En la Constitución española, los derechos y deberes fundamentales: Están regulados en el Título I, del artículo 10 al 55. Están regulados en el Título I, del artículo 14 al 28 Están regulados en el Título I, del artículo 15 al 29.
Están obligados a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos: Las personas físicas. Quienes representen a una persona física. Quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, para los trámites relacionados con la misma.
Según la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 6, donde se regula los Registros Electrónicos de apoderamiento, cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro de su respetiva Administración y dichos poderes tendrán una validez máxima de: Máximo de 5 años desde la fecha de inscripción. Máximo de 2 años desde la fecha de inscripción. Máximo de 1 año desde la fecha de inscripción.
Pondrán fin al Procedimiento Administrativo, según se regula en el artículo 84, de la Ley 39/2015: La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funda la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad. La decisión unilateral del órgano competente. Ninguna de las anteriores es correcta.
La Constitución española: Garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica propia. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes, Concejales y Secretarios. Garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes, y Consejeros.
Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas en los términos que se determine en su legislación específica. Únicamente las ausencias totales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas en los términos que se determine en su legislación específica. Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán injustificadas en todo caso.
Según el artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: La sede electrónica es la aplicación que la Administración facilita al usuario para su descarga. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. La sede electrónica se constituye como la única forma posible para que el ciudadano se dirija a una administración pública en el ejercicio de sus derechos o la manifestación de sus intereses.
En atención a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias: En las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución, corresponde a la CAC la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado. En las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución, corresponde la CAC la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estatuto de Autonomía. En las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución, corresponde a la CAC la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, así como el control en el marco de las bases que fije el Estado.
De acuerdo con el art. 38 del Estatuto de Canarias, el Parlamento de Canarias: Es el órgano representativo de las Instituciones de Canarias, es elegido por Ayuntamientos, directo, igual, libre y secreto. Es el órgano representativo del pueblo canario, es elegido mediante sufragio universal, directo, igual, libre y secreto. Es el órgano que representa a los pueblos de Canarias es elegido mediante sufragio universal, directo, igual, libre y secreto.
De acuerdo con el art. 53 del Estatuto de Canarias, el Gobierno de Canarias: Responde solidariamente de su gestión política ante el Parlamento de Canarias. Y en su caso se podrá exigir la responsabilidad política individual de los miembros del Gobierno. Responde solidariamente de su gestión política ante el Parlamento de Canarias. No se podrá exigir la responsabilidad política individual de los miembros del Gobierno. Responde solidariamente de su gestión política ante el Parlamento de Canarias. No se podrá exigir la responsabilidad política individual de los miembros del Gobierno, salvo que así lo solicite una mayoría cualificada.
De conformidad con la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares de Canarias, los Cabildos Insulares: Son instrumento de la CAC, así como órganos de gobierno, administración y representación de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la CAC. Son entes dependientes de cada isla, con personalidad jurídica propia, y vinculadas territorialmente con la CAC. Son órganos mancomunados de la CAC, que actúan como entes de la Administración Local, así como órganos de gobierno, control y representación de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la CAC.
Con carácter general la resolución de peticiones de acceso a expedientes llevadas a cabo en el marco de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se habrá de realizar, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, en el plazo de: Quince días. Tres meses. Un mes.
Corresponde al Parlamento de Canarias: La aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como examinar el uso eficiente de las consignaciones de los presupuestos de las islas destinados a financiar competencias delegas a las mismas, velando para que se cumpla al respecto el principio de insuficiencia financiera. La aprobación y fiscalización de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como examinar el uso eficiente de las consignaciones de los presupuestos de las islas destinados a financiar competencias transferidas a las mismas, velando para que se cumpla al respecto el principio de suficiencia financiera. La aprobación y fiscalización de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, así como examinar el uso eficiente de las consignaciones de los presupuestos de las islas destinados a financiar competencias delegadas a las mismas, velando para que se cumpla al respecto el principio de suficiencia financiera.
La Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, en relación al principio de garantía de la autonomía, dispone en su artículo 6.2: En todo caso, las leyes garantizarán la autonomía de los municipios para la gestión de los intereses públicos en su ámbito, la organización de los órganos de gobierno y administración municipales, la organización y planificación de su propio territorio, la regulación y prestación de los servicios locales, la iniciativa económica, la gestión del personal a su servicio y de su patrimonio y la recaudación, administración y destino de los recursos de sus haciendas. En todo caso, las leyes garantizarán la autonomía de los municipios para la gestión de los intereses públicos en su ámbito, la organización de los órganos de gobierno y administración municipales, la organización y planificación de su propio territorio, la regulación y prestación de los servicios locales, la gestión del personal a su servicio y de su patrimonio y la recaudación, administración y destino de los recursos de sus haciendas. En todo caso, las leyes garantizarán la autonomía de los municipios para la gestión de los intereses públicos en su ámbito, la organización de los órganos de gobierno y administración municipales, la organización y planificación de su propio territorio, la regulación y prestación de los servicios locales, la iniciativa económica, la gestión del personal a su servicio y la recaudación, administración y destino de los recursos de sus haciendas.
Las directivas europeas son: Normas de derecho originario europeo directamente aplicables en los Estados Miembros desde su completa publicación en el Diario Oficial de Unión Europea. Normas de derecho derivado de la Unión Europea que deben ser objeto de transposición al ordenamiento jurídico interno por cada uno de los Estados Miembros para convertirse en normas directamente aplicables. Recomendaciones que dictan los órganos legislativos de la Unión Europea con el fin de ser tenidas en cuenta por los Estados Miembros de la unión.
Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, no será causa de ceses del Gobierno: Tras la celebración de elecciones al Parlamento de Canarias. Cuando quien ostente la Presidencia cese por dimisión; por notoria incapacidad permanente, física o mental, reconocida por el Parlamento por mayoría absoluta de sus miembros, que le inhabilite para el ejercicio del cargo; por condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargo público; o por pérdida de la condición de diputado del Parlamento de Canarias. Al producirse el fallecimiento de quien ostente la Vicepresidencia.
Un funcionario de carrera es designado miembro del Gobierno, ¿a qué situación administrativa pasará? Excedencia. Servicios Especiales. Servicios en otras Administraciones Públicas.
Para que un funcionario de carrera pueda optar a una excedencia voluntaria por interés particular, tiene que haber prestado servicios efectivos en cualquier Administración Públicas durante: 3 años inmediatamente anteriores. 2 años inmediatamente anteriores. 5 años inmediatamente anteriores.
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa por parte de la Administración: Será el que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento. No podrá exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea En los procedimientos iniciados de oficio, se notificará la resolución cuando la Administración lo determine.
¿Cuál es el plazo máximo para que el órgano competente para resolver pueda expedir un certificado de silencio administrativo una vez solicitado por el interesado? 20 días. 15 días. 30 días.
En un procedimiento administrativo, los interesados tienen derecho: A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, incluso con posterioridad del trámite de audiencia. A actuar asistidos de asesor cuando lo considere conveniente la Administración.
El Gobierno del Estado: Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Ley y su reglamento orgánico. Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas: Mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Mediante ley, facultades correspondientes a materia de titularidad local que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Mediante ley de transferencia, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
El particular tiene derecho a ser indemnizado por la Administración Pública: Por todo daño que se le produzca en los términos establecidos en el Código Civil. De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Siempre que el daño alegado sea grave, efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
El plazo de prescripción de las infracciones administrativas: Comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Será de tres años para las muy graves dos años para las graves y un año para las leves. Comenzará a contarse desde el momento en el que la administración haya tenido conocimiento de su comisión.
El Portal de Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente, que deberán adecuarse a los siguientes principios: Operatividad y accesibilidad. Reutilización, interoperabilidad y accesibilidad. Información veraz, acceso libre y utilización segura.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del TR-EBEP, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos deberán actuar de acuerdo, entre otros con los siguientes principios: Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Tipicidad, legalidad, irretroactividad, concurrencia, prescripción y respeto al ciudadano. Transparencia. legalidad, protección de datos y no discriminación.
Según el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la CAC, ¿Qué conceptos deberá expresarse en una resolución de concesión de subvención? Solicitante e importe. Solicitante o relación de solicitantes a los que se le concede la subvención, cuantía y especificación de su evaluación. Concepto de la subvención, interesado e importe.
La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratado, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otro en situación comparable, se considera: Discriminación directa por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo. Acoso por razón de sexo.
Una funcionaria de la CAC con una antigüedad de un año, ¿Puede solicitar excedencia por razón de violencia de género? No, porque no tiene la antigüedad exigida. Tiene derecho sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos. Tiene que llevar un periodo de 5 años en activo.
En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. La legislación autonómica correspondiente. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común o, en su defecto, en la legislación autonómica correspondiente.
Con carácter general, la actuación de una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante: Certificado electrónico del titular del órgano o empleado público. Sello electrónico del titular del órgano o empleado público. Firma electrónica del titular del órgano o empleado público.
El Convenio Colectivo del Personal Laboral de la CAC: Excluye de su ámbito de aplicación al personal al servicio de los Organismos Autónomos dependientes de la Comunidad Autónoma. Se estructura en 7 Capítulos, 67 artículos, 4 disposiciones transitorias y 3 adicionales. Ninguna de las anteriores es correcta.
Una transferencia entre créditos del Capítulo 2, de la misma sección presupuestaria, ¿A quién le corresponde autorizarla? Al titular del Departamento A la Dirección General de Planificación y Presupuesto. A la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Según el artículo 141.1 de la Constitución Española, la provincia es: Una entidad local con personalidad jurídica plena, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las tres cuartas partes del Congreso de los Diputados y del Senado. Una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias: La Presidencia designa y separa libremente a la persona titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, dirige y coordina su actuación y, como titular de la Presidencia de la CAC, ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado. La Presidencia designa y separa al titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, coordina su actuación y, como titular de la Presidencia de la CAC, ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma La Presidencia designa y separa libremente a la persona titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, dirige y coordina su actuación y, como titular de la Presidencia de la CAC, ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma.
El recurso de alzada: Deberá interponerse ante el órgano que dicto el acto que se impugna. Tendrá que interponerse en el plazo de 10 días si el acto fuera expreso. Podrá interponerse ante el órgano que dicto el acto que impugna o ante el competente para resolverlo.
El recurso contencioso-administrativo: Sólo es admisible ante los actos definitivos que ponen fin ala vía administrativa. Se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Es admisible contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva no contributiva: Se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. Se constituye como un régimen híbrido público-privado que garantiza prestaciones en situaciones de necesidad. Trae causa de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española.
¿Cuál de las siguientes situaciones administrativas no está establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público? Servicio activo. Excedencia. Expectativa de destino.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en un expediente de tramitación de urgencia el plazo para la emisión de los informes es de 5 días. No obstante, cuando la complejidad del expediente impida su cumplimiento, dicho plazo se puede prorrogar hasta: No cabe la posibilidad de prorrogar el plazo. 15 días. 10 días.
¿Cuál de estas afirmaciones sobre los funcionarios interinos no es correcta? Los funcionarios interinos son aquellos que son nombrados por necesidad o urgencia, para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera. Es posible nombrar funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses dentro de un periodo de doce meses. Los funcionarios interinos no tienen derecho a trienios.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: No es de aplicación a las relaciones entre las administraciones públicas y el personal a su servicio. No será de aplicación, en ningún caso, a las funciones públicas de Policía, seguridad y resguardo aduanero. Tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivadas del trabajo.
Entre las funciones del Diputado del Común se encuentra: La defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, frente a la vulneración producida por acciones u omisiones de las administraciones públicas canarias. Dictaminar sobre la adecuación de las iniciativas legislativas de la Constitución y al Estado de Autonomía de Canarias. La fiscalización externa de la gestión económica, financiera contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de Canarias.
Corresponde a la Audiencia de Cuentas de Canarias: El fomento y análisis de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la CAC. La interposición de recursos de inconstitucionalidad en materias de su competencia. Fiscalizar los contratos suscritos por la Administración de la comunidad autónoma y demás entes del sector público.
Es función del Consejo Consultivo de Canarias dictaminar la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias de: Las iniciativas legislativas, únicamente. Las iniciativas legislativas, los decretos-leyes sometidos a convalidación del Parlamento, los proyectos de decretos legislativos y la interposición de recursos de inconstitucionalidad por parte del Parlamento o del Gobierno, así como los planteamientos de conflictos de competencia. Los decretos-lees sometidos a convalidación del Parlamento y los proyectos de decretos legislativos, pero no de las iniciativas legislativas ni la interposición de recursos de inconstitucionalidad.
El anteproyecto del estado de ingresos de la Comunidad Autónoma se elaborará por: Cada una de las Consejerías, que deberán remitirlo a la Consejería de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, antes del primero de agosto. Cada una de las Consejerías, que deberán remitirlo a la Consejería de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, antes del primero de junio. La Dirección General de Planificación y Presupuesto.
¿En qué supuesto la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no obliga al órgano de contratación a tramitar un expediente de contratación? En la tramitación de urgencia. En la tramitación de emergencia. En la tramitación plurianual.
En la estructura de los Presupuestos Generales de la CAC, la estructura funcional y de programas, estructura económica, estructura orgánica y estructura territorial se aplica a: Los estados de gastos. Los estados de ingresos. Los estados de ingresos y gastos.
Entre las instituciones de la Unión Europea, corresponde al Consejo: Ejercer conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. Vela por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos. Dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones y prioridades políticas generales.
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