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De conformidad con el artículo 116 de la Constitución Española, ¿cómo se declara el estado de alarma?. Por mayoría absoluta del Congreso por un plazo máximo de 15 días, sin perjuicio de su posible prórroga. Por el Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado. Por mayoría simple del Congreso por un plazo máximo de 15 días, sin perjuicio de su posible prórroga. Por mayoría simple del Congreso y ratificado por el Senado por el periodo que se determine.

De conformidad con el artículo 167.1 de la Constitución Española, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados: Por una mayoría simple de cada una de las Cámaras. Por una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras. Por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Por una mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.

El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47 de la Constitución Española) goza de la siguiente garantía constitucional según su artículo 53: Ante su vulneración cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Solo podrá ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Vincula a todos los poderes públicos. Su protección informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

¿Según el artículo 162 de la Constitución Española cuál de estas figuras puede presentar un recurso de inconstitucionalidad?: Un ciudadano. Cincuenta senadores. Un partido político sin representación. Un alcalde.

¿Cuándo debe someterse obligatoriamente a referéndum una reforma constitucional?. Siempre que lo solicite el Consejo de Ministros. Cuando se trate de reformas relativas al Título VIII. Cuando así lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Ninguna es correcta.

De acuerdo con el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas: Por un mínimo de 30 Diputados y un máximo de 40. Por un mínimo de 35 Diputados y un máximo de 65. Por un mínimo de 25 Diputados y un máximo de 35. Por un mínimo de 25 Diputados y un máximo de 55.

De acuerdo con el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de IO de agosto, las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha serán convocadas por el Presidente de la Junta de Comunidades, en los términos previstos por la Ley que regule el Régimen Electoral General, de manera que se realicen: El primer domingo de mayo cada cuatro años. El cuarto domingo de mayo cada cuatro años. El segundo domingo de mayo cada cuatro años. El tercer domingo de mayo cada cuatro años.

Conforme al artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene como competencia exclusiva: Régimen minero y energético. Espectáculos públicos. Asociaciones. Propiedad intelectual.

Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, en materia de pesas y medidas, ¿qué competencia le corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?. Exclusiva. La función ejecutiva. De desarrollo legislativo y ejecución. El Estatuto de Autonomía no contiene previsiones sobre dichas competencias.

Según el artículo 54 de la Constitución Española, el Defensor del Pueblo podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta: Al Presidente del Gobierno. Al Congreso de los Diputados. A las Cortes Generales. Al Tribunal Constitucional.

A tenor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el vicio de un acto administrativo consistiese en la falta de alguna autorización: No podrá ser convalidado ya que implicará la nulidad del mismo. Podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento posterior de la misma por el órgano competente. Podrá ser convalidado el acto mediante la exclusión de la misma por el órgano competente. Dispondrá siempre la convalidación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Contra las disposiciones administrativas de carácter general: Cabrá la interposición de recurso de alzada. Cabrá la interposición de recurso de reposición. Cabrá la interposición de recurso extraordinario de revisión. No cabrá recurso en vía administrativa.

Las Administraciones Públicas pueden revocar sus actos desfavorables o de gravamen: En cualquier momento y sin limitación alguna. Siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Con la sola limitación de que no haya transcurrido el plazo de prescripción. Únicamente cuando dichos actos sean consecuencia de errores materiales, aritméticos o de hechos.

Conforme a la Ley 3/2010, de 13 de mayo, de comercio de Castilla-La Mancha, ¿a quién corresponde la autorización para el ejercicio de la venta ambulante?. A la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. A la Consejería de Promoción Económica. A los Ayuntamientos. A la Consejería de Fomento.

Las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley contra la venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores se podrán sancionar, además de la multa, con la clausura del local o prohibición de la actividad por un período máximo de: 6 meses. 12 meses. 18 meses. 24 meses.

Conforme a lo dispuesto en la 7/2011, 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, ¿como está prevista la modificación del catálogo de los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los establecimientos regulados en dicha Ley?. Mediante decreto del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Mediante decreto de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Mediante decreto del titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Mediante resolución de la Comisión Regional de Espectáculos Públicos.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, ¿Cuál de las siguientes es una competencia municipal?. Autorizar los espectáculos y festejos taurinos. Establecer los requisitos y condiciones reglamentarias de admisión de personas en los mencionados espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. Comprobar las declaraciones responsables relativas a la instalación de estructuras no permanentes o desmontables destinadas a establecimientos públicos. El establecimiento de prohibiciones, limitaciones o restricciones en zonas urbanas mediante el planeamiento urbanístico o las ordenanzas y reglamentos municipales respecto de la instalación, apertura y ampliación de los establecimientos públicos sometidos al ámbito de la presente Ley, de acuerdo con lo establecido en la misma y en el resto del ordenamiento jurídico aplicable.

¿Cuál es el plazo que establece el artículo 8 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castila-La Mancha, para la presentación de la declaración responsable?. Con una antelación mínima de 15 días antes del inicio del espectáculo público o de la actividad recreativa y/o de la apertura del establecimiento público. Antes del inicio del espectáculo público o de la actividad recreativa y/o de la apertura del establecimiento público. Con una antelación mínima de 15 días antes del inicio del espectáculo público o de la actividad recreativa y dentro de los primeros 7 días posteriores a la apertura del establecimiento público. Antes del inicio del espectáculo público o de la actividad recreativa y dentro de los primeros 7 días posteriores a la apertura del establecimiento público.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, ¿cuál de las siguientes actividades está sujeta a la obtención de autorización 0 licencia de la Administración que corresponda?. La apertura de establecimientos con aforo superior a 100 personas. La apertura de establecimientos públicos, la celebración o desarrollo de espectáculos públicos o actividades recreativas en el interior de cualquier local. Las terrazas y/o cualquier instalación complementaria al aire libre en establecimientos públicos. La realización de actividades recreativas o deportivas.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, ¿cuál de los siguientes datos deben contener las entradas que se expidan por los organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas?. El precio de la entrada y la fecha del evento. La identificación del organizador y de su domicilio. Condiciones de admisión. El nombre del artista principal y el lugar.

El artículo 42 de la Ley 39/2015, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado y éste no se encuentre presente, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio, siempre que haga constar su identidad y sea mayor de: 12 años. 14 años. 16 años. 18 años.

Conforme al artículo 48.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas: Implica en todo caso la nulidad del acto. Solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Implicará siempre la anulabilidad del acto. En ningún caso implicará la anulabilidad del acto.

Según el articulo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse en el plazo máximo de: Tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, sin posibilidad de ampliación. Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, que podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante. Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, que podrá ampliarse por un máximo de quince días en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante. Dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, sin posibilidad de ampliación.

De acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, relativo a la distribución material de competencias, será ejercida por la Guardia Civil la siguiente competencia: La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes. El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando.

Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de derecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que aparezcan documentos de valor no esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Conforme al artículo 1291 de la Ley 39/2015 de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de: Jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Necesidad, eficacia, restrictividad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, superioridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Conforme al artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación: Deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto integro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. Deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la via administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en via administrativa, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto integro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto integro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la via administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

Conforme al artículo 80, apartados 1 y 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes: Serán preceptivos y no vinculantes, y serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo menor. Serán preceptivos y vinculantes, y serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con las requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de veinte días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor. Serán preceptivos y no vinculantes, y serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de veinte días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Serán preceptivos y no vinculantes, y serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

Conforme al artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al respecto de la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. ¿Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en el mismo?. Sí, en cualquier caso. Solo en el caso de normas tributarias de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. Sólo en el caso de que concurran razones graves de interés social que lo justifiquen. Si en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

De acuerdo con el articulo 22 de la Ley 8/2002, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, podrán participar en la cobertura de puestos a través del sistema de movilidad los agentes de la categoría de que se trate que tengan una antigüedad de: Cinco o más años en la misma categoría. Tres o más años en la misma categoría. Dos o más años en la misma categoría. Un año o más en la misma categoría.

¿Qué orden regula sobre uniformidad, medios técnicos y de identificación profesional, emblemas y divisas de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha?. Orden de 11 de mayo de 2011. Orden 2 de febrero de 2009. Orden 1 de febrero de 2007. Orden 1 de febrero de 2009.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 28/2024, de 18 de junio, por el que se establece el Plan de tiro de los miembros de los Cuerpos de Policia Local de Castilla-La Mancha, para el control de las prácticas de tiro se establece una cartilla de tiro que: Expedirán los ayuntamientos, siendo custodiada por él o la policía titular de la misma. La expedirá la Junta de Comunidades, siendo custodiada por él o la policía titular de la misma. Expedirán los ayuntamientos, siendo custodiada por los propios ayuntamientos. La expedirá la Junta de Comunidades, siendo custodiada por los ayuntamientos.

Conforme al artículo 328 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿en qué caso consultará el parecer de peritos sobre la manera, instrumentos, medios o tiempo de la ejecución del delito?. En cualquier tipo de delito, siempre que el juez lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. Cuando se trate de un robo o de cualquier otro delito cometido con fractura, escalamiento o violencia. Cuando se trate de un delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Cuando se trate de un delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico o de un delito contra las personas.

Conforme al artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando no exista autor conocido, la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin remisión, salvo que la investigación futura de las siguientes circunstancias: Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad o indemnidad sexual o delitos relacionados con la corrupción. Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad o de delitos contra la seguridad colectiva. Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad o de delitos contra la seguridad vial. Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad o de delitos relacionados con la corrupción y la seguridad vial.

Según el artículo 244 del Código Penal, el que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor empleando violencia o intimidación será castigado con la pena de: Prisión de uno a tres años o multa de seis a veinticuatro meses. Prisión de tres a doce meses o multa de seis a veinticuatro meses. Prisión de dos a cinco años. Prisión de uno a tres años.

Según el artículo 14 del Código Penal, señala la opción incorrecta. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera invencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. Si el error fuere vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción excluye la responsabilidad criminal.

Según el artículo 131 del Código Penal, los delitos prescriben: A los quince años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años o prisión por más de cinco años. Cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción. Los delitos de terrorismo, aun cuando no hubieren causado la muerte de una persona, prescriben a los veinte años. A los dos años los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias.

El delito de estafa será castigado con penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: Se perpetre abusando de la firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando total o en parte algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase. Alguien eludiere el pago de cantidades debidas empleando engaño bastante. En un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal. Reviste especial gravedad atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.

Cuando el delito de violación se cometa por la actuación conjunta de dos o más personas: Será punible como un supuesto de coautoría del tipo básico de violación del artículo 179.1 del Código Penal. Será de aplicación la circunstancia agravante de abuso de superioridad del artículo 22.2 del Código Penal. Será de aplicación el subtipo agravado del artículo 180.1.10 del Código Penal. Será de aplicación la circunstancia agravante de alevosía del artículo 22.1 del Código Penal.

Según lo dispuesto por el artículo 272 del Código Penal, los que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabriquen, importen, posean, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio objetos amparados por tales derechos, serán castigados con la pena de: Prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses. Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 12 a 24 meses. Prisión de 1 a 2 años y multa de 12 a 24 meses. Prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses.

Al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado: Pena de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. Pena de prisión de uno a dos años y multa de 6 a 12 meses. Pena de prisión de uno a tres años y multa de 6 a 12 meses. Pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses.

Señala la respuesta correcta sobre el delito de detención ilegal en su artículo 163: Si el autor pone en libertad al detenido dentro de las 48 horas siguientes a la detención, sin haber alcanzado el fin que se proponía, el hecho se castigará con una pena inferior en grado. Si la detención se realiza simulando ser autoridad o funcionario público, la pena se impondrá en su mitad superior. El delito de detención ilegal requiere la utilización de violencia o intimidación para su consumación. El delito de secuestro exige únicamente la retención de la víctima durante más de 15 días.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ¿qué delito comete la autoridad o funcionario público que haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos?. Delito sobre el patrimonio histórico. Delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Delito de prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. No comete delito.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 557 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ¿en cuál de los siguientes casos se comete el delito de desórdenes públicos?. Los que, actuando en grupo, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas ocasionando un peligro para la vida o la integridad física. Los que, actuando en grupo y con el fin de alterar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación obstaculizando las vías públicas. Los que, actuando en grupo y con el fin de alterar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas. Los que, actuando en grupo y con el fin de alterar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación invadiendo instalaciones o edificios alterando el funcionamiento efectivo de los servicios que allí se prestan.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el abogado designado por el detenido o nombrado por el Colegio de Abogados para que le asista dispone de un plazo máximo para acudir al centro de detención. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio. ¿Cuál es ese plazo?. Una hora. Dos horas. Tres horas. Cuatro horas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 379.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ¿cuándo se considera delito el exceso de velocidad en la conducción de una motocicleta en una vía interurbana convencional?. Cuando se conduce a una velocidad igual o superior a 150 km/hora. Cuando se conduce a una velocidad superior a 150 km/hora. Cuando se conduce a una velocidad superior a 170 km/hora. Cuando se conduce a una velocidad igual o superior a 170 km/hora.

Según el R.D. 3/2015, corresponde a los municipios: La retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación. La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas y travesías. El cierre de vías urbanas y travesías cuando sea necesario. La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales.

El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ejerce las siguientes funciones: La aprobación de la normativa técnica básica que afecte de manera directa a la seguridad vial. La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la educación vial para la movilidad segura y sostenible, en las distintas modalidades de enseñanza. La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías cuando no exista policía local. Informar sobre la publicidad de los vehículos a motor.

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas podrán proceder: A la retirada del vehículo de la vía siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público. A la inmovilización del vehículo cuando carezca de seguro obligatorio. A la retirada del vehículo de la vía en caso de accidente que impida continuar su marcha. A la retirada del vehículo cuando, inmovilizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104, no cesaren las causas que motivaron la inmovilización.

Queda prohibido parar: Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de los peatones. En la intersección y en sus proximidades. Delante de los vados señalizados correctamente. En zonas señalizadas para carga y descarga.

Según el Reglamento General de Circulación, las infracciones a las normas de circulación cometidas en una misma unidad de acto podrán sancionarse: Únicamente por la infracción más grave. Por la infracción más grave incrementada en un 50 por ciento. Por cada una de las infracciones cometidas. Por la infracción más grave incrementada en un 30 por ciento.

Según el Reglamento General de Vehículos, los vehículos históricos deberán someterse a inspección técnica periódica: Con la misma periodicidad que los vehículos ordinarios. Cada dos años con independencia de su antigüedad. Cada cinco años con independencia de su antigüedad. Con la periodicidad que reglamentariamente se determine para cada categoría.

De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento General de Conductores, los permisos de conducción de la clase B autorizan para conducir: Motocicletas de cualquier cilindrada con tres años de antigüedad del permiso. Vehículos especiales agrícolas sin limitación de masa. Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg y diseñados para el transporte de hasta ocho pasajeros además del conductor. Vehículos destinados al transporte de mercancías de hasta 7.500 kg.

Conforme a lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ¿quién tiene la consideración de responsable subsidiario de las infracciones cometidas por menores de edad?. El titular del vehículo exclusivamente. Los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. La compañía aseguradora. El conductor habitual designado.

Conforme a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, constituye infracción grave: La celebración de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público incumpliendo la obligación de comunicación previa. La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso, Senado o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. La negativa a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público. La organización de reuniones o manifestaciones prohibidas.

Conforme a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario, cuando no sean constitutivas de infracción penal, constituye: Infracción leve. Infracción grave. Infracción muy grave. No constituye infracción administrativa.

Según la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, la prescripción de las infracciones graves será de: Un año. Dos años. Tres años. Cuatro años.

Conforme a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, las sanciones impuestas por infracciones graves prescribirán a los: Dos años. Tres años. Un año. Cinco años.

Según el articulo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, en las actuaciones de identificación, las personas podrán ser requeridas para que exhiban su documento nacional de identidad: Únicamente cuando exista denuncia previa. Solo en dependencias policiales. Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción o cuando sea razonablemente necesario para prevenir la comisión de un delito. Exclusivamente cuando sean extranjeras.

Conforme a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, el tiempo máximo de permanencia en dependencias policiales a efectos de identificación será de: Seis horas. Cuatro horas. Seis horas y solo el tiempo imprescindible. Doce horas.

El plazo del que dispone el titular de un vehículo para comunicar la variación en cualquiera de los datos que consten en el Registro de Vehículos, desde que se produjera, será de: 60 días. 45 días. 15 días. 30 días.

La ampliación de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas tendrá un período máximo de vigencia de: Dos años. Tres años. Un año. Cinco años.

¿Cuál es la principal diferencia entre los Planes Especiales y los Planes Específicos en el Sistema Nacional de Protección Civil?. Los Planes Especiales se elaboran para emergencias de carácter local, mientras que los Planes Específicos solo para emergencias autonómicas. Los Planes Especiales se aprueban para riesgos tipificados en una Directriz Básica estatal, mientras que los v Planes Específicos desarrollan la planificación frente a riesgos no incluidos en esas Directrices. Los Planes específicos sustituyen a los Planes especiales una vez aprobados por el Consejo de Ministros. Los Planes Específicos solo pueden elaborarse en el ámbito municipal, mientras que los Planes Especiales se limitan al ámbito provincial.

Según el Plan Territorial de Emergencia Municipal de Toledo (PLATEMUN), ¿qué órgano constituye el centro de coordinación de todas las actuaciones en caso de activación del plan?. El Puesto de Mando Avanzado (PMA). El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL). El Comité de Dirección del PLATECAM. La Junta Local de Seguridad.

En los Planes de Actuación Municipal (PAM) o en el Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN), la autoridad responsable de su activación es: El Jefe de Policía Local. El Alcalde o la persona en quien delegue, como Director del Plan. El Coordinador de Servicios de Emergencias Municipales. El Subdelegado del Gobierno en la provincia.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, ¿cuál es el grado mínimo de las sanciones previstas para las infracciones muy graves?. Multa de 20.001 a 120.000 euros. Multa de 30.001 a 220.000 euros. Multa de 60.001 a 220.000 euros. Multa de 50.001 a 210.000 euros.

En Microsoft Word 20xx, ¿qué combinación de teclas (en la versión española) permite seleccionar todo el contenido del documento de forma inmediata?. Ctrl + Z. Ctrl + A. Ctrl + E. Ctrl + D.

En Microsoft Excel 20xx, para mostrar únicamente las filas que cumplen un criterio determinado dentro de una columna, se debe utilizar: El comando Ordenar de A a Z en la pestaña Inicio. La herramienta Filtro del grupo Ordenar y filtrar en la pestaña Datos. La opción Validación de datos en la pestaña Datos. El comando Formato condicional en la pestaña Inicio.

De acuerdo con el articulo 46 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LCTBI: La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral de sexo tendrá efectos a los veinte días de su inscripción en el Registro Civil. La rectificación registral de la mención relativa al sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. La rectificación de la mención relativa al sexo alterará el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al femenino podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/'2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, para aquellas situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral, así como respecto de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación registral.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos: Es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. Podrá exigir a las Administraciones Públicas, con excepción de las tributarias y la Seguridad Social, los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad de investigación. Tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Derechos Humanos.

PREGUNTA DE TOLEDO. Conforme a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora del consumo indebido de bebidas alcohólicas, fomento de la convivencia y prevención de actuaciones antisociales, ¿en cuál de las siguientes zonas está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas?. Parque del Circo Romano. Barrio de la Luz. Parque de las Tres Culturas. Parque de la Vega.

De acuerdo con el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se regulan las Juntas Locales de Seguridad, señale la afirmación correcta: Las Juntas Locales de Seguridad tienen personalidad jurídica propia y pueden dictar resoluciones vinculantes en materia de coordinación policial. Las Juntas Locales de Seguridad son órganos colegiados de cooperación entre las Administraciones del Estado y las Entidades Locales, y sus acuerdos no tienen carácter ejecutivo, salvo delegación expresa. Las Juntas Locales de Seguridad dependen orgánicamente del Ministerio del Interior, actuando el Alcalde como delegado del mismo. Las Juntas Locales de Seguridad se constituyen exclusivamente en municipios de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia.

De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en los términos previstos en dicha Ley, la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente: Forma parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es un principio general de la acción preventiva. Es una potestad exclusiva del empresario. Está reservada a aquellos centros de trabajo en los que se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.

La disciplina preventiva que tiene por objetivo fundamental evitar los accidentes de trabajo es: La Higiene Industrial. La Seguridad Industrial. La Psicología aplicada. La Seguridad en el Trabajo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, sobre la composición de las Juntas Locales de Seguridad, la Presidencia corresponderá: Al Alcalde, en todo caso, sin posibilidad de concurrencia con otra autoridad. Al Alcalde, salvo que concurra el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o el Subdelegado del Gobierno en la Provincia, en cuyo caso la presidencia seré compartida con aquél. Al Subdelegado del Gobierno en la Provincia, siempre que así lo determine el Delegado del Gobierno. Al Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, por delegación del Alcalde.