GARANTIAS JURISDICCIONALES

¿Cuál es la finalidad principal de las garantías jurisdiccionales según la Constitución ecuatoriana?. Controlar la legalidad de los actos administrativos. Proteger de forma eficaz e inmediata los derechos constitucionales. Sustituir la justicia ordinaria. Resolver conflictos entre particulares.

Según el artículo 6 de la LOGJCC, las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad: Proteger derechos y reparar los daños causados por su violación. Declarar la inconstitucionalidad de normas. Interpretar normas constitucionales. Regular las competencias judiciales.

Según la doctrina de Luigi Ferrajoli, las garantías constitucionales se clasifican en: Normativas y jurisdiccionales. Preventivas y reparadoras. Primarias y secundarias. Políticas y judiciales.

Las garantías primarias consisten en: Procesos constitucionales. Procedimientos administrativos. Procedimientos judiciales para proteger derechos. Obligaciones o prohibiciones vinculadas a los derechos subjetivos.

Las garantías secundarias implican: Procedimientos de control judicial frente a violaciones de derechos. Normas que definen derechos fundamentales. Actos administrativos de protección. Sanciones penales por delitos constitucionales.

¿Qué tipo de garantía corresponde a los mecanismos judiciales para proteger derechos constitucionales?. Institucional. Política. Jurisdiccional. Normativa.

El fundamento internacional de las garantías jurisdiccionales se encuentra principalmente en: La Carta de la ONU. El Estatuto de Roma. El Tratado de San José. La Convención Americana de Derechos Humanos.

El artículo 25 de la Convención Americana reconoce: El derecho a la igualdad. El derecho al habeas corpus. El derecho al debido proceso. El derecho a un recurso judicial efectivo.

Las garantías jurisdiccionales permiten: Derogar normas constitucionales. Declarar la violación de derechos y ordenar reparaciones. Reformar leyes orgánicas. Interpretar tratados internacionales.

El establecimiento de garantías jurisdiccionales responde principalmente a: La ampliación del catálogo de derechos constitucionales. La reforma del sistema judicial. La creación del Tribunal Constitucional. La eliminación del amparo constitucional.

La legitimación activa en las garantías jurisdiccionales corresponde a: Solo a los ciudadanos ecuatorianos. Solo a la víctima directa. Cualquier persona o grupo de personas. Únicamente a abogados.

Las garantías jurisdiccionales pueden presentarse: Solo por escrito. Oralmente o por escrito. Solo con patrocinio de abogado. Solo mediante formulario judicial.

El procedimiento de las garantías jurisdiccionales se caracteriza por ser: Formal y escrito. Oral, rápido y eficaz. Complejo y técnico. Administrativo.

La jueza o juez deberá calificar la demanda dentro de: 72 horas. 48 horas. 24 horas. 5 días.

La audiencia pública debe realizarse generalmente dentro de: 3 días posteriores a la calificación. 10 días posteriores a la calificación. 15 días posteriores a la calificación. 30 días posteriores a la calificación.

Si la entidad pública accionada no proporciona información, se presumirá: La nulidad del proceso. La incompetencia del juez. La improcedencia de la acción. La veracidad de los hechos alegados por el accionante.

El recurso de apelación contra sentencias de garantías jurisdiccionales debe presentarse dentro de: 24 horas. 3 días. 5 días. 10 días.

La apelación en garantías jurisdiccionales: Suspende la ejecución de la sentencia. Suspende parcialmente la ejecución. No suspende la ejecución. Solo suspende si lo ordena el juez.

Si una autoridad pública incumple una sentencia constitucional, el juez puede: Suspender el proceso. Declarar la nulidad. Imponer multa civil. Ordenar su destitución.

Todas las sentencias ejecutoriadas deben remitirse a: La Corte Nacional. La Fiscalía. La Corte Constitucional. La Asamblea Nacional.

Las medidas cautelares tienen como finalidad: Declarar la vulneración de derechos. Prevenir o cesar una vulneración de derechos. Indemnizar daños. Reformar normas jurídicas.

Las medidas cautelares pueden presentarse: Solo junto con una acción constitucional. Solo de forma autónoma. De forma conjunta o autónoma. Solo ante la Corte Constitucional.

Una característica esencial de las medidas cautelares es: Definitividad. Irrevocabilidad. Jurisprudencialidad. Provisionalidad.

Las medidas cautelares autónomas proceden principalmente cuando existe: Amenaza de vulneración de derechos. Vulneración consumada. Sentencia ejecutoriada. Demanda civil.

Las medidas cautelares conjuntas proceden cuando: Existe amenaza de vulneración. Existe vulneración de derechos. Existe sentencia judicial. Existe conflicto administrativo.

Las medidas cautelares no pueden ordenar: Vigilancia policial. Privación de libertad. Protección de derechos. Suspensión de actos administrativos.

Las decisiones sobre medidas cautelares: Admiten apelación. Admiten revisión. No admiten apelación. Admiten casación.

El incumplimiento de una medida cautelar puede dar lugar a: Acción penal. Acción extraordinaria de protección. Acción de incumplimiento. Acción de inconstitucionalidad.

Las medidas cautelares deben ser: Proporcionales a la vulneración alegada. Absolutas. Permanentes. Inapelables.

La revocatoria de las medidas cautelares procede cuando: Se presenta apelación. Lo solicita el accionante. El juez cambia de criterio. Se demuestra que no tenían fundamento.

La acción de protección fue creada en la Constitución ecuatoriana de: 1978. 1998. 2008. 2015.

El objetivo de la acción de protección es: Proteger derechos legales. Tutelar derechos constitucionales. Reformar normas. Controlar actos legislativos.

La acción de protección procede contra: Actos de autoridades públicas no judiciales. Actos de autoridades judiciales. Sentencias ejecutoriadas. Normas constitucionales.

La acción de protección también puede presentarse contra particulares cuando: Existe daño leve. Existe contrato civil. Existe controversia comercial. Existe daño grave.

Una causal de improcedencia de la acción de protección es: Existencia de vulneración de derechos. Existencia de daño grave. Inexistencia de vulneración de derechos. Violación de derechos fundamentales.

La acción de protección no procede contra: Políticas públicas. Actos administrativos. Providencias judiciales. Actos de particulares.

La acción de protección tiene legitimación activa: Amplia. Limitada. Exclusiva. Restringida.

El conocimiento en primera instancia corresponde a: Corte Constitucional. Corte Nacional. Jueces de primer nivel. Fiscalía.

En segunda instancia conoce: Corte Constitucional. Asamblea Nacional. Corte Provincial. Corte Nacional.

La acción de protección es subsidiaria porque: Requiere agotar otras vías eficaces. Siempre procede. Solo procede contra particulares. Solo protege derechos políticos.