitante en el plazo de. A) Un mes. B) Dos meses. C)Tres meses. D) Seis meses.

800. Antes de iniciar el servicio de colaboración, las entidades solicitantes deberán comunicar al órgano de recaudación competente los siguientes extremos. A) Relación de todas sus oficinas. B) Su domicilio y su clave bancaria. C) Fecha o fechas de comienzo de la prestación. D) Todas las contestaciones son correctas.

801. Los órganos de recaudación efectuarán. A) El control, pero nunca seguimiento de la actuación de las entidades colaboradoras. B) El control y seguimiento de la actuación de las entidades. C) Nunca el control, sólo el seguimiento de la actuación de las entidades colaboradoras. D) Ni el control, ni el seguimiento de la actuación de las entidades colaboradoras.

802. Los obligados al pago podrán ingresar a través de entidades colaboradoras en la recaudación. A) Sólo cuando tengan cuentas abiertas en las entidades colaboradoras. B) Sólo mediante previa contratación con las entidades colaboradoras. C) Sólo mediante previa contratación o acuerdo con la Administración. D) Sin necesidad de tener cuentas abiertas en las entidades colaboradoras.

803. Los obligados al pago podrán ingresar en las entidades colaboradoras las siguientes deudas. A) Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Administración, tanto en periodo voluntario como ejecutivo. B) Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Administración, sólo en periodo voluntario. C) Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Administración, sólo en periodo ejecutivo. D) Ninguna de las contestaciones son correctas.

804. Los ingresos a través de entidades colaboradoras en la recaudación se realizarán en. A) Cuentas operativas de ingresos y pagos. B) Cuentas financieras de colocación de excedentes de tesorería. C) cuentas restringidas abiertas en las entidades colaboradoras. D) cuentas restringidas abiertas en cualquier entidad.

805. Las entidades colaboradoras admitirán, en todo caso. A) El dinero de curso legal como medio de pago. B) El cheque como medio de pago. C) La letra do medio de pago. D) El endoso como medio de pago.

806. Cualquiera que fuera el medio de pago utilizado a través de entidades colaboradoras en la recaudación. A) Correrán por cuenta de la Administración todos los gastos que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso legal. B) Correrán por cuenta de la Administración los gastos facturados que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso lega. B) Correrán por cuenta de la Administración los gastos facturados que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso lega. D) En ningún caso correrán por cuenta de la Administración los gastos que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso legal.

807. La entidad colaboradora que deba admitir un ingreso para el Tesoro, deberá comprobar. A) Sólo la identificación del obligado al pago. B) Sólo el importe a ingresar. C) La identificación del obligado al pago y del importe a ingresar. D) No debe de comprobar nada.

808. La recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva podrá realizarse, según se establezca en cada caso. A) Por los órganos de recaudación que tengan a su cargo la gestión de los recursos. B) A través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde la prestación del servicio. C) Por cualquier otra modalidad que se establezca para el ingreso de los recursos de la Hacienda pública. D) Todas las contestaciones son correctas.

809. Para la recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, la comunicación del periodo de pago se llevará a cabo. A) Mediante publicación exclusivamente de los correspondientes edictos en el boletín oficial que corresponda. B) Mediante publicación de los correspondientes edictos en el boletín oficial que corresponda y en las oficinas de los ayuntamientos afectados. C) Mediante publicación de los correspondientes edictos en cualquier boletín oficial y en las oficinas de los ayuntamientos afectados. D) Sin necesidad de publicación alguna.

810. El anuncio de cobranza de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva podrá ser sustituido por. A) Folletos informativos. B) Anuncio en la página web. C) Elaboración de calendario de recaudación. D) Notificaciones individuales.

811. El anuncio de cobranza de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva deberá contener. A) El plazo de ingreso. B) La modalidad de cobro. C) Los lugares, días y horas de ingreso. D) Todas las respuestas son correctas.

812. En caso de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva cuyo cobro se realice por recibo, cuando el obligado al pago u otra persona se persone en el lugar de ingreso, y por cualquier circunstancia no estuviera disponible el recibo. A)Se admitirá el pago y se expedirá el correspondiente justificante, aunque el obligado al pago no figure inscrito en las listas cobratorias. B) Siempre se admitirá el pago. C) Se admitirá el pago y se expedirá el correspondiente justificante, siempre que el obligado al pago figure inscrito en las listas cobratorias. D) Todas las respuestas son correctas.

813. En caso de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva los obligados al pago. A) Podrán domiciliar el pago en cuentas abiertas en entidades de crédito. B) Podrán domiciliar el pago en cuentas abiertas en cualquier institución. C) Únicamente podrán realizar el pago mediante transferencia bancaria. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

814. El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse. A) En el período comprendido entre el día uno de octubre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) En el período comprendido entre el día uno de octubre y el 30 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. D) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 30 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

815. El período ejecutivo se inicia en el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria. A) El día anterior al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la Ley 58/2003. B) El mismo día del 58/2003 vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la Ley. C) El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la Ley 58/2003. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

816. El período ejecutivo se inicia en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso. A) Al día anterior de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. B) Al mismo día de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. C) Al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

817. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario, así como las solicitudes de suspensión y pago en especie. A) No impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes. B) Impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes, sin excepciones. C) Impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes, excepto que anteriormente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

818. La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción. A) Nunca impedirá el inicio del período ejecutivo. B) Impedirá el inicio del período ejecutivo frente a sanciones firmes. C) Impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea provisional en vía administrativa y no haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago. D) Impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.

819. La declaración de concurso. A) No suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal. B) Suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal. C) Condonará el pago de las deudas que tengan la calificación de concursal. D) Anulará el pago de las deudas que tengan la calificación de concursal.

820. Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas. A) Por el procedimiento de urgencia sobre el patrimonio del obligado al pago. B) Por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. C) Por el procedimiento abreviado sobre el patrimonio del obligado al pago. D) Por el procedimiento confiscatorio sobre el patrimonio del obligado al pago.

821. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de. A) Los intereses de demora. B) Los recargos del período ejecutivo. C) En su caso, de las costas del procedimiento de apremio. D) Todas las respuestas son correctas.

822. Los recargos del período ejecutivo se devengan. A) Con el inicio de dicho período. B) Con el inicio del procedimiento de apremio. C) Con el inicio del procedimiento de embargo. D) Con el inicio del período en voluntaria.

823. Los recargos del período ejecutivo son. A) Recargo normal, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario. B) Recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario. C) Recargo ejecutivo, recargo de apremio normal y recargo de apremio ordinario. D) Recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio extraordinario.

824. Los recargos del período ejecutivo son. A) Son acumulativos entre sí. B) Son compensables entre sí. C) Son incompatibles entre sí. D) Son compatibles entre sí.

825. Los recargos del período ejecutivo. A) Se calculan sobre la totalidad de la deuda ingresada y no ingresada en período voluntario. B) Se calculan sobre la totalidad de la deuda ingresada en período ejecutivo. C) Se calculan sobre la totalidad de la deuda ingresada en período voluntario. D) Se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario.

826. El recargo ejecutivo será del. A) 0.05. B) 0.1. C) 0.15. D) 0.2.

827. El recargo de apremio reducido será del. A) 0.05. B) 0.1. C) 0.15. D) 0.2.

828. El recargo de apremio ordinario será del. A) 0.05. B) 0.1. C) 0.15. D) 0.2.

829. El recargo ejecutivo se aplicará cuando. A) Se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario después de la notificación de la providencia de apremio. B) Se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo ejecutivo antes de la notificación de la providencia de apremio. C) Se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio. D) No se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.

830. Cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la ley 58/2003 para las deudas apremiadas, se aplicará el recargo. A) Ejecutivo. B) De apremio reducido. C) De apremio ordinario. D) No cabe recargo alguno.

831. El recargo compatible con los intereses de demora es el. A) Ejecutivo. B) De apremio reducido. C) De apremio ordinario. D) Ningún recargo es compatible con los intereses de demora.

832. La exigencia del interés de demora tributario. A) No requiere la previa intimación de la Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado. B) Requiere la previa intimación de la Administración y la concurrencia de un retraso culpable en el obligado. C) No requiere la previa intimación de la Administración, pero sí la concurrencia de un retraso culpable en el obligado. D) Requiere la previa intimación de la Administración, pero no la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.

833. El interés de demora se calculará sobre. A) El importe no ingresado en plazo, nunca sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente. B) El importe no ingresado en plazo o sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente. C) El importe no ingresado en plazo o sobre la cuantía de la devolución cobrada procedentemente. D) El importe ingresado en plazo o sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente.

834. El interés de demora, cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado no establezca otro diferente, será. A) El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 5 por ciento. B) El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 15 por ciento. C) El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento. D) El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 35 por ciento.

835. En los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será. A) El interés de demora fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. B) El interés legal incrementado en un 15%. C) El interés legal incrementado en un 25%. D) El interés legal.

836. Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora. A) Desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso. B) Desde el inicio del periodo de pago en voluntaria hasta la fecha de su ingreso. C) Desde la notificación de la providencia de apremio hasta la fecha de su ingreso. D) Desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la notificación de la providencia de apremio.

837. Cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento una deuda se satisfaga totalmente antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, para el pago de las deudas apremiadas. A) No se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo de pago en voluntaria. B) No se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo. C) Se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo. D) No se exigirán los intereses de demora.

838. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés de demora. A) Incluirá el recargo de apremio y costas. B) Incluirá el recargo de apremio. C) No incluirá el recargo de apremio. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

839. Cuando se produzca el pago de la deuda apremiada una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003. A) La liquidación de los intereses devengados se practicará con dos meses de antelación. B) La liquidación de los intereses devengados se practicará con un mes de antelación. C) La liquidación de los intereses devengados se practicará con 15 días de antelación. D) La liquidación de los intereses devengados se practicará posteriormente.

748. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán aplazarse o fraccionarse: A) Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo. B) Las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados. C) Las deudas tributarias que tengan la consideración de créditos contra la masa. D) Ninguna deuda tributaria puede aplazarse ni fraccionarse.

749. En virtud de las estipulaciones del artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias. A) Previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida definitivamente efectuar el pago. B) Previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. C) Previa solicitud de cualquier persona física por falta de liquidez. D) Previa solicitud de cualquier persona jurídica por falta de liquidez, siempre que se acredite el cumplimiento anterior de sus obligaciones con la Hacienda Pública.

750. El aplazamiento supone: A) Una división temporal del ingreso de la deuda. B) Una ampliación del plazo para el pago. C) Una periodización de la deuda tributaria. D) Todas las opciones son correctas.

751. Según el artículo 53 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si el fraccionamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses: A) Incluirá el recargo del periodo ejecutivo. B) No Incluirá el recargo del periodo ejecutivo. C) Incluirá el recargo del periodo ejecutivo, salvo que la deuda esté garantizada. D) Ninguna de las opciones es correcta.

752. Según el artículo 44 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. A) Serán aplazables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda Pública. B) Serán fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda Pública. C) Serán susceptibles de suspensión todas las deudas de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda Pública. D) Las dos primeras opciones son correctas.

753. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será: A) El interés legal que corresponda hasta la fecha de la resolución que acuerde el aplazamiento o fraccionamiento. B) El interés legal más dos puntos hasta la fecha del ingreso. C) El interés legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso. D) El interés legal más dos puntos hasta la fecha de la resolución que acuerde el aplazamiento o fraccionamiento.

754. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario: A) Impedirá el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de demora. B) Suspenderá el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de demora. C) Impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora. D) Retrasará el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de demora.

755. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo podrán presentarse: A) Hasta la notificación de la resolución que notifique al obligado la fecha señalada para la celebración de subasta. B) Hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. C) Hasta el momento en que se notifique al obligado la firmeza del acuerdo de enajenación de los bienes. D) Ninguna de las opciones es correcta.

756. Según el artículo 45 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas cuya recaudación se lleve a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria serán tramitadas y resueltas por: A) La Dirección General del Tesoro y Política Financiera. B) La Agencia Estatal de Administración Tributaria. C) Las Delegaciones de Economía y Hacienda. D) La Subsecretaría de Hacienda.

757. Según el artículo 46 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación de las correspondientes autoliquidaciones, se dirigirán al órgano competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes: A) En cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes. B) En deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los cinco primeros días del mes siguiente a aquel en que se practicó dicho trámite. D) Todas las opciones son correctas.

758. Según el artículo 46 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañan los documentos necesarios, el órgano competente para la tramitación requerirá al solicitante para que subsane el defecto o aporte los documentos: A) En un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento. B) En un plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento. C) En un plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento. D) En un plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento.

759. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la garantía cubrirá: A) El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 15 por ciento de la suma de ambas partidas. B) El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 20 por ciento de la suma de ambas partidas. C) El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas. D) El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento más un 25 por ciento del importe del total de la deuda.

760. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la vigencia de la garantía constituida mediante aval o certificado de seguro de caución deberá: A) Exceder al menos en seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. B) Exceder al menos en tres meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. C) Exceder al menos en doce meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. D) Exceder al menos en cuatro meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados.

761. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la garantía deberá formalizarse: A) En el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. B) En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. C) En el plazo de cuarenta días contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. D) En el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización.

762. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, transcurrido el plazo reglamentario sin haberse formalizado las garantías, las consecuencias serán las siguientes: A) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá continuar el procedimiento de apremio. B) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la formalización de las garantías. C) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo en un plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la notificación de la finalización del plazo para la formalización de las garantías. D) Las dos primeras opciones son correctas.

763. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la solicitud aplazamiento o fraccionamiento fue presentada en periodo voluntario de ingreso y finalmente no se hubieran formalizado las garantías, se procederá a la liquidación de los intereses de demora devengados: A) A partir del día siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud hasta la fecha de fin del plazo para la formalización de las garantías. B) . A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de la notificación del inicio del procedimiento de apremio. C) A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de fin del plazo para la formalización de las garantías sin perjuicio de los que se devenguen posteriormente. D) Ninguna de las opciones es correcta.

764. Según el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración Tributaria podrá exigir: A) Que se constituya a su favor hipoteca inmobiliaria o mobiliaria, prenda con o sin desplazamiento y fianza personal y solidaria. B) Que se constituya a su favor prenda con o sin desplazamiento y fianza personal y solidaria. C) Que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. D) Ninguna de las opciones es correcta.

765. Según el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente: A) Cuando se justifique que no es posible obtener aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. B) Cuando se justifique que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica. C) Cuando se solicite por el obligado tributario que haya obtenido aplazamientos o fraccionamientos con anterioridad y se hayan abonado ajustándose a los requerimientos y plazos establecidos por la Administración Tributaria. D) Las dos primeras opciones son correctas.

766. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución concediese el aplazamiento o fraccionamiento: A) Se notificará al solicitante advirtiéndole de los efectos que se producirán de no constituirse la garantía en el plazo legalmente establecido. B) Se notificará al solicitante el cálculo de los intereses de demora asociados a cada uno de los plazos de ingreso concedidos. C) Si la resolución de fraccionamiento incluyese deudas que se encontrasen en periodo voluntario y deudas que se encontrasen en periodo ejecutivo, habrán de satisfacerse en primer lugar estas últimas. D) Las dos primeras opciones son correctas.

767. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución dictada fuese denegatoria del aplazamiento o del fraccionamiento, las consecuencias serán las siguientes: A) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso. B) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. D) Las tres opciones son correctas.

768. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución dictada fuese denegatoria del aplazamiento o del fraccionamiento, y se realizase el ingreso en los plazos voluntarios previstos procederá la liquidación de los intereses de demora devengados: A) A partir del día de inicio del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. B) A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. C) A partir del día siguiente a la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. D) Ninguna de las opciones es correcta.

769. La Ley General Tributaria dispensa de la obligación de presentar garantías en el caso de que el importe de la deuda no exceda de: A) 18.000 €. B) 30.000 €. C) 15.000 €. D) 50.000 €.

770. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, contra la denegación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento: A) a. Cabrá la presentación del correspondiente recurso de reposición o recurso de queja. B) Sólo cabrá la presentación en plazo de la correspondiente reclamación económico-administrativa. C) Sólo cabrá la presentación del correspondiente recurso de reposición o reclamación económico-administrativa. D) Sólo cabrá la presentación del correspondiente recurso de alzada.

771. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en caso de interponerse un recurso contra la resolución que deniegue la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, la resolución deberá notificarse: A) En el plazo de seis meses. B) En el plazo de tres meses. C) En el plazo de dos meses. D) En el plazo de nueve meses.

772. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, interpuesto recurso contra la resolución que deniegue el fraccionamiento o aplazamiento: A) Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la resolución, se podrá entender desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa. B) Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la resolución, se podrá entender estimada la solicitud. C) Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la resolución, se podrá instar nuevamente el fraccionamiento o aplazamiento aportando nuevas garantías o incrementando las inicialmente ofrecidas. D) Ninguna de las opciones es correcta.

773. Según el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si una deuda aplazada no se paga llegado el vencimiento del plazo concedido, los efectos serán los siguientes: A) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente. B) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio. C) Se concederá un nuevo plazo improrrogable para efectuar el pago. D) Las dos primeras opciones son correctas.

774. Según el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en caso de incumplimiento de un aplazamiento o fraccionamiento solicitado en periodo voluntario de pago, se exigirán los intereses de demora siguientes: A) Los devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de vencimiento del plazo o fracción concedidos. B) Los devengados a partir del día siguiente al de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento hasta la fecha de vencimiento del plazo o fracción concedidos. C) Los devengados a partir del último día del mes en que se presentó la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento hasta la fecha de vencimiento del plazo o fracción concedidos. D) No se exigirán intereses de demora.

717. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, efectuado el embargo de los bienes o derechos: A) La diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones. B) La diligencia se notificará al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos,. C) La diligencia se notificará al obligado tributario y al cónyuge, en todo caso y habrá de darse traslado de la misma al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes. D) Las dos primeras opciones son correctas.

718. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público: A) La Administración Tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. B) En los treinta días siguientes a la práctica del embargo la Administración Tributaria podrá solicitar que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. C) La Administración Tributaria podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. D) La Administración Tributaria podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente que se llevará a efecto a costa del obligado tributario.

719. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la anotación preventiva practicada: A) Dará prevalencia a los créditos tributarios frente al resto de anotaciones. B) No alterará la prelación para el cobro de los créditos tributarios del artículo 77 de dicha norma, siempre que se ejercite la tercería de mejor derecho. C) No alterará la prevalecerá del orden registral de las anotaciones de embargo en ningún caso. D) Ninguna de las opciones.

720. Según el artículo 76 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en el supuesto de bienes y derechos inscritos en un registro público: A) El embargo también deberá notificarse a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo. B) El embargo deberá notificarse a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación de cargas. C) El embargo también deberá notificarse a los titulares de cargas anteriores y posteriores a la anotación de embargo. D) El embargo podrá notificarse a los titulares de cargas anteriores y posteriores a la anotación de embargo.

721. Según el artículo 78 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando se embargue dinero en efectivo: A) El órgano de recaudación competente lo hará constar en diligencia. B) El dinero será inmediatamente ingresado en el Tesoro. C) El dinero será inmediatamente consignado en la cuenta general de depósitos de la Administración Tributaria competente. D) Las dos primeras opciones son correctas.

722. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando la Administración conozca la existencia de una cuenta o depósito abierto en una oficina de una entidad de crédito: A) El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá identificar la cuenta o el depósito conocido por la Administración actuante,. B) El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá identificar las cuentas o depósitos que pretendan embargarse. C) El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá identificar las cuentas, depósitos o productos financieros que pretendan embargarse y su titularidad, que ha de corresponder al obligado tributario. D) La presentación de la diligencia de embargo en la entidad de crédito o financiera deberá llevarse a efecto por vía telemática o electrónica.

723. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el embargo en entidades de crédito podrá extenderse: A) Previa identificación a los bienes y derechos atribuidos a la titularidad del obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito. B) Sin necesidad de identificación previa, a los bienes y derechos de que sea titular el obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito. C) A los bienes y derechos de que sea titular exclusivo el obligado al pago dentro del ámbito territorial de competencias de la Administración Tributaria ordenante del embargo, sean o no conocidos por esta, en la entidad. D) A los productos y rentas vinculados al obligado tributario existentes en dicha entidad.

724. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, podrá ser convenirse, con carácter general, entre la Administración actuante y la entidad de crédito afectada. A) El plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo. B) La forma, lugar y el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos en relación a la presentación de la diligencia de embargo. C) La forma, medio, lugar, el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo. D) El medio y la forma en que habrá de efectuarse la retención de los fondos y la presentación de la diligencia de embargo.

725. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en defecto del acuerdo entre la entidad financiera y la Administración Tributaria: A) Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el importe embargado si existe en ese momento saldo suficiente. B) Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el total de los saldos existentes a nombre del obligado al pago si no existe saldo suficiente. C) Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el total de los saldos existentes a nombre del obligado al pago. D) Las dos primeras opciones son correctas.

726. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Gencrel de Recaudación, la diligencia de embargo se podrá presentar en alguno de los siguientes lugares: A) En la oficina designada por la entidad depositaria para relacionarse con la Administración Tributaria, si aquella fuese entidad colaboradora. B) En el domicilio fiscal o social del obligado tributario. C) En el domicilio del obligado tributario. D) En la oficina principal de la entidad financiera colaboradora.

727. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando el embargo deba trabarse sobre fondos cuya gestión o depósito no se encuentren localizados en la oficina designada por la entidad depositaria o en su domicilio fiscal o social, la retención de los fondos se efectuará: A) De manera inmediata en todo caso. B) En el plazo más breve que estimen los responsables de los sistemas de información interna o de contabilidad de la entidad. C) En un plazo que, en cualquier caso, no podrá ser superior a cinco días y tendrá carácter improrrogable. D) Ninguna de las opciones es correcta.

728. Según el artículo 171 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación al embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito, cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares. A) En el caso de cuentas de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales a solicitud del obligado tributario,. B) A estos efectos, en todo caso, el saldo se presumirá dividido en partes iguales. C) En el caso de titularidad autorizada subsidiaria, el saldo se presumirá dividido en partes iguales,. D) Sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario.

729. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el importe de las cantidades retenidas por la entidad depositaria: A) Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 5 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación. B) Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 15 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación. C) Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación. D) Será ingresado en el Tesoro una vez transcurridos 10 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación.

730. Según el artículo 80 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el embargo de valores se podrá llevar a cabo: A) Previa identificación de los valores atribuidos a la titularidad del obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito y confirmados por el mismo. B) Sin necesidad de identificación previa, sobre los valores de que sea titular el obligado al pago existentes en cualquier entidad de crédito. C) Sobre los valores de que sea titular el obligado al pago, dentro del ámbito territorial de competencias de la Administración Tributaria ordenante del embargo, sean o no conocidos por esta, en la entidad. D) Todas las opciones son correctas.

731. Según el artículo 80 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el órgano de recaudación competente ordenará: A) La enajenación de aquellos valores que resulten suficientes para cubrir el importe total adeudado por el obligado tributario,. B) El depósito de los rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de los valores embargados. C) La pignoración de los rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de los valores embargados. D) Todas las opciones son correctas.

732. Según el artículo 81 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo: A) Si se trata de créditos, efectos y derechos garantizados, se notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora del obligado al pago exclusivamente. B) Si se trata de créditos, efectos y derechos sin garantía, se notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad acreedora del obligado al pago exclusivamente. C) Si se trata de créditos garantizados, también deberá notificarse la diligencia de embargo al garante o al poseedor del bien o derecho ofrecido en garantía. D) Todas las opciones son correctas.

733. Según el artículo 82 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate de embargo de sueldos, salarios y pensiones: A) Se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la legislación laboral vigente. B) La diligencia de embargo se presentará al pagador,. C) La diligencia de embargo se presentará a la entidad donde se encuentren domiciliados los sueldos, salarios y pensiones. D) La diligencia de embargo se presentará al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

734. Según el artículo 82 del Real Decreto 939/2005. de 29 de julio, si el obligado al pago es beneficiario de más de una de dichas percepciones referidas en dicho artículo, a saber, sueldos, salarios y pensiones: A) Se acumularán para deducir sobre la suma de todas ellas la parte inembargable. B) No se acumularán a los efectos del cálculo de la deducción del mínimo inembargable sin el previo consentimiento del perceptor. C) No se podrán acumular a los efectos del cálculo de la deducción del mínimo inembargable sin la previa consulta a la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. D) Ninguna de las opciones es correcta.

735. Según el artículo 82 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación al embargo de sueldos, salarios y pensiones, cuando el embargo comprenda percepciones futuras: A) Si existen otros bienes embargables, una vez cobradas las vencidas podrán embargarse dichos bienes sin esperar su vencimiento,. B) Habrá de dictarse nueva providencia de apremio respecto a las percepciones aún no devengadas. C) Habrá de solicitarse a la Administración Tributaria ordenante del embargo nuevo mandamiento respecto a las percepciones no vencidas. D) No pueden embargarse percepciones futuras.

736. Según el artículo 83 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en los embargos de bienes inmuebles y de derechos sobre estos, entre los datos que se han de consignar en la diligencia, no se alude expresamente: A) El nombre y apellidos o razón social o denominación completa del arrendatario de la finca embargada. B) Los derechos del obligado al pago sobre los inmuebles embargados. C) La advertencia de que se tomará anotación preventiva del embargo en el Registro de la Propiedad a favor del Estado. D) La identificación registral y catastral de las fincas.

737. Según el artículo 90 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el embargo de establecimientos mercantiles e industriales se iniciará. A) Mediante notificación certificada del embargo decretado a la persona a la que pertenezcan. B) Mediante personación en los establecimientos o en el domicilio de la persona o entidad a que pertenezcan. C) Previa audiencia del titular del negocio u órgano de administración de la entidad. D) Mediante la notificación de la correspondiente diligencia.

738. Según el artículo 92 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el embargo de los restantes bienes muebles y semovientes se llevará a efecto: A) Mediante notificación certificada del embargo decretado a la persona a la que pertenezcan. B) Mediante personación en el domicilio del obligado al pago o, en su caso, en el lugar donde se encuentren los bienes. C) Previa audiencia del poseedor de los mismos y notificación de la preceptiva diligencia. D) Mediante anotación en los oportunos registros.

739. Según el artículo 92 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate del embargo de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u otros vehículos, se notificará el embargo al obligado al pago requiriéndole para que lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su documentación y llaves. A) En un plazo de tres días hábiles. B) En un plazo de diez días. C) En un plazo de cinco días. D) De forma inmediata.

740. Según el artículo 84 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en los embargos de bienes inmuebles y de derechos sobre estos: A) La Administración podrá solicitar que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos en el Registro de la Propiedad que corresponda. B) La Administración solicitará que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos en el Registro de la Propiedad que corresponda. C) La Administración podrá solicitar que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad que corresponda. D) La Administración podrá solicitar que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad que corresponda previa consulta a la sección competente del Catastro Inmobiliario.

741. Según el artículo 94 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los órganos de recaudación competentes designarán, en su caso, el lugar en que los bienes embargados deban ser depositados hasta su realización. Las relaciones entre la Administración y el depositario se regirán: A) Por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas en los aspectos no previstos en dicha norma. B) Por las normas pertinentes de Derecho Privado relativas a las obligaciones y contratos. C) Por la legislación de contratos mercantiles en los aspectos no previstos en dicha norma. D) Por las especificaciones estipuladas en los convenios administrativos de colaboración que se suscriban al efecto.

742. Conforme a lo establecido en el artículo 79.1 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el embargo podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de bienes o derechos de que sea titular el obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito. A) En todo caso. B) Dentro del ámbito estatal, autonómico o local que corresponda a la jurisdicción respectiva de cada Administración Tributaria ordenante del embargo. C) Dentro de los tributos competencia de la correspondiente Administración tributaria. D) Todas las opciones son incorrectas.

743. Conforme a lo establecido en el artículo 79 del Reglamento General de Recaudación, en el caso de embargo de dinero en cuentas corriente, si se trata de cuentas a plazo: A) El ingreso se realizará una vez transcurridos 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación. B) El ingreso se realizará una vez transcurridos 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación, o al día siguiente del fin del plazo, según qué fecha sea posterior. C) El ingreso se realizará al día siguiente del fin del plazo, sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación. D) Todas las opciones son incorrectas.

744. Conforme a lo establecido en el artículo 83 relativo a embargos de inmuebles y de derechos sobre estos en el momento de notificarse la diligencia de embargo: A) Se requerirá la certificación de cargas. B) Se requerirán los títulos de propiedad a los titulares de los bienes o derechos. C) Se requerirán las referencias catastrales de los bienes. D) Se requerirán las notas simples de los bienes.

745. Conforme a lo establecido en el artículo 85 del Reglamento General de Recaudación, cuál de las siguientes no debe contener los mandamientos para anotación preventiva de embargo: A) Expresión de que la Administración no puede facilitar, en el momento de la expedición del mandamiento, más datos respecto de los bienes embargados que los contenidos en este. B) Que la anotación deberá hacerse a favor del acreedor. C) El importe total del débito, concepto o conceptos que corresponda, e importe de la responsabilidad a que se afecta el inmueble por principal, recargos, intereses y costas. D) Descripción del derecho que tenga el obligado al pago sobre los bienes embargados y situación posesoria del inmueble.

746. Conforme a lo establecido en el artículo 89 relativo al embargo de intereses, rentas y frutos de toda especie, la diligencia de embargo se notificará a la persona o entidad pagadora que deberá. A) Retenerlos e ingresarlos en el Tesoro hasta cubrir la cantidad adeudada. B) Considerar los salarios realizando el embargo conforme a las reglas del artículo 82 correspondiente al embargo de sueldos, salarios y pensiones. C) Considerar embargados también los bienes que generen los intereses, rentas y frutos precisando autorización de la Administración para la disposición sobre los mismos. D) Todas las opciones son correctas.

747. Conforme a lo establecido en el artículo 93 relativo al embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. A) Se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 80 y 81 del Reglamento General de Recaudación correspondientes al embargo de valores y embargo de otros créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo. B) Se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 82 del Reglamento General de Recaudación correspondientes al embargo de sueldos, salarios y pensiones. C) Se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación correspondiente al embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos. D) Se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 89 del Reglamento General de Recaudación correspondiente al embargo de intereses, rentas y frutos de toda especie.

685. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario, con respeto siempre: A) Al principio de seguridad jurídica. B) Al principio de proporcionalidad. C) Al principio de legalidad. D) Todas las opciones son correctas.

686. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir: A) El importe de la deuda no ingresada, los intereses hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. B) El importe de la deuda no ingresada, los intereses hasta la providencia de apremio, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. C) El importe de la deuda apremiada, los intereses hasta la fecha del embargo, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. D) El importe de la deuda apremiada, los intereses hasta la fecha del embargo, los recargos ordinarios y las costas del procedimiento de apremio, en su caso.

687. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se embargarán los bienes del obligado: A) En virtud del acuerdo establecido entre la Administración y el obligado tributario. B) En virtud del orden señalado por el obligado tributario. C) En virtud del orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. D) Las dos últimas opciones son correctas,.

688. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de no fijarse los criterios para la realización del embargo: A) Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado. B) Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. C) Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor rentabilidad y la mayor rapidez en la finalización del procedimiento. D) Ninguna de las opciones es correcta.

689. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de no seguirse los criterios legalmente previstos por ser de imposible o muy difícil aplicación, los bienes se embargarán por el siguiente orden: A) Los derechos y valores realizables a corto plazo se embargarán con posterioridad a los sueldos, salarios y pensiones. B) El dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito se embargará antes que los créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. C) Los metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades se embargarán con posterioridad a los réditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. D) Ninguna de las opciones es correcta.

690. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, a efectos de embargo se entiende que un crédito, efecto, valor o derecho es realizable a corto plazo cuando, en circunstancias normales y a juicio del órgano de recaudación, pueda ser realizado: A) En un plazo no superior a nueve meses. B) En un plazo no superior a tres meses. C) En un plazo no superior a seis meses. D) En un plazo no superior a doce meses.

691. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, siguiendo el orden pertinente, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administración Tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda. En todo caso se embargarán en último lugar: A) Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario. B) Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en los locales en los que ejerza su actividad comercial o empresarial el obligado tributario. C) Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en instalaciones que no sean propiedad del obligado tributario. D) Las dos primeras opciones son correctas.

692. La diligencia de embargo: A) Es la resolución en la que se documenta el embargo de bienes en el marco del procedimiento de apremio. B) Es el documento en el que se ordena la traba de bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito y el recargo, intereses y costas que con posterioridad se hayan causado. C) Es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado tributario, con el que se inicia el procedimiento de apremio. D) Todas las opciones son correctas.

693. Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procederá, en cumplimiento del contenido en la providencia de apremio, al embargo de los bienes y derechos que procedan: A) Sino se hubiese pagado la deuda por la ejecución de garantías. B) Si fuese previsible de forma motivada que la ejecución de las garantías de la deuda no proporcionará líquido suficiente para cubrir la deuda. C) Si hubiese transcurrido el plazo sin haberse realizado el ingreso requerido al abrir la vía de apremio. D) Las tres opciones son correctas.

694. Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a la diligencia de embargo: A) Cada actuación de embargo se documentará en diligencia de embargo. B) Las deudas de un mismo obligado al pago podrán acumularse en una diligencia de embargo. C) Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a la segregación de las deudas acumuladas. D) Las tres opciones son correctas.

695. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará: A) Al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones. B) Al cónyuge del obligado tributario en todo caso y a los condueños, cotitulares o garantes de los bienes embargados. C) Alos socios, garantes y avalistas del obligado tributario. D) Las dos primeras opciones son correctas.

696. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público, la Administración Tributaria: A) Podrá solicitar que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. B) Tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. C) El registrador hará constar, previa solicitud de la Administración Tributaria competente, por nota al margen la anotación de embargo. D) El embargo se podrá notificar a los titulares de cargas posteriores previa solicitud de la Administración Tributaria competente.

697. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: A) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. B) El aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitado por el obligado tributario. C) La declaración de la deuda como fallida que podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor. D) La interposición de recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo.

698. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, cuando se hubieran embargado al obligado tributario acciones o participaciones de una sociedad, la Administración Tributaria podrá acordar: A) La prohibición de disponer sobre los bienes inmuebles de la sociedad si el obligado tributario ejerce el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto sobre ella. B) La prohibición de disponer de los bienes inmuebles de la sociedad, en cualquier caso, sin necesidad de que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella. C) La anotación preventiva de embargo de los bienes inmuebles de la sociedad en el registro correspondiente. D) Ninguna de las opciones es correcta.

699. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se podrá acordar el nombramiento de un funcionario que ejerza de administrador: A) Cuando se solicite por el obligado tributario o por el resto de los titulares de un negocio. B) Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o industrial o, en general, de los bienes y derechos integrantes de una empresa. C) Cuando sea ordenado en virtud del procedimiento civil relacionado con el obligado tributario. D) Las dos últimas opciones son correctas.

700. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de la prohibición de disponer sobre los bienes inmuebles de una sociedad: A) Podrá tomarse anotación preventiva en la hoja abierta a las fincas en el Registro de la Propiedad competente. B) Habrá de anotarse en la hoja abierta a las fincas den el Registro de la Propiedad competente. C) Habrá de dejarse constancia en el acuerdo preceptivo donde constará la notificación al obligado tributario y a los legítimos interesados en la sociedad. D) Las dos últimas opciones son correctas.

701. Según el artículo 76 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si los bienes embargables se encuentran en locales de personas o entidades distintas del obligado: A) Se ordenará, mediante personación en dichos locales, al depositario o al personal dependiente de este último la entrega de los bienes. B) Se ordenará al obligado tributario que se haga cargo de la entrega de los bienes, que se detallarán en la correspondiente diligencia. C) Se podrá proceder a la confiscación o depósito para impedir la sustitución o levantamiento de los bienes embargados. D) Se levantará acta dejando constancia expresa de estos extremos a los efectos oportunos.

702. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución: A) El procedimiento de apremio será preferente, independientemente de la fecha del embargo efectuado. B) El procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso de este último es el más antiguo. C) El procedimiento de apremio tributario será preferente sobre cualquier otro procedimiento de ejecución. D) El procedimiento de apremio tributario tendrá los efectos que determine la prelación de los créditos anotados preventivamente.

703. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a la concurrencia de embargos, la Hacienda Pública: A) Podrá subrogarse en los derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores sobre los bienes embargados. B) Podrá subrogarse en los derechos sobre los bienes embargados sobre los que se hubieran constituido garantías a favor de la Hacienda Pública. C) Habrá de subrogarse en los derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores sobre los bienes embargados. D) Las dos primeras opciones son correctas.

704. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando la Hacienda Pública se subrogue en derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores: A) Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean sustancialmente inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Pública de la enajenación de los bienes. B) Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos en todo caso previamente a dicha subsanación. C) Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos en todo caso y serán consideradas costas del procedimiento. D) Todas las opciones son correctas.

705. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, para que la Hacienda Pública pueda ejercer esta subrogación: A) El órgano de recaudación que tramite el procedimiento de apremio formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el órgano competente. B) La subrogación deberá ser autorizada por el órgano competente. C) El órgano de recaudación que ordenó el procedimiento de apremio formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el superior jerárquico competente. D) El órgano superior jerárquico al órgano de recaudación formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser llevada a efecto por el órgano de recaudación competente.

706. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, las cantidades abonadas por ese concepto de subrogación: A) Podrán calificarse de costas del procedimiento, a propuesta del órgano de recaudación. a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. B) Tendrán el carácter de costas del procedimiento, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda Pública obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. C) Podrán considerarse costas del procedimiento, a propuesta del órgano que ordenó el procedimiento de apremio, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. D) Tendrán el carácter de compensación de gastos del procedimiento. a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado.

707. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando los bienes embargados sean objeto de un procedimiento de expropiación forzosa: A) Se paralizarán las actuaciones del procedimiento de expropiación. B) Se paralizarán las actuaciones de ejecución de los bienes afectados y se comunicará a la Administración expropiante el embargo de los pagos a realizar al expropiado. C) Se paralizarán las actuaciones del procedimiento de expropiación y las actuaciones de ejecución y se remitirán a la asesoría jurídica competente en la materia. D) Ninguna de las opciones es correcta.

708. No se podrán embargar: A) El sueldo o salario si no excede de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. B) Los útiles con que se ejerza el oficio. C) Los derechos consolidados en un fondo de pensiones. D) Las dos primeras opciones son correctas.

709. Entre los bienes sobre los que no se puede trabar embargo, no se encuentran: A) Aquellos bienes cuyo coste de realización pueda exceder del importe que normalmente se obtenga de su enajenación. B) La vivienda habitual. C) Los derechos de explotación correspondientes al autor derivados de la Ley de Propiedad Intelectual. D) El mobiliario y menaje de la casa, así como las ropas del deudor y su familia.

710. Conforme a lo establecido en el artículo 170.4 de la Ley General Tributaria, cuando se embarguen bienes muebles. A) La Ley General Tributaria no contempla el embargo de bienes muebles. B) La Administración Tributaria podrá anotar el embargo en el correspondiente registro público. C) La Administración Tributaria podrá disponer su depósito de la forma que se determine reglamentariamente. D) La Administración Tributaria podrá disponer su depósito sin perjuicio de que el obligado pueda seguir utilizándolo.

711. Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación relativo al embargo de valores. A) Los valores serán objeto de enajenación en el correspondiente mercado secundario en cuantía suficiente para cubrir el importe total al que se refiere el artículo 169.1 de la Ley General Tributaria. B) Los valores quedarán inmovilizados como garantía en cuantía suficiente para cubrir el importe total al que se refiere el artículo 169.1 de la Ley General Tributaria en la correspondiente entidad de crédito, sociedad o agencia de valores, o cualesquiera otras entidades depositarias. C) Los valores serán objeto de enajenación serán objeto de venta mediante subasta en cuantía suficiente para cubrir el importe total al que se refiere el artículo 169.1 de la Ley General Tributaria. D) Cuando resulte más adecuado para la satisfacción de la deuda, el órgano de recaudación competente podrá acordar, en lugar de la enajenación de los valores, el embargo de los rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de aquellos.

712. Conforme a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, si se embargan bienes que en el orden de embargo sean anteriores a otros ya embargados, pero no realizados. A) Se anularán los embargos de los primeros bienes embargados sin perjuicio de que puedan embargarse de nuevo. B) Se realizarán estos con anterioridad. C) Se realizarán aquellos con anterioridad. D) Todas las respuestas con incorrectas.

713. Conforme al artículo 170.3 de la LGT cuál de los siguientes motivos no puede oponerse a una diligencia de embargo. A) Suspensión del procedimiento de recaudación. B) El aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitado por el obligado tributario. C) Extinción de la deuda por condonación. D) Existencia de una devolución pendiente de pago.

714. Conforme al artículo 76 del Reglamento General de Recaudación el embargo, en caso de cuotas de participación de bienes que se posean pro indiviso. A) Se referirá al total del bien, sin perjuicio de que los condóminos puedan solicitar la exclusión de su cuota de participación. B) Se limitará a la cuota de participación del obligado al pago. C) Se limitará a la cuota de participación del obligado al pago y se notificará a los condóminos. D) No podrán ser objeto de embargo.

715. Conforme a lo establecido en el artículo 76.1, cuando sea necesario el acceso a los bienes embargados. A) Se requerirá el auxilio de la autoridad. B) Se podrá requerir el auxilio de la autoridad. C) Precisará la autorización del obligado. D) Será suficiente la autorización del depositario.

716. Conforme a lo establecido en el artículo 76.4 del Reglamento General de Recaudación si trabado un embargo se determina que el bien es inembargable. A) Se procederá a su levantamiento. B) Se mantendrá como medida cautelar. C) Se iniciará una revisión de oficio por nulidad de la diligencia de embargo. D) Se suspenderá el procedimiento de recaudación.

660. El procedimiento de apremio es. A) Exclusivamente administrativo. B) Exclusivamente judicial. C) Conjuntamente administrativo y judicial. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

661. El procedimiento administrativo de apremio. A) Será acumulable a los judiciales y a otros procedimientos de ejecución. B) No será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. C) Será acumulable a los judiciales, pero no a otros procedimientos de ejecución. D) No será acumulable a los judiciales, pero si a otros procedimientos de ejecución.

662. El procedimiento administrativo de apremio. A) Se suspenderá siempre por la iniciación de un procedimiento judicial. B) No se suspenderá nunca por la iniciación de un procedimiento judicial. C) Se suspenderá por la iniciación de un procedimiento judicial cuando se dicte auto de suspensión. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

663. Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente. A) Si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el de mayor cuantía. B) Si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más acreditado. C) Si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más reciente. D) Si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más antiguo.

664. Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos embargados en el mismo. A) Siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. B) Siempre que el apremio acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. C) Siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con posterioridad a la fecha de declaración del concurso. D) Siempre que el apremio acordado en el mismo se hubiera efectuado con posterioridad a la fecha de declaración del concurso.

665. Cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago. A) El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, siempre que se preste garantía. B) El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía. C) El procedimiento de apremio se suspenderá en el plazo de un mes por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía. D) El procedimiento de apremio se suspenderá en el plazo de un mes por los órganos de recaudación, una vez se haya prestado garantía.

666. Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio o titularidad de los bienes o derechos embargados o cuando considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda Pública. A) Formulará reclamación de daños y perjuicios ante el órgano administrativo competente. B) Formulará reclamación de responsabilidad patrimonial ante el órgano administrativo competente. C) Formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo competente. D) Formulará reclamación de herederos ante el órgano administrativo competente.

667. Si se interpone tercería de dominio. A) No se suspenderá el procedimiento de apremio en ningún trámite. B) Se suspenderá el procedimiento de apremio en su totalidad. C) No se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos. D) Se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos.

668. Si se interpone tercería de mejor derecho. A) Proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería. B) Proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se entregará al reclamante. C) Proseguirá el procedimiento hasta el anuncio de subasta. D) Se suspenderá el procedimiento hasta la resolución de la tercería.

669. Cuando se declare la nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio. A) Se dispondrá la conservación de todas las actuaciones. B) Se dispondrá la conservación de las no afectadas por la causa de la nulidad. C) Se dispondrá la anulación de todas las actuaciones. D) Se dispondrá la anulación del procedimiento.

670. El procedimiento de apremio se iniciará. A) Automáticamente al inicio del periodo ejecutivo. B) Al finalizar el plazo del pago en voluntaria. C) Con la notificación de la providencia de apremio. D) Con el acuerdo de embargo.

671. La providencia de apremio deberá contener. A) Liquidación de la sanción por apremio. B) Liquidación de la multa por apremio. C) Liquidación de los intereses de demora. D) Liquidación del recargo del periodo ejecutivo.

672. En la Administración Local la providencia de apremio la dictará. A) El Tesorero. B) El Interventor. C) El Presidente. D) El Concejal de Hacienda.

673. En caso de que se asuma mediante convenio la recaudación ejecutiva de deudas de Ayuntamientos de la provincia, en el Patronato Provincial de Recaudación la providencia de apremio será dictada. A) Por el Tesorero del Ayuntamiento. B) Por el Tesorero del Patronato Provincial de Recaudación. C) Conjuntamente por ambos Tesoreros. D) Por órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

674. En la notificación de la providencia de apremio se harán constar. A) Daños y perjuicios ocasionados a Hacienda. B) Las multas implícitas a todo procedimiento de apremio. C) La Repercusión de costas del procedimiento. D) La prohibición de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.

675. En la notificación de la providencia de apremio se harán constar. A) Lugar de ingreso de la deuda y del recargo. B) Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago. C) Recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición. D) Todas las respuestas son correctas.

676. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en el siguiente plazo. A) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 15 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. D) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

677. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en el siguiente plazo. A) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día uno del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. D) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día veinte del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

678. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado 5 del artículo 62 de la ley 58/2003, se procederá. A) A formular reclamación de daños y perjuicios. B) Se interpondrá recurso Contencioso Administrativo. C) Al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio. D) Al embargo de sus bienes, sin advertirse en la providencia de apremio.

679. La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio. A) Pero carece de fuerza ejecutiva. B) Tendrá menor fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios. C) Tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios. D) Tendrá mayor fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.

680. Contra la providencia de apremio será admisible el siguiente motivo de oposición. A) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período ejecutivo. B) Disconformidad con le deuda notificada en voluntaria. C) Prescripción del derecho a liquidar. D) Prescripción del derecho a exigir el pago.

681. Contra la providencia de apremio será admisible el siguiente motivo de oposición. A) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada. B) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor y de la deuda apremiada. C) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor, de la deuda apremiada y lugar de ingreso. D) El error u omisión nunca serán admisibles como motivos de oposición contra la providencia de apremio.

682. Si la deuda tributaria estuviera garantizada se procederá en primer lugar. A) A ejecutar la garantía a través del procedimiento judicial oportuno. B) A ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio. C) A ejecutar automáticamente la garantía sin necesidad de procedimiento alguno. D) A condonar la deuda.

683. Si la deuda tributaria estuviera garantizada la Administración tributaria podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando. A) Ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada y el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. B) Ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, sin necesidad de señalar bienes suficientes al efecto. C) Ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. D) No cabe dicha posibilidad.

684. Si la garantía consiste en aval, fianza, certificado de seguro de caución u otra garantía personal, se requerirá al garante. A) El ingreso de la deuda principal, excluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado. B) El ingreso de la deuda, incluidos los recargos, y excluidos los intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado. C) El ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan con independencia del límite del importe garantizado. D) El ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado.