HACIENDA: preguntas exámenes 2025 j1, j2 y so

En cuanto a la distribución por capítulos de los ingresos y gastos del presupuesto, la descripción de los componentes del gasto es relativamente fácil; así el capítulo VIII recoge: Los desembolsos destinados a amortizar títulos previamente emitidos por el sector público. Los pagos a empresas privadas para que lleven a cabo proyectos de inversión. Los gastos de inversión realizados directamente por el sector público. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a los distintos capítulos que integran los ingresos del sector público, el capítulo VIII: Incluye los fondos obtenidos por el sector público por transferencia de otros agentes económicos, cuando tales fondos van destinados a la compra de bienes y servicios. Recoge los ingresos procedentes de la venta de activos financieros, como cierre en el caso de la privatización de empresas públicas. Recoge los fondos recibidos por emisión de deuda pública. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a los campos de actuación del sector público, los partidarios del enfoque intervencionista: Defienden que el crecimiento sin intervención pública genera desequilibrios territoriales. Sostienen que el sector público reduce el crecimiento al establecer impuestos que reducen el ahorro. Manifiestan que la inflación es un fenómeno monetario. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a los campos de actuación del sector público, los partidarios del enfoque liberal consideran: Que el paro está causado por falta de demanda efectiva. Que la inflación no es un simple problema monetario. Si se debe a exceso de demanda, se deben usar políticas restrictivas. Que la innovación técnicas requiere el apoyo del sector privado. Que el mercado determina (tipo de interés) el valor de la Inversión que es igual al Ahorro.

El análisis de NISKANEN considera que: La acción del votante (R) depende de la probabilidad de que su comportamiento afecte al resultado de la elección. La acción del votante (R) depende de los beneficios que le reporte el hecho de que gane el grupo político que prefiere (B),. La acción del votante (R) depende de los costes que le imponga acudir a las urnas. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El principio de especialidad: Tiene el objetivo de evitar que la gestión gubernamental pueda exceder los límites marcados por el poder legislativo. Señala que el presupuesto debe contener todos los ingresos y todos los gastos que se pretenden realizar. Debe estructurarse de tal manera que esté clara cuál es la procedencia de los ingresos y cuál es el destino de los gastos. Podemos definirlo como la obligación de que todas las partidas de ingresos y gastos deben aparecer en el presupuesto sin aumentos ni disminuciones de ningún tipo.

El teorema de COASE puede enunciarse del modo siguiente: El libre juego de la acción individual sólo se preocupará de los costes cuando el mercado fije la cantidad y el precio de equilibrio donde la curva de demanda se cruza con la oferta que refleja los costes marginales. Deja operar libremente al empresario pero indicarle que su cifra de beneficios no puede exceder un determinado límite. Es posible incentivar que el monopolista no marque precios exclusivamente altos para no superar el límite fijado a los beneficios. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a la justificación teórica del proceso redistributivo, el planteamiento de STUART MILL: Niega al sector público cualquier prerrogativa para privar a unos ciudadanos de sus ingresos para entregárselos a otros. Parte de la observación de las enormes diferencias sociales existentes en la Gran Bretaña del siglo XIX. Defiende que el monopolio de la violencia es concedido como procedente de una evolución en el propio mercado de los servicios de seguridad. Expone el problema, como si se pudiera suscitarse antes de conocer cuál será nuestra posición en la sociedad.

RAWLS plantea el problema teórico de la redistribución: Defendiendo la redistribución en especie; es decir, permitiendo a todos los ciudadanos alcanzar un nivel mínimo de productos esenciales. Defendiendo que de haber redistribución, se realice a través de mecanismos monetarios. Considerando que las desigualdades sociales, inaceptables moralmente, le llevan a afirmar que si se trata de elegir entre capitalismo y comunismo, todas las deficiencias o dificultades de este último sistema no harían inclinar la balanza del otro lado. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

La base liquidable (art. 54 LGT) es: El resultado de restar a la base imposible las reducciones que se establezcan en la Ley reguladora del impuesto. El presupuesto jurídico o económico que da lugar al nacimiento de la obligación de pagar el tributo. La valoración económica del hecho imponible. La cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra.

El concepto de progresividad legal: No usa la relación entre el tipo impositivo y la base o la recaudación y la base. Se define a partir de la elasticidad-renta del impuesto. Se obtiene a partir de la relación existente entre recaudación (T) y base liquidable (B), o lo que es igual, sobre los conceptos de tipo medio y marginal. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El grave inconveniente teórico que se produce cuando un aumento en la base imponible genera un aumento aún mayor en la cuota, se denomina: Fórmula de Haberger. Teorema ricardiano de equivalencia. Transferencia de carga; teoría planteada por el hacendista R.Barro. Error de salto.

PEACOCK y WISEMAN afirman que: Si la elasticidad del gasto con respecto a la renta es mayor que 1, la elasticidad renta de los impuestos también debería ser mayor que la unidad. La neutralidad de un impuesto se mide a partir del concepto de exceso de carga fiscal, cuya obtención y significado se parece mucho al concepto de coste social monopolista. El exceso de carga fiscal es tanto mayor, cuanto mayor sea el tipo impositivo, lo que avala la moderación en los impuestos sobre la venta del producto. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El concepto económico de renta: Considera que esta variable representa la capacidad máxima de consumo de un contribuyente, manteniendo constante su patrimonio. Es denominado, también, definición de Haig-Simons. Es el habitualmente adoptado por los hacendistas que se han ocupado de estas materias. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

La imposición de producto o cedular: Trataba de sumar todos los ingresos del contribuyente, sin establecer diferencias entre ellas, salvo las rentas del trabajo, que recibían un trato favorable y la deducción, muy limitada, para paliar la doble imposición de los dividendos. Consistía en sustituir la imposición global sobre la renta por un sistema en el que se diferencia entre las rentas de trabajo y de actividades económicas, sometidas a una tarifa progresiva y las rentas de capital que tributan a un tipo uniforme. Consistía en sustituir la base imposible del impuesto sobre la renta que sería sólo la parte de renta dedicada al consumo, con un tipo impositivo que puede ser tanto proporcional como progresivo. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En el impuesto lineal sobre la renta: Se multiplica el importe del dividendo por un coeficiente y, al mismo tiempo, se establece una deducción en la cuota, lo que hace desaparecer el exceso de gravamen generado por la coexistencia de ambos tributos. Se sumaban las rentas de los cónyuges, pero el divisor en este caso se calculaba sumando un punto por cada perceptor de renta y medio punto por cada hijo dependiente. Suponía sumar las rentas de ambos cónyuges, dividir por el número de perceptores y con este cociente acudir a la tarifa del impuesto y determinar el tipo medio. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Una vez que hemos señalado los dos posibles medios de definición de la renta que será objeto de gravamen, podemos diferenciar entre diferentes formas de diseño del impuesto sobre la renta; así, cuando se trata de atenuar el carácter progresivo del impuesto sustituyéndolo por un impuesto proporcional con el mínimo exento, estaríamos ante: La imposición de producto o cedular. Un impuesto sobre la renta extensivo. Un impuesto personal sobre el consumo. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El sistema de las medias móviles: Consiste en que el contribuyente cuyas rentas sean irregulares puede pedir un tratamiento especial, de tal modo que para calcular el tipo medio de gravamen, se calcula el valor medio de sus ingresos. Considera que la empresa mercantil tiene una personalidad jurídica distinta de la de sus socios. Permite la declaración por separado aunque se esté casado. El problema queda resuelto radicalmente pero genera el incentivo a que las rentas comunes se pongan a nombre del perceptor de la renta más baja. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Si la tarifa no se corrige, el contribuyente sufre un exceso de gravamen denominado progresividad en frío, la forma de corregirla es bastante obvia: Permitiendo una deducción en la cuota por los dividendos percibidos. Multiplicar el dividendo percibido por el socio por un coeficiente y luego aplicar una deducción por el dividendo percibido. Basta con que los responsables de la gestión de los impuestos actualicen, cada año, la tarifa. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

La Clayton Act y la Federal Trade Commission Act: Sostenía que en ausencia de costes de transacción, el problema de los efectos externos puede resolverse por acuerdo entre las partes. Se manifestaba en el empleo de equipo capital, en detrimento del factor trabajo. Se manifestaban en una tendencia al despilfarro para aumentar los costes totales y rebajar así la cifra de beneficios. Pretenden evitar la formación de monopolios a partir del acuerdo o la fusión de empresas independientes.

En cuanto a la distribución por capítulos de los ingresos y gastos del presupuesto, la descripción de los componentes del gasto es relativamente fácil. Así el capitulo IX: Recoge, fundamentalmente, el pago de intereses de la deuda. Incluye, básicamente, las transferencias a las familias o a las empresas para la adquisición de bienes y servicios. Fue una innovación introducida en la ley de Estabilidad Presupuestaria destinada a evitar los problemas derivados de la existencia de gastos cuya financiación no estuviera prevista. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a los distintos capítulos que integran los ingresos del sector público, el capítulo I: Se refiere a los ingresos por vía de impuestos indirectos. Se refiere a las tasas y otros tributos; por ejemplo, las contribuciones especiales. Incluye los fondos obtenidos por el sector público por transferencia de otros agentes económicos, cuando tales fondos van destinados a la compra de bienes y servicios. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

La carga fiscal: Posiblemente , se trate del indice mas adecuado para medir el esfuerzo de la población en materia tributaria, pues a los pagos realizados se descuenta el valor de lo recibido por el sector publico en forma de servicios. Se define como la presión fiscal, dividida por la renta per cápita o el producto interior bruto per cápita. Se define como el total de impuestos dividido por el producto interior bruto. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a los campos de actuación del sector público, los partidarios del enfoque intervencionista: Sostienen que no hay necesidad de política macroeconómica. Defienden que la inflación es un fenómeno monetario. Sostienen que el sector público reduce el crecimiento al establecer impuestos que reducen el ahorro. Defienden que el paro está causado por falta demanda efectiva.

La hipótesis de la ilusión financiera: Considera que el desarrollo económico del país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad en favor de un aumento del gasto público. Considera que el gasto, efectivamente, tiende a crecer a lo largo del tiempo, pero que en determinados períodos críticos para la sociedad, ésta acepta un esfuerzo suplementario para afrontar las consecuencias de esa conmoción. Destaca cómo los demandantes de un mayor gasto público son plenamente conscientes de los beneficios que les reportarán las distintas políticas del sector público, pero consideran que los costes de las mismas se repartirán entre todos los grupos sociales. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.