Gral. 20

¿De qué Institución de la CAC depende la Audiencia de Cuentas de Canarias?. Del Gobierno, a través de la Consejería correspondiente. Del Presidente del Gobierno, directamente. Del Parlamento. Del Tribunal de Cuentas de Canarias.

El Consejo Consultivo de Canarias es el supremo órgano consultivo de: El Gobierno de la CAC. El Parlamento de Canarias. El Parlamento y del Gobierno de Canarias. La CAC.

Cuando en una norma se establece que antes de resolver, un determinado órgano debe solicitar un informe, debe entenderse que dicho informe es: Preceptivo y vinculante. Preceptivo y no vinculante. Facultativo y no vinculante. Facultativo y vinculante.

Como regla general ¿Cuál es el plzao para evacuar los informes en un procedimiento administrativo?. Un mes. 30 días. 15 días. 10 días.

Los actos de la Administración Pública producirán efectos, en general desde: La fecha en que se dicten. La fecha en que se publiquen. Los veinte días de su publicación. Los treinta días de su publicación.

Son actos nulos de pleno derecho: Los que sean dictados por órganos incompetentes por razón de jerarquía. Los que se realicen fuera del plazo establecido. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Los actos expresos si se adquiere una facultad sin ener los requisitos para adquirirla.

¿Como se denomina el recurso administrativo ordinario que resuelve el superior jerárquico del órgano que dictó el acto impugnado?. El recurso de alzada. El recurso de reposición. El recurso ordinario. El recurso de revisión.

¿En un procedimiento sancionador, el presunto responsable tiene derecho a ser notificado de la identidad del instructor?. En ningún caso. En todo caso. Si así lo solicitase expresamente ante el órgano compente para resolver. La figura del instructor no es propia del procedimiento sancionador.

Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismo, aún a título de simple inobservancia, lo que corresponderá con el principio de: Responsabilidad. Tipicidad. Proporcionalidad. Prohibición de la interpretación de las normas sancionadoras.

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos: Únicamente cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En los casos de fuerza mayor y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Todas las respuestas son incorrectas.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el plazo de prescripción para ejercer el derecho a reclamar comienza a computarse: Al año de producirse el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Desde el momento en que se produce el hecho o acto que motive la indemnización o en que se manifiesta su efecto lesivo. El derecho a reclamar no prescribe. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según su artículo 2, la Ley 7/2015, de 1 de abril de municipios de Canarias, se aplica a: Las Mancomunidades de municipios. Las fundaciones públicas municipales. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril de municipios de Canarias, sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la CAC sobre las siguientes materias: Empleo. Servicios comunitarios. Todas las respuestas son correctas.

Son competencias de los cabildos insulares, según la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares: Las campañas de saneamiento zoosanitarios. Comercio. Ferias y mercados municipales.

Según la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares: La responsabilidad patrimonial derivada del ejercicio de las competencias delegadas será imputable a la Administración pública de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la facultad de esta de repetir contra la administración insular en los supuestos en que la lesión sea consecuencia de culpa o negligencia grave de esta en el cumplimiento de sus obligaciones. La responsabilidad patrimonial derivada del ejercicio de las competencias delegadas será imputable al propio Cabildo Insular. La responsabilidad social derivada del ejercicio de las competencias delegadas será imputable a la Administración pública de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la facultad de esta de repetir contra la administración insular en los supuestos en que la lesión sea consecuencia de culpa o negligencia grave de esta en el cumplimiento de sus obligaciones.

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 24, la funcionaria víctima de violencia de género: Podrá justificar las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida. Tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica. No podrá justificar las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida,.

Son Principios rectores de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático. Todas las respuestas anteriores son correcta.

De conformidad con el art. 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo: Se consideran anulables y sin efecto. Darán lugar a responsabilidad. Se consideran nulos y no podrán dar lugar a responsabilidad.

De conformidad con el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿Qué se considera subvención nominada?. Las que figuran en la planificación de gastos anual. Aquella cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario figuran en el estado de gastos de los presupuesto. Las impuestas por una norma de rango legal.

Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias. La Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus instituciones democráticas, asume como tarea suprema la defensa de los intereses canarios, y de su identidad cultural y de su patrimonio natural y biodiversidad; la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario; el desarrollo sostenible y equilibrado de las islas y su contribución a la cooperación y a la paz entre los pueblos, así como a un orden internacional justo, en el marco constitucional y estatutario. El autogobierno del pueblo canario se funda en la Constitución y se asienta en la excepcionalidad de su ubicación geográfica, el valor de su territorio y de sus recursos naturales, el arraigo de sus instituciones públicas o la vocación atlántica de su economía, así como el desarrollo de una identidad política propia, aparejada a una concepción especifica de la historia, la cultura, el habla y las costumbres de las personas que habitan en el Archipiélago. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Canarias se ejercen a través de Los Cabildos, Las Consejerías correspodientes y la Presidencia del Gobierno.

El Estatuto de Autonomía de Canarias entró en vigor: El 6 de noviembre de 2019. El 6 de noviembre de 2018. El 5 de noviembre de 2018.

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, de conformidad con el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos demostrados, así como las normas aplicables y relacionadas con los mismos. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Ninguna de las respuestas es correcta.

Señale la respuesta correcta, de conformidad con el art. 21 de la Ley 39/2015. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. Son todas correctas.

De conformidad con el art. 24 de la Ley 39/15, de 1 de octubre: Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer solo ante la Administración, salvo que afecte persona física, que en ese caso se expresará de esa forma en el mismo acto. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo solo se podrán hacer valer ante la Administración que dictó o debería haber dictado la resolución oportuna.

De conformidad con el art. 24 de la Ley 39/15, de 1 de octubre. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo, podrán dar lugar a: Un certificado, que se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Un certificado que sólo se expedirá a petición del interesado en el plazo de 15 días si se acredita que el interesado fue parte en el acto. Un certificado que sólo se expedirá a petición del interesado en el plazo de 15 días si se acredita que el interesado fue parte en el acto.

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública será elegido: Por mayoría de dos quintas partes del Parlamento de Canarias, conforme al procedimiento que la ley determine. Por mayoría de tres quintas partes del Parlamento de Canarias, conforme al procedimiento que la ley determine. Por mayoría absoluta del Parlamento de Canarias, conforme al procedimiento que la le determine.

La Audiencia de Cuentas de la comunidad Autónoma de Canarias, dependiente del Parlamento de Canarias: Realizará funciones de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de Canarias, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con la Constitución. Ejercerá sus funciones por delegación del Parlamento en el examen y comprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ambas son correctas.

Ejercerá sus funciones por delegación del Parlamento en el examen y comprobación de la Cuenta General de la CAC: No inferior a quince días ni superior a un mes. No inferior a diez días ni superior a quince. Siete días hábiles.

A tenor del artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento además de la resolución: El desistimiento. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. Todas son correctas.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre ¿ Qué recurso cabe contra el acuerdo de acumulación de procedimientos?. Ninguno. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre ¿De acuerdo con qué principio se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo?. Con el principio de oficialidad. Con el principio de eficacia. Con el principio de simplificación administrativa.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre ,salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en: Treinta días. Quince días. Diez días.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el principio por el que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general se denomina: Prevalencia reglamentaria. Derogabilidad singular. Inderogabilidad singular.

De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, en la situación de excedencia por razón de violencia de género, las funcionarias tendrán derecho a recibir las siguientes retribuciones: Las retribuciones básicas durante los 2 primeros meses. Las retribuciones íntegras durante los 6 primeros meses, ampliable de 3 en 3 meses hasta un máximo de 18 meses. Las retribuciones íntegras durante los 2 primeros meses.

De acuerdo con el III Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en caso de traslado forzoso, o de mutuo acuerdo, de centro de trabajo que implique cambio de residencia dentro de la misma isla, el trabajador tendrá derecho a un permiso retribuido de: 5 días. 10 días. 15 días.

Conforme al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, está incluido dentro del Régimen General de la Seguridad Social: Trabajadores del mar. Trabajadores por cuenta propia o autónomos. Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de sociedades de capital.

De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se consideran como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos aquellos que: Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan, aunque existan medidas preventivas generales. Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan, en ausencia de medidas preventivas específicas. Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utiliza, aunque existan medidas preventivas específicas.

En materia de prevención de riesgos laborales, el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, no obstante, este carácter voluntario puede exceptuarse: Cuando sea prescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo. Si no constituye peligro para los demás trabajadores.

Según la Ley de Contratos del Sector Publico, tienen la consideración de Administración Publica: Las autoridades administrativas independientes. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Las Entidades Públicas Empresariales.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están excluidos del ámbito de dicha Ley: Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de la Ley. Los contratos que celebren las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, o los organismos dependientes de las mismas. Los convenios incluidos en el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa y la seguridad.

Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la tramitación urgente del expediente procederá cuando: En el único supuesto en que su adjudicación sea preciso acelerar por razones de urgencia. La Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos. Su celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés publico.

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la perfección del contrato se produce a través de: La adjudicación definitiva. La formalización. La licitación.

La Ley de Hacienda Pública Canaria establece que son fases del procedimiento de la gestión del presupuestos de gastos: Aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material. Aprobación del gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material. Aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y pago material.

En el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de una persona menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando: Sea mayor de catorce años. Sea menor de catorce años. A partir de los quince años de edad.

Los procedimientos de naturaleza sancionadora, según el art. 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se iniciarán: A instancia de parte. Siempre de oficio. Mediante el correspondiente procedimiento.

La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los organismos y entidades del sector público autonómico incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de la transparencia y de acceso a la información pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo caso ofrecerán: Acceso a la información pública únicamente por correo, por Internet y por vía telefónica. Acceso a la información pública de forma presencial, por Internet y por vía telefónica. Acceso a la información pública de forma telemática, por Internet y por vía telefónica.

En el régimen disciplinario de los empleados públicos regulado en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones muy graves prescribirán a los: 6 meses. 2 años. 3 años.

Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso, según recoge la Ley 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales: Que conste de manera oficial y específica que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. Que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. Todas las anteriores son correctas.

La regulación de la transparencia y de acceso a la información pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, está recogida en: Ley (canaria) 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. Ley (estatal) 12/2014, de 25 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. Ley (canaria) 12/2021, de 27 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública.