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Conforme al artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y: Actúan de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, centralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Conforme al artículo 129.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se deberán cuantificar y valorar las repercusiones y efectos de una iniciativa normativa: En cualquier caso. En cualquier caso, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Según el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no tienen la consideración de Administración Pública: Las Entidades que integran la Administración Local. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Las Universidades públicas. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

¿El Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos fue aprobado por?. Real Decreto 230/2021, de 30 de marzo, entrando en vigor el 30/03/2021. Real Decreto 203/2021, de 31 de marzo, entrando en vigor el 31/03/2021. Real Decreto 230/2021, de 31 de marzo, entrando en vigor el 02/04/2021. Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, entrando en vigor el 02/04/2021.

Conforme al artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: Generalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. Generalmente, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto aunque lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulables. Excepcionalmente, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Según el artículo 40.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas podrán identificarse: Mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido y cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. Mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en cualquier caso, la identidad de la persona titular. Mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido y cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en cualquier caso, la identidad de la persona titular. Mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

Según el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en uno de los siguientes supuestos: Actos en que proceda la compulsióndirecta sobre la persona del obligado. Actos en que, no procediendo la compulsión, la Administración la estimara conveniente. Actos cuya ejecución deba el obligado encargar a otra persona. Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.

Conforme al artículo 118.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en la tramitación de un recurso administrativo hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario: Se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. Se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. Se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a quince días ni superior a veinte, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. Se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a treinta, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán: De las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, en cualquier caso. De las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en cualquier caso. De las autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún con carácter previo a su inicio formal cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición. De la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales en cualquier caso.

Conforme al artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán: En única o primera instancia según lo dispuesto en esta ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, sin excepción. En única o primera instancia según lo dispuesto en esta ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico. En única o primera instancia según lo dispuesto en esta ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. En única o primera instancia según lo dispuesto en esta ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento de recursos humanos.

Según el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 54 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, el Consejo Consultivo deberá ser consultado en reclamaciones de responsabilidad patrimonial, incluidas las que tramiten las Entidades Locales, cuando la cuantía de la reclamación sea: Superior a seiscientos un euro. Superior a seiscientos euros. Superior a quince mil euros. Superior a quince mil un euro.

Conforme al artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá: A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. A los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Conforme al artículo 96.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como: Leve, cabiendo la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2 de dicho artículo. Grave, cabiendo la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2 de dicho artículo. Grave, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2 de dicho artículo. Leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2 de dicho artículo.

Conforme al artículo 64.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto al Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora, ¿puede realizarse la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento en una fase posterior a dictar el Acuerdo de incoación?: No, en ningún caso. Sí, generalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento y mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados. Sí, excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, y mediante la elaboración de un Pliego de cargos, sin necesidad de ser notificado a los interesados. Sí, excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, y mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados.

Conforme al Artículo 3, Apartado 2, de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, el consumo de bebidas alcohólicas al aire libre en reuniones de grupo, queda prohibido en las localidades: Cuyo Ayuntamiento expresamente así lo determine. Que hayan obtenido la autorización previa de la Delegación del Gobierno. Cuando se desarrolle al margen la regulación medioambiental. Que no dispongan de espacios habilitados para esta actividad.

Según el Artículo 6, Apartado 2, de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, ¿A través de qué funciones los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos velarán por la observancia de esta ley? Señalar la respuesta falsa: Control de la celebración de los espectáculos y actividades recreativas. Revisión de las licencias y autorizaciones. Inspección de los establecimientos públicos. Sanción de las infracciones tipificadas en la presente ley.

En el Artículo 11 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, se prescribe como una de las garantías para conceder las autorizaciones y licencias en edificios de valor cultural, que cuenten con: Plan de autoprotección contra incendios forestales cuando la edificación se halle en monte. Plan de autoprotección contra incendios forestales cuando la edificación se halle en monte o en su colindancia. Seguro que cubra el riesgo de incendios. Seguro que cubra los daños contra el patrimonio arquitectónico y cultural.

Acorde con el Artículo 16, Apartado 5, de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, el plazo de inactividad que pueda originar la declaración de caducidad de la licencia de funcionamiento se fijará en la resolución de concesión, sin que pueda ser: Inferior a tres meses ni superior a seis. Inferior a seis meses ni superior a doce. Inferior a doce meses ni superior a dieciocho. Inferior a dieciocho meses ni superior a veinticuatro.

Según el Artículo 24, Apartado 1b), de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, sobre el registro de establecimientos que deben establecer los Ayuntamientos, ¿Cuál de los siguientes datos a consignar no se menciona?: Titulares. Denominación. Horarios. Aforo.

Señalar la respuesta falsa. Según el artículo 33, Apartado 1, de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, la publicidad de los espectáculos públicos y actividades recreativas deberá contener la suficiente información para el público asistente a los mismos y, necesariamente, la siguiente: La clase de espectáculo o actividad. Fecha, horario y lugar de las actuaciones. Denominación y domicilio del organizador. Condiciones de la devolución.

En el Artículo 53 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, sobre competencias para el ejercicio de la potestad sancionadora, se establece que: La incoación, instrucción y resolución de todos los procedimientos sancionadores por faltas leves y graves corresponderán a los Ayuntamientos de la región. En materia de festejos taurinos y, ante una falta muy grave, la tramitación de expedientes sancionadores será transferida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su instrucción. En los supuestos de asunción por la Administración Regional de las facultades sancionadoras que ordinariamente corresponden a los Ayuntamientos, serán las delegaciones provinciales de la consejería competente por razón de la materia para incoar e instruir los respectivos procedimientos sancionadores, pero recaerá la facultad de resolver en la persona titular del ayuntamiento competente. Cuando en una denuncia o acta se reflejen varias infracciones, la competencia se atribuirá al órgano que tenga potestad respecto de la infracción de naturaleza más grave.

Acorde con el Artículo 56, Apartado 2, de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, ¿Cuál de las siguientes medidas provisionales es falsa?: La suspensión de la licencia o autorización de la actividad. Suspension o prohibición de la actividad o espectáculo. Clausura del local o establecimiento. Decomiso de los bienes del local o establecimiento.

Conforme al Artículo 9 de la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, ¿Cuál de las siguientes funciones es propia de la Comisión de Coordinación?: Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones generales que en materia de Policías Locales se elaboren por el Gobierno Regional y por los Ayuntamientos de la Región. Informar subsidiariamente los proyectos de disposiciones generales que en materia de Policías Locales se elaboren por el Gobierno Regional y por los Ayuntamientos de la Región. Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones generales que en materia de Protección Ciudadana se elaboren por el Gobierno Regional y por los Ayuntamientos de la Región. Informar subsidiariamente los proyectos de disposiciones generales que en materia de Protección Ciudadana se elaboren por el Gobierno Regional y por los Ayuntamientos de la Región.

Según el Artículo 29, Apartado 2, de la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre el régimen disciplinario es aplicable?: El Alcalde deberá solicitar de la Consejería de Administraciones Públicas que nombre a funcionario suficientemente cualificado para que actúe como Instructor en los expedientes disciplinarios incoados por las Corporaciones Locales por faltas que puedan dar lugar a la suspensión de funciones. El Alcalde podrá solicitar de la Consejería de Administraciones Públicas que nombre a funcionario suficientemente cualificado para que actúe como Instructor en los expedientes disciplinarios incoados por las Corporaciones Locales por faltas que puedan dar lugar a la suspensión de funciones. El Alcalde deberá solicitar de la Consejería de Administraciones Públicas que nombre a funcionario suficientemente cualificado para que actúe como Instructor en los expedientes disciplinarios incoados por las Corporaciones Locales por faltas que puedan dar lugar a la separación del servicio. El Alcalde podrá solicitar de la Consejería de Administraciones Públicas que nombre a funcionario suficientemente cualificado para que actúe como Instructor en los expedientes disciplinarios incoados por las Corporaciones Locales por faltas que puedan dar lugar a la separación del servicio.

¿Según lo establecido en el art 10 del Estatuto de Castilla-la mancha, las Cortes estarán constituidas?. Por un mínimo de 25 diputados y un máximo de 30. Por un mínimo de 25 diputados y un máximo de 35. Por un mínimo de 25 diputados y un máximo de 40. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según lo establecido en el art 21 del Estatuto de Castilla-La Mancha, la moción de censura deberá ser propuesta: por el 15 por ciento de los diputados. por el 15 por ciento de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades. por el 25 por ciento de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades. Ninguna es correcta.

¿Qué elemento jurídico determina la condición política de ciudadano de Castilla la Mancha?: La vecindad administrativa. La nacionalidad española. El censo electoral. El domicilio fiscal.

Según la vigente redacción del Código Penal, ¿qué delito cometen? (Se refiere a un supuesto no explicitado en el texto pero relacionado con la administración desleal). Apropiación indebida. Administración desleal. Frustración en la ejecución. Defraudación.

¿A partir de qué cantidad están tipificados los daños por imprudencia en el Código Penal?. 400 euros. 50.000 euros. 80.000 euros. 100.000 euros.

Al que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros con el único objetivo de prestarle ayuda humanitaria, ¿qué pena le corresponde según el 318 bis CP?. Multa de tres a doce meses. Prisión de tres meses a un año. La a) o la b). No le corresponde ninguna pena.

Según establece el Artículo 93, Apartado 1, del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 110/2006, de 17 de octubre, ¿Qué cometido no es propio de la Comisión de Valoración en los procedimientos de Movilidad?: La gestión de las convocatorias. Efectuar la propuesta de adjudicación de los puestos convocados. Interpretar y resolver las cuestiones que se deriven de las convocatorias. La evaluación de conocimientos de los concursantes.

Señalar la respuesta falsa. Conforme al Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 110/2006, de 17 de octubre, para determinar la cuantía del Complemento Específico se valorarán, en todo caso, los siguientes conceptos: Disponibilidad. Penosidad. Especial dificultad física. Incompatibilidad.

¿Qué normativa trata en su artículo 102 sobre las Oficinas Municipales de Información de Consumo?. Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha.

El artículo 39.1 de la Ley 7/2020, de 31 de agosto de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla la Mancha, atribuye a los municipios las siguientes funciones: (Marque la opción incorrecta). Inspeccionar y controlar oficialmente los núcleos zoológicos. Ejercer la inspección y vigilancia de los animales situados en sus términos municipales. Recoger, controlar y gestionar a los animales abandonados o perdidos. Recoger y gestionar los cadáveres de los animales muertos.

El artículo 14 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha, establece: La ordenación territorial y urbanística se establece, en el marco de esta Ley y de las normas reglamentarias generales de desarrollo o en el de aquellas a que el mismo remite, por los siguientes instrumentos: Las Normas y las Instrucciones Técnicas del Planeamiento. Las Ordenanzas Municipales de la Edificación y la Urbanización. Los Planes e instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Todas las opciones anteriores son correctas.

De las siguientes infracciones a la Ordenanza Reguladora de las Terrazas y Otras Instalaciones Especiales con Finalidad Lucrativa al Aire Libre Desarrollada por Establecimientos de Restauración y Hostelería, marque la que está calificada como MUY GRAVE. La ocupación de suelo por un número de mesas y sillas cuyo número supere el autorizado en más de un 50%. El incumplimiento de las órdenes emanadas del Ayuntamiento tendentes a corregir deficiencias observadas en las instalaciones. La instalación de los veladores en un emplazamiento distinto al autorizado. La obstaculización o negativa a retirar el mobiliario cuando ello sea requerido a instancias de los agentes de autoridad.

¿Qué parte de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, trata sobre La colaboración para la prestación de los servicios de policía local, con el siguiente texto?: En los supuestos en los que dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas a dichas policías en esta Ley. En todo caso, el acuerdo de colaboración para la prestación de servicios por los Cuerpos de Policía Local dependientes de los respectivos municipios respetará las condiciones que se determinen por el Ministerio del Interior y contará con la autorización de éste o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente con arreglo a lo que disponga su respectivo Estatuto de Autonomía. Artículo 51. Artículo 53. Disposición Transitoria Segunda. Disposición Adicional Quinta.

El artículo 14.1 del Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, establece: La Junta Local de Seguridad podrá acordar la constitución de un órgano, dependiente funcionalmente de la misma e integrado por los Jefes inmediatos de los Cuerpos de Seguridad con competencia territorial en el término municipal, denominado: Consejo Local de Seguridad. Junta de Seguridad de Distrito. Comisión de Coordinación Policial. Comisión Local de Seguridad.

¿Cuál es la norma legal en la que se establece que se potenciará las funciones de los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio de funciones de Policía Judicial: Real Decreto 769/1987, de 19 de junio. Ley 6/1985, de 01 de julio. Ley 7/1985, de 02 de abril. Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Señale la opción que no se corresponde con lo establecido en el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde consta que "En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la hubiere, la Policía Judicial practicará las siguientes diligencias:". Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación vigente. En particular, informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de los derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110. Se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular denuncia y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho a nombrar Abogado o solicitar Abogado de oficio. La información de derechos al ofendido o perjudicado regulada en este artículo, cuando se refiera a los delitos contra la propiedad intelectual o industrial, y, en su caso, su citación o emplazamiento en los distintos trámites del proceso, se realizará a aquellas personas, entidades u organizaciones que ostenten la representación legal de los titulares de dichos derechos. Informará en la forma más comprensible al investigado no detenido de cuáles son los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten. En particular, le instruirá de los derechos reconocidos en los apartados a), b), c) y e) del artículo 520.2.

Señale la opción incorrecta respecto a lo establecido en el Artículo 172 bis de la Ley Orgánica 10/1995: El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. La misma pena se impondrá a quien, con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo. Se impondrá la pena superior en grado cuando la víctima fuera menor de edad. En las sentencias condenatorias por delito de matrimonio forzado, además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que procedan en orden a la declaración de nulidad o disolución del matrimonio así contraído y a la filiación y fijación de alimentos.

En el articulo 156 quinquies, del vigente Código Penal, se señala que "A las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 147.1, 148, 149 y 153 en los que la víctima sea una persona menor de edad se les podrá imponer, además de las penas que procedan......". De las siguientes opciones, señale la correcta: La pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre dos y cuatro años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia o por un tiempo de dos a cinco años cuando no se hubiere impuesto una pena de prisión. La pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre dos y cuatro años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia o por un tiempo de tres a cinco años cuando no se hubiere impuesto una pena de prisión. La pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia o por un tiempo de dos a cinco años cuando no se hubiere impuesto una pena de prisión. La pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre dos y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia o por un tiempo de tres a cinco años cuando no se hubiere impuesto una pena de prisión.

En el artículo 187.2 del vigente Código Penal, se establece que se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en sus respectivos casos, cuando concurran una serie de circunstancias. De las alternativas propuestas señale la opción que no se ajuste a lo establecido en el mencionado artículo: Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años. Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o más personas. Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima. Todas las opciones se ajustan a lo establecido en el articulo 1872, no existiendo respuestas incorrectas.

En el artículo 189 de la Ley Orgánica 10/1995, se tipifican como punibles una serie de acciones. De las opciones que se proponen señale la que no se corresponda con el contenido del citado artículo: El que asistiere a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión. El que para su propio Uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años. El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas. El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.

En la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se establecen las garantías de los derechos de las víctimas. De las alternativas propuestas, señale la opción que se ajusta a lo establecido en la citada ley: Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los derechos reconocidos en la legislación vigente, sin que pueda existir discriminación en el acceso a los mismos. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género, en los términos regulados en este capitulo, contribuyen a preservar la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, los servicios de acogida y asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencia contra las mujeres tendrán carácter de servicios esenciales. Se implementarán mecanismos de prestación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.

La Ley 4/2018, de 9 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, tiene como objeto "actuar frente a la violencia de género que, como manifestación de la desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder asimétricas entre mujeres y hombres, se ejerce sobre éstas por el solo hecho de serlo, a través de la adopción de medidas integrales en orden a". Señale la opción que no se corresponde con lo establecido en dicha ley: La investigación y recogida de información para el desarrollo de planes de prevención. La responsabilidad institucional para erradicar la violencia de género. La detección, prevención, formación y sensibilización. La protección, atención integral y reparación del daño de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos menores.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en su articulo 4.1 establece que "Serán de aplicación los principios y criterios generales de interpretación del interés superior del menor, recogidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como los siguientes". De las opciones que se relacionan, ¿Cuál de ellas no se corresponde con los apartados del citado precepto?. Prohibición de toda forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes. Abordar y erradicar, desde una visión global, las causas estructurales que provocan que la violencia contra la infancia tenga cabida en nuestra sociedad. Asegurar la supervivencia y el pleno desarrollo de las personas menores de edad. Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la victimización secundaria.

La Ley 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, establece en su articulo 12 el Derecho a la atención integral, en el mismo se establecen una serie de medidas en aras del interés superior del menor. De las alternativas que se proponen, señale la que no se corresponda con lo establecido en el mencionado artículo: Seguimiento de las denuncias o reclamaciones. Atención terapéutica de carácter sanitario, psiquiátrico y psicológico para la víctima y, en su caso, la unidad familiar. Asegurar la atención educativa de todos los menores sujetos a medidas de internamiento. Facilitación de acceso a redes y servicios públicos.

Respecto a la interposición de denuncia de los delitos en el Capítulo Primero, del Título X, del Libro II, de la Ley Orgánica 10/1995, se establece que: No será precisa la denuncia por los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del delito sea vean afectadas a una pluralidad de personas o si la víctima es una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. No será precisa la denuncia por los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del delito se vea afectadas una pluralidad de personas o si la víctima es una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. No será precisa la denuncia por los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales y si la víctima es una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. No será precisa la denuncia por los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales, a una pluralidad de personas o si la víctima es una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.

A tenor de lo establecido en el articulo 203 de la Ley Orgánica 10/1995, señale la opción que no se corresponda con el contenido del mencionado artículo: Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez meses el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, el que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público. Todas las opciones propuestas se corresponden con el contenido del articulo 203, no existiendo respuestas incorrectas.

En la Ley 10/1995, se desarrollan una serie de circunstancias para la imposición de la pena determinada en dicho artículo. De las alternativas que se proponen, señale la opción que no se refleja en el mencionado artículo (273): Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica. Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial. Que se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.

En la Ley Orgánica 10/1995, se regulan los delitos de corrupción en los negocios en la Sección 4ª, Capítulo XI, Título XIII, Libro II, estableciéndose una serie de preceptos por los que los hechos se considerarán, en todo caso, de especial gravedad. Seleccione la opción que no se corresponde con lo estipulado en el Código Penal para dichos delitos: Que el beneficio o ventaja tenga un valor especialmente elevado. Que la acción del autor no sea meramente ocasional. Que la pérdida evitada o el perjuicio causado sea de notoria importancia. Que el objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera otros de primera necesidad.

De las opciones propuestas, ¿Cuál se corresponde con lo establecido en el artículo 560, apartado 1 del Código Penal?. Los que causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, serán castigados con la pena de prisión de dos a cinco años. Los que causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años. Los que causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco años. Los que causaran daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, serán castigados con la pena de prisión de dos a cuatro años.

En el 510.4 del vigente Código Penal se establece que: Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, promuevan una alteración del orden público o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, promuevan una alteración del orden público o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena superior en grado. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena superior en grado. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal se establece que "Cuando el detenido o preso deseare ser visitado por un ministro de su religión, por un médico, por sus parientes o personas con quienes esté en relación de intereses, o por las que puedan darle sus consejos, deberá permitírsele, con las condiciones prescritas en el reglamento de cárceles, si no afectasen al secreto y éxito del sumario". ¿Cuál es el artículo de la citada ley que refleja el texto reseñado?. Artículo 523 de la LECrim. Artículo 522 de la LECrim. Artículo 525 de la LECrim. Artículo 524 de la LECrim.

Señale la opción correcta respecto a la adopción de medidas extraordinarias de seguridad contra el detenido, a tenor de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: No podrán adoptarse medidas extraordinarias de seguridad contra el detenido. Podrán adoptarse medidas extraordinarias de seguridad cuando el detenido se autolesionase. Están previstas las medidas extraordinarias de seguridad singularmente para supuestos de rebelión. Se adoptarán por el tiempo estrictamente necesario.

A tenor de lo establecido en el Capítulo IV, Título XVII, del Libro II del Código Penal. ¿Cuál es el periodo máximo en el que un individuo podrá ser privado del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores?. Diez años. Cuatro años. Seis años. Ocho años.

Según 8, regulado en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, funciona una Comisión del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible para el estudio del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible en, indique la opción que no es verdadera: En las ciudades de Ceuta y Melilla. En las comunidades autónomas que no hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, y existe una Comisión del Consejo. Las vías urbanas. En travesías que no discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano.

En el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en su art 35 nos refiere que la utilización del carril habilitado para vehículos de alta ocupación queda limitada: A motocicletas, turismos y vehículos mixtos adaptables. A motocicletas, ciclomotores, turismos y vehículos mixtos adaptables. A motocicletas, turismos con remolque y vehículos mixtos adaptables. A motocicletas, turismos y vehículos destinados al transporte de mercancías de masa superior a 7500kg.

Según el Art. 123 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en caso de circulación nocturna, los elementos luminosos o retrorreflectantes homologados, deberán responder a las prescripciones técnicas contenidas en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, y serán visibles: A una distancia mínima de 50 metros para los conductores que se le aproximen. A una distancia mínima de 100 metros para los conductores que se le aproximen. A una distancia mínima de 150 metros para los conductores que se le aproximen. A una distancia mínima de 200 metros para los conductores que se le aproximen.

Según el Art. 127 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, sólo se permitirá el tránsito de animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, cuando no exista itinerario practicable por vía pecuaria y siempre que vayan custodiados por alguna persona. La conducción será realizada: Al menos por una persona mayor de 18 años. Al menos por una persona mayor de 16 años. Al menos por una persona mayor de 18 años y el resto mayores de 16 años. Al menos por una persona mayor de 14 años y el resto mayores de 16 años.

Según 138, del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, los núcleos de población y demás topónimos serán designados en su denominación oficial y: Cuando fuese necesario a efectos de identificación, en castellano. A efectos de ubicación, en castellano. Cuando fuese necesario en castellano. Cuando fuese necesario a efectos de interpretación, en castellano.

Según el Artículo 65, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, transcurridos dos años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos, el titular de un permiso o licencia de conducción afectado por la pérdida parcial de puntos recuperará: La totalidad del crédito inicial de doce puntos. La totalidad del crédito inicial de ocho puntos. La totalidad del crédito de quince puntos. El crédito de puntos es único para todas las autorizaciones administrativas de las que sea titular el conductor.

Según el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se podrá declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones reguladas en este título (IV) cuando se acredite la desaparición de los requisitos sobre conocimientos, habilidades o aptitudes psicofísicas exigidas para su autorización, ¿a que organismo lo podrá declarar?. El organismo autónomo Jefatura Provincial de Tráfico. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. El Ministerio de Industria. El Secretario de Estado de Interior.

Según el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los conductores no perderán más de ocho puntos por acumulación de infracciones en un solo día, salvo que concurra alguna de las infracciones muy graves a que se refieren los párrafos a), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 77, en cuyo caso perderán el número total de puntos que correspondan. Marque la opción incorrecta: Te niegas a someterte a las pruebas de alcohol y drogas. Sobrepasas en más del 50% la velocidad autorizada. Realizas una conducción negligente. Conduces un vehículo con inhibidores de radares instalados.

Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en las ciudades de Ceuta y Melilla las competencias enumeradas en el art. 84, que se atribuyen a los Jefes Provinciales de Tráfico, corresponderán: A la Jefes Provinciales de Tráfico de Ceuta y Melilla. A los Jefes Locales de Tráfico. A los Jefes Centrales de tráfico. Al Director General de Tráfico.

Según el Anexo XIII, Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado, referenciado en la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, en modo normal de funcionamiento el etilómetro debe realizar un ciclo de medida compuesto de dos medidas correctas, cada una correspondiente a una espiración, de cuantas posibles: De tres posibles. De dos posibles. De cuatro posibles. No hay límites de pruebas.

Según el Anexo XIII, Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado, referenciado en la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, El etilómetro debe estar equipado de un dispositivo de impresión, los datos impresos deben incluir, marque la incorrecta: Sello del organismo o institución donde se realice la medición. Identificación del etilómetro, marca, modelo y número de serie. Fecha de realización del ciclo de medida. Nombre y firma del agente de la autoridad. Sello del organismo o institución donde se realice la medición.

Según la Orden INT/2222/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, las colisiones múltiples entre más de dos vehículos se considerarán: Como un único accidente, si son sucesivas. Serán consideradas múltiples cuando son más de tres vehículos. Serán consideradas múltiples si se dan en el mismo lapso de tiempo. Son consideradas múltiples si se dan entre peatón y vehículo.

Según el Art 5, apartado 8, del Reglamento General de Conductores, para conducir vehículos especiales agrícolas o sus conjuntos cuya velocidad máxima autorizada no exceda de 40 km/h, y su masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg, se requerirá: a) El permiso de la clase B. b) Si excede de cualquiera de estos límites, se requerirá el permiso de conducción que corresponda a su masa. a y b son correctas. Todas son falsas.

Según el Art. 37, del Reglamento General de Conductores, la competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde: Al Jefe de Tráfico de la provincia. Al Jefe de Tráfico de la provincia correspondiente al domicilio del titular de la autorización. Al Jefe de Tráfico de la provincia donde se declara la pérdida de vigencia. Al Jefe central de tráfico, si es declarada por sanciones firmes en varias provincias.

La nueva señal de distintivo ambiental, regulada en el Reglamento General de Vehículos, que identifica la clasificación ambiental que el vehículo tiene es: V-18. V-20. V-25. V-23.

Según el Reglamento General de Vehículos, el período de tiempo de validez de la matrícula turística concedida será: De 1 año, prorrogable por la Jefatura Provincial de Tráfico. De 6 meses, prorrogable por la Jefatura Provincial de Tráfico. El tiempo de estancia hasta que trasladen a su residencia habitual. El que determine el órgano competente de la Administración tributaria, la cual podrá prorrogar ese plazo.

Según el Art 20 de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, los registros corporales externos podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables, conforme a: A los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. A los principios de injerencia mínima, proporcionalidad y no discriminación.

Según el procedimiento sancionador establecido en Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, incoado el expediente, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento: Mediante acuerdo motivado, medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. Mediante acuerdo motivado, actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que lo justifiquen. Mediante acuerdo motivado, compulsiópn sobre las personas, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. Todas son correctas.