Funcion publica TEMAS 28-34

jur 2022. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de cuentas, el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado se realizará. Dentro del plazo de tres meses, a partir de la fecha en que se haya rendido. Dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se haya rendido. Dentro del plazo de doce meses, a partir de la fecha en que se haya rendido. Dentro del plazo de nueve meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.

¿A qué órgano del tribunal de Cuentas le corresponde verificar la contabilidad de las Entidades del sector público?. A la sección de Enjuiciamiento. A la sección de fiscalización. Al pleno. A los Consejeros de Cuentas.

¿Cuánto tiempo dura el mandato del Presidente del Tribunal de Cuentas?. Dos años. Tres años. Cuatro años. Cinco años.

La modalidad de auditoría que tiene por objeto verificar que las operaciones de gestión económico- financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación se denomina: Auditoria operativa. Auditoría de cuentas anuales. Auditoría de cumplimiento. Auditoria de regularidad contable.

¿Con qué periodicidad remite la Intervención General de la Administración del Estado información sobre la ejecución de los presupuestos a las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado?. Cuatrimestral. Mensual. Trimestral. Bimensual.

jur 2022. La Intervención General de la Administración del Estado presentará un informe general con los resultados más significativos de la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente y del Plan anual de Auditorías de cada ejercicio al: Congreso de los Diputados. Consejo de Ministros. Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo.

¿Cuál de los siguientes gastos debe ser fiscalizado por la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio de su función interventora?. Los superiores a 2 millones de euros. Los que deban ser informados por la Dirección General del Servicio Jurídico del departamento. Los que deban ser informados por el Consejo de Estado. Los que supongan una modificación de otros que hubieran sido fiscalizados por los Interventores Delegados.

La auditoría consistente en la revisión y verificación de la información y documentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la normativa contable y, en su caso, presupuestaria que le sea de aplicación es la: Auditoria operativa. Auditoria de regularidad contable. Auditoria de cumplimiento. Auditoria formal.

¿En cuál de los siguientes artículos de la Constitución se hace referencia al Tribunal de Cuentas?. En el art. 155. En el art. 136. En el art. 163. En el art. 27.

¿Cuál de los siguientes gastos están excluido de fiscalización previa?. Los gastos de 5.000 euros que se hagan efectivos a través de Anticipo de Caja Fija. Las subvenciones nominativas. Los gastos inferiores a 5.000 euros que se hagan efectivos a través de agentes mediadores.

En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condición, siempre que no sea contrario al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. Concepto de libertad de cláusulas. Concepto de contrato privado. Constituye el principio de libertad de pactos. Es el concepto de contrato público.

Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, este ha de relacionarse, necesariamente con: La calidad. Las características vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contrata. El plazo de ejecución o entrega de la prestación. Los costes.

Los contratos tendrán siempre: a) Un precio cierto expresado en euros. b) Posibilidad de pago aplazado en el supuesto de arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra. c) Sistema de financiación a plazos. d) Son ciertas a y b.

En un contrato de 14.000.000 euros de un organismo autónomo, el órgano de contratación competente será: El Ministro del Departamento. El Ministro del Departamento aunque necesita la autorización del Consejo de Ministros. El representante legal del Organismo aunque necesita la autorización del Ministro. El representante legal del Organismo aunque necesita la autorización del Consejo de Ministros.

A2022. Según el artículo 121 de la Ley de Contratos del Sector Público: EI Ministerio de Hacienda y Función Pública, a propuesta de los Ministerios interesados y previo dictamen del Consejo de Estado, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro/a de Hacienda y Función Pública y previo dictamen del Consejo de Estado, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales. Las Cortes Generales, a propuesta del Consejo de Ministros y previo dictamen del Ministerio de Hacienda y Función Pública, podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales. Las Cortes Generales, a propuesta de los Ministerios interesados y previo dictamen del Ministro/a de Hacienda y Función Pública, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales.

Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional: El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, incluso el de la existencia de crédito suficiente. El órgano de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, una vez tramite el correspondiente expediente administrativo. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, ordenará la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, con sujeción a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, salvo el de la existencia de crédito suficiente.

Deberán designar un responsable del contrato los órganos de contratación. Con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Por los órganos de evaluación. Por el titular del departamento. Las respuestas anteriores son ciertas.

Son órganos de contratación, según la Ley de Contratos del Sector Público: Los Ministros. Los Presidentes y Directores de los Organismos Autónomos. Los Ministros cuando el contrato de suministros afecte a más de un órgano de contratación del mismo departamento ministerial. Todas son ciertas.

Corresponde a los ministros y a los titulares de los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la Ley a la competencia del Gobierno, así como reconocer las obligaciones correspondientes, e interesar del Ordenador General de Pagos del Estado la realización de los correspondientes pagos. Dichas facultades: a) En prisiones se han delegado estas competencias en el Secretario General de Instituciones Penitenciarias. b) Podrán desconcentrarse mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, o ser objeto de delegación en los términos establecidos reglamentariamente. c) No podrán desconcentrarse, sólo pueden delegarse en los términos establecidos reglamentariamente. d) Son ciertas las a y b.

El personal al servicio del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en el momento de transformarse en entidad estatal: Pasa a formar parte de la entidad estatal con los mismos derechos y obligaciones que tuviera en el organismo autónomo. Pasa a formar parte del personal de Instituciones Penitenciarias y se les distribuirá en puestos de trabajo vacantes. Pasan a ocupar puestos de trabajo como personal laboral dada la nueva condición de la entidad. Con respecto a Instituciones Penitenciarias tiene la condición de personal de servicio en otras administraciones públicas.

Serán cuentadantes de las cuentas de los organismos autónomos que hayan de rendirse al Tribunal de Cuentas: El jefe de contabilidad. El interventor delegado. El presidente o director. El consejo rector.

Son funciones a efectuar por los O.A., en relación con las actividades presupuestarias del programa de gastos: a) Elaborar el presupuesto anual del Organismo Autónomo. b) Aprobar y comprometer los gastos. c) El pago de las obligaciones. d) Son ciertas las b y c.

La LRJSP en cuanto al contenido de los estatutos de los organismos públicos incluyen, una no es cierta: El régimen relativo a recursos humanos. El patrimonio que se les asigne. Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas que puedan ostentar. El régimen de recursos a que están sujetos los actos administrativos que tomen.

E014. El anteproyecto de Ley de creación de un Organismo público que se presente al Gobierno deberá ser acompañado de una propuesta de Estatutos y del Plan inicial de actuación del Organismo, Este último deberá ser aprobado por: El titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Director General de la Función Pública,. El titular del Departamento ministerial del que dependa. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

Los actos emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados de los OP: Ponen fin a la vía administrativa. No cabe contra ellos recurso de alzada. El recurso de revisión si se interpone lo resuelven los órganos de adscripción. Todas son ciertas.

Según la LRJSP las Entidades Públicas Empresariales, son. Son aquellas entidades públicas en cuyo capital es mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración del Estado y demás entidades estatales de Derecho Público. Son entidades públicas administrativas que se rigen por el ordenamiento jurídico privado, de control financiero y contratación. No pueden disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. Son los organismos autónomos administrativos que se dedican a la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Son Organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.

En relación a las Agencias Estatales. En el Contrato de gestión se determinarán los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidades por cumplimiento de objetivos. En el Contrato de obra se determinarán los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidades por cumplimiento de objetivos. En el Contrato de obra se determinarán los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidades por incumplimiento de objetivos. En el Contrato de gestión se determinarán los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidades por gestión de los órganos de gestión y órganos ejecutivos.

El Consejo Rector de cada Agencia Estatal aprueba la propuesta de Contrato inicial de gestión en el plazo de: En el plazo de un mes desde su constitución. En el plazo de tres meses desde su constitución. En el plazo de seis meses desde su constitución. El Consejo Rector de las Agencias Estatales no tiene competencia en materia de este contrato.

E014.- A tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional octogésimo séptima de la Ley 22/2013 del Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de las competencias de fiscalización atribuidas al Tribunal de Cuentas, la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo estará sometida: Al control financiero permanente y auditoria pública previsto en la Ley General Presupuestaria. A la auditoria privada prevista en la Ley General Presupuestaria. A la fiscalización previa y al control financiero previsto en la Ley General Presupuestaria. A la fiscalización previa, al control financiero permanente y auditoría publica previsto en la Ley General Presupuestaria.

Se halla en el primer escalón de la jerarquía normativa: Las leyes. Los tratados internaciones. Las leyes y disposiciones generales con rango de ley. La Constitución.

Podrá prescindirse del trámite de consulta, audiencia e información pública cuando: Concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Concurran razones muy graves de interés general. Concurran razones que así lo justifiquen. Concurran razones muy graves que así lo justifiquen.

¿Qué otros nombres reciben los decretos legislativos?. Legislación ejecutiva. Legislación delegada. Legislación delegante. Legislación secundaria.

En cuál de las siguientes consideraciones no se fundamenta la elaboración de normas reglamentarias: Carácter técnico de los reglamentos, que hace las Cámaras no sean las más idóneas para su elaboración. Gran movilidad de la materia reglamentaria, que exige un procedimiento rápido de elaboración poco acorde con la lentitud del proceso de elaboración de las leyes. Necesidad de dotar a la Administración de una esfera de discrecionalidad que le permita resolver dentro de la legalidad situaciones no previstas por el legislativo. Principio de reserva reglamentaria establecida en la ley, que no permite que determinadas regulaciones se efectúen con rango de ley.

A2016. Indique la opción correcta. A tenor de lo ordenado en el Artículo 86 de la Constitución Española todo Decreto-Ley debe ser convalidado expresamente antes de treinta días: Por el Consejo de Ministros en pleno, que publicará en el BOE, con forma de Orden del Gobierno, el acto de convalidación. Por el Consejo General del Poder Judicial para evitar la tacha de inconstitucionalidad y garantizar la coherencia interna del ordenamiento jurídico administrativo. La Resolución se publicará en el BOE. Por el Congreso de Diputados. Por el Congreso y el Senado quien, con carácter previo, preceptivo y vinculante tiene que ser informado por la Comisión Delegada de Política Autonómica.

Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no figuraba en el Plan Anual Normativo, deberá justificarse este hecho en: La Memoria de Análisis Normativo. La Memoria de Análisis Jurídico. La Memoria de Experiencia Legislativa. Ninguna de las anteriores es correcta.

El control jurídico de los reales-decretos se realiza por: El Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Justicia Europeo.

Decidirá sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes convenientes en la elaboración de la disposición normativa en cuestión: La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. El titular del Ministerio correspondiente. El Gobierno. Las Cortes Generales.

En el ordenamiento jurídico español: a) Existe la reserva de ley. b) Existe la reserva de ley y la reserva reglamentaria. c) Existe la reserva reglamentaria en determinados supuestos previstos en la Constitución. d) La a) y la c) son correctas.

Una no es cierta en relación a la Ley: Debe ser igual para todos. Las leyes orgánicas son jerárquicamente superiores a las leyes ordinarias. Las comunidades autónomas no pueden dictar leyes orgánicas. Los estatutos de autonomía pueden facultar a las autonomías para distar leyes.

El contenido de un acto administrativo ha de ser: Ilícito y determinado. Posible y licito. Determinado o determinable e ilícito. Imposible y lícito.

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A menos que la naturaleza del documento exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, las Administraciones Públicas deberán emitir los documentos administrativos: Preferiblemente de forma verbal. Por escrito, a través de medios electrónicos. Verbal o en su defecto por escrito. De cualquier forma que deje constancia de su recepción.

¿Cómo se denomina al administrado que se encuentra respecto de la Administración en un estado de sujeción general y que es tratado por la norma de una forma impersonal, siendo esta la posición normal?. Administrado general. Administrado común. Administrado simple. Administrado pasivo.

Cuando un órgano administrativo, al dictar un acto, se separa de un dictamen facultativo: Vicia el acto. Debe motivarlo. No puede hacerlo. Al ser facultativo, no es necesaria la motivación del acto.

EL2022. Según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 39/2015. los trámites que deban ser cumplimentados por los/las interesados/as deberán realizarse en el plazo de: Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Veinte días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Quince días hábiles a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de Derecho: Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Todas las respuestas son correctas.

Según que la Administración, al dictarlos, se limite a aplicar una norma que le señala claramente la decisión a adoptar en el supuesto del hecho de que se trate, o tenga libertad en la emisión de dicho acto, pudiendo optar entre diversas alternativas que la Ley le ofrece, pero sin olvidar que el fin de toda su actuación es el interés general, los actos administrativos se clasifican en: Actos únicos y actos múltiples. Actos de trámite y actos complejos. Actos directos y actos indirectos. Actos reglados y actos discrecionales.

El acto que da fin a un expediente administrativo es un/una: Propuesta. Acto definitivo. Informe con propuesta de resolución. Acto trámite.

Psi 2022. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas NO es nulo de pleno derecho: Un acto administrativo que lesiona los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Un acto administrativo constitutivo de infracción penal. Un acto administrativo con defecto de forma. Un acto administrativo dictado por un órgano manifiestamente incompetente en esa matera.

Pone fin a la vía administrativa un acto de un Director General de un Ministerio en la siguiente materia en la que tenga competencia: Cualquier materia. Una materia que esté descentralizada. De personal. En ningún caso sus actos ponen fin a esta vía administrativa.

¿Qué órgano es competente para revisar de oficio los actos dictados por un órgano dependiente de una Secretaría de Estado?. El Secretario de Estado. El Ministro del Departamento correspondiente. El Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno.

Cuál de los siguientes actos ponen fin a la vía administrativa y no son susceptibles de recurso administrativo: Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. Los emanados de los órganos directivos con nivel Director General o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. Los dos anteriores ponen fin a la vía administrativa, y los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición.

Tec2024. De acuerdo con el artículo 106 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, éstas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos: Que no hayan puesto fin a la vía administrativa, en los supuestos previstos en el artículo 48.1 de la propia ley y previo el Dictamen favorable preceptivo. Que hayan puesto fin a la vía administrativa, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la propia ley y previo el Dictamen favorable preceptivo. Que hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 48.1 de la propia ley y previo el Dictamen favorable preceptivo. Que hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la propia ley y previo el Dictamen favorable preceptivo.

Cuando transcurran seis meses una vez iniciado el procedimiento sin que se haya realizado la declaración de lesividad: Se produce la prescripción. Se produce la revocación automática. Se entiende desestimada la solicitud. No se produce ninguna de las anteriores figuras.

No es un límite a las facultades de revisión de oficio de las Administraciones Públicas: Que su ejercicio sea contrario al principio de eficacia. Que su ejercicio sea contrario a la equidad. Que su ejercicio sea contrario a las leyes. Que su ejercicio sea contrario a la buena fe.

La declaración de lesividad de los actos anulables no podrá adoptarse una vez transcurridos: Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Cinco años desde que se dictó el acto administrativo. Cuatro años desde que entró en vigor el acto administrativo. Cinco años desde que entró en vigor el acto administrativo.

¿En qué causas debe basarse un recurso administrativo para solicitar la suspensión del acto impugnado?. En cualquiera de las causas de nulidad. En cualquiera de las causas de anulabilidad. En cualquiera de las causas de irregularidad. En cualquiera de las causas de atemporalidad.

Cuál de los siguientes es competente para acordar la revisión de oficio de un acto administrativo dictado por el Director-Gerente del Ente Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. El Secretario General de Instituciones Penitenciarias. El Ministro del Interior. El propio Director-Gerente del Ente Público. El Secretario de Estado de Seguridad.

La declaración de lesividad se adoptará por el órgano de la Administración competente en la materia. a) Cuando el acto proviniera de la Administración General del Estado. b) Cuando el acto proviniera de la Administración de las Comunidades Autónomas. c) Cuando el acto proviniera de la Administración de las Entidades Locales. d) La a) y la b) son correctas.

Las Administraciones Públicas podrán revocar, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitidas por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico: Sus actos de gravamen o desfavorables. Sus actos de carácter disciplinario. Sus actos administrativos. Sus actos administrativos inimpugnables.

Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes, por un plazo: No superior a treinta días ni inferior a diez. No superior a treinta días ni inferior a quince. No superior a veinte días ni inferior a diez. No superior a veinte días ni inferior a cinco.

ER2022. De conformidad con el artículo 87 de la Ley 39/2015, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Dicho plazo será de: Diez días. Quince días. Siete días. Cinco días.

Cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo: No superior a diez días. No superior a quince días. No superior a veinte días. No superior a un mes.

¿De qué plazo disponen los interesados para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes?. De un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez. De un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. De un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte. De un plazo no inferior a diez días ni superior a un mes.

¿Cuál es la forma normal de terminación del procedimiento?. La terminación convencional. El silencio administrativo. La resolución. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud.

A2022. De conformidad con lo establecido en el artículo 13, c) y concordantes, de la Ley 39/215, en sus relaciones con las Administraciones Públicas: Los/as ciudadanos/as pueden dirigirse a las Administraciones Públicas, en todo el territorio nacional, en cualquiera de las lenguas cooficiales existentes en España y su solicitud habrá de tramitarse en la lengua que utilice. Cualquier ciudadano/a puede utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en dicha Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Cualquier ciudadano/a puede utilizar las lenguas cooficiales de su Comunidad Autónoma, aunque cuando se dirija a órganos de la Administración General de Estado con sede en dicha Comunidad Autónoma, el procedimiento se tramitará en castellano. Los/as ciudadanos/as se dirigirán a los órganos de la Administración General del Estado en castellano y, en todo caso, todos los procedimientos tramitados por ésta lo serán siempre en dicha lengua.

El fin último de toda actuación administrativa es el de: Fomentar la participación en los asuntos públicos de los ciudadanos. Satisfacer las necesidades particulares de los ciudadanos. Servir a los intereses generales. Garantizar la estabilidad presupuestaria y el control del gasto.

Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan con sometimiento pleno a la ley y al derecho, esto se recoge en: A)El artículo 103 de la Constitución. B)El artículo 3.1 de la Ley 39/2015. C)Las dos anteriores son correctas. D)Ninguna es correcta.

Se acordarán en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea, y no sea obligado su complimiento sucesivo; esta es la formulación del principio administrativo: De simplificación de trámites. De economía procesal. De colaboración de los administrados. De in dubio pro actione.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento, transcurrido. Un mes. Tres meses. Seis meses. Un año.