Función publica TEMAS 20-34

Las nuevas tendencias en el marco de la gerencia pública persiguen: Reducción del tamaño del sector público. Incrementar la despersonalización de las decisiones públicas, a fin de profundizar en la objetividad de las mismas. Rediseñar la función pública, atribuyendo funciones mucho más específicas al personal al servicio de las Administraciones Públicas. Todas las anteriores son correctas.

La certificación y la concesión de un sello, según el nivel de excelencia comprobado, es: El premio a la organización. El premio a la excelencia. El reconocimiento a la excelencia. Todas son falsas.

Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones: Todos los días del año, excepto los domingos y festivos. Todos los días del año durante las veinticuatro horas. Todos los días del año, excepto los domingos y festivos, desde las 9 horas a las 19 horas. Todos los días del año en horario de oficina.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: a) Entienden de asuntos de filiación, maternidad y paternidad. b) Los crea la Ley Orgánica de protección Integral contra la Violencia de Género. c) No tratan asuntos de la jurisdicción civil, si de la jurisdicción Penal. d) son ciertas las a y b.

Cuando el dependiente necesite ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal, será valorado en grado de autonomía: Grado I, dependencia moderada. Grado III, gran dependencia. Grado II, dependencia severa. Grado IV, dependencia absoluta.

“Todo lo que los Gobiernos deciden hacer o no hacer” es la definición de política pública de: Ballart. Baena. Dye. De ninguno de ellos.

A2016. Según la Ley Orgánica 1/2004 de 28 diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿Con qué periodicidad el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un Informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer?. Anual. Semestral. Trimestral. Cuatrimestral.

Los empleados de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas: Para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Para los trámites y actuaciones que realicen para ellas, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. En ningún caso cuando trabajen en la sede del organismo al que se dirigen. Únicamente cuando una ley lo establezca.

En lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados en relación a los registros electrónicos, cuando se presente un documento electrónico en día inhábil: Se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente en todo caso. Se entenderá realizada en el primer minuto del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Se entenderá realizada en el primer minuto del primer día hábil siguiente en todo caso. Se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

A24. El artículo 31 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece un subsidio al que pueden tener derecho determinadas personas cuya discapacidad no les permite utilizar el transporte colectivo. La cuantía de dicho subsidio se fija: Anualmente, en las leyes de presupuestos de cada Comunidad Autónoma. Por Orden del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Por Real Decreto del Consejo de Ministros. Anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad, es: La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. El Observatorio de Violencia de Género. El Consejo de Participación de la Mujer. Las Unidades de Igualdad.

En cuanto al Sistema para la Autonomía y atención a la dependencia, una no corresponde a las Comunidades autónomas: Asegurar la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención. Garantizar el nivel mínimo de atención para cada beneficiario. Evaluar periódicamente el funcionamiento del Sistema en los límites de su competencia. Todas son ciertas.

A24. El artículo 272 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, establece que los grados de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde: En el Comité Consultivo de Servicios Sociales y del Sisterna para la Autonomía y Atención a la Dependencia de cada Comunidad Autónoma. En el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia. En el Consejo Autonómico y Local de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia u órgano asimilado que cada Comunidad Autónoma determine con sus entidades locales.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: Tiene rango de Secretaría de Estado. Depende de la Secretaría de Estado de igualdad y para la erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Depende del Ministerio de la presidencia. Dirige las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dedicadas a luchar contra la violencia de género.

La prestación económica a la dependencia: Tiene carácter excepcional. Está condicionado a que no se requieran servicios profesionales. Está condicionado a que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. Todas son ciertas.

¿Cuál de las siguientes no es una función de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer?. El diseño, elaboración y seguimiento de los planes de acción contra las diversas formas de violencia de género. Impulsar y desarrollar las medidas de sensibilización ciudadana, a través de la elaboración y puesta en marcha de un plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género. Coordinar el Instituto Nacional de Estadística en la difusión de estadísticas sobre la violencia de género. Favorecer la aplicación del principio de transversalidad.

La violencia de género no comprende: Ninguna respuesta es correcta. Todo acto de violencia física y psicológica. Las coacciones. La privación arbitraria de libertad.

Según Ballart, las notas que deben caracterizar las variables indicadores, estándares y procedimientos de recogida de datos deben ser, una no es cierta: Globalidad. Coste. Eficacia. Validez aparente.

No es objetivo del Instituto para la evaluación de políticas públicas. Prestar un servicio eficaz, eficiente y de calidad. Fomentar la calidad de los servicios como compromiso con la ciudadanía. Promover la de ahorro energético y buenas prácticas medioambientales. Elaborar metodologías y sistemas de información e indicadores.

El Instituto para la evaluación de políticas públicas: Está adscrito al Ministerio de Hacienda. Fue creada por Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio. Su estatuto consta de 12 capítulos. Está adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

t2025. El artículo 29 de la ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, autoriza la creación de: El Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas. La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. La Agencia Estatal de Coordinación de Políticas Públicas. El Organismo Autónomo de Evaluación de Políticas Públicas.

Según la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, presentará en el último trimestre de cada año: Un informe en el que se dará cuenta del estado general de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas. Una memoria que se publicará en el portal web del Congreso de los Diputados. Una Memoria a las Cortes Generales en el que se dará cuenta del estado general de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas, el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. Todas son ciertas.

La perspectiva clásica en el proceso de evaluación, ¿es la evaluación?: Por afinidades. Para aprender. Por objetivos. Por realidades.

Psi 2022. En el ámbito de la Administración General del Estado y Sus organismos públicos la evaluación de las políticas públicas y de los planes y programas cuya evaluación se encomiende, en coordinación con los departamentos ministeriales, es competencia de: El Centro Criptológico Nacional (CCN). La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). La Agencia Estatal para la Evaluación de Políticas Públicas (AEEPP). El Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Agencia española de Evaluación de Políticas Públicas, se ha regulado por: Por Ley 27/2022, de 20 de diciembre. Por RD 769/2017, de 28 de julio. Por Ley Orgánica 27/2022, de 20 de diciembre. Todas son falsas.

Según la Ley de creación corresponde a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, presentará: La formulación y difusión de metodologías de evaluación. La elaboración de la propuesta del Plan de Evaluaciones Estratégicas del Gobierno. La aprobación de los Planes de Evaluación departamentales. todas lo son.

Tec. 2019. La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas: Tiene nivel orgánico de Dirección General y está adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda. Está adscrito a la Dirección General de Función Pública con rango de Subdirección General. Tiene nivel orgánico de Dirección General y está adscrito a la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública. Está adscrita a la dirección general de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Psi2021. Los principios de buen gobierno a que hace referencia el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno son: Principios generales y Principios de transparencia. Principios de actuación y Principios financieros. Principios generales y Principios de actuación. Principios de coordinación y Principios de colaboración interministerial.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será refrendado por el Congreso de los Diputados por acuerdo de: Mayoría simple. Mayoría absoluta. Dos terceras partes de los diputados. Tres cuartas partes de los diputados.

A24. De conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la Ley de Transparencia, son Infracciones disciplinarias graves: La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. El acoso laboral. La comisión de una infracción leve cuando el/la autor/a hubiera sido sancionado/a a lo largo del año anterior por dos infracciones graves contra la que no quepa recurso en vía administrativa.

Según el artículo 28 de la Ley 19/2003, se considera una infracción muy grave: El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones. La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se aplica, a: El Tribunal Supremo. Las fundaciones del sector público. Las sociedades mercantiles. Las Universidades Privadas.

El solicitante de información está obligado a motivar su solicitud: si. Únicamente en los casos en que la solicitud se dirija a la Administración General del Estado. no. Únicamente en los casos en que la solicitud se refiera a información de carácter económica o presupuestaria.

A24. Señale la respuesta INCORRECTA, según el artículo 38.1 de la Ley de Transparencia, son funciones encomendadas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley. Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto. Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno conocerá de las reclamaciones que se interpongan en materia de información administrativa, salvo que se trate: De alguna de las sociedades mercantiles que recoge la Ley de Transparencia. De algún partido político. Del Consejo de Estado. En todos los supuestos anteriores cabe la interposición de la reclamación.

Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contará con una de las siguientes subdirecciones generales: a) La Subdirección General de Reclamaciones. b) La Subdirección General de Acceso a la Información. c) La Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno. d) La a y la c son correctas.

Es principio técnico del Portal de Transparencia: a) Accesibilidad. b) Interconectividad. c) Reutilización. d) La a y la c son correctas.

A2019. Según el artículo 17 de la Ley de Transparencia, el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse: Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A la Unidad de Información y Transparencia. Al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. A cualquier organismo de la Administración General del Estado.

La Agencia Española de Protección de Datos: Es una agencia Estatal. Es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal. Es una Subdirección General. Todas son falsas.

La autorización de la Agencia Española de Protección de Datos a las transferencias internacionales de datos a países u organizaciones internacionales en los supuestos que sea necesario quedará sometida a la emisión de dictamen de: el Comité Europeo de Protección de Datos. la Comisión Europea. la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. el Consejo General del Poder Judicialel Consejo General del Poder Judicial.

Ejercerá sus funciones con plena independencia y objetividad y no estará sujeto a instrucción alguna en su desempeño: a) la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. b) el Adjunto de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. c) a y b son correctas. d) ninguna es correcta.

La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por: el Gobierno, a propuesta del Presidente del Gobierno. el Presidente del Gobierno, a propuesta del Gobierno. el Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia. el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia.

Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, se iniciará por acuerdo de admisión a trámite, que se adoptará conforme a lo establecido en el artículo 65 de esta ley orgánica. En este caso el plazo para resolver el procedimiento será de: 3 meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación. 6 meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar desestimada su reclamación. 3 meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar desestimada su reclamación. 6 meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación.

Psi 2022. Conforme a la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y Garantía de los derechos digitales, la utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello: Se considera infracción muy grave. Se considera infracción grave. Se considera infracción leve. No se considera infracción.

La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados por el Consejo de Ministros mediante. Real decreto. Ley ordinaria. Ley orgánica. Orden ministerial.

A24. En cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia, la coordinación y supervisión de la política de protección de datos del Ministerio del Interior, corresponde a: La Oficialía Mayor. La Subdirección General de Innovación, Calidad e Inspección de los Servicios. La Secretaria de Estado de Seguridad. La Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección.

Cuando el procedimiento tenga por objeto la determinación de la posible existencia de una infracción de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la presente ley orgánica: a) mediante acuerdo de inicio, adoptado por propia iniciativa. b) como consecuencia de reclamación. c) a y b son correctas. d) ninguna es correcta.

Los Presupuestos Generales del Estado determinarán: Las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer los sujetos que integran el sector público administrativo. Los gastos e ingresos y las operaciones de inversión y financieras a realizar por las entidades del sector público empresarial y del sector público fundacional. La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La estructura de los Presupuestos Generales del Estado y de sus anexos se determinará: De acuerdo con lo establecido por decreto. Por el Ministerio de Economía y Hacienda teniendo en cuenta la organización del sector público estatal. La naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

La clasificación orgánica agrupará: Los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. Por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos. Sus créditos y establecerá, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los objetivos a conseguir como resultado de su gestión presupuestaria. Todas las respuestas son correctas.

EL2022. Conforme a lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Presupuestaria, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán: Los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, pero solo para aquellos que sean del mismo periodo del año natural. Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, pagos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. Los derechos económicos comprometidos durante el ejercicio.

Los estados de ingresos no se clasifican en: Clasificación funcional. Clasificación orgánica. Clasificación económica. Los ingresos se pueden clasificar de las tres maneras anteriormente citadas.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado será remitido a las Cortes Generales antes del día: 1 de octubre del año corriente. 1 de octubre del año anterior al que se refiera. 1 de septiembre del año anterior al que se refiera. 31 de octubre del año anterior al que se refiera.

Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados: Los presupuestos iniciales del ejercicio anterior por doceavas partes hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el «Boletín Oficial del Estado. El proyecto de nuevo presupuesto hasta su definitiva aprobación y publicación en el «Boletín Oficial del Estado. Los presupuestos iniciales del ejercicio anterior, divido trimestralmente, hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el «Boletín Oficial del Estado». Los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el «Boletín Oficial del Estado.

A2022. Según el principio de responsabilidad, formulado en artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: El Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de los entes previstos en el artículo 2.2 de esta ley vinculados o dependientes de aquellas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos. El Estado asumirá y responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de los entes previstos en el artículo 2.2 de esta ley vinculados o dependientes de aquellas. Las Comunidades Autónomas asumirán y responderán de los compromisos de las Corporaciones Locales y de los entes vinculados o dependientes de estas. El Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas, pero sí de los de las Corporaciones Locales y de los entes previstos en el artículo 2.2 de esta ley vinculados o dependientes de aquellas.

No es un principio enunciado por la LO 2/2012: Estabilidad presupuestaria. Unidad de caja. Responsabilidad. Plurianualidad.

El compromiso de gasto: El acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. El acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado o determinable. El acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

El plazo de rendición de las cuentas justificativas de la aplicación de las cantidades recibidas es, en términos generales, de: 1 mes. 2 meses. 3 meses. 4 meses.

El Tribunal de Cuentas debe examinar y comprobar la Cuenta General del Estado dentro del plazo de: Seis meses a partir de la fecha en que se haya rendido. Siete meses a partir de la fecha en que se haya rendido. Tres meses a partir de la fecha en que se haya rendido. Cinco meses a partir de la fecha en que se haya rendido.

Psi 2022. Los Presupuestos Generales del Estado son conforme a la Constitución española de 1978: Elaborados y aprobados por el Gobierno. Examinados y enmendados por las Cortes Generales y aprobados por el Gobierno. Anuales e improrrogables. Automáticamente prorrogados hasta la aprobación de los nuevos.

E2017. Conforme al artículo 134.1 de la Constitución Española, a quien corresponde el examen, enmienda y aprobación de los presupuestos generales del Estado?. Al Gobierno. Al Congreso de los Diputados. Al Ministerio de Hacienda. A las Cortes Generales.

Las modificaciones presupuestarias se aprueban: Dependiendo de su naturaleza por Ley o resolución administrativa. Por Ley. Por resolución administrativa. No tienen un procedimiento específico.

Tiene presupuesto de explotación: El sector público administrativo. Los organismos autónomos. La seguridad Social. Las fundaciones estatales.

En ambas cámaras el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Goza de preferencia en la tramitación con respecto a cualquier otro trabajo de las cámaras. Deberá entrar acompañado de informe del consejo de Estado. Deberá ser publicado en el BOE antes de los 15 días de su presentación. A partir de la fecha de su publicación los diputados tiene 20 días de plazo para presentar enmiendas.

ER2022. Señale la respuesta INCORRECTA. Conforme al artículo 21.1 de la LGP, las obligaciones de la Hacienda Pública Estatal, solo son exigibles: Cuando resulten de la ejecución de los presupuestos, de conformidad con la Ley General Presupuestaria. Por sentencia judicial firme. Cuando resulten de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas. Por sentencia judicial no firme.

¿Cuál es el límite temporal para la remisión del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados?: Al menos tres meses antes de la expiración de los del ejercicio anterior. El día 1 de octubre del propio año en que se ha elaborado el proyecto. Antes del día 1 de mayo de cada año. Se envía al gobierno para su aprobación.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, señala que las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos: No previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Previstos y superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Iguales a los contemplados en el presupuesto inicial. Todas son falsas.

Indicar qué fase del procedimiento de la gestión de gastos es un acto con relevancia jurídica para con terceros vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas: Aprobación del gasto. Compromiso de gasto. Reconocimiento de la obligación. Ordenación del pago.

ER2022. ¿Cómo se denomina la clasificación que agrupa los estados de gastos de los Presupuestos Generales del Estado por secciones y servicios?: Clasificación económica. Clasificación por programas. Clasificación orgánica. Clasificación por créditos.

El número de anualidades de los gastos plurianuales, estará limitado a cuatro en los gastos por: Arrendamiento de bienes inmuebles. Cargas financieras del endeudamiento. Concesión de préstamos para la financiación de viviendas protegidas de promoción pública. Inversiones y transferencias de capital.

El nivel de vinculación de los créditos para gastos plurianuales será de: Vinculación a nivel del artículo, salvo los gastos de endeudamiento, en que serán a nivel de capítulo. Vinculación a nivel del capítulo, salvo los gastos de endeudamiento, en que serán a nivel de artículo. Vinculación a nivel del artículo económico, en todo caso. Vinculación a nivel del capítulo económico, en todo caso.

El capítulo 1 de los créditos presupuestarios se la correspondiente a: Valoración de activos financieros. Gastos de inversiones reales. Gastos de personal. Transferencias corrientes.

ER2022. ¿Cómo se denomina el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario?: Compromiso. Aprobación. Ordenación del pago. Reconocimiento de la obligación.

A24. Según el artículo 151 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestarla (en adelante Ley General Presupuestaria) estarán sujetos a fiscalización previa: Los contratos menores, así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual. los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija, regulado en el artículo 78 de esta Ley. Las subvenciones con asignación nominativa. Los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran no hayan tenido ni vayan a tener lugar en territorio extranjero.

La Intervención General de la Administración del Estado realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de, una no es cierta: Las fundaciones del sector público estatal obligadas a auditarse por su normativa específica. Las sociedades mercantiles estatales. Las de la Administración General del Estado. Las de los Organismos Autónomos.

En España, se consideran controles externos de la ejecución del gasto público: Al que realiza la IGAE. Al que realizan los tribunales. Únicamente al Parlamentario. Al Parlamentario y al técnico que realiza el Tribunal de Cuentas.

La Cuenta General del Estado la elabora la IGAE, y la remite al Tribunal de cuentas antes del: 31 de septiembre del año siguiente al que se refiere. 31 de noviembre del año siguiente al que se refiere. 31 de octubre del año siguiente al que se refiere. Dentro del siguiente año al que se refiere sin especificar fecha concreta.

Comprende todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería del estado y de los organismos autónomos: La contabilidad pública. La Cuenta General del Estado. Los asientos contables. Todas son ciertas.

jur 2022. De acuerdo con el artículo 156 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los casos en los que exista omisión de fiscalización: Se podrá reconocer la obligación, pero no tramitar el pago. Se podrá reconocer la obligación y tramitar el pago, aunque con autorización de la Intervención. Se podrá reconocer la obligación siempre que la Administración subsane el reparo. No se podrá reconocer la obligación ni tramitar el pago.