HACIENDA: preguntas exámenes 2026 j1, j2 y so

En cuanto a la distribución por capítulos de los ingresos y gastos del presupuesto, la descripción de los componentes del gasto es relativamente fácil; así es el capítulo VIII: Fue una innovación introducida en la ley de Estabilidad presupuestaria destinada a evitar los problemas derivados de la existencia de gastos cuya financiación no estuviera prevista. Recoge los pagos a empresas privadas para que lleven a cabo proyectos de inversión. Recoge los desembolsos destinados a amortizar títulos previamente emitidos por el sector público. Ninguna destinados las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a los distintos capítulos que integran los ingresos del sector público, el capítulo III: Se refiere a las tasas y otros tributos, por ejemplo, las contribuciones especiales. Incluye los fondos obtenidos por el sector público por transferencia de otros agentes económicos, cuando tales fondos van destinados a la compra de bienes y servicios. Se refiere a las transferencias recibidas para llevar a cabo proyectos de inversión como ocurre, por ejemplo, en aquellos casos en que nuestro país recibe fondos de la Unión Europea. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a los campos de actuación del sector público los partidarios del enfoque liberal: Sostienen que el paso está causado por falta de demanda efectiva. Defienden que la inflación no es un simple problema monetario. Si se debe a exceso de demanda, se deben usar políticas restrictivas. Si es un shock de oferta, reformas estructurales y políticas de empresa. Consideran que la inflación es un fenómeno monetario y que no hay necesidad de política macroeconómica. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a los campos de actuación del sector público, los partidarios del enfoque intervencionista: Sostienen que el mercado determina (tipo de interés) el valor de la inversión que es igual al ahorro. Sostienen que la innovación técnica requiere el apoyo del sector público y defienden que el crecimiento sin intervención pública genera desequilibrios territoriales. Defienden el equilibrio en las cuentas públicas: uso de la regla de oro del presupuesto equilibrado. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Se ha afirmado que una redistribución en favor de los más desfavorecidos puede conducir a un aumento de la producción, y renta, de modo que, al final, todos saldrán ganando; este argumento es debido a: Kaldor. I. Gough. Haberger. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El planteamiento del economista Downs considera que: Uno de los medios de que disponen los grupos de presión para condicionar la acción del sector público es la entrega de fondos. Los grupos de presión parten de asociaciones preexistentes como una actividad complementaria. La formación de grupos de presión es más fácil cuando el número de integrantes es más pequeño, mientras que el comportamiento free rider se producirá en los grupos más amplios. La acción del votante depende de la probabilidad de que su comportamiento afecte al resultado depende la elección, de los beneficios que le reporte el hecho de que gane el grupo político que prefiere, de los costes de acudir a las urnas y de los beneficios que le produzca participar en el proceso electoral.

La llamada Ley de Wagner: Ha tratado de explicar cómo la confluencia de una demanda rígida de gasto público y una oferta que se desplaza para reflejar costes crecientes puede explicar la tendencia al crecimiento del gasto público. Explica que la productividad en el sector público es inferior a la que se observa en el sector privado, tanto por las propias deficiencias en la gestión, como por el hecho de que en el sector servicios resulta más difícil incorporar mejoras tecnológicas. Considera que el desarrollo económico del país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad en favor de un aumento del gasto público. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

La hipótesis de la ilusión financiera: Parte del hecho de que, en ausencia de costes de transacción, el problema de los efectos externos puede resolverse por acuerdo entre las partes. Se produce con mayor intensidad cuanto más inelastica sea la curva de demanda y cuanto mayor sea el crecimiento en los costes de provisión de los servicios públicos. Destaca cómo los demandantes de un mayor gasto público son plenamente conscientes de los beneficios que les reportarán las distintas políticas del sector público, pero consideran que los costes de las mismas se repartirán entre todos los grupos sociales. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Milton Friedman: Plantea el problema de la redistribución como si pudiera suscitarse antes de conocer cuál será nuestra posición en la sociedad. Imagina que si preguntamos a diversos individuos qué regla de distribución aceptarían antes de conocer cuál será su futuro, ninguno puede excluir que le corresponda ocupar la peor posición posible en la escala social o económica. Defiende que de haber redistribución se haga en especie. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El argumento que se fundamenta en el hecho de que, mediante la entrega de determinados bienes y servicios, el sector público garantiza que el ciudadano obtenga estos elementos esenciales es defendido por: Stuart Mill. David Ricardo. R. Barro. James Tobin, economista de Yale.

La base imponible (art. 50 LGT) es: La valoración económica del hecho imponible. El presupuesto jurídico o económico que da lugar al nacimiento de la obligación de pagar el tributo. La constituye la cuota líquida más los recargos, intereses de demora y sanciones que, en su caso, tenga que satisfacer el contribuyente. El resultado de restar a la cuota íntegra las deducciones en la cuota que permite la ley.

La progresividad por clases plantea un grave inconveniente técnico que se produce cuando un aumento en la base imponible genera un aumento aún mayor en la cuota, este inconveniente técnico es denominado: Fórmula de Haberger. Teorema ricardiano de la equivalencia. Teoría del conducto. Error de salto.

El sistema del splitting: Supone sumar las rentas de los cónyuges, pero el divisor se calcula sumando un punto por cada perceptor de renta y medio punto por cada hijo dependiente. Supone que el contribuyente cuyas rentas sean irregulares puede pedir un tratamiento especial. Supone sumar las rentas de ambos cónyuges, dividir por el número de perceptores y con este cociente acudir a la tarifa del impuesto y determinar el tipo medio. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

La definición extensiva de renta: Es la habitualmente adoptada por los hacendistas que se han ocupado de estas materias. Viene a coincidir con una macro magnitud de la economía, concretamente con la renta nacional. Considera a ésta como la suma de los factores de producción. Considera a ésta como la suma de los pagos que recibe una unidad familiar, como recompensa por su participación en los procesos productivos.

Otra forma de diseñar el impuesto sobre la renta es la que trata de atenuar el carácter progresivo del impuesto sustituyéndolo por un impuesto proporcional con mínimo exento; se trata del: Impuesto personal sobre el consumo. Impuesto dual sobre la renta. Impuesto sobre la renta extensivo. Impuesto lineal sobre la renta.

El sistema denominado “avoir fiscal”: Establece el valor de la elasticidad de la demanda en términos absolutos; es decir, sin tener en cuenta el signo menos. Posibilita que cuanto mayor sea la elasticidad de la demanda del producto, el exceso de carga fiscal será mayor. Establece que cuanto mayor sea el tipo impositivo el exceso de carga fiscal será mayor. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a los distintos capítulos que integran los ingresos del sector público, el capítulo VII: Se refiere a las transferencias recibidas para llevar a cabo proyectos de inversión. Se refiere a la venta de propiedades públicas. Incluye los fondos obtenidos por el sector público por transferencia de otros agentes económicos, cuando tales fondos van destinados a la compra de bienes y servicios. Se refiere a las tasas y otros tributos (por ejemplo, las contribuciones especiales).

El principio de especificación: Tiene el objeto de que todos los ingresos se cobren en una sola cuenta. Mantiene que todas las fases del proceso presupuestario deben ser públicas, con la finalidad de que los ciudadanos tengan la posibilidad de informarse sobre la conducta del ejecutivo en la gestión de los fondos públicos. Tiene el objetivo de que los ingresos y los gastos deben presentarse en un único documento para que sea más fácil su conocimiento por parte del Parlamento. Prohíbe las transferencias de fondos de unas partidas a otras.

La “Clayton Act” y la “Federal Trade Commission Act”: Establecen que los costes causados a la salud (Cs) pueden considerarse decrecientes al aumentar la represión ejercida sobre las drogas (R). Establecen mecanismos que posibilitan que una mayor represión sobre las drogas eleva los precios y hace disminuir, más o menos apreciablemente, la cantidad vendida en el mercado. Dificultan el acceso a bienes prohibidos como las drogas ilegales, incorporando el tráfico de estas sustancias a un tipo delictivo. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Si se cumple la llamada Ley de Wagner: No existe equivalencia alguna entre la deuda pública y la privada. Y el sector público emite deuda en el interior del país, tenemos la deuda con nosotros mismos, pues unos miembros de la sociedad, los propietarios de los títulos reciben el pago de intereses de otros integrantes de esa misma sociedad. Se produce un único efecto por la emisión de deuda y es que, aunque absorbe una parte del ahorro de los ciudadanos, no reduce, necesariamente, el nivel de consumo del país. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a la distribución por capítulos de los ingresos y gastos del presupuesto, la descripción de los componentes del gasto es relativamente fácil. Así el capítulo III: Incluye, básicamente, las transferencias a las familias o a las empresas para la adquisición de bienes y servicios. Incluye los pagos a empresas privadas para que lleven a cabo proyectos de inversión. Incluye las compras de bienes y servicios a las empresas. Recoge, fundamentalmente, el pago de intereses de la deuda.

En cuanto a los distintos capítulos que integran los ingresos del sector público, podemos observar que el capítulo IX: Recoge los fondos recibidos por emisión de deuda pública. Recoge los ingresos procedentes de la venta de activos financieros. Se refiere a las tasas y otros tributos. Se refiere a los ingresos por vía de impuestos indirectos.

Se denomina carga recurrente: Al gasto total no financiero y excluye la adquisición de activos financieros y la amortización de pasivos financieros. Al índice más adecuado para medir el esfuerzo de la población en materia tributaria. Al gasto del sector público en la adquisición de bienes y servicios, realización de inversiones, gastos de personal y transferencias corrientes o de capital. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a los campos de actuación del sector público, los partidarios del enfoque intervencionista: Defienden que no hay necesidad de política macroeconómica. Sostienen que el mercado distribuye de forma eficiente, de forma justa. Defienden que el paro está causado por falta de demanda efectiva. Sostienen que el sector público reduce el crecimiento al establecer impuestos que reducen el ahorro.

El planteamiento propuesto por el economista Downs considera que: Existe una diferencia entre la información disponible para la agencia y para el funcionamiento. Si la agencia no puede comprobar el coste real de suministrar distintas unidades de servicios públicos, puede considerar que aquellas unidades de gasto que no afectan al presupuesto que se les atribuye, reciben fondos excesivos. La acción del votante depende de la probabilidad de que su comportamiento afecte al resultado de la elección, de los beneficios que le reporte el hecho de que gane el grupo político que prefiere, de los costes de acudir a las urnas y de los beneficios que le produzca el hecho de participar en el proceso electoral. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En un análisis iniciado por Baumol se ha tratado de explicar: Que la propia estructura del Estado, más o menos descentralizada, puede contribuir a un crecimiento del gasto público. Que un factor que ha impulsado el crecimiento de los gastos públicos es la ideología de los partidos políticos que encarnan las principales opciones a las que se enfrenta el electorado. Cómo, en los momentos previos a la consulta del electorado, los poderes públicos inician o aceleran programas de gasto con la finalidad de aparecer ante los votantes como buenos gestores de los asuntos políticos. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

La hipótesis de la ilusión financiera: Considera que debido al proceso de descentralización una buena parte del gasto público se lleva a cabo fuera de la Administración Central del Estado. Considera dejar operar libremente al empresario, pero indicándole que su cifra de beneficios no puede exceder de un determinado límite. Considera dejar que el monopolista disfrute de su posición de dominio en el mercado, pero, al mismo tiempo, someterle a un impuesto que permita que el sector público se apropie de sus beneficios. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El efecto Averch-Johnson: Plantea que la productividad del sector público es inferior a la que se observa en el sector privado, tanto por las propias deficiencias en la gestión, como por el hecho de que en el sector servicios resulta más difícil incorporar mejoras tecnológicas. Plantea el problema de que, si el coste salarial crece lo mismo, pero la productividad lo hace a un ritmo más bajo, el coste de provisión del servicio público aumenta, lo que se representa con el desplazamiento de la oferta hacia arriba. Propone una hipótesis basada en las nociones de utilidad total y utilidad marginal; la persona que obtiene ingresos observa que su satisfacción aumenta, pero lo hace a un ritmo más lento; es decir, el valor total es creciente, pero el marginal es decreciente. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En el caso de la prohibición de determinadas drogas; Stuart Mill defiende que: Las drogas, hoy prohibidas, causan daños no sólo a la salud del usuario, sino también a terceros. Las decisiones de un ser humano racional, aunque perjudiquen a su salud, material o espiritual, tan sólo le competen a él como individuo. Hablar de libertad entre quienes hacen uso de las drogas no deja de ser un sarcasmo, dado que su adicción les hace cualquier cosa menos libre. Los costes de salud, o incluso los de pérdidas en la producción, debido a que los consumidores sean adictos a este tipo de productos acaban recayendo sobre la sociedad en su conjunto.

La base liquidable (art. 54 LGT): Es la valoración económica del hecho imponible. Es el resultado de restar a la cuota íntegra las deducciones en la cuota que permite la ley. La constituye la cuota líquida más los recargos, intereses de demora y sanciones, que, en su caso, tenga que satisfacer el contribuyente. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El concepto de progresividad legal: No usa la relación entre el tipo impositivo y la base o la recaudación y la base. Se define a partir de la elasticidad-renta del impuesto. Se obtiene a partir de la relación existente entre recaudación y base liquidable. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Peacock y Wiseman afirman que: Aún teniendo el sector público un déficit primario, el endeudamiento se va eliminando paulatinamente, sin necesidad de elevar los impuestos. La ratio entre deuda y renta nacional puede disminuir o aumentar a lo largo del tiempo, dependiendo de la tasa de crecimiento de la economía y del tipo de interés al que se emitan los títulos. Si la ratio entre deuda y renta nacional crece se dice que la deuda sigue una senda explosiva, mientras que si disminuye se afirma que la deuda es sostenible. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a la cuestión de las modalidades del impuesto sobre la renta y el problema de la definición de renta, la definición económica de renta: Llamada también de Haig-Simons. Considera que esta variable representa la capacidad máxima de consumo de un contribuyente, manteniendo constante su patrimonio. Viene a coincidir con una macro magnitud de la economía, concretamente con la renta nacional. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En el impuesto sobre la renta extensivo: Se trataba de atenuar el carácter progresivo del impuesto sustituyéndolo por un impuesto proporcional con mínimo exento. Se sustituía la imposición global sobre la renta por un sistema en el que se diferencia entre las rentas del trabajo y de actividades económicas, sometidas a una tarifa progresiva y las rentas de capital que tributan a un tipo uniforme, relativamente bajo. Se establece un impuesto sobre cada una de las distintas fuentes de renta: trabajo personal, rendimientos de la propiedad urbana, de las propiedades agrícolas, de las actividades empresariales, profesionales o artísticas, y de las ganancias y pérdidas de capital. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El sistema del quotient: Supone sumar las rentas de ambos cónyuges, dividir por el número de perceptores y con este cociente acudir a la tarifa del impuesto y determinar el tipo medio. Permite la declaración por separado, aunque se esté casado. El problema de la unidad contribuyente queda resuelto radicalmente, pero genera el incentivo a que las rentas comunes se pongan nombre del perceptor de una renta más baja. Permite, cuando la renta tarda en generarse más de un año, atribuir a un ejercicio económico los rendimientos que corresponden a un período mayor. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El sistema de las medias móviles: Consiste en multiplicar el dividendo percibido por el socio por un coeficiente y luego aplicar una deducción por el dividendo percibido. Tiene tres sumandos, de los cuales, el primero coincide con la cuota que hubieran pagado los dividendos en caso de que sólo existiera el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Los otros dos son el exceso de gravamen generado por la doble imposición. Consiste en dejar exentos a los dividendos en el IRPF, al menos hasta una cierta cuantía. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

A la hora de justificar el impuesto de sociedades se han propuesto distintas teorías e hipótesis; una de ellas es la “teoría del conducto” que considera que: La empresa mercantil tiene una personalidad jurídica distinta de socios. Si existen dos personas jurídicas, entonces tenemos dos capacidades contributivas distintas, que son gravadas por dos tributos diferentes. La sociedad no es sino una “tubería” por la que determinados ingresos, los dividendos, llegan a personas físicas concretas. Desde este punto de vista, parece poco adecuado establecer un impuesto al comienzo del conducto, en la sociedad, y otro distinto al final del mismo, en el socio. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

La cuota íntegra (art. 56.1LGT): Es el presupuesto jurídico o económico que da lugar al nacimiento de la obligación de pagar el tributo. Es el resultado de restar a la base imposible las reducciones que se establezcan en la ley reguladora del impuesto. Es el resultado de aplicar al tipo impositivo a la base liquidable, salvo que sea una cantidad fija. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El “teorema de Coase” puede enunciarse del modo siguiente: En aquellas situaciones en que el mercado es perfectamente competitivo, sabemos que el equilibrio se alcanza donde la demanda se cruza con la oferta, y que ésta, a su vez, representa al coste marginal de producción. El monopolista puede decidir qué cantidad ofrecerá en el mercado, pero son los demandantes quienes establecen el precio máximo que pagarán por esa cantidad. En la medida en que lo que pierde uno, lo gana otro, no podemos considerarlo una pérdida para la sociedad en su conjunto; es decir, es una pérdida de excedente del consumidor que se convierte en beneficios para el empresario. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

En cuanto a los distintos capítulos que integran los ingresos del sector público, observamos que el capítulo IV: Incluye los fondos obtenidos por el sector público por transferencia de otros agentes económicos, cuando tales fondos van destinados a la compra de bienes y servicios. Se refiere a los ingresos por vía de impuestos directos. Se reflejan los ingresos procedentes del patrimonio público, tales como los dividendos percibidos por acciones propiedad del sector público. Se refiere a las transferencias recibidas para llevar a cabo proyectos de inversión.