TEST FINALES DEL TEMAS

1. La edificación sobre un determinado suelo: A. Es una atribución gratuita que realiza la Administración. B. Corresponde al propietario como parte esencial del derecho de propiedad de ese suelo. C. Requiere del previo cumplimiento de las obligaciones urbanísticas marcadas por la ley y el plan. D. A todas ellas según el caso.

2. ¿Cuál es la clasificación tradicional del suelo en el urbanismo español?. A. Urbano y Urbanizable. B. Urbano, Urbanizable y No Urbanizable. C. Urbano y No Urbanizable. D. Ninguna de las anteriores.

3. En el TR del 2015, ¿qué categoría tradicional del suelo no viene contemplada expresamente?. A. Urbano. B. No Urbanizable o Rural. C. Urbanizable. D. Ninguna de las anteriores.

4. ¿Es lo mismo suelo urbano que solar?. A. Si. B. No. C. Depende de las circunstancias. D. Las dos anteriores.

5. Hasta la reforma de 1975, ¿a través de qué único instrumento se aplicaba el principio de equidistribución de beneficios y cargas?. A. Aprovechamiento medio. B. Área de Reparto. C. Proyecto de Reparcelación. D. Aprovechamiento tipo.

6. ¿Qué instrumento incorpora la Ley del Suelo del 76 para suplir las deficiencias de la reparcelación a la hora de equidistribuir los costes y beneficios de la acción urbanizadora?. A. El aprovechamiento medio. B. Aprovechamiento tipo. C. Las dos anteriores. D. Ninguno de los mencionados.

7. De las diferentes leyes urbanísticas, ¿cuál de ellas apostó por valorar los terrenos conforme al valor de mercado?. A. Ley del Suelo de 1956. B. Ley del Suelo de 1976. C. Ley del Suelo de 1998. D. Ley del Suelo del 2008.

8. ¿Qué método de valoración establece el TR del 2015 para el suelo rural o no urbanizado?. A. El de comparación. B. El residual estático. C. El catastral. D. El de capitalización de rendimientos.

9. ¿Cuál es el destino primordial de los patrimonios públicos de suelo?. A. Las viviendas de protección oficial. B. Proporcionar recursos económicos a los Ayuntamientos. C. La construcción de viviendas para funcionarios. D. El que determine el planeamiento.

10. Los derechos de tanteo y retracto se podrán ejercitar por las Administraciones urbanísticas: A. En cualquier momento. B. Solo en el caso de que lo permita la legislación autonómica y se haya delimitado el área correspondiente. C. No pueden. D. Solo en el caso en que los terrenos vayan a destinarse a viviendas.

1. La aprobación provisional de los planes generales corresponde a: A. Las CCAA. B. Los municipios. C. Depende del caso. D. A las Diputaciones Provinciales.

2. El TR del 2015 obliga en la tramitación de todos los planes de ordenación a: A. Ser sometidos a un trámite de información pública que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento administrativo común. B. Ser aprobados en el plazo de seis meses. C. Ser aprobados en el plazo de un año. D. Ser aprobados por las CCAA.

3. La fase de consultas y alegaciones al ISA es: A. Simultánea a la tramitación urbanística del Plan. B. Posterior a la tramitación urbanística del Plan. C. Anterior a la tramitación urbanística del Plan. D. Ninguna de las anteriores.

4. La suspensión de licencias con motivo de la tramitación de un plan de ordenación: A. Solo se puede dar con motivo de la aprobación inicial. B. Solo se puede dar con motivo de la aprobación provisional. C. Se puede dar antes de la aprobación inicial. D. No se produce nunca.

5. El TR del 2015, respecto al plazo que tienen las administraciones para aprobar aquellos planes que no han tramitado: A. Lo fija en 6 meses. B. Se remite a la legislación de las CCAA. C. Lo fija en 3 meses. D. No establece previsión al respecto.

6. La publicación del acuerdo y contenido de los planes de ordenación: A. Es obligatoria. B. Es conveniente. C. Es voluntaria. D. Depende de lo que digan las CCAA.

7. El incumplimiento de reflejar en la escritura pública de venta de una parcela las obligaciones pendientes al respecto de una actuación urbanística: A. Constituye una falta grave. B. Constituye una falta leve. C. No existe tal obligación. D. Faculta al comprador a rescindir la compraventa en el plazo de 4 años.

8. La obligación que establece el TR del 2015 de revisar el Plan cuando la modificación conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20 % de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial: A. Es aplicable en todo caso a las CCAA. B. No es aplicable nunca a las CCAA. C. Solo se aplica en casos determinados. D. Es aplicable a las CCAA en defecto de previsión propia.

9. La potestad de planeamiento urbanístico: A. Es discrecional. B. Es discrecional aunque contiene elementos reglados. C. Es reglada. D. No puede ser fiscalizada por los Tribunales.

10. La modificación del planeamiento urbanístico: A. Generará derechos indemnizatorios a aquellos propietarios que vean reducido el aprovechamiento urbanístico de sus terrenos. B. Generará derechos indemnizatorios a aquellos propietarios que vean reducido el aprovechamiento urbanístico de sus terrenos en más de un 20 %. C. No generará derechos indemnizatorios salvo determinados supuestos. D. No generará derechos indemnizatorios nunca.

1. La ejecución del planeamiento urbanístico hace referencia fundamentalmente a: A. La edificación de los solares. B. La gestión y urbanización de los terrenos. C. La aprobación del instrumento de planeamiento más detallado. D. Ninguna de las anteriores.

2. Los presupuestos jurídicos necesarios para proceder a la ejecución son: A. Aprobación del instrumento de planeamiento. B. Delimitación del ámbito de gestión. C. Las dos anteriores. D. Ninguna de las anteriores.

3. Los principales sistemas de ejecución son los siguientes: A. Expropiación, cooperación y compensación. B. Cooperación y compensación. C. Expropiación y cooperación. D. Expropiación, cooperación, compensación y agente urbanizador.

4. La Junta de Compensación en cuanto a la actividad que desarrolla, se encuentra sujeta a: A. Derecho administrativo. B. Derecho Privado. C. Depende del tipo de actividad puede quedar sujeta a uno u a otro. D. Ninguna de las anteriores.

5. En el sistema de compensación el incumplimiento de los deberes de los propietarios o su negativa a adherirse a la Junta de Compensación determinará: A. La expropiación de los terrenos. B. La ejecución forzosa. C. La imposición de una sanción económica. D. La paralización del procedimiento.

6. La posición de la Administración como responsable única del proceso de ejecución se produce en el sistema de: A. Expropiación. B. Cooperación. C. Compensación. D. Agente Urbanizador.

7. La valoración de los terrenos en el sistema de expropiación se realizará conforme al valor: A. Del suelo con expectativas urbanísticas. B. Del suelo como suelo rural. C. Del suelo como suelo urbano. D. Del suelo por el método de comparación.

8. En el sistema de cooperación la dirección e iniciativa del proceso corresponde a: A. Los propietarios. B. La Junta de Compensación. C. Las dos anteriores. D. La Administración.

9. La fijación del valor del suelo, en caso de que los propietarios no muestren disconformidad, en procedimiento de expropiación por tasación conjunta corresponde a: A. Ayuntamientos. B. CCAA. C. Estado. D. Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

10. Señala qué afirmación NO es cierta: A. El Agente Urbanizador actúa como concesionario de la Administración. B. La adjudicación de la condición de Agente Urbanizador deberá realizarse mediante un proceso de concurrencia competitiva. C. El Agente Urbanizador no tiene por qué ser propietario de terrenos. D. La adjudicación de la condición de urbanizador deberá cumplir con los requisitos establecidos en la legislación de contratos para el contrato de obra.

1. ¿A qué Administración territorial corresponden las competencias sobre ordenación del territorio y urbanismo?. A. A la Administración Central. B. A las Comunidades Autónomas. C. A los Ayuntamientos. D. A todas ellas según el caso.

2. ¿Tras la Sentencia del TC 61/97, puede el Estado dictar normas de carácter supletorio en materia de urbanismo?. A. No. B. Sí, en base al artículo 149.3 de la CE. C. Solo en el caso de que existan lagunas en el ordenamiento autonómico. D. Depende de la Comunidad Autónoma.

3. ¿De qué forma puede incidir el Estado en el ordenamiento urbanístico de las CCAA a través de la cláusula competencial del artículo 149.1.1ª CE?. A. Fijando unos criterios básicos en los estándares urbanísticos. B. No puede incidir a través de esta cláusula competencial. C. Estableciendo el modelo de las técnicas urbanísticas comunes. D. Estableciendo las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio del derecho de propiedad.

4. ¿Son manifestaciones de la competencia estatal sobre la legislación civil en el urbanismo?. A. El carácter «propter rem» de las obligaciones urbanísticas. B. La regulación de los efectos registrales de las actuaciones urbanísticas. C. Las dos anteriores. D. La regulación hipotecaria.

5. ¿En qué competencia estatal se basa la previsión del TR del 2015 que obliga a reservar un 30 % del aprovechamiento a viviendas de protección oficial?. A. Artículo 149.3 CE. B. Artículo 149.1.18ª CE. C. Artículo 149.1.13ª CE. D. Artículo 149.1.8ª CE.

6. ¿Tienen los municipios reconocido constitucionalmente un ámbito de competencias en materia de urbanismo?. A. No. Será el legislador ordinario el que lo haga. B. Si. En el artículo 140 CE. C. Solo en parte. D. Ninguna de las anteriores.

7. ¿Deben los municipios participar en los procesos de aprobación del planeamiento urbanístico que les afecte?. A. En principio no tienen porque ya que la CE no les reconoce competencias en este ámbito. Solo en el caso de que la ley sectorial lo contemple. B. Si, menos en el caso en que suponga infringir el principio de autonomía local del artículo 140 CE. C. Solo en el caso de que los promuevan ellos. D. En ningún caso.

8. ¿Qué principio debe aplicarse siempre para evitar los posibles conflictos por concurrencia de competencias en materia de urbanismo?. A. El de prevalencia de la legislación estatal. B. El de supletoriedad de la legislación estatal. C. El principio de cooperación y coordinación. D. Ninguno de ellos.

9. Suscitado ya el conflicto de competencias que criterio cabría aplicar para solucionarlo: A. El de prevalencia de la competencia más específica. B. El de prevalencia de la legislación estatal. C. El de prevalencia de la legislación autonómica. D. El de prevalencia de la competencia local.

10. El Texto Refundido de la LS del 2015 establece que los informes de disponibilidad hídrica, costas y carreteras son: A. Vinculantes. B. Determinantes. C. Facultativos. D. Preceptivos.

1. La Reparcelación es un instrumento urbanístico de: A. Ordenación. B. Planeamiento. C. Gestión. D. Todas son ciertas.

2. Qué finalidad de las indicadas NO es propia del instituto reparcelatorio: A. Distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística. B. Establecer los coeficientes de edificabilidad de las parcelas resultantes. C. Regularizar la configuración de las fincas. D. Situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al Plan.

3. Son elementos subjetivos de la reparcelación: A. Los propietarios de terrenos incluidos en la UE. B. Los que propietarios de terrenos externos a la UE pero adscritos a la misma. C. Los titulares de derechos reales de las propiedades afectadas por el Proyecto de Reparcelación. D. Todas son ciertas.

4. Para que pueda tramitarse la reparcelación es necesario que: A. Se pongan todos los propietarios afectados de acuerdo. B. Se pongan de acuerdo todos los propietarios y el Urbanizador. C. Se haya aprobado el instrumento de planeamiento adecuado. D. Todas son falsas.

5. NO es un efecto de la reparcelación: A. La subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas. B. La extinción de los derechos o cargas que se estimen incompatibles con el planeamiento. C. La adjudicación de la condición de Urbanizador. D. La liquidación de las cuotas de urbanización.

6. La competencia para aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación es de: A. Las CCAA. B. El Pleno del Ayuntamiento competente. C. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento competente. D. El Alcalde del Ayuntamiento competente.

7. Cuando la reparcelación limita sus efectos a la determinación de las indemnizaciones sustitutorias que procedan entre los afectados se le llama: A. Normalización de fincas. B. Reparcelación económica. C. Reparcelación voluntaria. D. Todas son falsas.

8. El primer criterio que ha de tenerse en cuenta a la hora de valorar tanto las fincas aportadas u originales como las resultantes en el Proyecto de Reparcelación es: A. El valor urbanístico de las mismas. B. La proporcionalidad con lo aportado. C. El acuerdo unánime de los propietarios. D. Lo que establezcan las CCAA.

9. Tras los criterios de adjudicación que se establezcan por las legislaciones urbanísticas de las CCAA, el RGU establece de forma supletoria que: A. Se deberá adjudicar toda la superficie susceptible de aprovechamiento privado en proporción a las aportaciones. B. Se procurará que las adjudicaciones se realicen en el lugar más próximo posible a las parcelas originarias. C. No serán objeto de nueva adjudicación las fincas edificadas y no edificadas que reúnan los requisitos establecidos en los arts. 89 a 92 del RGU. D. Todas son ciertas.

10. NO forma parte de la documentación del Proyecto de Reparcelación: A. Relación de propietarios e interesados, con expresión de la naturaleza y cuantía de su derecho. B. Propuesta de adjudicación de las fincas resultantes, con expresión del aprovechamiento urbanístico que a cada una corresponda y designación nominal de los adjudicatarios. C. Tasación de los derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones que deban extinguirse o destruirse para la ejecución del plan. D. Cuenta de liquidación definitiva.