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Conforme al artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la opción correcta: El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y l Ley 7/1985, de 3 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, o de los órganos de gobierno locales. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía establecido por los reglamentos de manera opcional.

Conforme al artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Conforme al artículo 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al respecto de la evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación, señale la opción incorrecta: Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para comprobar si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en las normas en vigor. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público anualmente.

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al respecto de la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, señale la opción correcta: Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, y a través de la dirección electrónica habilitada única. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, la recepción por el interesado o su representante debidamente identificado de la notificación.

Conforme al artículo 48 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a los actos administrativos anulables, señale la opción correcta: Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder. El defecto de forma sólo determinará la nulidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.https://static.daypo.com/images/diskette.png. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Ninguna opción es correcta.

Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la opción correcta respecto a la sede electrónica: La sede electrónica es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. En la sede electrónica podrá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. El establecimiento de una sede electrónica no conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

Según el artículo 56.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento: Que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Que deberá efectuarse dentro de los veinte días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

Conforme al artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos del recurso de alzada que dicho artículo describe, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes: Del órgano superior jerárquico. Del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que los haya nombrado. Del órgano del que dependan jerárquicamente o, en su defecto, del que los haya nombrado. Del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.

Según el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ponen fin a la vía administrativa: Las Resoluciones del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Diputación Provincial. Las Resoluciones de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa. Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria. Ninguna opción es correcta.

Conforme al artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al respecto del principio de proporcionalidad, la graduación de la sanción considerará especialmente entre otros criterios. La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. La reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de dos infracciones de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. La reincidencia por comisión en el término de tres años de más de una infracción de la misma naturaleza, declarada por resolución.

Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la opción incorrecta sobre los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al respecto de la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, dispone que: Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por aquéllos. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. La Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos en cualquier caso. La resolución declaratoria de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas no pondrá fin a la vía administrativa.

Conforme al artículo 25 del Decreto 72/1996, de 30 de abril, del reglamento de la Ley contra la venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores, son infracciones muy graves: La realización, contratación. y difusión de campañas publicitarias de ámbito v/ supramunicipal sobre bebidas alcohólicas dirigidas a fomentar su consumo entre menores de edad o en las que participen menores. La publicidad o promoción de bebidas alcohólicas dentro del municipio, en los lugares y por los procedimientos o medios prohibidos por este Reglamento. La instalación de máquinas automáticas que suministren incontroladamente bebidas alcohólicas. La negligencia en el almacenamiento, colocación o custodia de bebidas alcohólicas en locales comerciales o de otro tipo que posibilite el acceso o el consumo de dichas bebidas por menores de edad.

Conforme al artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, incumplir la obligación de identificar el animal constituye una infracción: Muy grave. Grave. Leve. No constituye infracción.

Conforme al artículo 53 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de comercio de Castilla-La Mancha, respecto al procedimiento para la autorización del ejercicio de la venta ambulante, señale la opción incorrecta: Los ayuntamientos deberán verificar, en el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, que las personas físicas o jurídicas que hayan solicitado la autorización municipal estén en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos. Los ayuntamientos entregarán a las personas físicas o juridicas que hayan autorizado para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización. Los ayuntamientos deberán verificar que las personas físicas o jurídicas que hayan solicitado la autorización municipal estan dadas de alta en el correspondiente epígrafe del impuesto de actividades económicas y en el régimen de la seguridad social que corresponda. El número de autorizaciones estará limitado por el suelo público habilitado por los ayuntamientos para la referida actividad y la duración de las mismas podrá ser por tiempo indefinido.

De acuerdo con el articulo 8 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, señale la opción correcta al respecto del régimen jurídico de las declaraciones responsables: La declaración responsable podrá presentarse después del inicio del espectáculo público o de la actividad recreativa y/o de la apertura del establecimiento público. Los derechos y obligaciones asumidos en la declaración responsable serán transmisibles, incluso cuando se hayan formulado teniendo en cuenta las características particulares de los sujetos. En algunos casos, las declaraciones responsables para celebración de espectáculos o el desarrollo de actividades recreativas a realizar en acto único se extinguirán con la celebración del espectáculo o actividad. Los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los establecimientos públicos podrán ser suspendidos, previa audiencia al interesado, en caso de incumplimiento de alguno o algunos de sus requisitos esenciales, de inexactitud o falsedad en lo declarado o en caso de no haber formulado previamente la pertinente declaración responsable.

Conforme al artículo 7.4 de la de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, quedan exentos de la necesidad de licencia municipal o de declaración responsable, salvo que las ordenanzas o reglamentos municipales, en supuestos expresamente justificados y de carácter excepcional, establezcan lo contrario, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente aplicable: Los espectáculos públicos y actividades recreativas de interés artistico o cultural, con un aforo reducido de más de 50 personas, en el caso de que se lleven a cabo ocasionalmente en espacios abiertos al público o en cualquier tipo de establecimientos públicos. Los espectáculos públicos y actividades recreativas de interés artistico o cultural, con un aforo reducido de hasta 50 personas, en el caso de que se lleven a cabo ocasionalmente en espacios abiertos al público o en cualquier tipo de establecimientos públicos. Los espectáculos públicos y actividades recreativas de interés artístico o cultural, con un aforo reducido de hasta 100 personas, en el caso de que se lleven a cabo ocasionalmente en espacios abiertos al público o en cualquier tipo de establecimientos públicos. Los espectáculos públicos y actividades recreativas de interés artístico o cultural, con un aforo reducido de más de 100 personas, en el caso de que se lleven a cabo ocasionalmente en espacios abiertos al público o en cualquier tipo de establecimientos públicos.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, corresponde a los Ayuntamientos: Autorizar los espectáculos y festejos taurinos. Ejercer funciones de policía, inspección y control de espectáculos públicos, establecimientos públicos y actividades recreativas, mediante el personal habilitado para tales funciones. Establecer los requisitos y condiciones reglamentarias de admisión de las personas de los mencionados espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. Limitar, en su caso, el horario de terrazas o veladores ubicados en espacios públicos, con arreglo a la normativa vigente.

Conforme al artículo 334 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, la publicidad de los espectáculos públicos y actividades recreativas deberá contener la suficiente información para el público asistente a los mismos y, necesariamente, entre otras: La clase de espectáculo o actividad. Fecha, horario y lugar de las actuaciones, precios de las entradas y lugares de venta. Denominación y domicilio del organizador. Todas son correctas.

Conforme al artículo 41 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, con el fin de asegurar el cumplimiento de los actos dictados en aplicación de la presente Ley, podrán imponerse multas coercitivas ante la ausencia de cumplimiento voluntario de lo ordenado en plazo, en forma de multas sucesivas en proporción a la gravedad del incumplimiento, que: No excederán de 600 euros, si bien se podrá aumentar su importe hasta el 50 % a partir de la segunda, tomando en cada caso como referencia la cuantía de la multa inmediatamente anterior, hasta que se llegue a cumplir íntegramente el contenido del acto. No excederán de 300 euros, si bien se podrá aumentar su importe hasta el 50 % a partir de la segunda, tomando en cada caso como referencia la cuantía de la multa inmediatamente anterior, hasta que se llegue a cumplir íntegramente el contenido del acto. No excederán de 600 euros, si bien se podrá aumentar su importe hasta el 50 % a partir de la tercera, tomando en cada caso como referencia la cuantía de la multa inmediatamente anterior, hasta que se llegue a cumplir íntegramente el contenido del acto. No excederán de 300 euros, si bien se podrá aumentar su importe hasta el 50 % a partir de la tercera, tomando en cada caso como referencia la cuantía de la multa inmediatamente anterior, hasta que se llegue a cumplir íntegramente el contenido del acto.

Conforme al artículo 45 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, son infracciones muy graves: El empleo de petardos, armas de fogueo, bengalas y otros fuegos de artificio, sin la correspondiente autorización exigible o con incumplimiento de las prescripciones establecidas por la normativa aplicable en su caso. El incumplimiento grave del horario de apertura o cierre, entendido como el anticipo o retraso en más sesenta minutos, respectivamente. La admisión o participación de menores en espectáculos, actividades y establecimientos donde tengan prohibida su entrada o participación. La comisión de una infracción grave, cuando hubiere sido sancionado por resolución firme en vía administrativa, en el plazo de un año, por dos o más infracciones graves.

De acuerdo con la Ley 7/2020, de 31 de agosto, de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha, qué establecimientos facilitarán la entrada de animales de compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de la normativa: Los transportes privados. Los establecimientos destinados a venta de alimentos. Los centros de trabajo. Los bares con un distintivo visible desde el exterior de no admisión de animales.

Según la Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha, ¿qué tipo de infracción es mantener permanentemente atado a un animal doméstico?. No es una infracción recogida en dicha Ley. Leve. Grave. Muy grave.

¿Cuál de los siguientes derechos NO está reconocido por la LPACAP (Ley 39/2015, de 1 de octubre) como derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?. A actuar asistidos de asesor. A comunicarse con las AAPP a través de un Punto de Acceso General Electrónico de la Administración. A ser tratados con respeto y deferencia por los empleados públicos. A la protección de datos de carácter personal.

¿Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán?. Siempre de oficio. Siempre a solicitud de interesado. Sólo por denuncia. Depende del caso concreto.

Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley. Esta disposición de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, responde al principio de: Tipicidad. Legalidad. Non bis in idem. Responsabilidad.

De acuerdo con la Ley 40/2015, ¿en qué Título y Capítulo se recogen los principios de la potestad sancionadora?. Título II, Capítulo III. Título I, Capítulo III. Título I, Capítulo II. Título Preliminar, Capítulo III.

Según la LPACAP, ¿en qué plazo, las Administraciones Públicas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado o equivalente, pueden declarar de oficio la nulidad de actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del artículo 47.1?. En el plazo de 4 años desde el día siguiente al que fueron dictados, por iniciativa propia o a solicitud de interesado. Exclusivamente por iniciativa propia en el plazo de 4 años desde el día siguiente al que fueron dictados. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado. En cualquier momento y exclusivamente por iniciativa propia.

Conforme al artículo 301 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción: Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves al año y las leves a los seis meses.

Conforme al artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la opción correcta: Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, preferentemente, de forma solidaria. En supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño no dimanantes de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. En supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño no dimanantes de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas, la responsabilidad será solidaria en todo caso. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado 3 del articulo 33, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.

Conforme al artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la opción incorrecta: El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1 tercer párrafo. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso ordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.

Conforme al artículo 51.3 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los cuerpos de policía local podrán actuar fuera del término municipal respectivo... Cuando ejerzan funciones de protección civil, seguridad ciudadana y policía judicial. Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana. Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, con la debida autorización. Sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo.

Conforme al artículo 52.2 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales de los miembros de las policías locales... Les será de aplicación la Ley que se dicte en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Les será de aplicación lo establecido en la normativa autonómica de coordinación de policías locales y los convenios o acuerdos económicos y sociales de los respectivos ayuntamientos. Les será de aplicación mismas normas que al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión y Manifestación, y el Real Decreto-Ley 17/1977sobre el Derecho de Huelga. Todas las anteriores son correctas.

Conforme al artículo 18 de la Ley 8/2002 de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, por lo que respecta al equipo y armamento de sus miembros... Constituye la dotación personal el conjunto de elementos que es asignado a los agentes, comprendiendo el equipo básico individual y el equipo complementario disponible. Lo constituye únicamente el arma de fuego, con su correspondiente munición, y funda con extracción de seguridad. Los Policías Locales, como integrantes de un Instituto Armado, portarán el armamento que reglamentariamente se les asigne de acuerdo con la normativa vigente en materia de armamento. Ninguna de las anteriores es correcta.

Conforme al artículo 5 de la Ley 8/2002 de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, ¿cuál es una función propia de la coordinación de las Policías Locales?. Establecer normas para crear un marco retributivo homogéneo para los Policías Locales, que tenga en cuenta su dedicación, riesgo y peligrosidad. La fijación reglamentaria de bases y criterios uniformes para la selección, formación, promoción y movilidad. Facilitar los medios técnicos que utilicen los Cuerpos de Policía Local y los Vigilantes Municipales, en la Comunidad Autónoma, con la finalidad de aumentar su eficacia y potenciar la colaboración mutua. Todas las anteriores son correctas.

Según el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha (artículo 55), ¿a qué se ajustarán los principios de actuación de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local?. A los principios establecidos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. A los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. A las normas internas de la propia Policía Local.

Según el Decreto 110/2006 por el que se aprueba el reglamento de la Ley de coordinación de Policía Local de CLM, ¿en quién recae la responsabilidad de los servicios, por orden de categoría, antigüedad en la categoría, antigüedad en el Cuerpo y edad?. En el funcionario de mayor categoría y, dentro de la misma, en el de mayor edad. En el funcionario de mayor categoría y, dentro de la misma, en el de más antigüedad en la categoría, más antigüedad en la plantilla o más edad. En el funcionario de mayor categoría y, dentro de la misma, en el de más antigüedad en la categoría, más antigüedad desde que es funcionario o más edad. En el funcionario de mayor categoría y, dentro de la misma, en el de más antigüedad en la categoría, más antigüedad en el Cuerpo o más edad.

Conforme al artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿cuál es el objeto y obligación de los componentes de la Policía Judicial?. Practicar las diligencias necesarias para comprobar delitos públicos y descubrir delincuentes. Auxiliar al Ministerio Fiscal en cualquier actuación, realizando diligencias a prevención o investigación cuando sean requeridos. Recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial. Solamente a) y c) son correctas.

Conforme al artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿qué consideración tendrán los atestados que redacten y las manifestaciones que hagan los funcionarios de Policía Judicial?. Se considerarán denuncias para los efectos legales. Serán meros informes sin valor probatorio. Requerirán siempre ratificación judicial. Tendrán valor de declaración testifical.

Conforme a la legislación española, ¿dónde se regula el atestado?. En el Código Penal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el Reglamento de la Policía Judicial (RD 769/1987). En la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el Real Decreto 305/2022, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal.

Conforme al artículo 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿qué acción está prohibida a los funcionarios de Policía Judicial, salvo fuerza mayor?. Dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la Autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias practicadas. Dejar transcurrir más de setenta y dos horas sin dar conocimiento a la Autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias practicadas. Demorar injustificadamente la puesta en libertad de la persona detenida. No recoger efectos, instrumentos o pruebas del delito.

Conforme al artículo 152 del vigente Código Penal, ...la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 379 determinara la producción del hecho: Se reputará en todo caso como imprudencia menos grave. Se reputará en todo caso como imprudencia grave. En todo caso se considerará delito de conducción temeraria al poner en riesgo la vida o la integridad física de las personas. Las respuestas a) y c) son correctas.

El artículo 167 del vigente Código Penal hace referencia a: El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer delito de detención ilegal o secuestro. El funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera. Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal con la intención de atentar contra la libertad o indemnidad sexual de la víctima.

Conforme al artículo 178 del vigente Código Penal, ¿qué se considera en todo caso agresión sexual?. Realizar actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años. El acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Los hechos que se cometan sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare. Los hechos cometidos por la actuación conjunta de dos o más personas.

Conforme al artículo 185 del Código Penal, ¿qué delito se considera?. Difundir o exhibir material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad. Ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad. Contactar a través de internet con un menor de dieciséis años para proponer un encuentro sexual. Todas las anteriores son correctas.

Conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿qué función tienen las Policías Locales en materia de violencia de género?. No tienen competencia alguna en materia de violencia de género ya que es una función exclusiva de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cooperarán en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente Ley o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal. Realizarán funciones de colaboración y apoyo a los servicios sociales municipales y autonómicos, cuando sean requeridos para ello. Participarán en actividades y protocolos para impulsar las actividades de prevención, detección precoz e intervención continuada con la mujer sometida a violencia de género o en riesgo de padecerla.

Conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿a qué tienen derecho las mujeres víctimas de violencia de género?. Servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral. Derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuita. Derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo. Todas las anteriores son incorrectas.

¿Cuál es la norma que regula las medidas de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia?. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ley Orgánica 10/2022, de 3 de septiembre. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

El artículo 198 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal establece que (señale la correcta): La autoridad o funcionario público que, sin causa legal por delito, y prevaliéndose de su condición, realizare cualquiera de las conductas descritas en el articulo anterior, será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley y abusando de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el articulo anterior, será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de tres a doce años. La autoridad o funcionario público que, fuera de lo establecido por la Ley, valiéndose de su condición y sin mediar causa legal que lo justifique, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a quince años.

El artículo 202, apartado 1, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal establece que (señale la correcta): El particular que, sin vivir en ella, entrare en casa ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su dueño, será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años. El particular que, sin habitar en él, entrare en domicilio ajeno o se mantuviere en el mismo contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. El particular que, sin habitar en ella, accediera a morada ajena o se quedara en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de doce meses a dos años.

Según el articulo 240, apartado 2, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en el delito de robo se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 235, entre las que se encuentran (señale la correcta): El robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias. Que los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público , o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura. Cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que la persiguieren. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

¿Cuándo será castigado el delito de daños con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, según el artículo 263, apartado 2, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal?. Cuando se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas informáticos. Cuando el hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de primera necesidad. Cuando afecten a bienes de dominio o uso público o comunal. Cuando se hayan causado daños de especial gravedad o afectados a un número elevado de instalaciones industriales.

Según el artículo 550, apartado 1, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra... (señale la opción correcta): ... los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. ... los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones. ...el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todas las opciones son correctas.

Según el artículo 557, apartado 3, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, las penas relativas a los desórdenes públicos de los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior a los intervinientes... (señale la opción correcta): ... que portaran armas de fuego. ... que provocaran avalancha, estampida u otra reacción análoga en el público que pongan en situación de peligro la vida o salud de las personas. ... que invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal. ... que portaran instrumentos peligrosos o a los que llevaran a cabo actos de pillaje.

Según el artículo 510, apartado 2, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ¿en qué caso las penas por delitos relativos al ejercicio de derechos fundamentales se impondrán en su mitad superior?. Cuando lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menos precio o descrédito de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias. Cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas. Cuando enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias. Cuando el encargado de un servicio público deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad.

¿Dónde se establece que la ley regulará un procedimiento de 'habeas corpus' para la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente?. En el artículo 18 de la Constitución Española. En el artículo 16 de la Constitución Española. En el artículo 17 de la Constitución Española. En el artículo 19 de la Constitución Española.

Según el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿a quién puede detener cualquier persona?. Al procesado por delito. Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. Al que haya cometido un delito. Al que le acometa, para su legítima defensa.

Según el artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con la detención incomunicada, ¿cuál es la afirmación correcta?. El incomunicado no podrá asistir a las diligencias cuando su presencia desvirtúe el objeto de la incomunicación. El preso incomunicado no tendrá derecho a ser reconocido por un segundo médico forense designado por el juez. En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de dieciséis años. El juez podrá autorizar comunicaciones valorando la finalidad de la prisión incomunicada.

¿Cuál es el artículo del Código Penal que recoge la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas?. El artículo 385 del Código Penal. El artículo 384 del Código Penal. El artículo 382 del Código Penal. El artículo 383 del Código Penal.

Según el articulo 379 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso,... (señale la opción correcta): con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta tres años. con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cinco años. con la de privación del derecho a conducir vehiculos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta dos años.

Según se establece en el artículo 7: Competencias de los municipios, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, corresponde a los municipios, entre otras competencias (señale la opción correcta): El cierre ala circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez del tráfico ola restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por motivos medioambientales, en los términos que reglamentariamente se determine. La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por drogas, de los conductores que circulen por las vías públicas en las que tiene atribuida la ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico. El cierre de vías urbanas cuando sea necesario. La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas cuando se establezca por ordenanza.

Según se establece en el artículo 8: Composición y funciones, apartado 4, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, respecto al Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, en las comunidades autónomas que no hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, y en las ciudades de Ceuta y Melilla existe (señale la opción correcta): Un Consejo Autonómico de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Una Comisión del Consejo. Una Comisión Permanente. Un Grupo de Trabajo del Consejo.

Según se establece en el artículo 25: Conductores, peatones y animales, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, respecto a la preferencia de paso, el conductor de un vehículo tiene preferencia de paso respecto de los peatones, salvo... (señale la opción correcta): Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos. En los cruces sin señalizar. En un paso a nivel ferroviario. En un camino sin asfaltar.

Según el orden de preferencia, en cuanto a señalización, establecido en el artículo 54. Preferencia, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las señales verticales de circulación (señale la opción correcta): Están en el tercer lugar de preferencia con la letra c). Están en el quinto lugar de preferencia con la letra e). Están en el segundo lugar de preferencia con la letra b). Están en el cuarto lugar de preferencia con la letra d).

Según el artículo 63: Asignación de puntos, apartado 2, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, excepcionalmente se asignará un crédito inicial de ocho puntos en los siguientes casos: Titular de un permiso con antigüedad no superior a tres años, salvo que ya fuera titular de otro con igual antigüedad. Titular de un permiso con antigüedad no superior a dos años, salvo que ya fuera titular de otro con igual antigüedad. Titular de un permiso con antigüedad no superior a un año, salvo que ya fuera titular de otro con igual antigüedad. Titular de un permiso con antigüedad no superior a dos años y que no fuera titular de otro con igual antigüedad.

Las notificaciones de tráfico que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial (DEV) o domicilio indicado, se practicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estas notificaciones también podrán practicarse en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) con: Carácter posterior y vinculante. Carácter previo y facultativo. Carácter obligatorio. Carácter previo y vinculante.

En relación con las pruebas de detección alcohólica, ¿a petición de quién se podrán repetir a efectos de contraste?. Del interesado o por orden de la autoridad judicial. Del interesado o del agente de policía. Del interesado o del fiscal. Por orden de la autoridad judicial o del fiscal.

¿La declaración amistosa de accidentes se regula en el: Real Decreto Legislativo 8/2004, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Real Decreto Legislativo 8/2008, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Real Decreto Legislativo 18/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

Los permisos de las clases B + E, C1 + E, C + E, D1 + E y D + E solo se expedirán a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de las clases: B, C1, C, D1 o D, respectivamente. B, C, D, E o F, respectivamente. A, B, C, D o E, respectivamente. B, C1, C, D1 o D, de forma indiferente.

Con respecto a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: a) los VMP quedan exceptuados de obtener la autorización administrativa a la que hace referencia el apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. b) los VMP requerirán para poder circular el certificado de circulación que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la normativa nacional e internacional recogidos en su manual de características, así como su identificación. c) Las respuestas a y b son correctas. d) El manual de características de los VMP se aprobará por Resolución del Ministerio de Industria.

Según el artículo 15 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, ¿cuál es una causa legítima suficiente para la entrada en domicilio?. La necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. La necesidad de evitar daños inminentes a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. La necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. La necesidad de evitar daños inminentes a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.

¿Cuál de las siguientes infracciones es una infracción grave según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana?. La exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio, si no constituye delito o infracción grave. Las faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si no constituyen delito. La realización o incitación a actos contra la libertad e indemnidad sexual, si no constituyen delito penal. El traslado de personas con vehículo para facilitar el acceso a drogas, si no constituye delito.

¿Qué conducta agrava el delito tipificado en el artículo 368 CP (tráfico de drogas)?. Los hechos realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables de los mismos. Que las sustancias se faciliten a menores de 21 años. La conducta tenga lugar en espectáculos públicos o centros de ocio. Los culpables empleen intimidación para cometer el hecho.

Cuando un incendio no comporte peligro para la vida o integridad de las personas, ¿cómo se castigará?. Como delito imprudente de incendio. Como delito de incendio de masas forestales. Como delito de incendio contra bienes propios. Como delito de daños.

¿En qué parte del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, se recoge el Catálogo oficial de señales de la circulación y marcas viales?. En el apartado 5 del Anexo I. En el apartado 4 del Anexo I. En el apartado 1 del Anexo V. En el Capítulo VI del Título IV.

De acuerdo con la Ley Orgánica 10/1995, de 22 de noviembre, del Código Penal, ¿qué pena se impondrá al autor de un hurto de un teléfono móvil que se encuentre a la venta, almacén o exposición en establecimientos comerciales?. Pena de multa de seis a dieciocho meses si la cuantía excede de 400 euros, o multa de uno a tres meses si no excede, sin otras agravantes. Pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía excede de 400 euros, o multa de uno a tres meses si no excede, sin otras agravantes. Pena de multa de seis a dieciocho meses si el culpable fue condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos de la misma naturaleza, comprendidos en este Título, y siendo al menos uno de ellos leve. Pena de prisión de seis meses a un año si la cuantía no excede de 400 euros.

Conforme al artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?. Las sanciones administrativas, sean o no pecuniarias, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se podrá imponer la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. No será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.

Conforme al artículo 74 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de comercio de Castilla-La Mancha, ¿a quién corresponde el control del cumplimiento de la normativa reguladora de los horarios comerciales?. Los agentes de la autoridad municipal. La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Las fuerzas u cuerpos de seguridad del Estado. Las Diputaciones Provinciales.

Conforme al artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los reglamentos y disposiciones administrativas, señale la opción incorrecta: El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. El plazo máximo para resolver y notificar el recurso de reposición será de tres meses. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Conforme al artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la indemnización es INCORRECTA?. Solo serán indemnizables las lesiones provenientes de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de la ciencia o técnica. La indemnización se calculará ponderando las valoraciones predominantes en el mercado. La indemnización podrá sustituirse por compensación en especie o pagos periódicos sin necesidad de acuerdo con el interesado, si conviene al interés público.

Conforme al artículo 54 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ¿qué función tiene la Junta Local de Seguridad?. Ejercerá sus funciones coordinando a todos los servicios de seguridad y emergencia en caso de accidente, catástrofe o calamidad pública. Ejercerá sus funciones coordinando los servicios de protección civil municipal y policía local en caso de accidente, catástrofe o calamidad pública dentro del municipio. Será el órgano competente para establecer normas de actuación para los distintos cuerpos policiales y servicios de emergencia existentes en su ámbito territorial. Ninguna de las anteriores es correcta.

Conforme al artículo 547 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ¿a quién competerá la función general de Policía judicial?. A todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Cobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, cuando fueren requeridos para prestarla. Únicamente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que tienen la competencia exclusiva en esta materia, según la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Únicamente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y aquellos dependientes de las comunidades autónomas con competencias, cuando fueren requeridos para prestarla. A cualquier funcionario público o autoridad cuando su colaboración sea requerida por la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal.

¿Qué función en una matriz intercambia las filas por las columnas?. Función TRANSPONER. Función INVERTIR. Función ROTAR. Función TRANSFORMAR.

¿Cuándo será castigado el delito de estafa con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, según el artículo 250 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal?. Cuando se utilicen de forma fraudulenta tarjetas de crédito, cheques de viaje u otros instrumentos de pago material o inmaterial. Cuando se consiga una transferencia no consentida de activo patrimonial mediante manipulación informática. Cuando se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial. Cuando se sustraigan tarjetas de crédito, cheques de viaje u otros instrumentos de pago para su utilización fraudulenta.

El procedimiento sancionador abreviado de tráfico no se aplicará a cuál de las siguientes infracciones: Conducción temeraria. Circular en sentido contrario al establecido. Incumplir las normas que regulan las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial. Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su mal acondicionamiento, creando grave peligro.

Según el artículo 16: Dispositivos obligatorios de alumbrado y señalización óptica del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, ¿qué dispositivo NO debe llevar toda motocicleta?. Catadióptrico lateral triangular. Dispositivo de alumbrado de cruce. Catadióptrico trasero. Catadióptrico delantero.

De acuerdo con la Ley de enjuiciamiento Criminal, el procedimiento abreviado se aplicará a la instrucción y enjuiciamiento de: Los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. Los delitos castigados con hasta 5 años de pena privativa de libertad u otras de distinta naturaleza de duración igual o inferior a 10 años, asi como los delitos leves relacionados con la causa. Los delitos sancionados con penas de prisión de 5 a 9 años u otras de distinta naturaleza de duración superior a 10 años, así como los delitos leves relacionados con la causa relacionados. Los delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurra unas circunstancias determinadas.