GGT_PREGUNTAS DE RESERVA_1-25(GRUPO TÉCNICOS FUNC. ADMIN.)

Los Reglamentos en el Derecho Comunitario están destinado a: Todos los Estados miembros. Todas las personas físicas. Todas las personas jurídicas. Todas son correctas.

¿De cuántos órganos jurisdiccionales se compone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?. Uno. De dos, uno es el Tribunal de Justicia y otro el Tribunal General. De tres. Ninguna es correcta.

Son clases de reglamentos: Circulares e instrucciones. Resoluciones e instrucciones. Órdenes e instrucciones. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Requisitos exigibles para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración Públicas: La existencia de un daño o perjuicio grave en los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos indemnizable con arreglo a la responsabilidad extra contractual. La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente, individualizado con respecto a una persona o grupo de personas, derivado del funcionamiento de los servicios públicos que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo y que no haya sido producido por causa de fuerza mayor. La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente, individualizado con respecto a una persona o grupo de personas, derivado del funcionamiento de los servicios públicos que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar, cualquiera que sea la causa. La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente, individualizado con respecto a una persona o grupo de personas, derivado del funcionamiento de los servicios públicos que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar, causado por culpa o negligencia.

Si el 15 de septiembre de 2023, se publica en el BOC una Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, que da un plazo para presentar solicitudes de 3 meses a partir de la publicación, ¿de acuerdo con la Ley 39/2015, en qué día finaliza el plazo?. El 14 de diciembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023. El 15 de diciembre de 2023. Ninguna es correcta.

Entre los medios de ejecución forzosa del artículo 100 de la Ley 39/2015, no se encuentra: Desahucio administrativo. Apremio sobre el patrimonio. Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas.

Como establece el artículo 86 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: Sólo las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo contencioso-administrativo y las dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Supremo. Sólo las sentencias dictadas en apelación por la por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Supremo. Todas las Sentencias son susceptibles de recurso de apelación.

Señale la respuesta incorrecta en relación a las obligaciones tributarias accesorias: Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de demora. Las sanciones tributarias tienen la consideración de obligaciones accesorias. Las obligaciones de satisfacer el interés de demora. Los recargos por declaración extemporánea.

Señale la respuesta incorrecta en relación a la Suspensión por los tribunales económico administrativos: El tribunal económico-administrativo que conozca de la reclamación contra el acto cuya suspensión se solicita será competente para tramitar y resolver las peticiones de suspensión con dispensa total de garantías que se fundamenten en perjuicios de difícil o imposible reparación, tanto para los supuestos de deuda tributaria o cantidad líquida como en aquellos otros supuestos de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida. El tribunal económico-administrativo que conozca de la reclamación contra el acto cuya suspensión se solicita será competente para tramitar y resolver la petición de suspensión que se fundamente en error aritmético, material o de hecho. El tribunal económico-administrativo que conozca de la reclamación contra el acto cuya suspensión se solicita será competente para tramitar y resolver las peticiones de suspensión con dispensa parcial de garantías que se fundamenten en perjuicios de difícil o imposible reparación, tanto para los supuestos de deuda tributaria o cantidad líquida como en aquellos otros supuestos de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida. Todas las respuestas anteriores son falsas.

La declaración de lesividad podrá adoptarse: En los primeros 5 años desde que se dictó el acto administrativo, previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. En los primeros 4 años desde que se dictó el acto administrativo, previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Señala la respuesta correcta, a tenor de lo regulado en el artículo 150 de la LCSP: Sólo la Mesa de contratación, clasificará por orden decreciente, las proposiciones presentadas. Sólo el órgano de contratación, clasificará por orden decreciente, las proposiciones presentadas. En ningún caso la Mesa de contracción clasifica las proposiciones presentadas. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente las proposiciones presentadas.

Indicar la respuesta INCORRECTA en relación con los contratos menores regulados en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado igual o inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado igual o inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o de servicios. En la tramitación de un expediente de contrato menor no se requerirá la aprobación del gasto ni la incorporación al mismo de la factura correspondiente. En el contrato menor de obras, deberá añadirse el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes.

De conformidad con el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en el supuesto de demora en el plazo total de ejecución del contrato: La Administración procederá a la resolución del contrato, que implicará la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, siempre y cuando la demora se haya producido por causas imputables al contratista. La Administración podrá optar entre la resolución del contrato o la imposición de penalidades, siempre y cuando la demora se haya producido por causas imputables al contratista. La Administración procederá, previa y necesaria intimación al contratista, a la resolución del contrato, que implicará la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, siempre y cuando la demora se haya producido por causas imputables al contratista. La Administración podrá optar entre la resolución del contrato o la imposición de penalidades, independientemente de que la demora sea o no imputable al contratista.

En el supuesto de que en el padre y la madre concurran las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios de las prestaciones familiares de seguridad social: El derecho a la prestación será reconocido al que tenga la custodia de los hijos. El derecho a la prestación será reconocido siempre a la madre. El derecho a la prestación será reconocido solo a favor de uno de ellos. Ninguno generará el derecho.

Señale la respuesta correcta en relación con el procedimiento de negociación de convenios colectivos: Los acuerdos de la comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones. El calendario o plan de negociación será impuesto por la parte que inicie el procedimiento de negociación del convenio. En el plazo máximo de dos meses a partir de la recepción de la comunicación de inicio del proceso de negociación, se procederá a constituir la comisión negociadora. La parte receptora de la comunicación se podrá negar en cualquier momento y por cualquier motivo a la iniciación de las negociaciones.

En caso de extinción del contrato por voluntad del empresario contemplado en el artículo 11 del Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, ¿cuál sería la indemnización a falta de pacto en el contrato?. 20 días por año con un límite de 12 mensualidades. 33 días por año con un tope de 9 mensualidades. 7 días de salario por año con el límite de 6 mensualidades. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

Según el artículo 2 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirá por la legislación específica dictada por el Estado y por las Comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en este Estatuto, excepto: El capítulo III del título II, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 21 y 84. El capítulo II del título III, salvo el artículo 20, y los artículo 22.3, 24 y 84. El capítulo III del título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3 y 24. El Capítulo II del Título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, y 84.

Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la integración del personal estatutario en las distintas instituciones o centros se realizará mediante: Su incorporación a cualquier plaza similar. A un puesto de trabajo de similar categoría. No existe integración sin oposición. Su incorporación a una plaza, puesto de trabajo o función.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 123/199, de 17 de junio, ¿quiénes podrán concurrir por el sistema de promisión interna? (Señale la respuesta CORRECTA): El personal fijo o de plantilla con nombramiento en propiedad en plazas del SCS. El personal fijo o de plantilla con nombramiento en propiedad en cualquier servicio de salud del sistema nacional de la salud. El personal fijo y el personal interino con más de 15 años de antigüedad. El personal eventual con más de 15 años de antigüedad.

Son recursos de la Hacienda Pública Canaria: Los precios públicos. Los legados y donaciones. Los ingresos procedentes de sus propios impuestos y los que les correspondan por su participación y gestión en el régimen económico y fiscal de Canarias. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El Servicio Canario de la Salud se financiará con: Las subvenciones, donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades y particulares. Las aportaciones que deban realizar los Ayuntamientos y Cabildos con cargo a su presupuesto. Los recursos que le puedan corresponder por la participación de Canarias en los Presupuestos Generales del Estado y en los de la Seguridad Social afectos a servicios y prestaciones sanitarios. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según la Ley de Hacienda Pública Canaria la financiación de un crédito extraordinario: Únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto, con bajas en otros créditos o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. Siempre depende de los fondos del Ministerio de Sanidad. Se hará minorando el crédito inicial de ejercicios posteriores. No existe la figura de modificación de crédito.

La orden de 17 de diciembre de 1987, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba la instrucción de Contabilidad Presupuestaria del Gasto Público de la CAC, en su regla 26, define los documentos mixtos como: Los que anulan el compromiso de gasto. Los que recogen modificaciones positivas del saldo. Los que combinan más de una de las fases de ejecución del presupuesto de Gastos. Los que modifican crédito.

La aprobación o modificación del Plan Anual de Control Financiero Permanente, es competencia de: La Junta de Interventores. El Titular del Departamento competente en materia de Hacienda, a propuesta del Interventor General. El Interventor General. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Titular del Departamento competente en materia de Hacienda.

¿Cuál de las siguientes etapas no pertenece al control de calidad?. Planificar la calidad. Medir la calidad. Comparar con estándares de calidad. Actuar en las desviaciones observadas.