Los decretos-leyes no podrán regular en ningún caso materias que versen sobre: El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española. El régimen de las comunidades autónomas; el Derecho Electoral General; los estatutos de autonomía. No podrán regular ninguna de estas materias.
Disposiciones (provisionales hasta su convalidación por el Congreso de los Diputados) dictadas con fuerza de ley por el Ejecutivo en el ámbi-
to de materias de reserva legal y cuya justificación reside en una situación de extraordinaria y urgente necesidad Decretos-Leyes. Decretos-Legislativos. Leyes Orgánicas. Leyes Ordinarias.
¿Si el Congreso se pronuncia en el plazo de los 30 días siguientes a la promulgación de un Decreto-Ley y lo convalida que ocurre? El Decreto-Ley adquiere plena eficacia, durante la situación de extraordinaria y urgente necesidad. El Decreto-Ley se convierte en ley, perdiendo su carácter provisional y pasando a tener una vigencia indefinida. El Decreto-Ley pierde toda eficacia. El Decreto-Ley se derogaría.
¿Si el Congreso se pronuncia en el plazo de los 30 días siguientes a la promulgación de un Decreto-Ley y lo deroga que ocurre? El Decreto-Ley adquiere plena eficacia, durante la situación de extraordinaria y urgente necesidad. El Decreto-Ley se convierte en ley, perdiendo su carácter provisional y pasando a tener una vigencia indefinida. El Decreto-Ley pierde toda eficacia. El Decreto-Ley se promulgaría.
¿Si el Congreso no se pronuncia en el plazo de los 30 días siguientes a la promulgación de un Decreto-Ley que ocurre? El Decreto-Ley adquiere plena eficacia, durante la situación de extraordinaria y urgente necesidad. El Decreto-Ley se convierte en ley, perdiendo su carácter provisional y pasando a tener una vigencia indefinida. El Decreto-Ley pierde toda eficacia. El Decreto-Ley se derogaría.
¿En qué situación El Decreto-Ley se convierte en ley, perdiendo su carácter provisional y pasando a tener una vigencia indefinida.? Cuando se tramita el Decreto-Ley como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Si el Congreso no se pronuncia en el plazo de los 30 días siguientes a la promulgación. En los dos casos. En ningún caso.
Una disposición jurídica de carácter general dictada por la Administración Pública con valor subordinado a la ley es Un Decreto. Una ley básica. Un Reglamento. Un Acto.
Con respecto al Reglamento elige la opción incorrecta. Son fuentes del Derecho administrativo para la Administración. Están sometidos al principio de legalidad. No pueden ser fiscalizados por la jurisdicción contencioso-administrativa. Son normas de rango inferior al de las leyes.
Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley un Reglamento no puede: Tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas. Establecer penas o sanciones. Establecer tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. No puede hacer nada de lo expuesto.
Características de los Reglamentos elige la incorrecta. Son de carácter particular. Emanan de los órganos de la Administración. Son auténtica fuente de Derecho. Son de rango inferior a la Ley.
El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde Al Gobierno de la Nación. A los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo previsto en sus respectivos Estatutos. A los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Todas son correctas.
Un Real Decreto es Legislación básica. Legislación delegada. Un reglamento estatal. Ninguna es correcta.
Las disposiciones aprobadas por Orden Ministerial tienen la consideración de Rango de Ley. Reglamento. Las dos respuestas son correctas. Ninguna es correcta.
De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros. Artículo 24 de Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Artículo 24 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Gobierno. Artículo 24 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Gobierno. Artículo 25 de Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Artículo 161.2 CE. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. 5 días. 5 años. 5 semanas.
En general el reconocimiento de la potestad reglamentaria viene establecido en El artículo 97 CE. El artículo 96 CE. El artículo 98 CE. El artículo 99 CE.
De maneras más concreta y particular el reconocimiento de la potestad reglamentaria viene establecido en Artículo 153.c CE y Artículo 161.2 CE. Artículos 21, 23 y 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. Artículo 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Todas son correctas.
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la
administración autónoma y sus normas reglamentarias. Artículo 153.a CE. Artículo 153.c CE. Artículo 153.b CE. Artículo 153.d CE.
En función con sus destinatarios los Reglamentos se clasifican en Reglamentos generales y reglamentos especiales. Reglamentos ejecutivos, reglamentos de necesidad y reglamentos independientes. Reglamentos externos y reglamentos internos. Reglamentos de naturaleza jurídica y reglamentos puramente administrativos.
Según del ámbito del que emanan los reglamentos se clasifican en Reglamentos generales y reglamentos especiales. Reglamentos ejecutivos, reglamentos de necesidad y reglamentos independientes. Reglamentos externos y reglamentos internos. Reglamentos estatales, reglamentos autonómicos y reglamentos locales.
Por su contenido los reglamentos se clasifican en Reglamentos generales y reglamentos especiales. Reglamentos externos y reglamentos internos. Reglamentos estatales, reglamentos autonómicos y reglamentos locales. Reglamentos ejecutivos, reglamentos de necesidad y reglamentos independientes.
Cuando se trate de explicar la razón de los reglamentos estos pueden ser Reglamentos generales y reglamentos especiales. Reglamentos ejecutivos, reglamentos de necesidad y reglamentos independientes. Reglamentos de naturaleza jurídica y reglamentos puramente administrativos. Reglamentos externos y reglamentos internos.
Los reglamentos se clasifican según la relación que tienen con la ley entre. Reglamentos ejecutivos, reglamentos de necesidad y reglamentos independientes. Reglamentos ejecutivos y reglamentos de necesidad. Reglamentos ejecutivos, y reglamentos independientes. Ninguna es correcta.
Los reglamentos que se dictan en virtud de remisiones normativas de la ley a favor del reglamento para desarrollar y completar la ley en la que se apoyan son Reglamentos ejecutivos. Reglamentos independientes. reglamentos de necesidad. Reglamentos ordinarios.
Los reglamentos ejecutivos Deben ser informados previamente por el Consejo de Estado, incluso los dictados con carácter provisional, aunque con efecto no vinculante, pero sí con carácter preceptivo. Deben ser informados previamente por el Consejo de Estado, salvo dictados con carácter provisional, aunque con efecto no vinculante, pero sí con carácter preceptivo. Deben ser informados previamente por el Consejo de Estado, incluso los dictados con carácter provisional, preceptivamente y con efecto vinculante. Deben ser informados previamente por el Consejo de Estado, salvo dictados con carácter provisional, con carácter potestativo y efecto vinculante.
Los reglamentos que no desarrollan ni complementan ninguna ley, sino que, en virtud de la potestad general reglamentaria que atribuyen la Constitución Española o las leyes a las administraciones públicas, regulan materias no incluidas en la reserva de ley son Reglamentos ejecutivos. Reglamentos independientes. Reglamentos de necesidad. Reglamentos ordinarios.
Los reglamentos dictados por las autoridades administrativas en caso de emergencia, que ante las causas graves suspenden la aplicación de una ley o proveen en contra de sus mandatos son Reglamentos de necesidad. Reglamentos independientes. Reglamentos ejecutivos Reglamentos normativos.
Los reglamentos independientes No pueden regular materias de reserva de ley. No pueden regular cualquier materia no reservada a la ley, a partir del momento de que esta sea regulada por una ley No desarrollan ni complementan ninguna ley. Todas son correctas.
La autorización, por una ley que regula una materia, para que sus previsiones puedan ser derogadas o modificadas por
un reglamento independiente es La deslegalización , reglamentos normativos. La desejecución, reglamentos ordinarios. La deslegislación, reglamentos extraordinarios. Ninguna es correcta.
Ejemplos de reglamento de necesidad marca el incorrecto. El Alcalde puede adoptar las medidas necesarias y adecuadas en caso de catástrofe o infortunios público o grave riesgo de los mismos en virtud del artículo 21.1 m) de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local. Según la Constitución Española, artículo 116 y la Ley Orgánica de 1 de junio de 1981 reguladora de los estados de
alarma, excepción y sitio, el Gobierno procederá a tomar las medidas que considere necesarias en caso de que se produzca alguno de estos tres estados. En casos de epidemias las autoridades gubernativas, civiles o militares están facultadas para actuar en contra de una ley Ninguno es incorrecto.
Aquellos reglamentos que contienen reglas de derecho y pueden crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas y que son verdaderas leyes, en sentido material son De naturaleza jurídica. Puramente administrativos Reglamentos normativos. Reglamentos generales.
Aquellos reglamentos que no contienen normas de Derecho y repercuten solo en el ámbito interno de la Administración, sin afectar a la esfera jurídica de los ciudadanos son De naturaleza jurídica. Puramente administrativos Reglamentos normativos. Reglamentos generales.
"Administraciones Públicas deben revisar periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas." Esta novedad al regular la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las AA PP viene regulada en Artículo 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Artículo 140 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 130 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
¿Cuál de estos sujetos tiene atribuida la potestad reglamentaria? El Gobierno de la nación Óganos de Gobierno de las Comunidades autónomas. Órganos de Gobierno locales. Todos ellos.
El Presidente del Gobierno ejercitará mediante real decreto La propuesta de nombramiento de los ministros. La disolución de las cámaras. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencias respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado. Todas son competencias del Presidente del Gobierno ejercitadas por real decreto.
¿Cuál de estos órganos tiene reconocida la potestad reglamentaria mediante ley orgánica? El Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial. Los estatutos de la universidad. Todos ellos.
Los ministros pueden ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento por medio de Real Decreto. Orden Ministerial. Circulares. Ley.
¿Cuál de estos órganos independientes tienen la potestad de dictar sus propios reglamentos otorgando la facultad de dictar las circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los reales decretos y órdenes del ministerio que se dicten ? Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores. La Ley de Regulación del Sector Eléctrico. La Ley de Auditoría de Cuentas. Todas son correctas.
El Banco de España tiene Potestad reglamentaria y puede dictar circulares monetarias y otra serie de circulares para desarrollar normas que le habiliten al efecto. Potestad legislativa y puede elaborar leyes monetarias y otra serie de disposiciones para desarrollar normas que le habiliten al efecto. Las dos son correctas. Ninguna es correcta.
El procedimiento de elaboración de los reglamentos se regula en Artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno Artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público Artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ninguna es correcta.
La fase de consulta pública de la elaboración del reglamento debe realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual debe proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a 15 días naturales. 15 días hábiles. 10 días naturales. 10 días hábiles.
La consulta pública, con carácter previo a la elaboración del texto normativo deberá recabar opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de: Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma y los objetivos de la norma. La necesidad y oportunidad de su aprobación. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Todas son correctas.
Se podrá prescindir del trámite de consulta pública En el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. En el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas. En todos estos casos se podrá prescindir del trámite de consulta pública.
Se podrá prescindir del trámite de consulta pública Cuando la propuesta normativa tenga un impacto significativo en la actividad económica o imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. Cuando regule aspectos totales de una materia. Cuando no concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. En el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas.
En el proceso de elaboración del reglamento el centro directivo competente tiene que elaborar con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que contenrá La oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas. Un análisis jurídico. Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias. Todas son correctas.
En el proceso de elaboración del reglamento el centro directivo competente tiene que elaborar con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que contendrá Impacto económico y presupuestario. Identificación de cargas administrativas y costes. Impacto por razón de género así como un resumen las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública. Todas son correctas.
A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma los informes preceptivos se emiten en un plazo de 10 días salvo que normativamente se establezca otra cosa. 20 días salvo que normativamente se establezca otra cosa. 30 días salvo que normativamente se establezca otra cosa. 5 días salvo que normativamente se establezca otra cosa.
En todo caso, los proyectos de disposiciones reglamentarias, deben ser informados por La Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes. La Secretaría General del Ministerio o Ministerios proponentes. La Subsecretaría del Ministerio o Ministerios proponentes. El Gabinete del Ministerio o Ministerios proponentes.
¿Cuándo es necesario recabar la aprobación previa del Ministerio competente en materia de administraciones públicas antes de someter la propuesta normativa al órgano competente para promulgarlos? Cuando afectara a la organización administrativa de la Administración General del Estado o a su régimen de personal. Cuando afectara a los procedimientos y a la inspección de los servicios de la Administración General del Estado. Cuando la norma pueda afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Todas son correctas.
Cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente dará audiencia a los ciudadanos afectados, el plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas. 15 días naturales y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días naturales cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas. 10 días hábiles y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas. 10 días naturales y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días naturales cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas.
El trámite de audiencia e información pública no es de aplicación A las disposiciones presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. A las disposiciones normativas que afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas. Las dos son correctas. Ninguna es correcta.
El trámite de audiencia e información pública en el procedimiento de elaboración de reglamentos solo puede omitirse Cuando existan graves razones de interés público que deben justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica o no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. En el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas Cuando regule aspectos parciales de una materia.
En el caso de Reales Decreto acordados en Consejo de Ministros, y previa a su aprobación, la propuesta se somete A la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. A la Secretaría General. A los gabinetes de la presidencia. A la Comisión Delegada del Gobierno.
¿Qué aspecto de los siguientes debe analizar el Ministerio competente en materia de presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno? La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en las Cortes Generales. La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en la nueva otras existentes en el mismo ámbito. Todas son correctas.
¿Qué aspecto de los siguientes debe analizar el Ministerio competente en materia de presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno? El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en particular, la inclusión de una sistemática de evaluación
posterior de la aplicación de la norma cuando fuere preceptivo. El cumplimiento de los principios y reglas sobre la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno establecidos en la
Ley 50/1997, del Gobierno. El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas administrativas o buena regulación que
se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de carácter general para la Administración General del Estado. Todas son correctas.
¿Qué aspecto de los siguientes debe analizar el Ministerio competente en materia de presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno? La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la norma comunitaria que se trasponga al derecho
interno. El contenido potestativo de la Memoria Anual de Impacto Normativo y, en particular, la inclusión de una sistemática de evaluación
posterior de la aplicación de la norma cuando fuere preceptivo. Las dos son correctas. Ninguna es correcta.
"Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican." Artículo 106.1 CE. Artículo 106.2 CE. Artículo 103.1 CE. Artículo 103.2 CE.
“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Artículo 106.1 CE. Artículo 106.2 CE. Artículo 103.1 CE. Artículo 103.2 CE.
Dentro de los límites derivados del principio de reserva material de ley. Los reglamentos no podrán Regular las materias a las que hacen referencia los artículos 81.1 y 53.1 de la Constitución. Establecer ni imponer penas. Establecer tributos, prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. No podrán hacer nada de esto.
"Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley." Artículo 31.3 CE. Artículo 31.1 CE. Artículo 31.2 CE. Artículo 31.4 CE.
"La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley." Artículo 133.1 CE. Artículo 133.2 CE. Artículo 133.3 CE. Artículo 133.4 CE.
"Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público." Artículo 128.1 CE. Artículo 128.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 128.3 CE. Artículo 128.4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece para los reglamentos ilegales la nulidad de pleno derecho? Artículo 47.2. Artículo 47.1. Artículo 47.3. Artículo 47.4.
Son nulos de pleno derecho los reglamentos que Vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Regulen materias reservadas a la Ley. Establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Todos son nulos de pleno derecho.
Son tipos de nulidad de reglamentos ilegales. Nulidad simple, relativa o anulabilidad y Nulidad absoluta, radical o de pleno derecho. Nulidad ordinaria y extraordinaria. Anulabilidad y nulidad relativa. Ninguna es correcta.
Exige una reacción del particular afectado por el acto viciado que consiste en la interposición del pertinente recurso, dentro de un plazo establecido por la ley Anulabilidad. Nulidad de pleno derecho. Las dos. Ninguna.
No se somete a ningún plazo ni requiere petición del afectado por el acto o la norma viciados. Anulabilidad Nulidad de pleno derecho. Las dos. Ninguna es correcta.
Es una vía de defensa ante un reglamento ilegal. La vía penal. La vía de excepción. La vía Contencioso-Administrativa. Todas ellas.
Según artículo 506 del Código Penal: "La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado Con la pena de prisión de 1 a 3 años, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 12 años”. Con la pena de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 12 años”. Con la pena de prisión de 5 a 10 años, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 5 a 12 años”. Ninguna es correcta.
Según el artículo 507 del Código Penal “El juez o magistrado que se arrogare atribuciones administrativas de las que careciere, o impidiere su legítimo ejercicio por quien las ostentare será castigado con la pena de prisión, de 6 meses a 1 año,multa de 3 a 6 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años”. la pena de prisión, de 3 meses a 1 año,multa de 3 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 10 años”. la pena de prisión, de 1 meses a 6 meses,multa de 3 a 6 años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años”. la pena de prisión, de 10 meses a 1 año,multa de 1 a 2 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 12 a 30 años”.
“Los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”. Artículo 3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Artículo 4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial Artículo 5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial Artículo 6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
“Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición” Artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Artículo 113.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Artículo 113.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:.
El recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho Es admisible por la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Es admisible por la jurisdicción Penal. Es admisible por la jurisdicción Civil. Ninguna es correcta.
“El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa ... Artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Artículo 27 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Artículo 28 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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