Financiero I. Sábado 27/06.

En materia tributaria, el precedente administrativo: Es vinculante para el administrado siempre que se trate de un precedente emitido por la Dirección General de Tributos. Únicamente vincula a los Tribunales Económico Administrativos. No es vinculante para el administrado y tampoco puede considerarse fuente del derecho financiero, aunque puede alegarlo como criterio para la interpretación en cuanto le sea favorable. No existe el precedente administrativo en el ámbito tributario.

Contra la lesión del principio tributario de igualdad fundada en elementos objetivos conforme al artículo 31 de la Constitución Española: No puede hablarse de vulneración del principio de igualdad en términos tributarios pues nunca se darán aspectos subjetivos en la naturaleza de cualquier tributo. No cabe recurso de amparo. Cabrá recurso de amparo en todo caso ya que cae bajo la órbita del artículo 14 de la Constitución Española. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

El principio de generalidad recogido en el artículo 31 de la Constitución Española implica: Una asignación equitativa de los recursos públicos. Únicamente gira en torno al gasto público. La prohibición de bonificaciones o exenciones discriminatorias y no justificadas. La universalidad impositiva en un sistema tributario justo que responda a los principios de capacidad económica e igualdad.

Los tributos se aplicarán: Conforme a los criterios de nacionalidad, residencia o territorialidad, que establezca la Ley en cada caso. Únicamente conforme al criterio de residencia en territorio español. Conforme a los criterios de residencia o territorialidad que establezca la Ley en cada caso. Por el principio de universalidad impositiva se aplicarán siempre, y de forma totalmente excluyente, conforme a los principios de capacidad económica e igualdad.

Un contribuyente no se considera responsable de una infracción tributaria: Cuando paga fuera de plazo, pero sin intención de defraudar. Siempre que presente la declaración, aunque sea incorrecta. Nunca, cualquier error genera responsabilidad. Cuando actúa con diligencia y siguiendo una interpretación razonable de la norma.

El contribuyente respecto a la Administración tributaria tiene derecho. A recibir beneficios fiscales. A elegir libremente el tipo de impuestos que quiere pagar. A ser informado y asistido sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. A ser informado por la Administración tributaria sobre sus obligaciones, pero no a ser asistido.

El tipo impositivo determina: La clase de tributo. El porcentaje aplicado a la base imponible. El tiempo de devengo. El procedimiento de cobro.

Un impuesto directo es aquel que: Grava una manifestación inmediata de la capacidad económica, como la renta o el patrimonio. Solo pueden pagarlo las personas físicas, nunca las empresas. Se paga directamente en la caja de la administración. El procedimiento de cobro.

En los pagos fraccionados: Paga el pagador. Paga el perceptor de la renta. No hay pago previo. Solo aplica a personas físicas.

El sujeto pasivo es: A. El que paga el impuesto siempre. B. El obligado a cumplir la obligación tributaria principal. C. El que recibe el impuesto. D. El consumidor final.

El domicilio fiscal de una persona física es: A. Donde trabaja. B. Su residencia habitual. C. Donde paga impuestos. D. Donde tiene bienes.

La iniciación del procedimiento tributario puede producirse: A. Solo de oficio. B. Solo a instancia de parte. C. De oficio o a instancia de parte. D. Exclusivamente mediante declaración tributaria.

En un procedimiento tributario cuya normativa específica no fija plazo máximo de resolución, transcurren más de seis meses sin notificación de resolución. El obligado sostiene que el procedimiento ha caducado porque, en defecto de previsión expresa, el plazo máximo es de seis meses: A. No tiene razón, porque el plazo máximo general es de un año. B. Tiene razón, porque en defecto de previsión específica el plazo máximo general es de seis meses. C. No tiene razón, porque en los procedimientos tributarios no existe caducidad. D. Tiene razón, salvo que se trate de un procedimiento iniciado a instancia de parte.

Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en: A. Comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento. B. Solo diligencias y resoluciones. C. Exclusivamente actas y providencias. D. Únicamente comunicaciones y propuestas de liquidación.

El interés de demora es: A. Un concepto que no existe en nuestro Derecho tributario. B. Una prestación accesoria por retraso en el pago, entre otras circunstancias. C. Un impuesto. D. Una tasa.

El interés de demora general equivale a: A. Interés legal + 10%. B. Interés legal + 25%, salvo excepciones. C. Interés fijo del 5%. D. Interés legal simple, en todo caso.

Si el retraso en el pago supera 12 meses: A. Se impone un recargo del 5%. B. Se impone un recargo del 10%. C. Se impone un recargo del 15% y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. D. Se impone un recargo del 25%.

El procedimiento de apremio se inicia con: A. El embargo del bien o derecho. B. La notificación de la providencia de apremio. C. La liquidación. D. La sanción.

Las actas de un procedimiento inspector pueden ser: A. De contrariedad. B. De previsibilidad. C. De disconformidad. D. De nulidad.

El acta de disconformidad: A. Llevará una reducción en la base de la sanción del 20%. B. Llevará una reducción en la base de la sanción del 10%. C. Llevará una reducción en la base de la sanción del 60%. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

Si recibo una notificación de la Administración el 24 de junio, y me encuentro en periodo ejecutivo, ¿hasta qué día tendré para pagar la deuda?. A. Hasta el 20 de julio. B. Hasta el 20 de agosto. C. Hasta el 5 de julio. D. Hasta el 5 de agosto.

Como especialidad en el procedimiento sancionador, la caducidad: A. Impide que pueda iniciarse un nuevo procedimiento sancionador con el mismo objeto. B. No impide que pueda iniciarse un nuevo procedimiento sancionador con el mismo objeto. C. Impide que pueda iniciarse un nuevo procedimiento sancionador con distinto objeto. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

La caducidad se producirá por el transcurso del plazo: A. De dos meses a contar desde la notificación de la comunicación de inicio. B. De tres meses a contar desde la notificación de la comunicación de inicio. C. De seis meses a contar desde la notificación de la comunicación de inicio. D. De nueve meses a contar desde la notificación de la comunicación de inicio.

Plazo para resolver la Reclamación Económico-Administrativa. A. 4 meses. B. 6 meses. C. 2 años. D. 1 año.

¿Ante quién se interpone el recurso de reposición?. A. Ante un órgano superior. B. Ante el mismo órgano que dictó el acto que se recurre. C. Ante el tribunal contencioso-administrativo. D. Ninguna de las anteriores es correcta.