GSI 2025 (legislación)

¿Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al Rey, según el artículo 62 de la Constitución Española de 1978?. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. Autorizar la celebración de tratados internacionales que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

¿Cuál de los siguientes derechos o libertades está sujeto al "procedimiento preferente y sumario" ante los Tribunales ordinarios y al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según el artículo 53.2 de la Constitución Española de 1978?. El derecho a la protección de la salud. El derecho a una vivienda digna y adecuada. El derecho a la libertad sindical. El derecho a la propiedad privada y a la herencia.

Según el artículo 68 de la Constitución Española de 1978, ¿por cuánto tiempo es elegido el Congreso de los Diputados?. Por cinco años, a contar desde la fecha de su elección. Por cuatro años y su mandato termina el día de las siguientes elecciones. Por tiempo indefinido hasta que el Presidente del Gobierno decida disolver las Cámaras. Por cuatro años y su mandato termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

¿A qué Cámara corresponde la competencia exclusiva de autorizar al Gobierno para adoptar las medidas necesarias a fin de obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones, según el artículo 155 de la Constitución Española de 1978?. ¿A qué Cámara corresponde la competencia exclusiva de autorizar al Gobierno para adoptar las medidas necesarias a fin de obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones, según el artículo 155 de la Constitución Española de 1978?. A las Cortes Generales, en sesión conjunta de ambas Cámaras. Al Senado, mediante la aprobación por mayoría absoluta. Al Tribunal Constitucional, a propuesta del Senado.

Según el artículo 97 de la Constitución Española de 1978, el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con: Las directrices marcadas por el Presidente del Gobierno. La Constitución y las leyes. El programa político presentado en el debate de investidura. Los tratados internacionales y las resoluciones de las Cortes Generales.

Según lo establecido en el Título V de la Constitución Española de 1978, cuando se presenta una interpelación ante una de las Cámaras, ¿qué consecuencia parlamentaria específica puede derivarse de ella?. La convocatoria automática de una comisión de investigación sobre la materia interpelada. La obligación del Gobierno de solicitar una cuestión de confianza en el plazo de 48 horas. El cese inmediato del Ministro interpelado si la respuesta no es aprobada por mayoría absoluta. La posibilidad de que la interpelación dé lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Según el artículo 20.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si la Administración no dicta y notifica una resolución expresa sobre una solicitud de información en el plazo máximo establecido, ¿qué efecto se produce?. Se entenderá estimada la solicitud por silencio administrativo positivo. Se entenderá estimada la solicitud por silencio administrativo negativo. El plazo se prorroga automáticamente por otros 30 días hábiles. La Administración incurre, de forma automática, en una infracción muy grave de buen gobierno.

La Administración incurre, de forma automática, en una infracción muy grave de buen gobierno. Debe acreditar un interés directo, personal y legítimo en la información que solicita. Debe exponer de forma detallada los motivos por los cuales solicita dicha información. No es necesario que el solicitante motive su solicitud de acceso a la información. El solicitante debe ser necesariamente ciudadano español o residente en la Unión Europea.

Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su redacción vigente, ¿a partir de qué número de personas trabajadoras es obligatoria la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en las empresas?. 25 personas trabajadoras. 50 personas trabajadoras. 100 personas trabajadoras. 200 personas trabajadoras.

¿Cuál es el modelo que establece la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, para la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas mayores de 16 años?. La obligatoriedad de aportar un diagnóstico médico de disforia de género. La exigencia de haber acreditado un tratamiento hormonal previo durante al menos dos años. La necesidad de obtener una autorización judicial previa tras un examen psicológico. La libre autodeterminación de la identidad de género basada en la voluntad de la persona, sin necesidad de informes médicos ni tratamientos.

De acuerdo con el artículo 25.2 del Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico- equivalente al de: Un sello electrónico avanzado. Un documento electrónico certificado. Una firma manuscrita. Una firma electrónica avanzada.

De acuerdo con la Carta de Derechos Digitales, el diseño de la pseudonimidad: Garantizará el anonimato absoluto de la persona en todo momento, sin posibilidad de reidentificación en ningún supuesto. Solo permitirá la reidentificación de la persona mediante resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, previa solicitud motivada de la autoridad competente. Permitirá la reidentificación automática de la persona cuando el prestador de servicios tenga conocimiento efectivo de que el acceso se usa para actividades ilícitas, sin necesidad de resolución judicial. Asegurará la posibilidad de reidentificar a las personas previa resolución judicial en los casos y con las garantías previstas por el ordenamiento jurídico.

De acuerdo con el artículo 33.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente, de ser posible, a más tardar: 48 horas después de que haya tenido constancia de ella. 72 horas después de que haya tenido constancia de ella. 24 horas después de que haya tenido constancia de ella. 96 horas después de que haya tenido constancia de ella.

De acuerdo con el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo de resolución, este será de: Un mes desde la fecha del acuerdo de iniciación, para los procedimientos iniciados de oficio. Un mes desde la fecha del acuerdo de iniciación, para los procedimientos iniciados de oficio. Tres meses, sin que pueda exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento.

Según el artículo 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos sancionadores en los que la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver aplicará reducciones de al menos: El 20 % sobre el importe de la sanción propuesta por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, siendo acumulables entre sí. El 10 % sobre el importe de la sanción propuesta por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, siendo acumulables entre sí. El 25 % sobre el importe de la sanción propuesta por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, sin que sean acumulables entre sí. El 30 % sobre el importe de la sanción propuesta por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, siendo acumulables entre sí.

De acuerdo con el artículo 9.2 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, por el que se regulan la organización y los instrumentos operativos para la Administración Digital de la Administración del Estado, la utilización de los medios y servicios declarados transversales será: De carácter voluntario y complementario respecto a los medios y servicios particulares empleados por las distintas unidades. De carácter obligatorio y sustitutivo respecto a los medios y servicios particulares empleados por las distintas unidades. De carácter potestativo, salvo que la CETIC determine lo contrario en cada caso. De carácter obligatorio, pero compatible con los medios y servicios particulares de cada unidad.