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Para el cómputo del plazo que tiene la Administración para resolver y notificar la resolución de un procedimiento administrativo, si este se ha iniciado de oficio, el criterio es a contar desde: La fecha del acuerdo de iniciación. La fecha de la notificación de la iniciación al interesado. La fecha de recepción de la notificación comunicando la iniciación al interesado. Todas las opciones son incorrectas.

Señala la opción incorrecta: El silencio administrativo es negativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. El silencio administrativo es negativo en los procedimientos de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. El silencio administrativo es negativo en aquellos procedimientos cuya estimación implique el ejercicio de actividades que puedan dañar el dominio público o el servicio público.

Salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o venga así previsto por la normativa europea, el plazo máximo para notificar y resolver que tiene la Administración no podrá exceder de: 12 meses. 9 meses. 6 meses. 3 meses.

Para el cómputo del plazo que tiene la Administración para resolver y notificar la resolución de un procedimiento administrativo, si este se ha iniciado a solicitud del interesado, el criterio es contar desde la fecha en que: La Administración acordara la iniciación del procedimiento. La solicitud haya sido presentada en cualquier registro de la Administración. La solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Todas las opciones son incorrectas.

En los términos que señala el artículo 1.2 LPAC, para incluir trámites adicionales o distintos a los establecidos en la LPAC es preciso: Ley. Reglamento. Norma de la Unión Europea. Todas las respuestas son correctas.

Si con carácter previo a la iniciación del procedimiento administrativo se han adoptado medidas provisionales, el acuerdo de iniciación del procedimiento deberá de efectuarse dentro de __________ a la adopción de las medidas. Completa el espacio en blanco con una de las siguientes opciones: el mes siguiente. los veinte días siguientes. los quince días siguientes. los diez días siguientes.

La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de: 20 días. 15 días. 10 días. 5 días.

Un procedimiento iniciado en la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, en relación con la autorización el proceso electoral en la Federación Motociclista de la Comunidad Valenciana se está tramitando íntegramente en valenciano, ya que es lengua cooficial en la Comunidad Valenciana. ¿En qué circunstancias deben traducirse por la Consellería competente al castellano documentos del indicado procedimiento?. Únicamente deben traducirse al castellano los documentos si lo solicita expresamente un interesado. En ningún caso deben traducirse al castellano los documentos. Sólo deben traducirse al castellano los documentos que hayan de surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Valenciana y si lo solicita expresamente un interesado. Únicamente deben traducirse al castellano los documentos que hayan de surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Valenciana.

Dentro del Ministerio de Cultura y Deporte, integrada en la Secretaría de Estado para el Deporte está la Dirección General de Deportes. ¿Quién será competente para la revisión de oficio de actos nulos desfavorables emitidos por el Director General de Deportes?: El propio Director General. El Ministro. El Secretario de Estado. El Consejo de Ministros.

Si el recurso de alzada se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de: Diez días. Cinco días. Tres días. Dos días.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de reposición es de: Tres meses. Dos meses. Un mes. Treinta días.

Transcurrido el plazo de _______ desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. seis meses. cuatro meses. tres meses. dos meses.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las condiciones en las que puede darse la imposición de sanciones administrativas son las siguientes: Sujeción de la potestad sancionadora al principio de legalidad, lo que determina la necesaria cobertura de ésta en una norma con rango legal o reglamentario. La interdicción de las penas de privación de libertad, a las que pueda llegarse de modo directo o indirecto a partir de las infracciones sancionadas; límite que no es aplicable al régimen disciplinario militar, tal y como se deriva, a sensu contrario, del art. 25.3 de la Constitución. El respeto de los derechos de defensa reconocidos en el art. 24 de la Constitución, que son de aplicación a los procedimientos que la Administración siga para la imposición de sanciones, y. La subordinación de la potestad sancionadora de la Administración a la autoridad judicial, que consiste en el control posterior de los actos sancionadores por la jurisdicción contencioso-administrativa y la preferencia de la jurisdicción penal en el enjuiciamiento y determinación de los hechos susceptibles de ser enjuiciados por el orden administrativo y aquella jurisdicción.

Samanta presenta en el Ayuntamiento de Las Rozas una denuncia al advertir que determinados vecinos lanzan desde sus ventanas desperdicios a la vía pública. ¿Qué resulta preciso para que, en su caso, la Administración motive la no iniciación de procedimiento por tales hechos y le notifique la decisión de iniciarlo o no?. Nada, ya que la Administración viene obligada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Que la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas. Que solicite expresamente la incoación del procedimiento que corresponda. Nada, ya que la Administración no está obligada a realizar comunicaciones a quienes no tiene la condición de interesados, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Señala la opción incorrecta. La denuncia, para ser tomada en consideración, deberá expresar en todo caso: La identidad de quien la presenta. El relato de los hechos que pudieran constituir infracción. La identificación de los presuntos responsables. La fecha en que se produjeron los hechos.

Si el órgano competente para resolver un procedimiento sancionador considera que la infracción revista mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución: Deberá resolver motivando el cambio de calificación de la infracción, sancionando en consecuencia. Deberá retrotraer el procedimiento al momento previo a la emisión de la propuesta de resolución por el instructor. Deberá notificar al inculpado para que en los quince días siguientes aporte cuantas alegaciones estime convenientes. Deberá resolver en consecuencia y aplicar la sanción correspondiente.

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 18 de junio de 2019, decidió rescindir la relación laboral que le unía con el Señor Pérez, miembro del personal laboral de dicha Cámara. ¿Ante quién puede impugnar el Señor Pérez dicha decisión?. Ante la jurisdicción social. Ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previa presentación de una reclamación previa en vía laboral. Ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Todas las anteriores son falsas.

¿Está regulada en España la cuestión relativa a “los actos políticos del Gobierno”, en cuanto a su posible impugnación ante la jurisdicción contencioso- administrativa?. Sí, se encuentra regulada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, concretamente en su artículo 2, letra a). No, dicha cuestión es una construcción jurisprudencial. Sí, se encuentra regulada en el artículo 25 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Sí, se encuentra regulada en la Ley 50/97, de 27 de noviembre, del Gobierno, concretamente en su artículo 22.

¿Son susceptibles de recurso contencioso-administrativo los actos dictados por la Federación Española de Fútbol?. No, no lo son en ningún caso. Sí, todos sus actos son susceptibles de recurso contencioso-administrativo. Son susceptibles de recurso contencioso-administrativo únicamente sus actos dictados en el ejercicio de funciones públicas. Todas las anteriores son falsas.

Señale cuál de los siguientes órganos no existe: Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Salas de lo Contencioso-Administrativo de las Audiencias Provinciales. Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

¿Es posible que una Administración Pública esté legitimada para impugnar un acto propio ante la jurisdicción contencioso-administrativa?. No, ese supuesto es un contrasentido. Sí, en el caso de previa declaración de lesividad del acto propio. Sí, en todo caso, previo dictamen del Consejo de Estado. Todas las anteriores son falsas.

¿En qué supuestos puede recurrirse un acto de trámite ante la jurisdicción contencioso-administrativa?. Cuando decida directa o indirectamente sobre el fondo del asunto. Cuando impida continuar el procedimiento. Cuando produzca indefensión. Todas las anteriores son verdaderas.

El Señor López es declarado ganador de un Premio Literario convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante una resolución firme del ministro. Una vez notificada dicha resolución al Señor López, el Ministerio no procede al pago de los 6.000 euros, de los que resultaba beneficiario aquél por haber ganado el Premio. ¿Qué puede hacer el Señor López?. Presentar un recurso contencioso-administrativo en el plazo de diez días desde que se notificó la resolución. Impugnar dicha inactividad en vía administrativa a través de un recurso de reposición. Solicitar ejecución de la resolución, y si dicha ejecución no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado. Instar la revisión de oficio.

¿Cómo calificaría usted la ocupación material de una finca por parte de la Administración sin que se haya tramitado el previo procedimiento de expropiación?. Vía de hecho. Autotutela declarativa. Autotutela ejecutiva. Inactividad de la Administración.

Para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra un acto expreso o presunto, se debe cumplir como requisito de admisibilidad: Comunicar con carácter previo la interposición del recurso al órgano administrativo. Agotar la vía administrativa previa. Que se trate de un acto que reproduzca otro anterior y firme. Ninguna de las anteriores es correcta.

El escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo tiene como contenido obligatorio: Identificar el daño causado y citar la norma infringida. Formular las pretensiones frente al acto impugnado. Citar expresamente el acto, disposición, inactividad o actuación que se impugne. Ninguna respuesta es correcta.

El escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo debe ir acompañado entre otros documentos con: Sólo con el que acredite haber cumplido los requisitos para poder entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a sus normas o estatutos. Sólo con el documento que acredite la representación del compareciente. Exclusivamente con el documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título. Debe ir acompañado con todos los documentos anteriores.

Juan recibe la notificación de la resolución administrativa, que agota la vía administrativa, por la que se le deniega una prestación solicitada al Ayuntamiento, ¿en qué plazo debe interponer el recurso contencioso-administrativo?. Dos meses, desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa. Cuatro meses, desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa. Seis meses, desde el día en que se dicta la resolución administrativa. Ninguna de las anteriores es correcta.

La sentencia que se dicte resolviendo una cuestión de ilegalidad. Si es estimatoria declarará la nulidad de los preceptos reglamentarios cuestionados con efectos para el caso. Si declara la nulidad de los preceptos cuestionados, se publicará en el diario oficial correspondiente y tendrá efectos generales. Si es desestimatoria determinará la revisión de la situación jurídica previa derivada de la apreciación incidental de la ilegalidad del acto. Si es totalmente desestimatoria determinará la condena en costas de las partes que hayan comparecido defendiendo la nulidad de los preceptos cuestionados.

Frente a la resolución de la Delegación del Gobierno prohibiendo la celebración de una manifestación, ¿en qué plazo pueden los promotores interponer recurso contencioso-administrativo tras la notificación de la resolución?. En las cuarenta y ocho horas siguientes. En los tres días siguientes. En los cinco días siguientes. En las veinticuatro horas siguientes.

Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estima un recurso contra un acto administrativo por considerar que la disposición general aplicada por el acto es contraria al ordenamiento jurídico: La parte puede solicitar en incidente de ejecución que el Juzgado declare la nulidad de la disposición general. El Juzgado debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer de la validez de la disposición general. El Juzgado si lo considera oportuno puede suspender el proceso y plantear la cuestión de ilegalidad antes de dictar sentencia. El Juzgado no puede resolver el recurso si considera que a la norma reglamentaria aplicada es ilegal y debe remitir el asunto al Tribunal competente.

La retirada de contenidos de una página web por vulnerar el derecho de propiedad intelectual: Puede acordarse de oficio por el Ministerio de Cultura y el acuerdo es directamente ejecutivo. Debe acordarse por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y el acuerdo será directamente ejecutivo. Precisa autorización judicial previa solicitud de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. No puede llevarse a cabo por tratarse de una medida restrictiva del derecho fundamental a la libertad de información.

Juan interpone recurso de amparo constitucional frente a una resolución de la Administración General del Estado, tras haber agotado la vía judicial previa, por considerar que la administración ha aplicado un precepto leal que es contrario al derecho fundamental a la intimidad personal reconocido en el artículo 18.1 CE, ¿qué prosperabilidad tiene este recurso?. Es inadmisible porque a través del recurso de amparo no pueden impugnarse normas con rango de ley. Es inadmisible por carecer manifiestamente de especial trascendencia constitucional. La sala del Tribunal Constitucional antes de pronunciarse sobre el fondo deberá plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Pleno sobre el precepto legal aplicado. La sentencia que resuelva el recurso de amparo puede estimar el recurso inaplicando el precepto legal aplicado por la resolución administrativa.

Admitido en ambos efectos un recurso de apelación en un procedimiento contencioso-administrativo: No podrá pedirse la ejecución provisional de la sentencia. El efecto devolutivo es uno de los efectos implícitos en el recurso de apelación. La Administración condenada en la sentencia de instancia deberá devolver o consignar las cantidades indebidamente cobradas. Todas las anteriores son correctas.

El recurso de queja: Es un tipo de recurso que no procede en el orden contencioso-administrativo por falta de regulación en la LJCA. El objeto del recurso de queja son los autos de inadmisión del recurso de apelación y del recurso de casación. Se interpone ante el órgano jurisdiccional superior al que ha dictado el auto objeto del recurso. El plazo de interposición es de 5 días.

La sentencia dictada en el procedimiento para la protección de derechos fundamentales que confirma la validez de la prohibición de una manifestación acordada por la autoridad gubernativa: Puede plantease recurso de queja. Puede ser impugnada mediante recurso de casación. Queda excluida del recurso de casación. Debe plantearse recurso de reposición previo al de casación.

En un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cabe invocar la infracción de una norma de derecho autonómico: Siempre, igual que las infracciones de derecho estatal o derecho de la UE. Sólo si la norma de derecho autonómico reproduce una norma estatal de carácter básico. Nunca. Sólo si se trata de una norma que no ha sido objeto todavía de interpretación.

Formulado el escrito de interposición del recurso de casación, la parte recurrida podrá formular escrito de oposición al recurso: En un plazo de 30 días. En un plazo de 35 días. En un plazo de 15 días. En un plazo de 20 días.

El señor X es un reputado profesional en el campo de la cirugía plástica, estética y reparadora. En los últimos años ha adquirido cierta relevancia social por sus exitosas operaciones de liposucción realizadas a personajes célebres del mundo del espectáculo, el cine y la televisión. El señor X ha recibido una notificación de la Agencia Tributaria por la que se le requiere que aporte información, exclusivamente, acerca de los honorarios percibidos durante el año anterior por las intervenciones practicadas a un conocido presentador de televisión. Señale la respuesta correcta: El señor X está obligado a aportar esa información. El señor X puede negarse a la aportación de esa información amparándose en su secreto profesional. El señor X puede negarse a la aportación de esa información amparándose en la protección de la intimidad de su cliente. El señor X puede negarse a la aportación de esa información amparándose en la irrelevancia de la información a efectos tributarios.

El plazo de los procedimientos iniciados de oficio: Se computa desde la notificación del acuerdo de inicio de las actuaciones. Se computa desde el momento en que el obligado tributario comparece ante la administración para presentar la documentación que ésta haya requerido. Se computa desde que la administración comience a comprobar la situación tributaria del obligado tributario. Se computa desde que el obligado manifieste su conformidad o disconformidad con el inicio de las actuaciones.

El contenido de una autoliquidación: No puede ser empleado para perjudicar los intereses de los contribuyentes, por lo que basta con una mera declaración del obligado tributario para invalidar su contenido. Se presume cierto, por lo que corresponde al obligado tributario probar que su contenido es erróneo. No altera la regla general de reparto de la carga de la prueba en materia tributaria previsto en la LGT. Obliga a la administración, pero no al contribuyente.

Si se presenta la autoliquidación tributaria fuera de los plazos reglamentariamente establecidos para ello: Se iniciará el procedimiento de inspección, en todo caso. La autoliquidación será considerada no válida a todos los efectos, pudiendo además acarrear la imposición de sanciones. Los datos de la autoliquidación no serán tenidos en cuenta por la Administración a efectos de la aplicación del tributo, pues ésta sólo podrá tener en cuenta los que sean consecuencia de su actuación inspectora. Este retraso no tiene porqué afectar a la validez de la autoliquidación, pero si se ha presentado a requerimiento de la Administración, no podrá ser considerada una autoliquidación espontánea o complementaria.

Indique qué impuesto no se encuentra sujeto al régimen de autoliquidación: Los impuestos aduaneros. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Impuesto sobre el patrimonio. Impuesto especial sobre el tabaco.

La apertura de un procedimiento de verificación de datos: Responde a supuestos tasados en la norma. Puede llevarse a cabo por la administración en cualquier circunstancia, si bien los medios de actuación están limitados. Puede iniciarse a instancia de parte. Sólo puede ser instada por órganos de inspección de los tributos.

Señale qué conducta no conlleva sanción: Solicitar indebidamente devoluciones mediante el falseamiento de datos. Cuando se presenta una autoliquidación en plazo pero no se ingresa el importe de la deuda. Incumplimiento de obligaciones de facturación. Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración encaje en los supuestos tasados que señala la LGT para este tipo de situaciones.

En relación con el desarrollo del procedimiento sancionador: Con carácter general, la imposición de sanciones se realizará mediante un expediente distinto o independiente del instruido para la comprobación de la situación tributaria del sujeto infractor. Con carácter general, la imposición de sanciones se realizará mediante un expediente distinto o independiente del instruido para la comprobación de la situación tributaria del sujeto infractor, salvo cuando el resultado de la misma hubiera arrojado una cuota tributaria a ingresar, en cuyo caso se tramitarán conjuntamente. Con carácter general, la imposición de sanciones se realizará en el mismo expediente instruido para la comprobación de la situación tributaria del sujeto infractor, salvo que hubiera conformidad a la propuesta de regularización, circunstancia que determinará la apertura de expediente distinto. Con carácter general, la imposición de sanciones se realizará por el juez mediante el expediente que le remita la Administración Tributaria instruido en la comprobación de la situación tributaria del sujeto infractor.

El Servicio de Inspección Tributaria de la Agencia Estatal de Administración tributaria ha comprobado en el seno de un procedimiento inspector, que el Sr. “X” no ha presentado su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Inspección Tributaria decide utilizar el método de estimación indirecta para regularizar la situación tributaria del obligado tributario, ante la falta de presentación de la autoliquidación del IRPF. Señale la respuesta correcta: La Inspección Tributaria Municipal debe acudir al método de estimación indirecta para determinar la base imponible, conforme establece la Ley General Tributaria e interpreta la jurisprudencia, al no presentar el Sr. “X” la autoliquidación del IRPF. La Inspección Tributaria Municipal acudirá al método de estimación indirecta para determinar la base imponible, conforme establece la Ley General Tributaria e interpreta la jurisprudencia, al no presentar el Sr. “X” la autoliquidación del IRPF solamente ante una imposibilidad objetiva de acudir al régimen ordinario de determinación de la base imponible. La Inspección Tributaria Municipal podrá acudir alternativamente al método de estimación objetiva o estimación indirecta para determinar la base imponible, conforme establece la Ley General Tributaria e interpreta la jurisprudencia, al no presentar el Sr. “X” la autoliquidación del IRPF. La Inspección Tributaria Municipal no puede emplear el método de estimación indirecta, pues no se da en este caso ninguno de los presupuestos necesarios para su aplicación.

El órgano que conoce de los recursos económico-administrativos per saltum es: El Tribunal Económico-Administrativo Regional que corresponda. El Tribunal Económico-Administrativo Local que corresponda. El Tribunal Económico-Administrativo Central. El superior jerárquico de quien dictara el acto administrativo susceptible de recurso.

Indique qué sujeto está legitimado para impugnar un acto administrativo: Un obligado a realizar pagos a cuenta. Un denunciante. Quienes asumen obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato. Los órganos que hayan dictado el acto impugnado.

Tras la notificación de una liquidación resultante de un procedimiento de inspección el día 16 de mayo de 2021, el período de pago voluntario se extiende: Hasta pasado 1 mes. Hasta el día 5 del mes posterior. Hasta el día 5 del segundo mes posterior. Hasta el día 20 del mes posterior.

Si un contribuyente ha presentado una autoliquidación con contenido erróneo, que ha supuesto un mayor ingreso del que debía, la vía para corregir este error es: A través de una autoliquidación complementaria. A través de la rectificación de autoliquidaciones. A través de un procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación. A través de un procedimiento de rectificación de errores.

El procedimiento abreviado se aplica en la tramitación de los siguientes asuntos: Cuestiones de personal al servicio de las Administraciones públicas. Sobre la desestimación por razones de fondo de solicitudes de asilo político. Disciplina deportiva en general. Asuntos cuya cuantía no sea superior a 20.000 euros.

¿Qué jurisdicción es competente para conocer de un recurso interpuesto por un empleado de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., que tiene condición de funcionario, contra la citada Sociedad, en materia de vacaciones?. La jurisdicción civil. La jurisdicción social. La jurisdicción contencioso-administrativa.