Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las AAPP correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia de: el funcionamiento anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor el funcionamiento anormal de los servicios públicos de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley el funcionamiento normal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas: presupone, por sí misma, derecho a la indemnización no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización no presupone, en ningún caso, derecho a la indemnización ninguna es correcta.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, Respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el daño alegado habrá de ser: efectivo, evaluable económicamente, individualizado con relación a una persona o grupo de personas cierto, cuantificable económicamente, individualizado con relación a una persona o grupo de personas efectivo, cuantificable e individualizado con relación a una persona o grupo de personas ninguna es correcta.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, Cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de: actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la
inconstitucionalidad posteriormente declarada en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño en última instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño en última instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la UE, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, sentencia firme desestimatoria siempre deberán cumplirse los requisitos siguientes puede tener por objeto conferir derechos a los particulares el incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta el daño sufrido por los particulares todas son correctas.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la
Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa desde la fecha de la sentencia, salvo que en ella se establezca otra cosa desde el día siguiente a la fecha de la sentencia, salvo que en ella se establezca otra cosa.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la: ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, ¿Quién fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad? el Consejo de Ministros el Gobierno el Congreso de los Diputados el Gobierno, tras consulta con el Consejo de Estado.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio Fiscal, con audiencia al Consejo de Ministros el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Ministros el Ministerio Fiscal, con audiencia al Consejo de Estado.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, Para determinar la responsabilidad de las AAPP por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa o de los vicios del proyecto elaborado seguirá el procedimiento previsto en: la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las
especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso
establezca la Ley de Contratos del Sector Público la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias AAPP se derive responsabilidad, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular en todo caso: de forma subsidiaria de forma solidaria de forma mancomunada de forma individual.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración competente para incoar, instruir
y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias AAPP, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada por sus órganos directivos de forma mancomunada de forma individual.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia interés público tutelado intensidad de la intervención todas son correctas.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de 5 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente 10 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente 20 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente 15 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste: tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley tenga o no el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley ninguna es correcta.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que: no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos ninguna es correcta.
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