1. El concepto de buen gobierno: a) el término buen gobierno no tiene precedentes en nuestra legislación, ni en la Constitución, ni en la Ley del Gobierno, ni en la legislación de incompatibilidad. Se trata de un concepto novedosos en el ordenamiento jurídico español. b) es un concepto puramente finalista sin que de modo alguno pueda defenderse que además del resultado incluye el modo de gobernar. c) se ha interpretado hasta ahora que los márgenes de los gobernantes a la hora de gobernar (los límites del buen gobierno) son tan estrechos que solo cabe una única política económica.
2. La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: a) Incluye en su ámbito subjetivo de aplicación tanto los altos cargos de todas las administraciones, como los jueces, los empleados públicos y los representantes de los ciudadanos, pues todos ellos han de regirse por normas de buen gobierno. b) Clasifica las infracciones en dos únicos grupos: las que se cometen en materia de gestión económica presupuestaria y las infracciones disciplinarias. c) prevé, en el caso de las infracciones muy graves, que se impongan las sanciones previstas para las infracciones graves debiendo ser los sancionados sustituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubieran sido cesados y no podrán ser nombrados para ocupar ningún otro puesto de alto cargo durante un periodo de entre cinco y diez años.
3. Los principios que rigen la Administración y el derecho administrativo: a) entre los principios expresamente reconocidos en la CE se encuentran los principios de eficacia, jerarquía, competencia, descentralización, protección de la confianza legítima, buena fe, sometimiento pleno a la ley y al derecho, etc. b) junto a los principios que proclama la Constitución de modo explícito, están otros muchos otros principios, como es el caso del principio de competencia que explica las relaciones entre ley orgánica y ley ordinaria, o las relaciones entre el derecho interno y el derecho europeo. c) La Constitución prohíbe que el legislador pueda crear principios que no estén recogidos expresa o implícitamente en ella.
4. El principio de legalidad. a) ha de interpretarse en sentido amplio como sumisión de la administración al bloque de la legalidad, entendiendo por tal la ley y en general el derecho, lo que incluye las distintas fuentes del derecho y los principios. Esta es la tesis asumida por nuestra jurisprudencia. b) cuando la administración asume el papel de realizar los fines públicos y no solo de ejecutora de la ley, se considera que la administración puede hacer todo lo que sea necesario para conseguir estos fines salvo lo que está expresamente prohibido por la Ley. Es la tesis de la vinculación positiva que impide la existencia de actos excluidos del control judicial. c) Ninguna de las anteriores es correcta.
5. Las referencias a las Administraciones Públicas en la Constitución: a) La Constitución se refiere explícitamente a tres tipos de administraciones públicas: general, autonómica y local, lo que impide que el legislador pueda crear o diseñar otro tipo de administraciones distintas a las ya citadas. b) La Constitución utiliza el término Administración en sentido unívoco para hacer referencia, siempre, al poder ejecutivo. c) la Constitución cuando utiliza el término administración lo hace en distintos sentidos, pues una cosa es la administración o administraciones públicas, otra distinta la administración de justicia y también se utiliza el término para referirse al Patrimonio del estado y al patrimonio nacional.
6. Sobre la organización del sector público (art. 2 Ley 40/ 2015): a) Las administraciones públicas son las administraciones territoriales y las entidades dependientes o adscritas a las mismas con independencia de la personificación jurídica, pública o privada, que tengan. b) el sector público se integra por las administraciones territoriales y el sector público institucional compuesto por las entidades de derecho público adscritas o dependientes de las anteriores y de las entidades privadas constituidas por las primeras. c) el concepto de administración pública solo se corresponde con las administraciones territoriales sin que puedan tener esta consideración los organismos autónomos.
7. Sobre la personalidad jurídica de la Administración: a) La Constitución sólo atribuye personalidad jurídica a los municipios, a las provincias y a la agrupación de municipios, lo que no implica que no la tengan la administración del Estado o de las Comunidades Autónomas, sino que solo se ha hecho referencia a las administraciones que de no haberse consagrado, podía haberse dudado de si la tenía o no. b) Tal y como afirma la jurisprudencia, las administraciones públicas tienen todas ellas una personalidad jurídico única que comparten. c) ninguna de las anteriores es correcta.
8. Sobre los distintos tipos de entidades del sector público: a) las entidades de base corporativa se caracterizan por estar constituidas en base a un conjunto de personas organizadas en interés propio que participan directamente en su administración. A falta de otro elemento identificativo es imposible distinguir entre corporaciones públicas (colegios profesionales, por ejemplo) y privadas (asociaciones privadas, por ejemplo). b) las entidades de derecho público o personificadas en forma pública, no actúan en todas sus relaciones sometidas al derecho público (realizan negocios patrimoniales, o pueden contratar personal laboral), al igual que las entidades de derecho privado no actúan sólo sometidas al derecho privado pues les son aplicables normas públicas como es el caso de la ley general presupuestaria, la legislación de contratos públicos, etc. c) Los entes institucionales pueden ejercitar las potestades administrativas superiores, y cuentan con competencia reglamentaria, tributaria y expropiatoria.
9. Los actos discrecionales: a) Pueden ser objeto de control por los tribunales porque siempre existen elementos formales cuya existencia puede el juez comprobar, como ocurre cuando se comprueba si se ha seguido el procedimiento previsto por la ley para dictarlo, si lo ha dictado el órgano competente etc... Nunca el juez podrá, sin embargo, entrar en el contenido de la resolución porque la administración tiene total y absoluta libertad. b) pueden ser objeto de control en cuanto a sus elementos formales y en cuanto a su contenido, como ocurre por ejemplo cuando se vulnera el principio general de buena fe o de confianza legítima o cualquier otro principio general del derecho. c) ninguna de las anteriores es correcta.
10. En relación a la autonomía local: a) La Constitución contiene una definición clara de lo que se considera el núcleo y confines de la autonomía local pues contiene una lista cerrada de las competencias que tienen las entidades locales. b) Prefigura un sistema totalmente abierto en lo relativo a las competencias de las entidades locales al igual que lo hace para las Comunidades Autónomas para las que tampoco ha determinado las competencias que pueden asumir y las que corresponden al Estado. c) Ni prohíbe ni auspicia el incremento de las competencias de las entidades locales pues ha derivado al legislador ordinario la responsabilidad de establecerlas con un gran margen de apreciación.
11. El art. 150 CE: a) Contiene técnicas de distribución competencial, en concreto se refiere a las leyes marco, leyes orgánicas de transferencia y leyes de armonización. b) Se refiere a las leyes orgánicas cuyo contenido es ajeno a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. c) Ninguna de las anteriores es correcta.
12. La relación entre el derecho europeo y el derecho interno: a) el juez nacional puede desplazar la aplicación de las leyes internas que pueden permanecer indefinidamente en el ordenamiento hasta que sean derogadas ya que sólo el Tribunal Constitucional puede anularlas por considerarlas inconstitucionales. b) el juez de la unión europea puede anular la legislación europea derivada por ser contraria al Tratado pero también puede anular la legislación interna de los Estados miembros que se oponen al derecho europeo originario y derivado. c) el juez nacional debe directamente inaplicar el derecho europeo que considera contrario al Tratado y en su lugar aplicar el derecho interno.
13. Los límites de la potestad reglamentaria: a) las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de las leyes pueden atribuirse indistintamente tanto al gobierno o a los consejos de gobierno de las Comunidades Autónomas como a los Ministros y Consejeros pues todos ellos tienen competencia reglamentaria. b) son nulos los actos administrativos del Consejo de Ministros que exceptúen la aplicación de una disposición reglamentaria dictada por este mismo órgano, salvo que el reglamento hubiera contemplado expresamente la posibilidad de excepcionarlo y en qué casos. c) el principio de jerarquía implica que los reglamentos están subordinados a la Ley y los reglamentos se ordenan en razón de la jerarquía del órgano que los dicta. Por ello lo único a tener en cuenta es de quién procede el reglamento, y si el acto es dictado por un órgano superior jerárquico del que dictó la disposición general, no está vinculado por ese reglamento.
14. La potestad expropiatoria: a) está reconocida en el art. 33 CE: “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública e interés social, mediante la previa indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes” b) la Constitución no exige la indemnización previa sino la indemnización correspondiente, lo que permite que en determinados supuestos la administración pueda ocupar el bien antes de abonar la correspondiente indemnización o justiprecio. c) el derecho de propiedad privada es un derecho fundamental. De ahí que su vulneración por la administración pueda ser recurrida ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.
15. En cuanto a la potestad administrativa sancionadora: a) No está ni directa ni indirectamente contemplada en la Constitución de manera que es una creación del legislador ordinario. b) Está contemplada por la Constitución aunque sólo para los empleados públicos y otros individuos que se relacionan con la administración en el ámbito de relaciones de sujeción especial (presos, usuarios del servicio público de educación, etc.) c) Está contemplada en la Constitución con carácter general, y de la Constitución también se ha hecho derivar por la doctrina constitucional la concepción según la cual le resultan de aplicación, con alguna modulación, los principios y derechos fundamentales propios del derecho penal.
16. La Ley 39/2015, de Procedimiento administrativo. a) Se aplica como básica en las comunidades autónomas que podrán excluir su aplicación en determinados ámbitos materiales sobre los que tienen competencia exclusiva o en su caso desarrollarla por ley y reglamento. b) se aplica directamente a las entidades locales sin que las Comunidades Autónomas puedan desarrollarla para este tipo de administraciones. c) El derecho europeo puede excepcionar las normas de procedimiento de derecho interno o bien modularla para aquellas materias sobre las que resulta competente.
17. El procedimiento administrativo: a) es sinónimo de expediente administrativo, motivo por el cual los ambos términos son utilizados indistintamente. b) es el conjunto de actos de trámite de todo tipo que resulta requisito imprescindible para dictar un acto administrativo en los casos en los que se haya previsto por el legislador la necesidad de seguir un determinado procedimiento. c) por regla general no cabe que la administración actúe siguiendo una vía de hecho, aunque en determinados ámbitos materiales el legislador, de forma excepcional, ha contemplado que puedan dictarse actos sin procedimiento previo.
18. Un funcionario que debe instruir un procedimiento sancionador, estuvo trabajando hasta hace dieciocho meses para la sociedad que ahora se ve afectada por el procedimiento sancionador: a) tiene que abstenerse por concurrir en él una causa de abstención. b) aun en el caso de que tuviera que abstenerse, la no abstención no tendría consecuencia alguna sobre la validez del acto ni tampoco para él. c) sólo tendría que abstenerse de ser recusado por la interesada pues la competencia es irrenunciable.
19. Son interesados en el procedimiento administrativo: a) cuando se trata de un procedimiento iniciado a instancia de parte, son interesados son siempre los titulares de derechos e intereses lo hayan promovido o no. b) los titulares de derechos o intereses legítimos, cuando no inician el procedimiento, pueden ser interesados siempre y cuando se personen en el procedimiento. En otro caso no tienen esa consideración. c) los titulares de derechos o intereses legítimos pueden ser interesados en el procedimiento cuando a pesar de no haberlo promovido, se desprenda a lo largo de la instrucción del mismo que se verían afectados por la resolución, de manera que la administración está obligada a tenerlos como interesados desde el momento en que tenga conocimiento de su existencia.
20. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución: a) las leyes o normativa europea pueden establecer plazos de resolución superiores a seis meses, pero nunca inferiores pues esta posibilidad está limitada a los reglamentos. b) los reglamentos pueden establecer como plazo máximo de resolución el de seis meses o cualquiera inferior salvo que la ley ya haya regulado el plazo en cuyo caso habrá que estar al plazo legalmente establecido. c) existe una reserva de ley para establecer el plazo máximo del procedimiento de manera que sólo en caso de que la ley delegue expresamente en el reglamento este podrá regular el plazo máximo.
22. La declaración responsable: a) inicia el procedimiento administrativo de manera que la administración debe dictar una resolución expresa (objeción a la declaración) aunque la declaración responsable permite al interesado iniciar la actividad o ejercer el derecho para el que se pide autorización, sin esperar a que la administración le autorice para ello. b) la declaración responsable no obliga a dictar una resolución expresa ya que el procedimiento se inicia y se resuelve ex lege en el mismo momento en que el interesado presenta la declaración responsable aunque condicionado a que se cumpla la legislación. c) ambas interpretaciones son posibles en la Ley de procedimiento administrativo.
23. La distinción entre reglamentos y actos administrativos: a) se basa en su distinta naturaleza. Las normas jurídicas tienen por finalidad la regulación de una materia determinada mientras que el acto administrativo se limita a aplicar al caso concreto la norma. b) se basa en el tipo de destinatarios. La disposición general siempre está dirigida a un conjunto indeterminado de personas, mientras que el acto tiene un destinatario único o unos concretos destinatarios. Por eso la ordenanza que regula el horario de cierre de los bares ubicados en la plaza mayor del municipio es un acto administrativo ya que tiene dos destinatarios (los dos bares que están en la plaza). c) ninguna de las anteriores es correcta.
24. Los actos de trámite: a) no son verdaderos actos administrativos pues se identifican con los actos que realizan los particulares en el procedimiento administrativo. b) son los que tiene lugar desde el inicio del procedimiento administrativo hasta su finalización incluido el acto que pone fin al mismo. c) los actos de trámite no tienen un mismo régimen jurídico pues mientras que algunos no pueden ser recurridos separadamente del acto definitivo, otros si pueden serlo aunque solo en los casos contemplados por la propia ley de procedimiento.
25. La administración impone una sanción de suspensión de empleo y sueldo a un funcionario ya fallecido a) la sanción es ineficaz porque no puede producir efectos al haber fallecido el funcionario sancionado. b) es un acto anulable. c) es un acto nulo de pleno derecho.
26. La nulidad de pleno derecho: a) es imprescriptible porque no existe un plazo máximo para recurrir el acto que adolece este tipo de vicios. b) es imprescriptible porque aun cuando hayan transcurrido los plazos de recurso, los interesados siempre pueden instar la revisión de oficio de un acto nulo de pleno derecho que les afecta. c) ninguna de las anteriores es correcta porque cualquier vicio de los actos debe ser denunciado en el plazo de recurso y si se deja pasar el acto se convierte en firme y consentido.
27. La ejecución forzosa de los actos administrativos: a) los interesados no pueden ejecutar voluntariamente los actos que imponen una obligación de hacer y deben esperar a que la administración los ejecute forzosamente. b) la interposición de los recursos administrativos, con carácter general, conlleva a suspensión de la ejecución del acto administrativo, por lo que basta con recurrir para no tener que cumplir la obligación impuesta por el acto recurrido. c) ninguna de las anteriores es correcta.
28. El procedimiento de lesividad: a) está sujeto al plazo de cuatro años desde que se dictó el acto que pretende ser revisado, pero solo cuando se trata de actos anulables porque cuando se inicia el recurso de lesividad para los actos nulos de pleno derecho no existe un plazo máximo. b) el procedimiento de lesividad solo puede iniciarse de oficio porque la ley no contempla la posibilidad de que pueda ser iniciado a instancia de quienes se ven afectados por el acto cuya anulación se pretende. c) es el procedimiento mediante el que puede impugnarse ante los tribunales los actos favorables definitivos o de trámite cuando son eficaces con independencia de la resolución del procedimiento administrativo en que se produzca, siempre y cuando adolezcan de un vicio de anulabilidad.
29. Plazo para interponer y resolver el recurso de reposición: a) el plazo para interponer el recurso de reposición es de un mes el mismo que pare resolver el recurso, siendo indiferente que se recurra contra un acto expreso o un acto presunto por silencio administrativo negativo. b) el plazo para interponer el recurso es de un mes si se recurre un acto expreso y tres meses si se recurre un acto presunto por silencio. El plazo para resolver es de tres meses, igual que en e recurso de alzada. c) ninguno de los anteriores es correcta.
30. Son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa: a) algunos actos de otros poderes que no son Administración, como por ejemplo las sanciones que se imponen por el Tribunal Constitucional a sus funcionarios. b) sólo los actos de las administraciones públicas pues dado el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa es necesario que exista un acto administrativo que pueda recurrirse. c) ninguna de las anteriores es correcta.
31. Transcurrido el plazo máximo para resolver: a) desaparece la obligación de dictar un acto expreso pues el procedimiento se entiende en todo caso finalizado conforme a las reglas establecidas en la Ley de procedimiento administrativo. b) permanece la obligación de dictar resolución definitiva que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión planteada en todo caso y con independencia de la forma de inicio del procedimiento y del tipo de acto a que conduzca el mismo. c) permanece la obligación de dictar resolución expresa que ponga fin al procedimiento aunque no debe ser necesariamente una resolución sobre el fondo.
32. El recurso administrativo de revisión: a) es un recurso extraordinario que puede interponerse en plazos distintos según la causa tasada en que se ampare. b) solo puede interponerse en los casos expresamente contemplados en la Ley, en el plazo de cuatro años desde que se manifiesta la causa que permite su interposición. c) ninguna de las anteriores es correcta.
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