FALLOS TEMA 1 COMUN

Todas las personas, de acuerdo con la Constitución Española, no tienen: Pregunta 3Respuesta. a. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. c. El derecho a un proceso público con dilaciones indebidas y con todas las garantías. b. El derecho a la defensa. d. El derecho a la asistencia de letrado.

El derecho a la vivienda previsto constitucionalmente: Pregunta 4Respuesta. a. Garantiza a los españoles la adquisición de vivienda. d. Requiere que desde los poderes públicos se adopten las medidas necesarias para asegurar la función social de la vivienda. c. Se encuentra limitado por el derecho de propiedad. b. El directamente alegable ante los tribunales.

Se recoge en el artículo 1.3 de la Constitución Española: Pregunta 5Respuesta. d. Que la lengua oficial es el castellano. c. La forma política del Estado. b. Que en España existe la separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. a. Que España no tiene un himno oficial.

Dispone la Carta Magna que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de: Pregunta 6Respuesta. a. Legalidad y equidad. b. Igualdad y progresividad. c. Publicidad y legalidad. d. Eficiencia y sostenibilidad.

Para lograr la estabilidad económica, la CE propugna la realización por los poderes públicos de políticas orientadas al/a la: Pregunta 7Respuesta. d. Pleno empleo. c. Solidaridad interterritorial. b. Socialización de las rentas. a. Progreso social.

Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la Constitución Española: Deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Podrán ser suspendidas en sus actividades en virtud de resolución gubernativa motivada. Podrán ser disueltas en sus actividades en virtud de resolución gubernativa motivada. Son ilegales.

La adopción de medidas de suspensión individual de derechos y libertades exige por la Constitución: Pregunta 12Respuesta. La declaración del estado de sitio. La declaración del estado de excepción. Intervención judicial y control parlamentario. La declaración del estado de alarma.

No es susceptible de recurso de amparo el derecho a la/de: Investigación científica. Lo son todos ellos. Secreto de las comunicaciones. Sindicación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Constitución Española, se reconoce a las personas físicas y jurídicas: La creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. La libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. La intervención en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. La intervención en la gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

La libertad de conciencia: Solamente está reconocida respecto de la objeción de conciencia en el caso del servicio militar. No está garantizada constitucionalmente. Se establece con carácter general en el texto constitucional. Se integra como una vertiente de la libertad ideológica, de la religiosa y de la de culto.

A efectos del cumplimiento de la finalidad atribuida al Defensor del Pueblo, la CE le faculta para: La resolución de la conflictividad administrativa. La regulación de la organización administrativa. El control de la actuación gubernativa. La supervisión de la actividad administrativa.

Según la CE, no están afectos a la reserva de ley orgánica, la regulación de: La iniciativa popular. La institución del Defensor del Pueblo. Desarrollo de los principios rectores de la política social y económica. Las bases de la organización militar.

¿Cuál de los siguientes es considerado por la CE como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico? Pregunta 32Respuesta. La acritud. La publicidad normativa. El pluralismo político. La jerarquía normativa.

La potestad del legislador para modular el sistema de revalorización de las pensiones contributivas de la Seguridad Social en función de la coyuntura económica y el equilibrio presupuestario del Estado, es una medida: Inconstitucional, dado que el artículo 50 de la Constitución Española consagra un derecho subjetivo absoluto e intangible a la actualización automática según el IPC. Legal, siempre que la decisión sea aprobada mediante Orden Ministerial o Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social. Constitucional, puesto que la actualización periódica del artículo 50 de la CE es un principio rector supeditado a las circunstancias económicas concurrentes y a la sostenibilidad financiera del sistema. Ilegal, porque los tratados internacionales suscritos por España prohíben cualquier tipo de limitación o alteración en el crecimiento de las prestaciones públicas.

Dada la evidente conexión entre los derechos reconocidos a los discapacitados en la CE con otros preceptos constitucionales susceptibles de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿es posible decir que las cuestiones relativas a aquellos pueden ser alegados ante el alto Tribunal?. No, salvo que efectivamente se haya conculcado un precepto constitucional que si lo sea. Efectivamente, ya que cualquier derecho que se invoca en favor del discapacitado es susceptible de amparo. Es directamente alegable en virtud de los convenios internacionales en la materia. No, en ningún caso.

La Constitución Española recoge el principio de reserva de ley para el ejercicio de: Profesiones colegiadas. Profesiones tituladas. Ambas, tanto tituladas como colegiadas. Expresamente, solo para las tituladas, pero al tratarse de las mismas, debemos entender que se trata de ambas.

Conforme al texto constitucional, las fundaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades, en virtud de: Resolución judicial motivada, exclusivamente. Orden policial. Acuerdo de sus patronos. Resolución administrativa o judicial.

El secreto profesional, constitucionalmente, sirve para: No declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Todo lo anterior. La libertad de creación científica y técnica. Ejercer con libertad una profesión titulada.

La Constitución Española fue sancionada por: El Presidente del Gobierno. Las Cortes Generales. El Presidente del Congreso. El Rey.

A los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, se les reconoce, en el artículo 27.7 de la Constitución Española: La creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. La libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. La intervención en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. La intervención en la gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

De los siguientes derechos, señala cuál de ellos puede ser objeto de suspensión individual: Libertad de circulación. Libertad de expresión. Puesta a disposición de la autoridad judicial en un máximo de 72 horas. Libertad de residencia.