El Gobierno y la administración. Poder judicial.

Según el artículo 97 de la Constitución, el Gobierno dirige: Únicamente la política interior y la Administración civil. La política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. La política interior, la Administración civil y la defensa del Estado, pero no la política exterior. Todas son incorrectas.

La composición del Gobierno según el artículo 98 de la Constitución incluye: Presidente, Vicepresidentes y Ministros exclusivamente. Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de Estado. Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y los demás miembros que establezca la ley. Presidente y Ministros únicamente.

Para que prospere una moción de censura se requiere: Mayoría simple del Congreso de los Diputados. Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados. Mayoría simple de ambas Cámaras.

El principio de objetividad de la Administración Pública significa que: Debe actuar con neutralidad política. Debe servir con objetividad los intereses generales. Debe someterse plenamente a la ley y al Derecho. Todas son correctas.

El Consejo General del Poder Judicial se compone de: 20 vocales más el Presidente. 21 vocales más el Presidente. 20 vocales en total incluyendo el Presidente. 19 vocales más el Presidente.

Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales se regulan en: El Título IV de la Constitución. El Título V de la Constitución. El Título VI de la Constitución. El Título III de la Constitución.

La cuestión de confianza puede ser planteada por: Una décima parte de los Diputados. El Presidente del Gobierno. El Presidente del Congreso. Cualquier grupo parlamentario.

El Poder Judicial se regula constitucionalmente en: Los artículos 117 a 127 de la Constitución. Los artículos 108 a 116 de la Constitución. Los artículos 97 a 107 de la Constitución. Los artículos 159 a 165 de la Constitución.

La provincia de León se divide en: Seis partidos judiciales. Siete partidos judiciales. Ocho partidos judiciales. Cinco partidos judiciales.

La tercera reforma de la Constitución Española afectó al: Artículo 13.2 sobre sufragio de ciudadanos de la UE. Artículo 135 sobre estabilidad presupuestaria. Artículo 49 sobre personas con discapacidad. Artículo 2 sobre la unidad de España.

Los decretos-leyes no pueden afectar a: El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Los derechos, deberes y libertades del Título I. El régimen de las Comunidades Autónomas. Todas son correctas.

La responsabilidad patrimonial de la Administración se establece en: El artículo 103 de la Constitución. El artículo 106 de la Constitución. El artículo 109 de la Constitución. El artículo 112 de la Constitución.

El principio de unidad jurisdiccional significa que: Existe una sola jurisdicción ordinaria. No pueden existir tribunales especiales. La jurisdicción militar queda limitada al ámbito castrense. Todas son correctas.

La interpelación parlamentaria puede dar lugar a: Una moción de censura obligatoriamente. Una cuestión de confianza. Una moción en la que la Cámara manifieste su posición. Ninguna.

El Tribunal Superior de Justicia competente para León tiene sede en: León. Valladolid. Burgos. Salamanca.

Los miembros del Gobierno no pueden ejercer: Funciones representativas distintas del mandato parlamentario. Actividad profesional o mercantil. Función pública que no derive de su cargo. Todas son correctas.

La disolución de las Cortes Generales es decretada por: El Presidente del Gobierno. El Rey. El Presidente del Congreso. El Consejo de Ministros.

El derecho a la tutela judicial efectiva se reconoce en: El artículo 24 de la Constitución. El artículo 117 de la Constitución. El artículo 120 de la Constitución. El artículo 106 de la Constitución.

La reforma del artículo 49 de la Constitución se publicó en el BOE el: 15 de febrero de 2024. 17 de febrero de 2024. 25 de enero de 2024. 18 de enero de 2024.

El principio de descentralización administrativa implica: Traslado de competencias a órganos inferiores de la misma Administración. Atribución de competencias a entes territoriales distintos del Estado. Distribución de funciones entre diferentes ministerios. Coordinación entre Administraciones públicas.