Fundamentos del derecho administrativo ccjj
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Título del Test:
![]() Fundamentos del derecho administrativo ccjj Descripción: Tema 4 ccjj |



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1. Según el artículo 103.1 CE y el texto, ¿cuál es la función constitucional de la Administración Pública y cómo debe actuar?. A) Gobernar la nación conforme al programa político del Ejecutivo, con libre arbitrio en todo lo no prohibido por la ley. B) Servir con objetividad los intereses generales, actuando con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. C) Ejecutar exclusivamente las sentencias judiciales sin aplicar normas reglamentarias. 2. ¿Qué establece el artículo 106.1 de la Constitución Española como correlato necesario del principio de legalidad?. A) Que los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. B) Que determinados actos políticos de la Administración quedan excluidos de entrada del control judicial por razones de Estado. C) Que los tribunales pueden controlar de oficio cualquier actuación administrativa sin necesidad de que nadie interponga unrecurso. 3. Según el artículo 70.1 y 70.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), ¿cuándo estimará el juez un recurso contencioso-administrativo?. A) Cuando considere que la decisión administrativa, aunque legal, es inoportuna o poco acertada políticamente. B) Cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. C) Únicamente cuando se haya vulnerado un derecho fundamental susceptible de amparo constitucional. 4. ¿Qué prohibición expresa impone a los jueces el artículo 71.2 de la LJCA al anular una disposición o acto administrativo?. A) No podrán anular reglamentos aprobados por el Consejo de Ministros. B) No podrán imponer costas procesales a la Administración Pública. C) No podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen, ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados. 5. ¿Qué ocurre si el juez contencioso-administrativo carece de un parámetro jurídico y, aun así, se pronuncia sobre el fondo de una decisión administrativa?. A) Que no juzga sino que administra, algo que le está constitucionalmente vedado (art. 117.4 CE). B) Que ejerce legítimamente la llamada «jurisdicción retenida». C) Que aplica correctamente el principio de tutela judicial efectiva del artículo 24 CE. 6. ¿Qué relación existe entre la «densidad de la programación normativa» y la «intensidad del control jurisdiccional»?. A) Son inversamente proporcionales: a mayor densidad normativa, menor control judicial. B) Son directamente proporcionales: cuanto más intensa es la programación por el ordenamiento de la actividad administrativa, más intenso es también su control judicial, y viceversa. C) No guardan ninguna relación, pues la intensidad del control judicial es siempre idéntica en todos los casos. 7. Algunos autores (como Doménech) proponen criterios alternativos a la densidad normativa para fijar la intensidad del control judicial (ej. legitimidad democrática del órgano o el coste de los «falsos positivos»). ¿Qué objeción plantea Bacigalupo si estos factores se elevan a categoría dogmática?. A) Que están expresamente prohibidos por el Derecho de la Unión Europea. B) Que existe el riesgo de que la intensidad del control judicial deje de estar heterodeterminada por el legislador y pase a ser autodeterminada por el propio juez como una cuestión de política o discrecionalidad judicial. C) Que obligarían a suprimir todos los juzgados de lo contencioso-administrativo. 8. Desde el punto de vista del Estado de Derecho, ¿qué sucede si el control judicial se aparta «por defecto» (en menos) o «por exceso» (en más) del control posible en Derecho?. A) Si se aparta en menos, vulnera la plena justiciabilidad de la actuación administrativa (arts. 24 y 106 CE); y si se aparta en más, invade la esfera reservada al poder ejecutivo (en lugar de juzgar, administra). B) Si se aparta en más se refuerza el Estado de Derecho sin ningún inconveniente constitucional. C) Si se aparta en menos se vulnera el artículo 117.4 CE, y si se aparta en más se infringe el artículo 24 CE. 9. ¿Cuándo se alcanza el grado máximo de vinculación de la Administración al ordenamiento jurídico?. A) Cuando el ordenamiento programa su actuación mediante normas de programación finalista o teleológica. B) Cuando el ordenamiento programa su actuación a través de normas de estructura condicional dotadas de una alta densidad normativa (potestades regladas). C) Cuando la ley emplea conceptos jurídicos indeterminados en su zona de incertidumbre. 10. ¿Qué estructura lógica tiene una «norma de programación condicional» y cómo se aplica cuando la potestades reglada?. A) Anuda una consecuencia jurídica determinada («X») a la concurrencia de un supuesto de hecho preciso («Y»), aplicándose mediante un silogismo o subsunción sin margen de decisión para la Administración. B) Fija únicamente un objetivo general («X») dejando libertad a la Administración para elegir los medios («Y»). C) Permite a la Administración decidir libremente tanto el supuesto de hecho como la consecuencia jurídica. 11. El texto cita el artículo 53 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (autorización de instalaciones eléctricas) y el otorgamiento de una licencia municipal de edificación conforme al plan urbanístico como ejemplos de: A) Potestades discrecionales de planificación. B) Discrecionalidad técnica de segundo grado. C) Potestades administrativas regladas, donde el juez puede incluso condenar a la Administración a otorgar la autorización o licencia. 12. ¿Por qué el Estado Social (arts. 1.1 y 9.2 CE) exige que el legislador atenúe la vinculación de la Administración a la ley mediante potestades flexibles?. A) Porque la realidad social a la que se enfrenta la Administración para servir eficazmente los intereses generales (art. 103.1 CE) es compleja y cambiante, y las potestades regladas no siempre ofrecen la flexibilidad necesaria. B) Porque en el Estado Social la Administración ya no está sujeta al principio de reserva de ley. C) Para evitar que los ciudadanos puedan presentar recursos ante los tribunales. 13. ¿Qué afirma la importante Sentencia del Tribunal Constitucional STC 6/2026, de 15 de enero, sobre la discrecionalidad administrativa?. A) Que la discrecionalidad es una anomalía histórica incompatible con la Constitución de 1978 que debe ser erradicada. B) Que la discrecionalidad no es una anomalía del Estado de Derecho, sino un elemento que puede ser necesario e idóneo para lograr una actuación administrativa eficaz y cumplir su función conformadora del orden social (art. 103.1 CE). C) Que la discrecionalidad solo es constitucional cuando la ejerce directamente el Presidente del Gobierno. 14. Según Bacigalupo (punto 12), ¿cómo ha abordado tradicionalmente la doctrina española de los años sesenta a ochenta la discrecionalidad administrativa?. A) Con entusiasmo funcional, pidiendo que todas las potestades regladas pasen a ser discrecionales. B) Como una institución estigmatizada y sospechosa, fronteriza con la arbitrariedad, abordándola preferentemente desde la perspectiva garantista de su reducción y control judicial. C) Negando su existencia en el Derecho administrativo español. 15. ¿Cuáles son los tres tipos de normas que emplea el legislador, de menor a mayor amplitud de margen, para atenuar la vinculación de la Administración a la ley?. A) 1.º Normas condicionales con conceptos jurídicos indeterminados; 2.º Normas de atribución de potestades discrecionales; y 3.º Normas de programación final. B) 1.º Reglamentos independientes; 2.º Decretos-leyes; y 3.º Costumbre administrativa. C) 1.º Normas de programación final; 2.º Normas regladas; y 3.º Instrucciones internas. 16. El artículo 7.2 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico («El Gobierno podrá adoptar, por un plazo determinado, las medidas necesarias para garantizar el suministro... cuando concurra riesgo cierto...») es citado en el texto como ejemplo paradigmático de: A) Norma estrictamente reglada sin ningún concepto jurídico indeterminado. B) Norma habilitante que atribuye ambas clases de discrecionalidad (de actuación y de elección) e incluye conceptos jurídicos indeterminados en su supuesto de hecho. C) Norma inconstitucional por vulnerar la reserva de ley orgánica. 17. ¿En qué consisten las «normas de programación final» (o teleológica) y cuál es su manifestación más clara?. A) Son normas que programan la actuación administrativa únicamente por fines u objetivos sin describir un supuesto de hecho ni predeterminar los medios; su manifestación más clara es la discrecionalidad de planificación o configuración (ej. planes urbanísticos, art. 3.3 Ley de Suelo). B) Son normas que solo se aplican al finalizar un procedimiento sancionador. C) Son aquellas que otorgan un margen menor que las potestades regladas. 18. ¿Qué caracteriza al «control jurisdiccional positivo»?. A) Que se aplica a las potestades discrecionales para comprobar si hubo desviación de poder. B) Que es un control de máxima intensidad propio de las potestades regladas: el juez comprueba si la actuación coincide con la única permitida en Derecho y, si no coincide, puede anularla y ordenar su sustitución por la que proceda. C) Que el juez confirma siempre la actuación de la Administración por deferencia institucional. 19. ¿Cuándo el control jurisdiccional es un «control negativo» y en qué consiste?. A) Cuando la Administración goza de un margen de apreciación o de decisión; consiste en que el juez no busca una única solución justa (que no suele haberla), sino que se limita a comprobar si la actuación adolece de algún vicio jurídico o infringe algún límite o principio del Derecho. B) Cuando el juez rechaza admitir a trámite una demanda por haberse presentado fuera de plazo. C) Cuando la potestad es enteramente reglada y el juez deniega la indemnización solicitada. 20. Según el texto (punto 23), cuando la Administración ejerce un margen de apreciación o de decisión, ¿a qué principios constitucionales y generales del Derecho está siempre sometida?. A) Únicamente al principio de jerarquía normativa y al de publicidad de las normas. B) A los principios de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), igualdad (art. 14 CE), seguridad jurídica y confianza legítima (art. 9.3 CE), y proporcionalidad. C) A ninguno, ya que los principios generales del Derecho solo se aplican en ausencia de ley administrativa. 21. Según cita el autor (Rodríguez de Santiago, 2022), ¿cómo ha evolucionado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo el canon de la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) en el control del planeamiento urbanístico?. A) Ha desaparecido, ya que los planes urbanísticos ya no pueden recurrirse ante los tribunales. B) Pasó de objetar o descartar solo las decisiones irracionales a considerar inválida cualquier decisión no convincentemente motivada. C) Ha convertido la aprobación de planes urbanísticos en una potestad 100% reglada sujeta a control positivo. 22. En el control de la proporcionalidad de una medida administrativa, ¿en cuáles de sus escalones goza la Administración de un margen de apreciación debido a su carácter prospectivo (de previsión de futuro)?. A) En los dos primeros escalones: el juicio de idoneidad (o adecuación) y el juicio de necesidad de la medida elegida. B) Únicamente en la comprobación de la competencia del órgano. C) En ninguno, pues el juicio de proporcionalidad es siempre matemático y reglado. 23. ¿Qué es la «reducción a cero» (o agotamiento) del margen de apreciación o de decisión?. A) La prohibición legal de que un Ayuntamiento apruebe presupuestos con déficit. B) Aquel supuesto excepcional en el que, pese a gozar la Administración formalmente de un margen de apreciación o decisión, en el caso concreto solo una única actuación no infringe los principios jurídicos (cualquier otra los vulneraría), transformándose la potestad en reglada y el control judicial en positivo. C) La anulación de una ley por el Tribunal Constitucional por falta de densidad normativa. 24. ¿Qué diferencia hay entre el «control del ejercicio» y el «control de la atribución» de las potestades discrecionales?. A) El control del ejercicio es un control concreto sobre cómo la Administración ha aplicado la potestad en un caso particular (ej. STS 12/06/2018 sobre evaluación de un profesor); el control de la atribución es un control abstracto sobre la propia norma que otorga un margen excesivamente amplio a la Administración. B) El control del ejercicio lo hace el Parlamento y el control de la atribución lo hacen los alcaldes. C) Son exactamente lo mismo, solo cambia el nombre según la cuantía del recurso. 25. ¿Qué doctrina fijó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su Sentencia de 17 de julio de 2008 (asunto C-207/07, sobre la Comisión Nacional de Energía en España)?. A) Que los Estados miembros pueden otorgar discrecionalidad ilimitada a sus organismos reguladores en el sector energético. B) Realizó un control abstracto de atribución y declaró incompatible con las libertades comunitarias una ley española que confería a la Administración una facultad discrecional redactada en términos tan generales e imprecisos que impedía un control judicial efectivo (de máxima intensidad). C) Que el TJUE solo puede controlar actos concretos aplicados a ciudadanos particulares, pero nunca leyes nacionales. 26. ¿En qué se diferencian la «discrecionalidad de actuación» y la «discrecionalidad de elección»?. A) En la de actuación, comprobado el supuesto de hecho, la Administración decide si actúa o no (es facultativo); en la de elección, la norma obliga a actuar pero permite elegir entre varias consecuencias jurídicas posibles. B) La de actuación solo corresponde al Gobierno y la de elección a los Ayuntamientos. C) No pueden darse nunca de forma simultánea en una misma norma. 27. ¿Qué caracteriza a la «discrecionalidad medial» (o de elección de medios) propia de las normas de programación final?. A) Que exige comprobar previamente un supuesto de hecho muy detallado y elegir entre dos únicas medidas tasadas. B) Que la actuación administrativa no exige la previa comprobación de un supuesto de hecho normativo y la elección de los medios para lograr el fin legal no está constreñida por un elenco de medidas legalmente acotado. C) Que solo permite utilizar medios electrónicos en el procedimiento administrativo. 28. Frente a la doctrina tradicional (que ubicaba la discrecionalidad en la consecuencia jurídica de la norma, ej. el término «podrá»), ¿dónde ubica la discrecionalidad la tesis de Mariano Bacigalupo, asumida por el Tribunal Constitucional en la STC 6/2026?. A) En el preámbulo o exposición de motivos de las leyes. B) En el supuesto de hecho normativo (incompleto o abierto): ejercer la discrecionalidad consiste en que la Administración completa, en sede de aplicación, ese supuesto de hecho imperfecto estableciendo criterios objetivos de decisión adicionales. C) En la voluntad subjetiva e inmotivada del funcionario que firma la resolución. 29. Según el punto 38 del texto, ¿qué efecto produce hacia el futuro (pro-futuro) el ejercicio de la discrecionalidad por parte de la Administración?. A) Produce una «autovinculación relativa»: si en casos futuros similares desea apartarse de los criterios de decisión que aplicó antes (precedentes), debe justificarlo y motivarlo (art. 35.1.c LPAC) para descartar la arbitrariedad. B) Produce una «autovinculación absoluta» e irreversible que le impide cambiar de criterio aunque cambien las circunstancias. C) No produce ningún efecto vinculante, pudiendo resolver casos idénticos de forma opuesta sin necesidad de motivarlo. 30. ¿Cómo puede la Administración reforzar preventivamente su autovinculación, aumentando la transparencia y la seguridad jurídica?. A) Prohibiendo los recursos administrativos. B) Dando publicidad preventiva a los criterios que guiarán su discrecionalidad mediante comunicaciones, guías técnicas u otros instrumentos de soft law. C) Solicitando autorización previa al juez contencioso antes de dictar cada acto. 31. Según recuerda la STC 6/2026 (punto 40), ¿cuáles son los cuatro grandes límites o parámetros de control judicial de toda actividad administrativa discrecional?. A) Los hechos determinantes, los aspectos formales reglados (competencia, procedimiento y motivación), la desviación de poder y los principios constitucionales y generales del Derecho (como la interdicción de la arbitrariedad, art. 9.3 CE). B) La oportunidad política, la eficiencia económica, la popularidad de la medida y el coste presupuestario. C) Únicamente la competencia del órgano y la firma electrónica del titular. 32. ¿Cómo es el control judicial sobre los «hechos determinantes» de una actuación discrecional?. A) Es un control mínimo, pues la Administración es soberana para decidir si un hecho ha ocurrido o no. B) La determinación de los hechos no es discrecional: es plenamente revisable por el juez sin vinculación a lo dicho por la Administración (con el matiz de cuando el supuesto de hecho se describe con conceptos jurídicos indeterminados en su zona de incertidumbre). C) El juez contencioso tiene prohibido practicar prueba sobre los hechos en recursos contra actos discrecionales. 33. En relación con los aspectos formales reglados de toda potestad discrecional (competencia, procedimiento y motivación), ¿qué intensidad tiene el control judicial y por qué es tan relevante la motivación?. A) El control judicial es pleno (de máxima intensidad), y la motivación tiene relevancia no solo formal sino también material, pues permite comprobar si la decisión infringe o no algún principio constitucional o general del Derecho. B) Es un control negativo de baja intensidad, ya que las decisiones discrecionales no necesitan ser motivadas según la LPAC. C) La falta de competencia o de motivación nunca invalida un acto discrecional. 34. ¿Cómo definen los artículos 48.1 LPAC y 70.2 LJCA el vicio de «desviación de poder»?. A) Como la invasión de competencias de un Ministerio por parte de otro Ministerio. B) Como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. C) Como el retraso injustificado en resolver un expediente administrativo. 35. ¿Por qué explica el texto (punto 44) que la «desviación de poder» es un vicio típico de las potestades discrecionales y resulta irrelevante en las potestades regladas?. A) Porque en las potestades regladas, si la actuación coincide exactamente con la única permitida por la ley, es jurídicamente irrelevante la intención o el fin interno que animó a la Administración; en cambio, en las discrecionales sí es determinante saber si se usó para el fin legal (aunque suele ser difícil de probar). B) Porque el artículo 70.2 LJCA prohíbe expresamente alegar desviación de poder cuando el acto es discrecional. C) Porque la desviación de poder es un vicio muy fácil de probar mediante una simple presunción en cualquier proceso. 36. ¿Cuándo prosperará un recurso contencioso-administrativo contra una decisión discrecional basado en la infracción de los principios generales del Derecho (control negativo)?. A) Cuando el recurrente demuestre que existía otra alternativa técnica más barata o más acertada que la elegida por la Administración. B) Solo si la actuación discrecional impugnada se revela arbitraria, irracional, irrazonable, discriminatoria o desproporcionada; si no concurre ninguna de estas tachas, el recurso debe desestimarse aunque existan otras alternativas igualmente válidas. C) Siempre que el juez considere que él habría tomado una decisión distinta de estar en el lugar de la Administración. 37. Expresiones legales como «utilidad pública», «interés social», «riesgo significativo», «interés artístico o científico» u «oferta más ventajosa» son ejemplos de: A) Normas de programación finalista sin supuesto de hecho. B) Conceptos jurídicos indeterminados (conceptos vagos empleados en el supuesto de hecho de normas de programación condicional). C) Conceptos numéricos o determinados de aplicación automática. 38. ¿Cuáles son las tres zonas que se distinguen en la estructura de todo concepto jurídico indeterminado a la hora de subsumir un caso concreto?. A) Zona de certeza positiva (el caso entra sin duda), zona de certeza negativa (el caso queda fuera sin duda) y zona de incertidumbre o de penumbra (el juicio es dudoso y opinable). B) Zona reglada, zona prohibida y zona política. C) Zona administrativa, zona judicial y zona parlamentaria. 39. En el ejemplo del texto sobre la Ley del Patrimonio Histórico Español (art. 1.2 Ley 16/1985), ¿en qué zona se situaría decidir si un edificio con modernos laboratorios del CSIC es un «inmueble de interés científico»?. A) En la zona de certeza positiva, igual que un palacio del siglo XVII. B) En la zona de certeza negativa, igual que unas oficinas administrativas nuevas de un rectorado. C) En la zona de incertidumbre (o de penumbra), donde el concepto carece de densidad semántica suficiente y la Administración debe decidir con criterios extrasemánticos (extrajurídicos). 40. ¿En cuál de las zonas de un concepto jurídico indeterminado goza la Administración de un «margen de apreciación»?. A) En las tres zonas por igual. B) Únicamente en los casos comprendidos en la zona de incertidumbre del concepto (ya que en las zonas de certeza positiva y negativa la aplicación es estrictamente reglada y sujeta a control judicial positivo). C) Únicamente en la zona de certeza positiva. 41. ¿Qué diferencia señala el texto (punto 54) entre la doctrina alemana y la jurisprudencia española (ej. STS de 12 de diciembre de 2000) sobre si los conceptos jurídicos indeterminados habilitan un margen de apreciación?. A) La doctrina alemana solo admite el margen de apreciación en supuestos específicos (como evaluaciones académicas o juicios técnicos/científicos), mientras que la doctrina y jurisprudencia españolas lo admiten con carácter general en la zona de incertidumbre de cualquier concepto jurídico indeterminado. B) En Alemania todos los conceptos indeterminados dan margen de apreciación y en España están totalmente prohibidos. C) Tanto Alemania como España consideran que el juez tiene control positivo pleno en la zona de incertidumbre. 42. Según la STS de 12 de diciembre de 2000 citada en el punto 56, ¿hasta qué límite se extiende el margen de apreciación de la Administración al aplicar un concepto jurídico indeterminado?. A) Es una libertad omnímoda e inmune a cualquier control judicial. B) Se extiende hasta el límite que representa la irracionalidad, la arbitrariedad (art. 9.3 CE) o el ostensible error (control negativo). C) No existe ningún margen, pudiendo el juez sustituir siempre el criterio de la Administración por el suyo propio. 43. ¿Qué sostiene la «doctrina tradicional» (y la STS de 12/12/2000) para diferenciar las potestades discrecionales de los conceptos jurídicos indeterminados?. A) Sostiene que en los conceptos jurídicos indeterminados la potestad sigue siendo reglada (hay una «única solución justa») y que el margen de apreciación es un mero margen de cognición (conocimiento), mientras que la discrecionalidad es un margen de volición (voluntad). B) Sostiene que los conceptos jurídicos indeterminados dan mucha más libertad política que las potestades discrecionales. C) Sostiene que ambos conceptos son idénticos desde el siglo XIX. 44. ¿Por qué rechaza Mariano Bacigalupo la tesis tradicional anterior y defiende un «concepto unitario de discrecionalidad» (punto 58)?. A) Porque considera que no existen las potestades regladas en ninguna ley española. B) Porque en la zona de incertidumbre el concepto indeterminado no ofrece parámetros de decisión y la Administración acaba decidiendo con criterios extrajurídicos (decisión volitiva, no cognitiva), completando el supuesto de hecho incompleto igual que en las potestades discrecionales y sometiéndose al mismo control judicial negativo. C) Porque entiende que los jueces deben tener un control positivo tanto sobre los conceptos indeterminados como sobre la discrecionalidad. 45. ¿A qué llaman la jurisprudencia y la doctrina española «discrecionalidad técnica» (ej. STS de 18 de mayo de 2007 sobre una comisión de selección de la Universidad de Córdoba)?. A) A la facultad de los alcaldes para contratar obras sin licitación pública. B) A las decisiones tomadas por órganos administrativos compuestos por expertos, técnicos o científicos (basadas en valoraciones técnicas, económicas o científicas) que, por su naturaleza especializada, no pueden ser plenamente revisadas en el fondo por los jueces. C) A los errores informáticos cometidos por las plataformas de administración electrónica. 46. ¿Cómo es el control jurisdiccional sobre los juicios técnicos de la Administración?. A) Es un control positivo de máxima intensidad, donde el juez corrige directamente los exámenes de las oposiciones. B) Es nulo, ya que los actos dictados con discrecionalidad técnica no son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. C) Responde al modelo de un control negativo de intensidad limitada, ya que los juicios técnicos no están predeterminados por el Derecho y un control positivo desbordaría el control jurídico. 47. Según la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 219/2004, FJ 6) y el resumen del punto 61, ¿a qué dos grandes aspectos se reduce en lo esencial el control judicial de la discrecionalidad técnica?. A) 1) Al control de los aspectos formales de carácter reglado (competencia, procedimiento y motivación); y 2) al control de la arbitrariedad y del error ostensible o manifiesto en la apreciación técnica. B) Únicamente a comprobar la identidad de los miembros del tribunal calificador. C) A repetir la prueba técnica en presencia del letrado de la Administración de Justicia. 48. Según la opinión de Mariano Bacigalupo (punto 62), ¿cuál es la verdadera naturaleza jurídica de la llamada «discrecionalidad técnica»?. A) Es una potestad reglamentaria encubierta. B) Pese a su denominación tradicional equívoca, es en lo esencial una manifestación del «margen de apreciación» que provocan en su zona de incertidumbre aquellos conceptos jurídicos indeterminados que remiten a conocimientos especializados (ajenos al saber jurídico y a la experiencia común). C) Es una forma de programación finalista idéntica a los planes urbanísticos. 49. El artículo 239 de la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores (LMVSI), cuando faculta a la CNMV para introducir límites con el fin de evitar un «endeudamiento excesivo del sector privado que pueda afectar a la estabilidad financiera», es puesto por el autor como ejemplo de: A) Potestad estrictamente reglada aplicable mediante un simple silogismo matemático por cualquier juez. B) Concepto jurídico indeterminado que remite a conocimientos económicos altamente especializados (discrecionalidad técnica / margen de apreciación). C) Desviación de poder permitida por el legislador. 50. Como conclusión global de todo el capítulo de Bacigalupo, señala cuál de las siguientes afirmaciones resume correctamente el sistema de control jurisdiccional de la Administración en España: A) Toda la actividad administrativa está sometida a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE) y al control judicial (art. 106.1 CE), pero la intensidad de ese control depende de la densidad normativa: será un control positivo en las potestades regladas (y en las zonas de certeza de los CJI o reducción a cero) y un control negativo a través de límites y principios jurídicos cuando exista un margen de decisión o de apreciación. B) Solo las potestades regladas están sometidas al control de los tribunales contencioso-administrativos, quedando las potestades discrecionales y los conceptos jurídicos indeterminados bajo el control exclusivo del Parlamento. C) Los jueces contencioso-administrativos están facultados por el artículo 71.2 LJCA para sustituir libremente las decisiones discrecionales de la Administración cuando consideren que otra opción es más oportuna para el interés general. |





