Gral. 27

Según el artículo 11.1 de la Constitución Española, la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por: Acuerdo de la Mesa del Parlamento. La ley. Los Tratados Internacionales. Los Códigos.

De acuerdo con el artículo 55.1 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes derechos podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución?. El derecho a la huelga. El derecho a la libertad de cátedra. El derecho de participar en los asuntos públicos. El derecho de asociación.

Según el artículo 134.3 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿cuál de las siguientes es una competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma de Canarias?. La agricultura y ganadería. La caza. La expedición de los títulos universitarios oficiales. El turismo.

Según el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias podrá ejercer actividades de inspección y sanción respecto a materias que sean competencia exclusiva del Estado mediante: Convenio o acuerdo. Decreto-ley. Ley. Reglamento.

Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?. La vigilancia de la salud tiene para el trabajador siempre carácter voluntario. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores afectados.

Según el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de Prevención serán designados por: El Comité de Seguridad y Salud. La Dirección General de la Función Pública. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los representantes del personal.

Según el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, solo se podrá autorizar el acceso: Cuando prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. Previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Si se cuenta con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. Únicamente en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Según los artículos 2 y 3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública en Canarias, esta NO es de aplicación a: El Consejo Económico y Social. Las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones en una cuantía inferior a 50.000 euros. Las entidades privadas cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 30% del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Las universidades públicas canarias.

Según el artículo 8 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales ¿cuándo podrá considerarse el tratamiento de datos personales fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable?. Basta una autorización en una norma reglamentaria, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. En el inicio del tratamiento. Nunca.

¿Cuál NO es un derecho de los interesados según la actual legislación en materia de protección de datos (artículos del 13 al 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales)?. Derecho de acceso. Derecho de certificación. Derecho de oposición. Derecho de supresión.

Según el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. Los datos personales hayan sido tratados lícitamente. Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho Internacional que se aplique al responsable del tratamiento. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Según el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán inicialmente válidos a efectos de firma: Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica. Sistemas de firma biométrica. Sistemas de claves concertadas. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Según el artículo 17.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos: Que correspondan a procedimientos finalizados. Que correspondan a procedimientos finalizados, incluyendo los documentos en soporte papel. Que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados. Que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados, incluyendo los documentos en soporte papel.

Según el artículo 13 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué derechos tienen reconocidas las personas en sus relaciones con la Administración Pública?. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas y con entidades jurídicas privadas. A la financiación, obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando: Se realice mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con posterioridad a la resolución final que se dicte. Circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Siempre que se publique en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

Según el artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los conflictos de atribuciones: Podrán suscitarse entre órganos de distintas Administraciones. Podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración y entre órganos de distintas Administraciones. Podrán suscitarse respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo. Sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente.

Según el artículo 3 del Decreto 161/2002, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del sistema de sugerencias y reclamaciones en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias las sugerencias podrán ser formuladas ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias por: Solo se podrá acceder presencialmente. Se podrá acceder a través del servicio de atención telefónica 112. Se podrá acceder a través del Portal de Transparencia. Verbalmente, personándose en las Oficinas Centrales de Información, Iniciativas y Reclamaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias formulándola ante un funcionario público, que la deberá recoger fielmente en el modelo normalizado, que será suscrito por el interesado, una vez cumplimentado a su satisfacción.

Según el articulo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, uno de los siguientes NO es un derecho legalmente reconocido a los ciudadanos, de entre lo que han de marcar las relaciones entre estos y las Administraciones públicas y sus empleados: A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios. A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las actuaciones que se propongan realizar. El acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos reglamentariamente.

Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cual de los siguientes NO se considera interesado en el procedimiento administrativo: Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución aunque no se hayan personado en el procedimiento. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en caso de representación de otras personas ante las Administraciones Públicas, NO es necesario acreditar la representación: Para actos de mero trámite. Para formular solicitudes. Para interponer recursos. Para renunciar a derechos en nombre de otra persona.

Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo podrá conceder un plazo para aportar o subsanar la falta o insuficiente acreditación de la representación teniendo por realizado el acto de que se trate. Dicho plazo, por regla general, es de: 5 días. 7 días. 10 días. 15 días.

Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima, a contar desde la fecha de inscripción, de: 3 años. 5 años. 7 años. 10 años.

Conforme al artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de: Diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Treinta días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. En ningún caso la Administración acreditará de oficio el silencio administrativo.

Según el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán: Siempre a petición de la autoridad judicial. Siempre a petición de parte. Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En relación con la instrucción del procedimiento administrativo, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados: Podrán alegar defectos de tramitación en todo momento. Solo podrán alegar defectos de tramitación tras dictar la administración resolución expresa. Únicamente podrán alegar defectos de tramitación durante el trámite de audiencia. Únicamente podrán alegar defectos de tramitación a antes del trámite de audiencia.

De acuerdo con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general: Cabrá recurso de alzada. Cabrá recurso extraordinario de revisión. No cabrá recurso en vía alguna. No cabrá recurso en vía administrativa.

A tenor del artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error o la ausencia de la calificación de un recurso administrativo por parte del recurrente: Abrirá un plazo de quince días para que el interesado subsane el error en la calificación. No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. No será obstáculo para su tramitación, en ningún caso. No será obstáculo para su tramitación, siempre que el interesado esté debidamente identificado.

Según el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que trata sobre las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores, la resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando: No quepa contra ella ningún recurso extraordinario en vía administrativa. No quepa contra ella ningún recurso extraordinario en vía judicial. No quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. No quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía judicial.

Según el artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tienen carácter de subvenciones: Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado. Los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

El artículo 3.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, dispone que para la concesión de una subvención en la que se acrediten razones de interés público, económico, humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria y cuyo importe exceda del que determine anualmente la Ley de Presupuestos, requerirá: Autorización de la Dirección General de Presupuestos. Autorización del Gobierno de Canarias. Autorización de la Intervención General. Autorización del Parlamento de Canarias.

A tenor del artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondiente siempre que la lesión sea consecuencia: Del funcionamiento anormal de los servicios públicos en todo caso. Del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en cualquier caso. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 67.1 de la ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, es de: Tres meses. Seis meses. Un año. años.

Según el artículo 90.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la suspensión de funciones determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de: Seis meses. Un año. Dos años. No se puede perder el puesto de trabajo.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué condiciones deben cumplirse para el teletrabajo?. El empleado debe proporcionar su propio equipo y conexión a Internet. El empleado puede decidir unilateralmente cambiar a un régimen de teletrabajo. La Administración podrá utilizar dispositivos de geolocalización para el teletrabajador. La prestación del servicio mediante teletrabajo será compatible con la modalidad presencial.

¿Cuál de las siguientes es una falta muy grave en el régimen disciplinario de los funcionarios, según el artículo 95.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público?. La falta de asistencia al trabajo durante dos días consecutivos. La realización de actividades privadas durante el horario de trabajo. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. El retraso habitual en el cumplimiento de las tareas asignadas.

¿Cuál de esta combinación de principios es incorrecta en relación al ejercicio de la potestad disciplinaria de acuerdo con el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, culpabilidad y jerarquía. Principio de legalidad y tipicidad y principio de culpabilidad. Principio de proporcionalidad, Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Principio de retroactividad de las disposiciones favorables al presunto infractor, presunción de inocencia.

Según al artículo 19 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos sujetos a regulación armonizada: Los adjudicados por una Entidad que tenga carácter de poder adjudicador y fiscalizador. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, los de suministros y los de servicios cuyo valor estimado sea inferior a las cuantías establecidas en el Reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público, vigente hasta que se desarrolle reglamentariamente la Ley9/2017, de 8 de noviembre, siempre que la entidad contratante tenga naturaleza de poder fiscalizador. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, los de suministro, y los de servicios, cuyo valor estimado sea igual o superior a las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público vigente, siempre que la entidad contratante tenga naturaleza de poder adjudicador. Los contratos de obras y servicios que sean declarados secretos o reservados.

En los contratos de concesión de servicios, la prórroga de los plazos de duración previstos en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, sólo podrán ser ampliados para restablecer el equilibrio económico: En un 10%. En un 15%. En un 20%. En un 25%.

Según lo señalado en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la prórroga de los contratos del sector público: Puede producirse por el consentimiento tácito de las partes. En ningún caso podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes. No puede producirse por el consentimiento tácito de las partes, salvo que así se establezca en los pliegos. Puede producirse por el consentimiento tácito de las partes, salvo que se indique lo contrario en los pliegos.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas al valor estimado de los contratos de obras, suministros y servicios, es falsa, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Comprende el beneficio industrial. Comprende el impuesto sobre el valor añadido. Comprende los posibles costes salariales. Comprende las modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores: Los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Todos los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros. Todos los contratos de valor estimado superior a 15.000 euros.

Conforme a lo previsto en el artículo 198.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es causa de resolución de un contrato la demora en el pago por plazo superior a: 3 meses. 4 meses. 6 meses. 12 meses.

Según el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes contratos podría adjudicarse mediante procedimiento abierto simplificado sumario al que se refiere este artículo?. Un contrato de obras con valor estimado de 100.000,00€. Un contrato de suministros con valor estimado inferior a 60.000,00€ con criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor con una ponderación del 25%. Un contrato de servicios con valor estimado de 30.000,00€ que se evaluará únicamente con criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. Un contrato de servicios con valor estimado de 80.000,00€.

En contratos de suministros de valor estimado inferior a 60.000 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el procedimiento abierto simplificado podrá tener la siguiente especialidad: Se exigirá la constitución de una garantía definitiva del 1% del importe de adjudicación del contrato. Se exigirá la constitución de una garantía definitiva del 2% del precio del contrato. Se exigirá a los licitadores el requisito de la clasificación. Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora según el artículo 64.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá contener al menos, entre otras: Identificación de la persona que denuncia. Identificación de la persona que va a resolver el procedimiento. Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. No es necesario identificar a nadie según el artículo 64.

Según el artículo 25.1 apartado b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa tendrá efectos de: Caducidad del procedimiento. Prescripción del derecho. Silencio administrativo estimativo. Silencio administrativo desestimativo.

Según el artículo 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora a quién se comunicará y a quién se notificará?. Se comunicará al órgano encargado de resolver el procedimiento, con traslado de la documentación generada hasta ese momento, y se notificará a los interesados, con excepción, en su caso del inculpado. Se comunicará al órgano encargado de resolver el procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. Se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de la documentación generada hasta ese momento, y se notificará a los interesados, con excepción, en su caso, del inculpado. Se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.

Según el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué se considera discriminación directa por razón de sexo?. La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿cuál es la ley que regula la igualdad entre mujeres y hombres?. Ley 1/1994, de 13 de enero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Ley 1/1999, de 13 de enero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Ley 1/2011, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres.

Según el artículo 4 de la Ley 1/1994, de 13 de enero, del Instituto Canario de Igualdad, ¿quiénes son los órganos del Instituto Canario de Igualdad?. El Consejo Asesor y el Pleno. El Consejo Rector y la Directora. El Consejo Asesor y el Pleno. La Secretaría General, El Consejo Asesor y la Directora.