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Conforme al artículo 25 de la Constitución Española de 1978, señale la opción incorrecta: Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. La Administración civil podrá imponer sanciones que subsidiariamente impliquen privación de libertad.

Conforme al artículo 55 de la Constitución Española de 1978, ¿qué derechos pueden ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de sitio en los términos previstos en la Constitución, de los que a continuación se relacionan?: Los derechos reconocidos en los artículos 19 y 20, apartados 1, a) y d), y 4. Los derechos reconocidos en los artículos 17 y 18, apartados 2 y 3. Los derechos reconocidos en los artículos 19 y 37, apartado 1. Los derechos reconocidos en los artículos 21 y 28, apartado 1.

En orden al contenido del articulo 66 de la Constitución Española de 1978, señale la opción correcta: Las Cortes Generales son la sede de la soberania nacional y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad reglamentaria del Estado y aprueban sus Presupuestos. Las Cortes Generales son inviolables. Las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuyan las leyes.

Conforme al artículo 82 de la Constitución Española de 1978, respecto a los Decretos Legislativos: Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre cualesquiera materias. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. La delegación legislativa podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado, y podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación no podrán establecer fórmulas adicionales de control.

Conforme al artículo 65 de la Constitución Española de 1978, ¿cuáles de las siguientes funciones ejerce libremente el Rey?. Nombrar y relevar a los miembros civiles y militares de su Casa. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

De acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Española de 1978, señale la opción correcta respecto al Ministerio Fiscal: El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover v' la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación e independencia y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Una norma reglamentaria regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo de Ministros, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Conforme al artículo 159 de la Constitución Española de 1978, señale la opción incorrecta respecto a la composición del Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de seis años y se renovarán por V terceras partes cada tres. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Conforme al artículo 54 de la Constitución Española de 1978, respecto al Defensor del Pueblo, una de las siguientes afirmaciones es correcta. Señálela: Una ley regulará la institución del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es el alto comisionado del Gobierno. El Defensor del Pueblo es designado para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución Española. El Defensor del Pueblo, para la defensa de los derechos comprendidos en el Título de la Constitución Española, podrá supervisar la actividad de la Administración y de los particulares, dando cuenta a las Cortes Generales.

De acuerdo al artículo 102 de la Constitución Española de 1978, al respecto de la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno señale la opción incorrecta: La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por malversación en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Si la acusación fuere por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Conforme al artículo 115 de la Constitución Española de 1978 ¿cuál de las siguientes opciones es incorrecta?: EI Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que seré decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 4.

Conforme al artículo 147 de la Constitución Española de 1978, los Estatutos de Autonomía deberán contener, entre otros extremos: La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad nacional. La delimitación de su población. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y compartidas con el Estado.

Conforme al artículo 148 de la Constitución Española de 1978, ¿en cuál de las siguientes materias podrán las Comunidades Autónomas asumir competencias propias?. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. La gestión en materia de protección del medio ambiente. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

¿En cuál de las siguientes materias ostenta el Estado competencia exclusiva conforme al artículo 149 de la Constitución Española de 1978?. Sanidad exterior. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. Sanidad e higiene. Asistencia social.

Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ¿qué órgano u órganos pueden interponer un Recurso de Inconstitucionalidad?. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Las Cortes de Castilla-La Mancha y el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Las Cortes de Castilla-La Mancha y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en relación con la Moción de Censura, se prescribe que... No podrá ser votada hasta que transcurran al menos diez días desde su presentación, a fin de que en dicho plazo puedan presentarse mociones alternativas. Podrá incluir un candidato alternativo a la Presidencia de la Junta de Comunidades. Si no fuese aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra hasta que hubiere transcurrido un año desde la fecha de votación de la primera. Deberá ser propuesta al menos por el 20 por 100 de los Diputados que integran las Cortes Regionales.

De conformidad con lo regulado por el artículo 103 de la Constitución Española de 1978, los órganos de la Administración del Estado: Son creados, regidos y coordinados por normas con rango de ley. Son creados, regidos y coordinados por normas con rango de ley orgánica. Son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. Son creados, regidos y coordinados por normas con rango reglamentario.

De conformidad con lo regulado por el artículo 106 de la Constitución Española de 1978 el cumplimiento de las Administraciones Públicas a sus fines está sometido al control: Exclusivamente del Tribunal Constitucional. De los tribunales. Solo están sometidos a control la potestad reglamentaria y la actuación administrativa quedando fuera de control el sometimiento a sus fines. Los fines de cada una de las administraciones no están sometidos a control jurisdiccional, simplemente a un control de oportunidad.

Según lo recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de conformidad con los siguientes principios: De necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. De buena regulación, eficiencia, proporcionalidad y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, cohesión social y eficiencia. La potestad reglamentaria no queda sometida a principios de buena regulación.

Según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos podrán tener eficacia retroactiva: a) Con carácter excepcional, solo en aquellos casos en los que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto. b) Cuando así lo exija el contenido del acto. c) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. d) a y c son correctas.

De conformidad con el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación en papel, podrá hacerse cargo de una notificación: Cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Cualquier persona que se halle en el domicilio y a la que se le considere capacidad suficiente para atenderla y haciendo constar la identidad de la misma. Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

De acuerdo con lo recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Se exige la motivación de todos los actos administrativos. La motivación de los actos administrativos condiciona la eficacia de los mismos. No se exige la motivación de los actos administrativos salvo la resolución de los recursos de reposición, alzada y extraordinario de revisión. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados en el procedimiento deberán contener motivación.

Conforme al artículo 77.3 bis de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado alegue discriminación: Corresponderá a la persona que alegue la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, en cualquier caso. Corresponderá a la persona a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, si el interesado que alega discriminación aporta indicios fundados sobre su existencia. Corresponderá a la persona que alegue la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, si el interesado que alega discriminación aporta indicios fundados sobre su existencia. Corresponderá a la Administración la carga de la prueba en todos los casos.

Conforme al artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa, entre otras: Las resoluciones de los recursos de reforma. Las resoluciones de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una norma reglamentaria establezca lo contrario. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivada de una relación de tipo exclusivamente público.

De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la suspensión de la ejecución: Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquella sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos tres meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia podrá ser publicada en cualquier periódico oficial. El órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, no podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado.

Conforme al artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto al principio de tipicidad, señale la opción incorrecta: Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título IX de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.

Conforme al artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al respecto de los principios de la responsabilidad, señale la opción incorrecta: La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al respecto de la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas: La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido en cualquier caso, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad contendrá, entre otros, un trámite de alegaciones durante un plazo de diez días. La resolución declaratoria de responsabilidad no pondrá fin a la vía administrativa.

Conforme al artículo 7.2 d) de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, ¿cuál de las siguientes razones no se considera de interés general que motive la necesidad de obtener autorización o licencia de la Administración para las terrazas al aire libre en los establecimientos públicos?. Salud pública. Protección del entorno rural. Protección del medio ambiente. Conservación del patrimonio histórico y artístico.

De acuerdo con la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, el plazo previsto para resolver y notificar las solicitudes de autorizaciones o licencias para pruebas deportivas será de: Tres meses. Un mes. Seis meses. Veinte días.

Según el artículo 42 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, ¿cuál de las siguientes respuestas sobre "medidas provisionales previas a la apertura del expediente sancionador es la incorrecta?. Se podrá acordar la clausura temporal del establecimiento. En caso de urgencia, debidamente justificada, el plazo de audiencia quedará reducido a dos días. Si no son formalmente ratificadas, en el plazo de quince días, quedarán sin efecto. En todo caso, podrán ser confirmadas en la resolución del expediente sancionador.

¿Qué actividades están sujetas a la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha?. Las que tengan lugar en establecimientos públicos en zonas del dominio público. Los espectáculos taurinos. Los espectáculos que se desarrollen en el medio natural se regirán supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley. Todas las anteriores.

Según el régimen sancionador establecido en la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, el incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguros legalmente establecidos es una infracción... Leve. Grave. Muy grave. Depende de la cuantía establecida de capital asegurado.

En los municipios de Gran Población regulados en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local: Tiene como competencia nata exclusiva el asesoramiento al Alcalde. Cuenta con competencias resolutivas natas, más allá de las que deleguen otros órganos en ella. Los Municipios de Gran Población no tienen obligación de contar con Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local tiene como competencias exclusivas las que el Pleno o el Alcalde de la Corporación deleguen en ella.

El procedimiento de elaboración de las Ordenanzas Fiscales locales: Se regula en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se regula en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se regula exclusivamente en los respectivos reglamentos orgánicos municipales.

De las siguientes afirmaciones señale la que no se corresponde con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dirige la acción del Consejo de Gobierno, coordina las funciones de sus miembros y ostenta la superior representación de la región. El Presidente de la Junta de Comunidades será nombrado por el Rey, tras ser elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha de entre sus miembros por mayoría absoluta del Pleno de la Cámara. Si no se obtiene la mayoría requerida, se tramitarán sin debate sucesivas propuestas y si en ninguna de ellas se llegara, en el plazo de tres meses, a alcanzar la mayoría simple, quedará automáticamente designado el candidato del partido que tenga mayor número de escaños. De no alcanzarse la mayoría prevista, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple.

Señale cuáles de las siguientes competencias son exclusivas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: Régimen local, montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Ordenación farmacéutica. Propiedad industrial. Productos farmacéuticos. Comercio exterior.

Conforme al artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá: Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

Según establece el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la organización municipal se ajustará a lo siguiente: El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos. El Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos. Solo deben existir necesariamente el Alcalde y el Pleno. Todas las respuestas son falsas.

El procedimiento aplicable a los expedientes disciplinarios de los funcionarios del cuerpo de Policía Local de Castilla-La Mancha será de conformidad con el artículo 30 de la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha: El establecido para el personal funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. El establecido para el personal funcionario de la Administración Local. El establecido para el personal funcionario al Servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se rige por su normativa específica y los principios generales de la potestad disciplinaria.

La regulación del artículo 379.1 del Código Penal establece que: El que condujere un vehículo a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. El que condujere un vehículo a velocidad superior en cincuenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. El que condujere un vehículo a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Todo es falso.

Según determina el artículo 381.2 del Código Penal: A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo 380. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo 380. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado segundo y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo 380. Todo es falso.

El artículo 382 bis del Código Penal determina: El conductor de un vehículo que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieren una o varias personas o en el que se les causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieren una o varias personas o en el que se les causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieren una o varias personas o en el que se les causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.2, 149 y 152, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente. Todo es falso.

Según el artículo 2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan a los usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, se encuentren abiertos al tráfico y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad determinada de usuarios. A los efectos de esta ley y sus disposiciones complementarias, los conceptos básicos sobre vehículos, vías públicas y usuarios de las mismas son los previstos en su anexo I. Todo es falso.

El artículo 8 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es el órgano vinculante para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible y para promover la concertación de las distintas Administraciones Públicas y entidades que desarrollan actividades en esos ámbitos. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es el órgano de participación para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible y para promover la concertación de las distintas Administraciones Públicas de la Administración Central y los Ayuntamientos. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es el órgano de consulta y participación para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible y para promover la concertación de las distintas Administraciones Públicas y entidades que desarrollan actividades en esos ámbitos, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. Todo lo anterior es falso.

Según el artículo 13.3, párrafo segundo de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Se prohíbe terminantemente la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación. Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares. Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil que usen auriculares que vayan conectados, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares. Se prohíbe el uso de cualquier dispositivo electrónico durante la conducción, salvo que esté integrado en el vehículo.

El artículo 13.4 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determine reglamentariamente. El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determine reglamentariamente. Los conductores profesionales, cuando presten servicio público a terceros, no se considerarán responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo. El conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, debe adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, personas ciegas o en general personas con discapacidad o con problemas de movilidad. El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determine reglamentariamente. Los conductores profesionales, cuando presten servicio público a terceros, no se considerarán responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo.

Según establece el artículo 14.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en relación a las bebidas alcohólicas: No puede circular por las vías objeto de esta Ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. En ningún caso el conductor menor de edad podrá circular por las vías con una tasa de alcohol en sangre superior a 0 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0 miligramos por litro. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo. No puede circular por las vías objeto de esta Ley el conductor de cualquier vehículo a motor o ciclomotor con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. En ningún caso el conductor menor de edad podrá circular por las vías con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,10 gramos por litro. Todo es falso.

En relación al uso del casco, el artículo 47 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial determina: El conductor y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, siendo obligatorio su uso por los menores de catorce años y también por quienes circulen por travesías. El conductor y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, en los términos que reglamentariamente se determine siendo obligatorio su uso por los menores de dieciséis años, y también por quienes circulen por vías interurbanas. El conductor y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, en los términos que reglamentariamente se determine siendo obligatorio su uso por los menores de catorce años que sean transportados en el ciclo, y también por quienes circulen por vías interurbanas. El conductor y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, cometerá también la infracción el conductor que transporte al menor de 10 años sin usar casco.

Según el artículo 49.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial determina: El peatón circulará por su izquierda, en calzadas dotadas de arcén de anchura superior a 90 centímetros. Queda terminantemente prohibida la circulación de peatones por autopistas. Salvo en los casos y en las condiciones que reglamentariamente se determinen, queda prohibida la circulación de peatones por autopistas y autovías. Salvo en los casos y en las condiciones que por ley se determinen, queda prohibida la circulación de peatones por autopistas.

Según el artículo 50 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Se prohíbe la circulación de animales por autopistas y autovías. Solo se permite el tránsito de animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, cuando no exista itinerario practicable por vía pecuaria y siempre que vayan custodiados por un número suficiente de personas, con señalización antes y después de la manada. Dicho tránsito se efectuará por la vía alternativa que tenga menor intensidad de circulación de vehículos. Todo es falso.

El artículo 75 b) bis de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el impago de peaje, tasa o precio público, cuando estos fueran exigibles: Es una infracción leve. Es una infracción grave. Es una infracción muy grave. Es un hecho que no se considera infracción administrativa.

Según el artículo 75 b) ter de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, incumplir la obligación de los conductores de estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo: Es una infracción leve. Es una infracción grave. Es una infracción muy grave. Es un hecho impune.

Según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la autoridad responsable de la regulación, ordenación y gestión del tráfico, así como no seguir las instrucciones de dicha autoridad referentes a las obras: Es una infracción leve. Es una infracción grave. Es una infracción muy grave. Es un hecho que no se considera infracción administrativa.

El régimen regulatorio del consumo de bebidas alcohólicas al volante se encuentra regulado en el Reglamento General de Circulación en: Título I. Capítulo IV. Artículo 30 a 40. Artículos 20 a 26. Título IV. Capítulo I.

Según el artículo 22 del Reglamento General de Circulación, en relación a las pruebas reglamentarias de detección de alcohol: a) Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente, en la verificación del aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los interesados. b) Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán en la verificación del aire espirado mediante alcoholímetros que, oficialmente revisados, determinarán de forma cualitativa el grado de impregnación alcohólica de los interesados. c) Cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, dolencias o enfermedades cuya gravedad impida la práctica de las pruebas, el personal facultativo del centro médico al que fuesen evacuados decidirá las que se hayan de realizar. d) a y c son correctas.

Según el artículo 15.2 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Solo se podrá acceder a un domicilio, sin consentimiento del morador, en caso de delito flagrante. No será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, salvo ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. La entrada en domicilio sin consentimiento solo se permite en caso de incendio.

Según el artículo 16 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos: Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción. Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere conveniente, según criterio del agente, que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. Ambas respuestas anteriores son correctas. Todo es falso.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 6.2: Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a las mujeres en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse mediante norma con rango de ley. Todo es falso.

Según lo establecido en el artículo 5 del Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, estarán integradas por los siguientes miembros de la Administración Local: El Jefe del Cuerpo de Policía Local y tres representantes a designar por el Alcalde. Tres representantes a designar por el Alcalde. Tres representantes que serán designados por la Junta de Gobierno Local y en los que obligatoriamente estará el Jefe del Cuerpo de Policía Local. Cuatro representantes designados por el Alcalde.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se añade por: Ley Orgánica 16/2007, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Real Decreto Legislativo 16/2017, por el que se regula la coordinación de los servicios de policía local. Real Decreto 16/2017, por el que se regula la colaboración para la prestación de los servicios de policía local. Todas son falsas.

Conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, para la creación de especialidades o unidades orgánicas especializadas, ¿qué no habrá que incluir en la redacción de la memoria justificativa?. Circunstancias que hagan aconsejable la creación y número de funcionarios. Funciones específicas a desempeñar por la unidad y número de funcionarios que se asignar de forma preferente o permanente. Medios asignados y uniformidad que vestirán los agentes. Estudio económico, organización y funcionamiento de la unidad y relación con el resto de la estructura del Cuerpo.

El art. 8 denominado "Limitaciones para la escala técnica", establece que la categoría de intendente se creará en: Municipios con población superior a 50.000 habitantes y en poblaciones inferiores la creación de la categoría será facultativa para los Ayuntamientos. Municipios con población superior a 60.000 habitantes y en poblaciones inferiores la creación de la categoría será facultativa para los Ayuntamientos. Municipios con población superior a 70.000 habitantes y en poblaciones inferiores la creación de la categoría será facultativa para los Ayuntamientos. Municipios con población superior a 50.000 habitantes y en poblaciones inferiores la creación de la categoría será obligatoria para los Ayuntamientos.

El art. 293 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece: Los funcionarios de Policía Judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común un atestado de las diligencias que practiquen. Las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado serán invitadas a firmarlo. El atestado será firmado obligatoriamente por las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas. Todas son correctas.

Según lo establecido en el art. 14 del Código Penal, el error vencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal: Excluye de la responsabilidad criminal. Atenúa la responsabilidad criminal. Agrava la responsabilidad criminal. Todas son falsas.

En los delitos de lesiones, según el párrafo primero del art. 155 del Código Penal, ¿qué ocurre?. Si solo ha mediado consentimiento, se perdona al ofendido. Si ha mediado consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos grados. Si ha mediado consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido del ofendido, no se impondrá pena alguna. Todas son falsas.

¿En qué caso del delito de coacciones, previsto en el art. 172 del Código Penal, se encuentra previsto que se impondrán las penas en su mitad superior?. Cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de un inmueble. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir a otro con violencia lo que la ley no prohíbe. Todas son correctas.

El que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, será castigado como responsable de: Abuso sexual. Agresión sexual. Acoso sexual. Atentado contra la libertad.

Los hechos descritos en el artículo 188 del Código Penal, cuando la víctima es menor de dieciséis años, se impondrá: La pena de dos a cinco años. La pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. Las penas en su mitad superior. Todas son falsas.

El Código Penal establece que, en relación con los delitos previstos en el Título X, Capítulo I, denominados "Del descubrimiento y revelación de secretos": Para proceder por los delitos previstos será necesaria denuncia de la persona agraviada o su representante legal. No será precisa denuncia para proceder por los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando afecte a los intereses generales. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 120.1.a, párrafo segundo. Todas son correctas.

Los Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, se encuentran recogidos en el Código Penal, en su: Título XIII, arts. 224 al 304 ter. Título XIV, arts. 224 al 304 ter. Título XV, arts. 224 al 304 ter. Título XVI, arts. 224 al 304 ter.

¿Qué cantidad mínima debe tener el valor de las cosas muebles tomadas sin la voluntad de su dueño, para que pueda ser castigado el reo con la pena de prisión de seis a dieciocho meses, como autor de hurto?. Exceder de 400 €. Ser superior a 200 €. Ser igual o superior a 100 €. Exceder de 1.000 €.

Según lo establecido en el Código Penal, son reos del delito de robo: Los que, con ánimo de lucro, se apoderen de las cosas muebles ajenas empleando fuerza para acceder. Los que, con ánimo de lucro, se apoderen de las cosas muebles ajenas empleando violencia o intimidación en las personas. Todas son correctas. Los que, con ánimo de lucro se apoderen de las cosas muebles, empleando violencia para proteger su huida.

El robo y hurto de uso de vehículos se encuentra previsto en el Código Penal en su artículo: 244. 245. 246. 247.

El que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble, comete el delito de: Robo. Usurpación. Coacciones. Allanamiento de morada.

El delito de robo y hurto de uso de vehículos, previsto en el Código Penal, establece un plazo de restitución del vehículo a motor o ciclomotor ajeno para evitar que el hecho cometido sea castigado como hurto o robo. El plazo previsto será de: 24 horas. 48 horas. 72 horas. 1 semana.

Los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, cometen el delito de: Apropiación indebida. Estafa. Coacciones. Hurto.

En relación con los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, el Código Penal establece que no serán punibles los hechos cuando: El objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria. Sean cometidos por menores de edad. Reciban el perdón del ofendido o su representante legal. Todas son correctas.

El delito de incendio de montes o masas forestales, según lo previsto en el Código Penal, será castigado con la pena de tres a seis años, cuando el incendio alcance especial gravedad, atendida la concurrencia de la circunstancia: Que se deriven graves efectos erosivos en los suelos. Que afecte a una superficie de considerable importancia. Que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población o a lugares habitados. Todas son correctas.

El delito de tráfico de drogas, previsto en el artículo 368 del Código Penal, cuando se causen grave daño a la salud, será castigado con la pena de prisión de: De uno a tres años. De tres a seis años. De dos a cuatro años. De uno a seis años.

Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos contra la salud pública producirán los efectos de: No serán computables, salvo lo dispuesto por los Tratados Internacionales. Reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español. Penas en su mitad superior. Todas son falsas.

El artículo 98 de la Constitución Española de 1978 dispone respecto de la composición y funciones del Gobierno que: El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato judicial, ni actividad profesional o mercantil alguna. Todas son correctas.

Las normas de comportamiento en la circulación se encuentran reguladas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en: En el Título II. En el Título III. En el Capítulo II. En el Capítulo III.

De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, indique cuál de las siguientes respuestas, relativas a potestades y privilegios administrativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es la incorrecta: La potestad de expropiación, excepto la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados. La facultad de utilización del procedimiento de apremio. El poder de revisión en vía administrativa. La exención de toda obligación de garantía o caución ante cualquier organismo administrativo o tribunal jurisdiccional.

El último párrafo del artículo 13 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial determina que: Por ley se podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas en los párrafos anteriores, así como los dispositivos que se considera que disminuyen la atención a la conducción, conforme se produzcan los avances de la tecnología. No se pueden establecer modificaciones al Reglamento General de Circulación, por ser norma que carece de rango de ley en materia sancionadora. Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas en los párrafos anteriores, así como los dispositivos que se considera que disminuyen la atención a la conducción, conforme se produzcan los avances de la tecnología. Todo es falso, nada de lo dicho se encuentra regulado en el artículo referido.

Según la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, ¿cuál de las siguientes respuestas sobre la "actividad inspectora" es la incorrecta?. Los funcionarios encargados de la inspección podrán exigir la exhibición de documentos. En todo caso, los hechos de las actas gozarán de presunción de veracidad. Las actas levantadas por los funcionarios tendrán el carácter de documento público. Los inspectores podrán solicitar la colaboración de otros organismos públicos.

El artículo 3 del Reglamento General de Vehículos, en materia de conceptos básicos, establece: Homologación de tipo CE: el acto por el cual un Estado miembro de la Unión Europea hace constar que un tipo de vehículo se ajusta a las prescripciones técnicas establecidas en las Directivas específicas y ha pasado los controles y comprobaciones previstos en los correspondientes certificados de homologación de tipo CE. Homologación de tipo CE: el acto por el cual un Estado miembro de la Unión Europea hace constar que un tipo de vehículo se ajusta a las prescripciones técnicas establecidas en los reglamentos técnicos del Consejo de Europa y ha pasado los controles y comprobaciones previstos en los correspondientes certificados de homologación de tipo CE. Homologación de tipo FC: el acto por el cual un Estado miembro de la Unión E-uropea hace constar que un tipo de vehículo se ajusta a las prescripciones técnicas establecidas en las Directivas específicas y ha pasado los controles y comprobaciones previstos en los correspondientes certificados de homologación de tipo EC. Todo es falso.

El derecho a la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo reconocido por el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Es un derecho individual ejercido colectivamente. Es un derecho colectivo. No es un derecho reconocido expresamente por la normativa básica del empleado público. Es un derecho exclusivo de los representantes sindicales.

Los delitos contra los derechos de los trabajadores se encuentran recogidos en el Código Penal en su: Título V. Título XV. Título XVI. Título XII.

El procedimiento aplicable a los expedientes disciplinarios de los funcionarios del cuerpo de Policía Local de Castilla-La Mancha será de conformidad con el artículo 30 de la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha: El establecido para el personal funcionario de la Administración Local. El establecido para el personal funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. El establecido para el personal funcionario al Servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se rige por su normativa específica y los principios generales de la potestad disciplinaria.

¿Cuál de las siguientes no es función del Consejo de Policía Local?. Conocer sobre informes en materia de premios, distinciones y condecoraciones. La mediación en conflictos internos. Conocer de los procedimientos disciplinarios por faltas leves. Todas son correctas.