FIDE 2 101-150

101.- Según la Ley 39/2015, el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que lo acredita, y que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, se denomina: a) Declaración de conformidad. b) Declaración administrativa. c) Declaración responsable. d) Declaración jurada.

102.- Según la Ley 39/2015 el expediente administrativo se define como: a) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. b) El conjunto de documentos remitidos por los interesados en el procedimiento administrativo a través de los medios electrónicos. c) El conjunto de ficheros, bases de datos, notas, comunicaciones, resúmenes, opiniones, borradores e informes internos entre órganos y entidades Administrativas. d) b) y c) son correctas.

103.- Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en: a) El Esquema Autonómico de interconectividad y Normas Técnicas de interoperabilidad. b) El Esquema Autonómico de interoperabilidad y Normas Técnicas de interoperabilidad. c) El Esquema Nacional de interconectividad y Normas Técnicas de interoperabilidad. d) El Esquema Nacional de interoperabilidad y Normas Técnicas de interoperabilidad.

104.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en relación a la emisión de informes, salvo disposición expresa en contrario, que los informes serán: a) Preceptivos y vinculantes. b) Preceptivos y no vinculantes. c) Facultativos y vinculantes. d) Facultativos y no vinculantes.

105.- Podrán fin al procedimiento administrativo: a) El desistimiento. b) La declaración de caducidad. c) La notificación infructuosa. d) a) y b) son correctas.

106.- La Ley 39/2015 establece que, en la terminación de los procedimientos sancionadores, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecunario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará: a) Reducciones de al menos el 5% sobre el importe de la sanción propuesta. b) Reducciones de al menos el 10% sobre el importe de la sanción propuesta. c) Reducciones de al menos el 15% sobre el importe de la sanción propuesta. d) Reducciones de al menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta.

107.- Cuando finalizado el procedimiento administrativo exista la obligación de pago derivada de una sanción pecunaria que haya que abonarse a la Hacie. a) Transferencia bancaria. b) Pagaré a 120 días. c) Domiciliación bancaria. d) Tarjeta de crédito y débito.

108.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común es FALSA?. a) Las Administraciones pueden acordar la tramitación simplificada cuando haya razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. b) Si uno de los interesados manifiesta oposición expresa a haber sido notificada la tramitación simplificada, la Administración seguirá con la tramitación ordinaria. c) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora se podrá adoptar la tramitación simplificada si existen elementos de juicio para calificar la infracción como grave. d) Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación.

109.- La Ley 39/2015, en relación a la revisión de los actos en vía administrativa, establece que transcurridos seis meses desde el inicio del procedimiento sin dictarse resolución supondrá la caducidad del mismo: a) Si se hubiera iniciado de oficio. b) Si se hubiera iniciado a solicitud de los interesados. c) Si se hubiera iniciado de oficio o a solicitud de los interesados. d) Si existiera Dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autonóma.