Test final

¿Cuál es la función de los Concejales convocados por la Junta Electoral Provincial para elegir a los Diputados Provinciales?. Presentar una o varias listas de candidatos, avaladas con la firma de la mitad de dichos Concejales, resultando elegidos los Concejales integrantes en la lista que obtengan más votos. Presentar una o varias listas de candidatos, resultando elegidos los Concejales integrantes en la lista que obtengan más votos. Presentar una o varias listas de candidatos, avaladas con la firma del tercio de dichos Concejales, resultando elegidos los Concejales integrantes en la lista que obtengan más votos. Presentar, en todo caso, una lista de candidatos, avaladas con la firma del tercio de dichos Concejales, resultando elegidos los Concejales integrantes en la lista que obtengan más votos.

Al Pleno de la Diputación Provincial no le corresponde: Potestad de decisión en materia procesal. Potestades de control sobre los órganos provinciales, funciones decisorias sobre enajenación de bienes y contracción de determinados gastos. La titularidad de las potestades normativas básicas. El establecimiento de sanciones.

Los grupos políticos de la Corporación tendrán derecho a participar en los órganos de control de la Diputación: En ningún caso tendrán derecho a participar en dichos órganos. Mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, según los criterios del Presidente de la Diputación. Mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en la Junta de Gobierno. Mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno.

Siempre que la legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito, y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno: En ningún caso existirán más órganos que control que los establecidos en la legislación autonómica y el Pleno. Existirán en todas las Diputaciones comisiones que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos al Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones. Existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos al Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones. Existirán en algunas Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos al Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones.

El número de Diputados, según el art. 204 de la Ley del Régimen Electoral General, es proporcional al número de residentes en la Provincia y oscila entre: 25 (para las Provincias de hasta 500.000 residentes), 28 (de 500.001 a 1.000.000), 31 (de 1.000.001 a 3.500.000) y 51 (de más de 3.500.000 residentes). 25 (para las Provincias de hasta 200.000 residentes), 27 (de 200.001 a 1.000.000), 31 (de 1.000.001 a 3.500.000) y 51 (de más de 3.500.000 residentes). 25 (para las Provincias de hasta 500.000 residentes), 27 (de 500.001 a 1.000.000), 31 (de 1.000.001 a 3.500.000) y 51 (de más de 3.500.000 residentes). 25 (para las Provincias de hasta 500.000 residentes), 27 (de 500.001 a 1.000.000), 31 (de 1.000.001 a 4.500.000) y 51 (de más de 4.500.000 residentes).

La Diputación, en todo caso, garantizará la prestación de los servicios de secretaría e intervención en los municipios de menos de... 500 habitantes. 1000 habitantes. 5000 habitantes. 10000 habitantes.

Los Vicepresidente de las Diputaciones son nombrados de entre: Los miembros del Pleno. Los miembros de la Diputación. Los miembros de la Junta de Gobierno. Son nombrados libremente por el Presidente, no teniendo que ser necesariamente un Diputado.

La provincia está regulada en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local en su Título: I. II. III. V.

Existirán órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno: Esos órganos no existen a nivel provincial. En las Diputaciones en las que así lo acuerde el Presidente. En las Diputaciones en las que así lo acuerde el Pleno. En todas las Diputaciones.

Ningún partido judicial puede contar con un número de Diputados: Superior a un quinto del total de Diputados Provinciales. Superior a tres quintos del total de Diputados Provinciales. Superior a la mitad del total de Diputados Provinciales. Superior a dos tercios del total de Diputados Provinciales.

La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En todo caso, NO podrá crearse la comarca si a ello se oponen: Expresamente las dos terceras partes de los Municipios que debieran agruparse a ella, siempre que representen al menos, la mayoría del censo electoral del territorio correspondiente. Expresamente las dos terceras partes de los Municipios que debieran agruparse a ella, siempre que representen al menos, la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse a ella, siempre que representen al menos, la mayoría del censo electoral del territorio correspondiente. Expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse a ella, siempre que representen al menos, la mitad del censo electoral del territorio correspondiente.

Las Comunidades Autónomas podrán crear, modificar o suprimir áreas metropolitanas: Previa audiencia de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, mediante Ley. Previa audiencia de la Administración del Estado, mediante Ley. Previa audiencia de la Administración del Estado, y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, reglamentariamente. Previa audiencia de la Administración del Estado, y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, mediante Ley.

Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos, y se rigen por: La Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. Sus propios Estatutos. La Constitución. Leyes de las Comunidades Autónomas.

Cuál de las siguientes competencias corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación, de acuerdo en el art. 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. La organización de la Diputación. La aprobación de las ordenanzas. Todas las anteriores.

De conformidad con el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ponen fin a la vía administrativa: Las providencias dictadas por el Alcalde. Los acuerdos del Pleno en cualquier caso. Las órdenes de servicio dictadas por el Jefe de la Policía Local. Las resoluciones de un concejal dictadas por delegación del Alcalde.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (en adelante LBRL), no tienen la consideración de entidades locales: Las áreas metropolitanas. Las comarcas. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Las mancomunidades de municipios.

De acuerdo art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2. Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa. Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal. Todas son correctas.

La prestación de los servicios de secretaría e intervención será garantizada, en todo caso, por la Diputación Provincial, de acuerdo con el art. 36.10) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: En todos los municipios de la provincia de menos de 2.000 habitantes. En todos los municipios de la provincia de menos de 1.000 habitantes. En todos los municipios de la provincia de menos de 500 habitantes. En todos los municipios de la provincia de menos de 250 habitantes.

Según el artículo 3 de la LPACAP tendrán la capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por: El ordenamiento jurídico-representativo con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. El ordenamiento administrativo, siempre con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. El ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Sus representantes legales, de la forma que legalmente se establezca.

¿Cuántos Capítulos tiene el Título I de la LPACAP?. Dos. Tres. Cuatro. Cinco.

7. Según el artículo 3 de la LPACAP tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación no afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Todas las respuestas son correctas.

22. Según el artículo 5.5 de la LPACAP la acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento: Debe comunicarse a todas las partes interesadas en el procedimiento por el órgano competente para la tramitación del procedimiento. Debe incorporarse al Registro General de Representantes por el órgano competente para la tramitación del procedimiento. Debe incorporarse al expediente administrativo por el órgano competente para la tramitación del procedimiento. Todas las respuestas son correctas.

En relación con la representación en el procedimiento administrativo, la falta o insuficiencia de acreditación de la representación, de acuerdo con el artículo 5.6 de la LPACAP: No impedirá que se tenga por realizado el acto. El acto se entenderá no realizado en todo caso. Se suspenderá el acto hasta que se presente la acreditación correspondiente. No se podrá realizar el acto.

Según el artículo 5.7 de la LPACAP las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de: Todas las transacciones físicas y electrónicas en representación de los interesados. Determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Ciertas transacciones físicas en representación de los interesados. Todas las transacciones físicas en representación de los interesados.

Según el artículo 6.1 de la LPACAP, en el registro general de apoderamientos deberá inscribirse, al menos, los de: * Carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. * Carácter particular o expreso otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. Las dos respuestas marcadas (*) son correctas. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 6.1 de la LPACAP en el registro general de apoderamientos deberá constar: El bastanteo realizado del poder. La autorización de la Administración. El escrito original de la representación con la firma del interesado, del representante y del representante de la Administración. Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 6.1 de la LPACAP los registros generales de apoderamientos: Anularán los registros particulares en cada Organismo, cuyos datos pasarán a inscribirse en el registro general a todos los efectos. No impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. No impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites en cualquier Administración Pública. No impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites que sean generales a cualquier Administración.

En relación con los sistemas de identificación electrónica ante las Administraciones Públicas que han de ser comunicados previamente a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de forma previa a la eficacia jurídica del sistema: Habrán de transcurrir diez días desde dicha comunicación. Habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación. Habrá de transcurrir un mes desde dicha comunicación. Habrán de transcurrir tres meses desde dicha comunicación.

Según el artículo 30.1 de la LPACAP, los plazos expresados por horas se contarán desde: La hora hábil siguiente al momento en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. La hora entera en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. La hora, minuto y segundo en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate. La hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

Según el artículo 30.3 de la LPACAP, los plazos expresados en días se contarán a partir: Del mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. * Del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. * Del día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Las dos respuestas marcadas son correctas.

Según el artículo 30.4 de la LPACAP si el plazo se fija en meses o años y, en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo: Se entenderá que el plazo expira el primer día hábil del mes siguiente. Se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente. Se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 32.4 de la LPACAP cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema: La Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos. La Administración debe determinar una ampliación de los plazos no vencidos. La Administración debe determinar una ampliación de los plazos vencidos. Ninguna de las respuestas es correcta.

En relación con los sistemas de identificación electrónica ante las Administraciones Públicas que han de ser comunicados previamente a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de forma previa a la eficacia jurídica del sistema habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública: Deberá denegar o autorizar su uso. Podrá denegar el sistema por motivos de seguridad. Podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad. Podrá acudir a la vía contencioso-administrativa, previo informe del Ministerio del Interior.

Según el artículo 10.1 de la LPACAP y en relación con los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas, los interesados podrán firmar a través de: Medios electrónicos que sean emitidos por las Administraciones Públicas de la manera reglamentariamente establecida y de manera exclusiva. Los medios que sean emitidos por las Administraciones Públicas de manera exclusiva, ateniéndose a requisitos de seguridad. Cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 36.2 de la LPACAP y en relación con la forma de los actos administrativos, en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal: Si se trata de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Si se trata de notificaciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Si se trata de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma escrita, con expresión de su contenido. Si se trata de notificaciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma escrita, con expresión de su contenido.

Según el artículo 39.1 de la LPACAP los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: Desde la publicación en el diario o boletín correspondiente, o desde el día siguiente a su notificación. Desde el mismo día de su notificación a los interesados. El día siguiente a la fecha en que fueron dictados, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Según la LPACAP, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos, no obstante, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en el supuesto de: Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. * Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa a través del Servicio Nacional de Correos. Cuando para asegurar la constancia de la entrega resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de cualquier empleado público. La respuesta marcada (*), o a través de los servicios de mensajería oficialmente reconocidos por la Administración correspondiente.

Según el artículo 41.1 de la LPACAP, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos: Mediante ley. Reglamentariamente. Mediante orden del órgano encargado de resolver. Mediante orden del órgano encargado de tramitar.

Según el artículo 41.4 de la LPACAP en los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, mediante consulta a las bases de datos: Del Instituto Nacional de Estadística. * De los Ayuntamientos. * De las Entidades Locales. Las dos respuestas marcadas (*) son correctas.

Según el artículo 42.2 de la LPACAP si el primer intento de notificación en papel en el domicilio del interesado no se ha podido realizar, al efectuar un segundo intento, ¿cuál deberá ser el margen mínimo de diferencia entre ambos intentos?. Tres horas entre ambos intentos de notificación. Veinticuatro horas entre ambos intentos de notificación. Doce horas entre ambos intentos de notificación. Dos días entre ambos intentos de notificación.

¿Cuándo serán los actos administrativos objeto de publicación, según el artículo 45.1 de la LPACAP?. Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano instructor. Cuando lo aconsejen razones de interés particular apreciadas por el órgano al que corresponda resolver. Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano superior al que corresponda resolver.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas: Implicará la nulidad de pleno derecho en todo caso. Implicará la anulabilidad del acto en todo caso. Solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Implicará la nulidad de pleno derecho cuando dé lugar a la indefensión de los interesados.

De acuerdo con el artículo 106.5 de la LPACAP, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio se producirá la caducidad del mismo si no se dicta resolución en el transcurso del plazo de: Tres meses desde que la solicitud entrase en el registro electrónico del organismo competente para resolver. Tres meses desde su inicio. Dos meses desde su inicio. Seis meses desde su inicio.

Según el artículo 107.1 de la LPACAP las Administraciones Públicas podrán impugnar los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de dicha ley: Ante el órgano superior al que dictó el acto lesivo, previa su declaración de lesividad para el interés público. Ante el órgano que dictó el acto lesivo, previa su declaración de lesividad para el interés público. Ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa su declaración de lesividad para el interés público. Ante el órgano que dictó el acto lesivo, que deberá declarar su lesividad para el interés público.

Conforme al artículo 53.1 de la LPACAP los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a actuar asistidos de asesor: En todo caso. Cuando el órgano encargado de resolver el procedimiento lo considere conveniente con motivo de la gravedad de la actuación. Cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 53.2 de la LPACAP, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán derecho a: La presunción de existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pueda imponer. Actuar asistidos de asesor como requisito obligatorio para su defensa. A conocer al instructor, a la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que ha sido vulnerada.

Según el artículo 56.2 de la LPACAP, y en relación con las medidas provisionales adoptadas por el órgano competente, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados: Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de finalización del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso. Deberán ser confirmadas, modificadas, levantadas o anuladas en el acuerdo de tramitación urgente del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

Según el artículo 56.2 de la LPACAR y en relación con las medidas provisionales adoptadas por el órgano competente, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados: En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo correspondiente o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si se inicia el procedimiento en el plazo correspondiente o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. En ningún caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo correspondiente o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. Ninguna es correcta.

De acuerdo al artículo 57 de la LPACAP el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial: Siempre de oficio. De oficio o a instancia de parte. Siempre a solicitud de persona interesada. De manera discrecional.

En los casos de iniciación del procedimiento administrativo a petición razonada de otros órganos administrativos, recogida en el artículo 61 de la LPACAP: La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. La petición vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. La petición supondrá la iniciación inmediata del procedimiento administrativo. La petición supondrá la iniciación del procedimiento administrativo en el plazo de diez días desde la petición.

53. Según el artículo 64.1 de la LPACAP el acuerdo de iniciación de los procedimientos de naturaleza sancionadora: Se comunicará al órgano encargado de resolver el procedimiento. Se comunicará al instructor del procedimiento. Únicamente se comunicará al denunciante, en tanto en cuanto, no se proceda a la resolución del mismo. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 66.1 de la LPACAP, las solicitudes de iniciación de un procedimiento administrativo deberán contener cierta información: ¿Cuál de las siguientes es correcta?. Identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efecto de notificaciones. Lugar físico en que desea que se practique la notificación, o en su defecto, y previa autorización del organismo correspondiente, identificación del medio electrónico para recibir las notificaciones. Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 69.2 de la LPACAP: ¿Qué se entenderá por comunicación?. Aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Aquel documento mediante el que la Administración Pública pone en conocimiento de los interesados la iniciación de un procedimiento administrativo con los requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1. Aquel documento mediante el que los interesados comunican a la Administración Pública que iniciarán el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 bis. Todo escrito o documento mediante el que la Administración Pública o los interesados inician un procedimiento administrativo y lo ponen en conocimiento de todos los interesados, según lo establecido en el artículo 71.1 bis.

Según el artículo 69.6 de la LPACAP y en relación con la declaración responsable y la comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio: Podrán ser exigibles ambas acumulativamente si así lo establece la legislación específica. Únicamente será exigible una de ellas, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente. Podrán ser exigibles las dos, pero no acumulativamente. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 70.4 de la LPACAP y en relación con el expediente administrativo, la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo: Formará parte del expediente administrativo, debiéndose enviar con el mismo, pero sin la obligación de estar autentificada. No formará parte del expediente administrativo. Formará parte del expediente administrativo, debiéndose enviar con el mismo autentificada por el órgano emisor. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 71.1 de la LPACAP, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: Transparencia y publicidad. Eficacia y transparencia. Eficiencia y transparencia. Unidad y celeridad.

Conforme al artículo 71.2 de la LPACAP en relación con el procedimiento administrativo, en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza: Salvo que el titular encargado de la tramitación estime la urgencia motivada del expediente y lo tramite a través del procedimiento de urgencia. Salvo que a solicitud del interesado se ordene su preferencia por la persona encargada de su tramitación. En todos los casos. Salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.

De acuerdo con el artículo 71.2 de la LPACAP el incumplimiento, en el despacho de los expedientes, del orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza: Dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del titular de la unidad administrativa tramitadora. Dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo. Dará lugar, en todo caso, a la remoción del puesto de trabajo. No podrá suponer, en ningún caso, la remoción del puesto de trabajo.

Según el artículo 73.3 de la LPACAP: ¿Qué ocurre cuando los interesados en un procedimiento administrativo no cumplan con los plazos establecidos para cumplimentar los trámites que les correspondan?. *Se les declarará decaídos en el procedimiento correspondiente. Se les declarará decaídos en su derecho al trámite correspondiente en todo caso. Se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. La respuesta marcada (*) es correcta y en el caso de ser los únicos interesados se archivará el procedimiento.

Según el artículo 77.2 de la LPACAP cuando se considere necesario se podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo: No superior a diez días ni inferior a cinco. No superior a treinta días ni inferior a diez. No superior a diez días. No superior a ocho días.

El artículo 78.1 de la LPACAP establece que la Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas: En el plazo máximo de cinco días. En el plazo máximo de diez días. Con antelación suficiente. En el plazo mínimo de diez días.

Según el artículo 81.2 de la LPACAP en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía: Igual o superior a 20.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. Igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. Igual o superior a 25.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. Superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.

Según el artículo 81.2 de la LPACAP en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, en aquellos casos que disponga: La Ley 1/2000, de 13 de abril, de Enjuiciamiento Civil. La Ley 40/2015, de 2 de octubre, de la Administración del Estado. La Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 90 de la LPACAP que trata sobre las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores, la resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando: No quepa contra ella ningún recurso extraordinario en vía administrativa. Quepa contra ella recurso ordinario en vía administrativa. No quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa o judicial. No quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa.

El artículo 95 de la LPACAP señala que, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos: Veinte días, se producirá la caducidad del mismo. Diez días, se producirá la caducidad del mismo. Tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Dos meses, se producirá la caducidad del mismo.

El artículo 95 de la LPACAP indica que contra la resolución que declare la caducidad: Procederá cualquier tipo de recurso. Procederán los recursos pertinentes. Únicamente procede el recurso contencioso-administrativo. No cabrá recurso alguno.

En el artículo 96.3 de la LPACAP se señala que los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el artículo 96.1, podrá desestimar dicha solicitud en el plazo de: Cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Diez días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Cinco días desde su presentación, pudiendo el interesado interponer los recursos que procedan. Cinco días desde el siguiente a su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado.

A tenor del artículo 107.2 de la LPACAP, la declaración de lesividad, sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente: Será susceptible de recurso de amparo. No será susceptible de recurso. Será susceptible de recurso extraordinario. Será susceptible de recurso potestativo de reposición.

Según el artículo 111 de la LPACAP será competente para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables dictados por el Consejo de Ministros: El Congreso de los Diputados. El Presidente del Consejo de Ministros. Las Cortes Generales. El Consejo de Ministros.

De acuerdo con el artículo 112.3 de la LPACAP contra las disposiciones administrativas de carácter general: No cabrá recurso en vía alguna. No cabrá recurso en vía administrativa. Cabrá recurso de alzada. Cabrá recurso extraordinario de revisión.

¿Cuál de las siguientes ponen fin a la vía administrativa en el ámbito estatal, según el artículo 114.2 de la LPACAP?. Los emanados de los órganos directivos con nivel de Subdirector general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en cualquier materia. Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o inferior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia económico-administrativa.

Según el artículo 119.3 de la LPACAP el órgano que resuelva el recurso decidirá: Las cuestiones, exclusivamente de fondo, que plantee el procedimiento y que hayan sido alegadas por los interesados. Cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, siempre y cuando hayan sido alegadas por los interesados. Cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 119.3 de la LPACAP el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso: En el caso de no haber sido alegadas por los interesados no será necesario oírlos previamente. Se les oirá si así se estima por dicho órgano. Se les oirá si así lo solicitan en el plazo de diez días a la resolución del recurso. Se les oirá previamente.

¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición, de acuerdo con el artículo 39/2015?. Un mes. Dos meses. Quince días. Tres meses.

Según el artículo 18 del TREBEP, ¿qué se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los contemplados en el artículo 55.2 del TREBEP?. La carrera vertical de los funcionarios de carrera. La carrera horizontal de los funcionarios de carrera. La promoción interna de los funcionarios de carrera. Todas las respuestas son correctas.

¿Qué quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada?. La continuidad en un puesto de trabajo de libre designación. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso. La continuidad en un puesto de trabajo en comisión de servicios. La continuidad en un puesto de trabajo como personal eventual.

Según el artículo 22 del TREBEP, dentro de las retribuciones básicas: Están comprendidos los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Están comprendidos los componentes correspondientes a la evaluación del desempeño de cada funcionario. No están comprendidos los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. No estarán incluidas las pagas extraordinarias.

Conforme al artículo 30 del TREBEP, la parte de jornada no realizada: Dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que tendrá carácter sancionador. Dará lugar a la deducción proporcional de haberes, siempre que haya dado lugar a una sanción disciplinaria. Dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador. No podrá dar lugar a la deducción de haberes, siendo la sanción disciplinaria la única medida a adoptar.

El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa recogida en el artículo 34 del TREBEP, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará: En el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. En el plazo máximo de tres meses desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. En el plazo máximo de un año desde la celebración de la última Mesa de Negociación. En el plazo máximo de dos años desde la celebración de la última Mesa de Negociación.

De manera general y según el artículo 46 del TREBEP, las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán: Fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. Dentro de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. Fuera de las horas de trabajo, en todo caso. Dentro de las horas de trabajo, en todo caso.

Como indica el artículo 47 del TREBEP las Administraciones Públicas establecerán: La jornada principal de trabajo, facilitando la flexibilidad a la entrada y la salida. La jornada general de trabajo, no siendo posible establecer jornadas especiales de trabajo para los funcionarios públicos. La jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 48 del TREBEP, los funcionarios tendrán derecho a un permiso por asuntos particulares de: Seis días al año. Cinco días al año. Ocho días al año. Siete días al año.

El artículo 49 del TREBEP establece un permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla: Ocho años y tendrá una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas. Doce años y tendrá una duración no superior a dieciséis semanas, continuas o discontinuas. Ocho años y tendrá una duración no inferior a dieciséis semanas, continuas o discontinuas. Seis años y tendrá una duración no inferior a seis semanas, continuas o discontinuas.

¿Hasta qué reducción de jornada mantendrá la funcionaria pública sus retribuciones íntegras cuando sea víctima de violencia de género?. Cuando reduzca su jornada a la mitad. Cuando reduzca su jornada en un tercio o menos. Cuando reduzca su jornada en un cuarto. No se mantendrán en ningún caso.

De acuerdo con el TREBEP, si ambos progenitores son funcionarios y tienen derecho al permiso por cuidado de hijo enfermo, ¿qué condición deben cumplir para percibir retribuciones íntegras?. Que solo uno de ellos reduzca su jornada. Que ambos reduzcan su jornada a la mitad. Que trabajen en el mismo órgano o entidad. Que la otra persona no cobre sus retribuciones integras por el mismo motivo.

La presente ley orgánica tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016: relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. relativo a la protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. relativo a la protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.

El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación de: el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. los sistemas de información del responsable. los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas. el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice: de modo temporal, su acceso parcial. de modo temporal, su acceso a su totalidad. de modo permanente, su acceso parcial. de modo permanente, el acceso a su totalidad.

¿Cuál de los siguientes contribuyentes está exento del IAE?. Empresas con una cifra de negocios de más de 1.000.000 de euros. Personas físicas, cualquiera que sea su actividad. Sociedades limitadas sin ánimo de lucro.

Cuál de estos derechos puede ser suspendido en el supuesto de que se declare el estado de excepción: El derecho a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 de la Constitución). El derecho de asociación (artículo 22.1 de la Constitución). El derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 de la Constitución).

Para realizar una manifestación por las vías públicas de una ciudad hay que pedir autorización: Al Alcalde. A nadie. Al Subdelegado del Gobierno.

Conforme al artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Galicia, el Parlamento elegirá de entre sus miembros: Un Presidente. Todas las respuestas son correctas. Una Diputación Permanente. La Mesa.

¿Quién fijará el presupuesto propio del Parlamento de Galicia?. La Xunta de Galicia. El Presidente de la Xunta de Galicia. El propio Parlamento. Las Cortes Generales.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia será nombrado por: El Presidente de la Xunta, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El Parlamento Gallego, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Rey, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Conforme al artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Galicia, los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles serán nombrados por: Por la Xunta de Galicia, de conformidad con las leyes de Galicia. El Estado, de conformidad con la Ley Orgánicas del Poder Judicial. La Comunidad Autónoma, de conformidad con las leyes de Galicia. La Comunidad Autónoma, de conformidad con las leyes del Estado.

Los tratados o convenios que permita el establecimiento de relaciones culturales de la Comunidad Autónoma gallega con los Estados con los que mantenga particulares vínculos culturales o lingüísticos, precisarán que la Comunidad Autónoma gallega: Ninguna de las respuestas es correcta. Solicite al Gobierno que celebre y presente, en su caso, a las Cortes Generales, para su autorización estos tratados o convenios. Lo comunique a las Cortes Generales, que dispondrán de un plazo de 30 días para manifestar reparos. Solicite a las Cortes Generales su autorización.