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Según el artículo 2 de la Ley 2/2021 de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante se entiende por corrupción: abuso de poder para obtener ganancias o beneficios ilegítimos, exclusivamente para sí mismo, mediante el uso o destino ilegal o irregular de fondos o patrimonios públicos. abuso de poder para obtener ganancias o beneficios ilegítimos, para sí o para terceras personas, mediante el uso o destino ilegal o irregular de fondos o patrimonios públicos. abuso de poder para obtener ganancias o beneficios legítimos para terceras personas mediante el uso o destino ilegal o irregular de fondos o patrimonios públicos. abuso de confianza para obtener ganancias o beneficios legítimos, para sí o para terceras personas, mediante el uso o destino ilegal o irregular de fondos o patrimonios públicos.

La Ley 2/2021 será de aplicación: al Parlamento de Andalucía. al presidente de la Junta de Andalucía. a) y b) son correctas. ninguna es correcta, solo resulta de aplicación al sector público andaluz.

La Oficina contra el Fraude y la Corrupción: se adscribe al Consejo de Gobierno. actuará con dependencia funcional en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines. se crea como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. todas son correctas.

No es una función de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción: informar preceptivamente al Parlamento de Andalucía sobre los proyectos normativos que desarrollen la Ley 2/2021 u otros proyectos normativos que estén directamente relacionados con la finalidad y funciones de la Oficina. colaborar con los órganos competentes en materia de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, para prevenir y corregir actuaciones que pudieran infringir el régimen aplicable en cada caso. estudiar, promover e impulsar la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública mediante la redacción de un código ético o de buenas prácticas. investigación de hechos que sean objeto de investigaciones de la autoridad judicial o Ministerio Fiscal cuando los mismos estén contemplados en la Ley 2/2021.

Se entenderá que existe un incumplimiento del deber de colaboración con la Oficina contra el Fraude y la Corrupción: con el retraso justificado del envío de información o documentación. con la obstrucción del acceso a los expedientes o documentación necesarios para la investigación e inspección. con la negativa injustificada al envío de información o documentación en el plazo improrrogable de 30 días. con la remisión justificada de información o documentación de forma incompleta.

La potestad de investigación permitirá al personal funcionario de carrera al servicio de la Oficina que tuviera atribuido el ejercicio de funciones de investigación, requerir a las entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio para que suministren información o documentación relativa a los movimientos de cuentas y demás operaciones financieras activas y pasivas: debiendo ser atendido este requerimiento en el plazo máximo de 15 días, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, salvo que la Oficina, de oficio o a solicitud debidamente justificada de la persona o entidad requerida, acuerde motivadamente un plazo mayor debido a la complejidad de la información o documentación solicitada. debiendo ser atendido este requerimiento en el plazo máximo de 20 días, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, salvo que la Oficina, de oficio o a solicitud debidamente justificada de la persona o entidad requerida, acuerde motivadamente un plazo mayor debido a la complejidad de la información o documentación solicitada. debiendo ser atendido este requerimiento en el plazo máximo de 30 días, en todo caso. debiendo ser atendido este requerimiento en el plazo máximo de 15 días, en todo caso.

En el ejercicio de la potestad de inspección, en el supuesto de personas físicas o jurídicas privadas que no formen parte del sector público andaluz: no será preciso el consentimiento de las mismas para el acceso a las dependencias. será preciso el consentimiento de las mismas para el acceso a las dependencias o, en su caso, la oportuna autorización del superior jerárquico. será preciso el consentimiento de las mismas para el acceso a las dependencias o, en su caso, la oportuna autorización del Ministerio Fiscal. será preciso el consentimiento de las mismas para el acceso a las dependencias o, en su caso, la oportuna autorización judicial.

¿Tendrán las personas investigadas derecho a solicitar la reparación de los perjuicios que hubieran soportado como consecuencia de las actuaciones de investigación e inspección practicadas?. no, en ningún caso. sí, aunque deberán acreditar pericialmente dicho perjuicio. sí, conforme a la normativa que resulte aplicable. no, aunque la Administración podrá acordar de oficio dicha reparación.

En los supuestos en los que la persona denunciada solicite conocer la identidad de la denunciante y ésta no hubiera solicitado la confidencialidad sobre su identidad, la Oficina: dará audiencia al denunciante, por un plazo de 30 días, para que revele al denunciado su identidad. dará audiencia al denunciante, por un plazo de 10 días, a fin de que comunique si desea que su identidad sea o no revelada, manteniendo la confidencialidad si tras dicha audiencia la persona denunciante decide que no sea revelada. dará audiencia al denunciante, por un plazo de 15 días, a fin de que comunique si desea que su identidad sea o no revelada, manteniendo la confidencialidad si tras dicha audiencia la persona denunciante decide que no sea revelada. dará audiencia al denunciante, por un plazo de 20 días, a fin de que comunique si desea que su identidad sea o no revelada.

Señala la respuesta INCORRECTA. El acuerdo de inicio del procedimiento de investigación deberá contener al menos: los hechos que motiven su incoación. el órgano competente para la resolución del procedimiento. el órgano competente para la interposición del posible recurso contra la resolución finalizadora del procedimiento. todas son correctas.

La persona titular de la Dirección de la Oficina será elegida por: el Pleno del Parlamento de Andalucía mediante votación por mayoría de dos terceras partes de las personas que lo compongan. el Pleno del Parlamento de Andalucía mediante votación por mayoría absoluta de las personas que lo compongan. el Pleno del Parlamento de Andalucía mediante votación por mayoría de tres quintas partes de las personas que lo compongan. el Consejo de Gobierno, a propuesta del Parlamento de Andalucía.

El ejercicio de la Dirección de la Oficina es compatible con: el desempeño de cualquier cargo designado por el Parlamento de Andalucía, por el Congreso de los Diputados o por el Senado. el ejercicio de cualquier actividad profesional, mercantil o laboral. el ejercicio en activo de la carrera judicial. ninguna es correcta.

La persona titular de la Dirección de la Oficina aprobará una memoria anual descriptiva del conjunto de actuaciones desarrolladas durante el año anterior: en los 3 primeros meses de cada año natural. en los 6 primeros meses de cada año natural. en los 4 primeros meses de cada año natural. en los 2 primeros meses de cada año natural.

Los informes especiales y recomendaciones sobre asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses: serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado. serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Todas las personas denunciantes que formulen una denuncia tendrán derecho desde el momento de la presentación de la misma ante la Oficina: a no sufrir represalias por causa de las denuncias formuladas, incluidas las amenazas de represalias y las tentativas de represalias. a conocer el estado de la tramitación del procedimiento de investigación e inspección derivado de sus denuncias. a que se les notifiquen los actos y resoluciones dictados respecto de las denuncias formuladas, siempre que, en este último supuesto, así se prevea de forma expresa en esta Ley. todas son correctas.

Según la Ley 2/2021, la formulación de denuncias ante la Oficina que contengan información falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita cuando se aprecie dolo, o bien cuando derive en un perjuicio muy grave para la persona investigada se considerará una infracción: muy grave. grave. leve. ninguna es correcta.

A las infracciones leves se impondrá la sanción de apercibimiento o multa de: 100 a 1.000 euros. 200 a 2.000 euros. 300 a 3.000 euros. 400 a 4.000 euros.

El órgano competente para la imposición de las sanciones consecuencia de la comisión de las infracciones previstas en la Ley 2/2021 será: la Subdirección de la Oficina. la persona titular de la Dirección de la Oficina. el personal funcionario de carrera al servicio de la Oficina que tuviera atribuido el ejercicio de funciones de inspección. ninguna es correcta.

En el supuesto de que hubiera un elevado número de denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción: podrá seguirse prioritariamente las denuncias de infracciones muy graves. podrá seguirse prioritariamente las denuncias de infracciones graves. deberán tramitarse secundariamente las denuncias de infracciones muy graves. podrá seguirse prioritariamente las denuncias de infracciones leves al ser un procedimiento más simple.

Las actuaciones previstas en la Ley 2//2021, se regirán, entre otros, por el principio de: integridad. non bis in idem. independencia. todas son correctas.