1.- El derecho administrativo: a) es el derecho que se aplica a la “Administración”, por el hecho de serlo, en todas y cada una de sus relaciones jurídicas, no importa que en ellas actúe como un particular, de igual a igual con el ciudadano y desprovista de prerrogativas. b) es el derecho que caracteriza las actuaciones de la Administración cuando ejerce prerrogativas públicas (cuando expropia, cuando sanciona, cuando cobra impuestos, cuando otorga una autorización etc). c) ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
2. Sobre la distinción entre actos de autoridad y actos de gestión a) los actos de gestión son los actos de trámite en un procedimiento administrativo que finalizan con el dictado de un acto de autoridad que pone fin al procedimiento, se presume válido y es ejecutorio. b) los actos de autoridad son únicamente aquellos en los que se manifiesta el poder punitivo del Estado, es decir, las sanciones administrativas que se imponen a quienes han cometido una infracción administrativa. c) ninguna de las dos anteriores es correcta.
3. La Administración: a) solo actúa como poder público investido de prerrogativas, pues cualquier otra actividad que pudiera desempeñar distinta de las anteriores está reservada a los particulares. b) la administración presta directamente servicios a los ciudadanos, y cuando lo hace en monopolio (por ejemplo, autobús urbano) la relación que entabla con los ciudadanos lo es de derecho administrativo (no se trata de un contrato privado de transporte). c) aunque la administración puede desempeñar estos dos tipos de actividades, y la relación con los usuarios por la prestación directa de un servicio público en monopolio es de derecho privado por no conllevar el ejercicio de prerrogativas, la responsabilidad patrimonial de la Administración por la prestación del servicio está sujeta al derecho administrativo.
4. La administración otorga una autorización sujeta a una serie de condiciones. En una de sus cláusulas establece que la pérdida de las condiciones que se han tenido en cuenta para otorgar la autorización conllevará su resolución, por lo que una vez constatado el incumplimiento la administración dicta un acto administrativo revocándola. a) estamos ante una sanción, que ha de tramitarse por el procedimiento contemplado para el ejercicio de la potestad sancionadora. b) es un acto restrictivo de derechos pero no una sanción ya que no tiene contenido pecuniario. c) ninguna de las anteriores es correcta.
5. ¿Dónde se encuentran las bases del diseño de la Administración española?: a) la Constitución no contiene mandato alguno que determine cómo debe ser y actuar nuestra Administración, de manera que queda por completo al libre diseño del legislador, con la única excepción de la consagración de ciertos derechos fundamentales. b) aunque la Constitución no es una norma cerrada y permite la evolución, existen en ella bases de directa aplicación a la Administración, como es el caso de los principios establecidos en el art. 103 CE, o el derecho de audiencia consagrado en el art. 105. c) ninguna de las anteriores es correcta.
6. En la Ley 19/2013, el título II correspondiente al buen gobierno se aplica a: a) los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y el resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella y a los altos cargos de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales. b) altos cargos de la Administración del Estado y a todo tipo de empleados públicos de la administración del Estado. c) solo a los altos cargos de la administración territorial pero no a los de las entidades instrumentales, por no ser administración territorial y tratarse de personas jurídicas en muchos casos privadas.
7. La relación entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias: a) se basa en el principio de jerarquía normativa: si una materia es regulada por ley orgánica una ley ordinaria posterior no puede regular en sentido contrario. b) se basa en el principio de competencia: hay determinadas materias reservadas a ley orgánica en las que no puede entrar una ley ordinaria aunque no sea contraria a lo en aquellas establecido. c) ninguna de las anteriores es correcta.
8. El papel de los poderes públicos en relación con los derechos constitucionales: a) Varía según los dos únicos tipos de derechos que contempla la Constitución. Así o bien se trata de derechos que requieren de una simple abstención (derecho a la intimidad), o por el contrario la administración está obligada a prestarlos por si o a través de los particulares (derecho a la educación) b) Los derechos constitucionales siempre requieren de una actividad positiva de los poderes públicos (todos son derechos de configuración legal) pues no son efectivos hasta que una posterior regulación determina su contenido y límites. c) ninguna de las anteriores es correcta.
9. El Fondo de resolución ordenada bancaria (FROB) se define por la Ley 11/2015 como una “entidad de Derecho público” que tiene por objeto gestionar los procesos de resolución de los bancos insolventes en su fase ejecutiva para lo que cuenta con personalidad jurídica y capacidad de obrar: a) El FROB es una administración territorial pues, al ser dependiente del Estado, ejerce sus funciones en todo el territorio nacional. b) es una entidad instrumental que pertenece al sector público institucional estatal pues ha sido creada para la realización de una determinada y concreta función que corresponde al Estado. c) ninguna de las anteriores es correcta.
10. Una ley autonómica somete a autorización una determinada actividad cuando, según la normativa europea, esta autorización debía haber sido sustituida por una declaración responsable. El empresario, tras realizar la declaración responsable e iniciar la actividad, recibe una notificación que ordena la paralización de la actividad en tanto en cuanto no obtenga la preceptiva autorización. Recurrido este acto en el contencioso-administrativo: a) el juez debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad de la ley autonómica por contradecir el derecho europeo, y sólo si el tribunal constitucional la declara inconstitucional puede anular el acto. b) el juez puede aplicar directamente la norma europea inaplicando la ley interna de acuerdo con el principio de prevalecía y anular el acto administrativo. c) ninguna de las anteriores es correcta.
11. Las potestades discrecionales: a) no pueden ser controladas en ninguno de sus elementos por el juez contencioso- administrativo, pues la norma permite que cuando se da un supuesto de hecho concreto la administración opte por varias soluciones o consecuencias igualmente legítimas. Los actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales están excluidos del control judicial. b) el juez puede controlar única y exclusivamente cómo la administración ha aplicado la norma que le atribuye la potestad discrecional comprobando que el acto se ha dictado siguiendo el procedimiento previsto por la norma. c) ninguna de las anteriores es correcta.
12. Los Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros: a) contienen siempre y en todo caso disposiciones reglamentarias. b) contienen siempre normas, ya sean reglamentarias o con rango de ley en supuestos excepcionales. c) ninguna de las anteriores es correcta.
13. El derecho de propiedad: a) aun no siendo un derecho fundamental está reconocido en la Constitución que, aunque permite su privación, exige la previa compensación del propietario afectado. b) la propiedad viene determinada por su función social, de manera que su contenido es el fijado por las normas por igual para todos los propietarios, sin que ante esta delimitación quepa compensación alguna. c) ninguna de las anteriores es correcta.
14. Mientras que se está tramitando un expediente sancionador se modifica la ley que tipificaba como infracción la conducta causante del inicio del procedimiento. En la nueva ley, la conducta que antes era infracción ahora no se tipifica como tal. a) la administración está obligada por su función a tener en cuenta la modificación legal y a aplicarla con carácter retroactivo, ordenando el archivo del procedimiento. b) el principio de legalidad/tipicidad obliga a tener en cuenta la norma que estaba vigente en el momento de comisión de la conducta infractora de manera que no cabe la aplicación retroactiva de la ley más favorable. c) ninguna de las anteriores es correcta.
16. Cualquier procedimiento puede: a) iniciarse de igual forma de oficio o a instancia del interesado. b) la norma reguladora determina la forma de inicio del procedimiento en cuestión. c) ninguna de las anteriores es correcta.
17. El derecho a la información pública y al acceso a archivos y registros, es: a) un derecho de cualquier interesado en el procedimiento administrativo que comprende el de conocer el estado de tramitación del expediente que le afecta, y a tener vista del mismo. b) no es un derecho de los interesados en el procedimiento, pues se predica de todos los ciudadanos como derecho general ante las administraciones públicas. c) ninguna de las anteriores es correcta.
18. La obligación de la administración de resolver expresamente: a) sólo se predica de los procedimientos iniciados por persona interesada, o de los procedimientos iniciados de oficio que conduzcan a actos favorables para el interesado. b) consiste en la obligación de resolver sobre el fondo de la cuestión planteada, es decir, la obligación de dictar un acto que estime o deniegue el derecho o interés al que afecta, que se predica de los procedimientos administrativos con independencia de quien los inicie, y sin tener en cuenta si ha transcurrido o no el plazo máximo para dictar resolución expresa. c) ninguna de las anteriores es correcta.
19. El silencio administrativo positivo: a) es la regla general cuando la administración no resuelve y notifica en plazo en los procedimientos iniciados a instancia del interesado, aunque tiene algunas excepciones que son las contempladas en la propia ley y las que puedan establecerse por las leyes sectoriales autonómicas y estatales. b) exime a la administración de su obligación de dictar resolución expresa pues si el silencio es positivo, transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar el acto expreso sólo puede ser estimatorio. c) ninguna de las anteriores es correcta.
20. Un interesado pretende realizar una comunicación previa ante el Ayuntamiento que legitimaría el ejercicio de una determinada actividad. a) el principio antiformalista que rige en el derecho administrativo le permite hacerlo en cualquier forma siempre que su petición contenga los requisitos establecidos en la Ley 39/2015. b) en procedimientos en masa es posible que la normativa reguladora del procedimiento contemple una instancia normalizada o modelo preestablecido al que podrán acompañarse los documentos y escritos que se estimen convenientes. c) ninguna de las anteriores es correcta.
21.- Los informes: a) es una fase de la instrucción necesaria en cualquier procedimiento administrativo. b) deben solicitarse los informes preceptivos y los potestativos que se consideran necesarios para resolver. Si la norma reguladora no los contempla y no se estiman necesarios no se emitirán. c) ninguna de las anteriores es correcta.
22. La notificación de los actos: a) es un requisito de eficacia, de manera que el acto no produce efectos para el interesado hasta que no le es notificado salvo que éste, conocedor del acto por otra vía, lo recurra. b) puede ser defectuosa, lo que ocurre cuando se notifica el contenido del acto pero no se indican los recursos que proceden. En este caso, la notificación realizada no interrumpe el plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa, ni tampoco pone en marcha los plazos para el recurso. c) ninguna de las anteriores es correcta.
23. La falta de audiencia en un procedimiento que conduce a un acto desfavorable: a) supone en todo caso la nulidad de pleno derecho del procedimiento, por cuanto se prescinde de un trámite del procedimiento que produce indefensión. b) siempre supone la nulidad de pleno derecho cuando el procedimiento es sancionador. c) ninguna de las anteriores es correcta.
24. Las multas coercitivas: a) son un tipo de sanción que puede ser ejecutada de forma coercitiva en contra de la voluntad del interesado. b) están reguladas entre los medios de ejecución forzosa pues se trata de conseguir que el interesado ejecute un acto administrativo. c) ninguna de las anteriores es correcta.
25. Los bienes de dominio público: a) son aquellos destinados al uso exclusivo de la administración y sus funcionarios. Si son susceptibles de ser utilizados por los particulares se consideran bienes patrimoniales. b) son aquellos que son destinados, necesariamente, al uso de todos los ciudadanos con mayor o menor intensidad, sin que el uso de uno de ellos pueda excluir el que puedan realizar los demás. c) ninguna de las anteriores es correcta.
26. La responsabilidad patrimonial de la administración pública: a) se contempla en el art. 33 de la Constitución que establece que nadie puede ser privado de su propiedad sin mediar la correspondiente indemnización, lo que implica que los daños ocasionados por la administración en los bienes o salud de los particulares son privaciones que deben ser compensadas. b) se puede exigir directamente de los funcionarios causantes del daño (por ejemplo, policías) c) ninguna de las anteriores es correcta. .
27. El procedimiento de revisión de oficio: a) es aquel por el que la administración anula actos cuando adolecen de una nulidad de pleno derecho. b) es un procedimiento que conduce a la anulación de cualquier acto que adolezca de una invalidez, sea cual sea esta. c) es un procedimiento que permite a la administración recurrir ante la jurisdicción contencioso- administrativa los actos nulos de pleno derecho para que el juez lo anule.
28. El recurso potestativo de reposición: a) al no ser obligatorio permite que el interesado interponga a la vez recurso de reposición y recurso contencioso administrativo. b) puede interponerse contra la resolución de un recurso de alzada previo. c) ninguna de las anteriores es correcta.
29. La jurisdicción contencioso administrativa: a) está encomendada a tribunales colegiados de distintos niveles (Audiencia Nacional, salas de los tribunales superiores de Justicia etc…) b) está encomendada a juzgados unipersonales y a tribunales colegiados. c) ninguna de las anteriores es correcta.
30. La administración: a) siempre ocupa el papel de demandada, nunca el de demandante, pues es el interesado el que debe recurrir el acto administrativo, la inactividad o vía de hecho de la administración. b) ocupa el papel de demandante cuando de lo que se trata es de conseguir que el juez autorice la ejecución forzosa del acto administrativo. c) ninguna de las anteriores es correcta.
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