IA TEMA 6 COMUN (2)

El régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos regulados en la Ley 9/2017 tiene en cuenta principalmente: a) La maximización del beneficio mercantil de los licitadores. b) Los fines institucionales de carácter público que se tratan de realizar a través de ellos. c) La autonomía absoluta de la voluntad de las partes contratantes. d) La normativa comunitaria en materia de sociedades del capital.

¿Cómo se define el carácter oneroso de un contrato del sector público según la Ley 9/2017?. a) Aquel en el que la cuantía adjudicada supera los 40.000 euros sin IVA. b) Aquel en el que el contratista obtiene algún beneficio económico, de forma directa o indirecta. c) Aquel que implica la transferencia inmediata de la titularidad de un bien inmueble. d) Aquel cuyo pago se satisface íntegramente mediante la entrega de valores negociables.

¿Cuál de los siguientes organismos se clasifica dentro del sector público como una Administración Pública (AAPP)?. a) Una sociedad mercantil pública. b) Una Entidad Pública Empresarial. c) Una autoridad administrativa independiente. d) Un fondo sin personalidad jurídica.

¿Qué condición de titularidad patrimonial se exige para que una fundación tenga la consideración de fundación pública según la Ley 9/2017?. a) Que su patrimonio inicial sea aportado al 100% por una sola entidad local. b) Que más del 50% de su patrimonio esté integrado por bienes o derechos aportados o cedidos por integrantes del sector público con carácter permanente. c) Que perciba anualmente transferencias presupuestarias superiores a 600.000 euros. d) Que la totalidad de su patronato esté formado por funcionarios de carrera.

Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tienen legalmente la consideración de: a) Administraciones Públicas. b) Poderes adjudicadores que no son Administraciones Públicas. c) Entidades privadas excluidas por completo de los principios de contratación. d) Fondos sin personalidad jurídica regulados por la legislación mercantil.

¿A qué exigencias legalmente tipificadas en la Ley 9/2017 quedan sometidos los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales en su actividad contractual?. a) Deben someterse íntegramente al régimen de prerrogativas de las Administraciones Públicas. b) Deben actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. c) Se encuentran totalmente excluidos de aplicar principio alguno de la Ley 9/2017. d) Tienen prohibido celebrar contratos de valor estimado superior a 15.000 euros.

¿Qué norma regula con carácter principal los contratos de compraventa, permuta o arrendamiento sobre bienes inmuebles o propiedades incorporales?. a) La Ley de Contratos del Sector Público, teniendo la consideración de contratos administrativos típicos. b) La legislación patrimonial, teniendo la consideración de contratos privados. c) La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de forma exclusiva. d) El Código del Comercio, excluyéndose toda remisión a los principios de la LCSP.

Si un organismo del sector público adquiere un programa de ordenador desarrollado a medida, dicho negocio se clasifica como: a) Un contrato de suministro. b) Un contrato de servicios. c) Un negocio patrimonial excluido. d) Un contrato administrativo especial.

¿Cuál de las siguientes relaciones jurídicas queda EXCLUIDA del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017?. a) Los contratos de prestación de servicios de limpieza en edificios públicos. b) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. c) La adquisición de equipos informáticos mediante arrendamiento financiero. d) La ejecución de obras de infraestructura pública.

Requiere autorización del Consejo de Ministros la celebración de un contrato por un poder adjudicador cuando su valor estimado sea igual o superior a: a) 6.000.000 de euros. b) 12.000.000 de euros. c) 5.404.000 euros. d) 15.000.000 de euros.

La concertación del pago de un contrato mediante arrendamiento financiero con opción a compra exigirá autorización del Consejo de Ministros si las anualidades superan: a) 2 años. b) 3 años. c) 4 años. d) 5 años.

En materia contractual, la representación de las entidades del sector público corresponde formalmente a: a) La Mesa de Contratación. b) Los órganos de contratación, unipersonales o colegiados. c) La Intervención General del Estado. d) El Responsable del contrato designado al efecto.

¿Puede el órgano de contratación delegar o desconcentrar sus competencias contractuales según el artículo 61 de la Ley 9/2017?. a) No, las competencias contractuales son irrenunciables e indelegables. b) Sí, los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia. c) Solo si se trata de contratos menores o de emergencia. d) Únicamente con la previa conformidad expresa de las Cortes Generales.

Respecto al nombramiento del Responsable del Contrato previsto en el artículo 62 de la LCSP: a) Es una facultad opcional que la Administración solo aplica en contratos de obra pública superior a 12 millones. b) Los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato para supervisar su ejecución. c) Debe recaer obligatoriamente en el adjudicatario del contrato. d) Solo puede ser designado entre el personal eventual de la Administración.

Las personas jurídicas solo pueden ser adjudicatarias de contratos públicos cuando: a) Acrediten un capital social mínimo de 100.000 euros. b) Sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que les sean propios. c) Cuenten con más de 5 años de antigüedad en el Registro Mercantil. d) Dispongan de una plantilla fija superior a 50 trabajadores.

¿Cuándo es preceptiva la formalización en escritura pública de una Unión Temporal de Empresarios (UTE)?. a) En la fase inicial de presentación de las proposiciones. b) Una vez que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. c) En el momento en que se acuerde la clasificación provisional por la Mesa. d) No es necesaria su escritura pública en ninguna fase, bastando un contrato privado firmado.

En una Unión Temporal de Empresarios, la responsabilidad de los empresarios agrupados frente a la Administración contratante es de tipo: a) Mancomunada simple. b) Subsidiaria a la del apoderado único. c) Solidaria. d) Limitada a la aportación de capital de cada miembro.

La duración de una Unión Temporal de Empresarios deberá ser: a) Indefinida hasta la liquidación de la sociedad. b) Coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. c) De un máximo improrrogable de dos años. d) La fijada libremente en los estatutos corporativos de la empresa líder.

Si en una UTE concurren empresarios nacionales y empresarios extranjeros no comunitarios ni pertenecientes al AEEE, a los primeros se les exigirá: a) Exclusivamente una declaración responsable de capacidad. b) Acreditar su clasificación cuando esta sea exigible. c) Un aval bancario adicional del 10% del importe de licitación. d) La renuncia previa a los tribunales de su jurisdicción ordinaria.

Según el artículo 99 de la Ley 9/2017, el objeto de los contratos del sector público debe ser: a) Indeterminado pero determinable según las necesidades sobrevenidas. b) Determinado. c) Modificable a criterio exclusivo del Responsable del Contrato. d) Ampliable libremente durante la fase de ejecución.

El Presupuesto Base de Licitación se define legalmente como: a) El importe neto de la cifra de negocios proyectada por la Administración. b) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA salvo disposición en contrario. c) El valor estimado total de la prestación sin incluir los tributos directos. d) El precio final por el que se formaliza la adjudicación del expediente.

Para calcular el valor estimado de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará: a) El importe total incluyendo la partida correspondiente al IVA. b) El importe total, sin incluir el IVA. c) El presupuesto base de licitación incrementado en un 20%. d) La suma de las certificaciones finales estimadas con los costes indirectos e IVA.

En el caso de los contratos de concesión de obras y concesión de servicios, el valor estimado se determina mediante: a) El coste total de ejecución material de la infraestructura. b) El importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el IVA. c) La suma del importe de las subvenciones concedidas para la construcción. d) El presupuesto base de licitación con IVA incluido.

En los contratos del sector público, el precio debe expresarse con carácter general en: a) Cualquier divisa de curso legal autorizada por el Banco Central Europeo. b) Euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones. c) Unidades de cuenta especiales fijadas por el Ministerio de Hacienda. d) Porcentajes fijos sobre la cifra de ventas del concesionario.

¿Está permitido el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones Públicas?. a) Sí, si se pacta expresamente un interés de demora reducido. b) Se prohíbe el pago aplazado, excepto cuando el pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o con opción a compra. c) Se permite de forma discrecional en todos los contratos de obra pública. d) Se admite en todo contrato cuya cuantía supere los 5.404.000 euros.

La contratación verbal por parte de las Entidades del Sector Público: a) Está permitida en los contratos menores de importe inferior a 5.000 euros. b) Está prohibida con carácter general, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia. c) Se admite siempre que se ratifique por escrito en los 15 días posteriores. d) Es válida cuando se celebra ante dos testigos con habilitación de fe pública.

Se clasifica legalmente como un contrato privado en el ámbito del sector público: a) El contrato de obra de construcción de un hospital. b) El contrato de servicios que tenga por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculo. c) El contrato de concesión de un servicio de transporte urbano. d) El contrato de suministro de energía eléctrica.

¿Qué naturaleza jurídica tienen los contratos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos?. a) Contratos administrativos típicos de suministro. b) Contratos privados. c) Contratos administrativos especiales. d) Encargos de gestión a medios propios.

Si la necesidad de reparar un bien inmueble se debe a un menoscabo producido en el tiempo por su natural uso, las obras tendrán el carácter de: a) Reparación simple. b) Conservación y mantenimiento. c) Gran reparación. d) Reforma de adaptación.

La contraprestación en favor del concesionario en un contrato de concesión de obras públicas consiste en. a) Exclusivamente una asignación presupuestaria fija anual pagada por la Administración. b) Bien únicamente en el derecho a explotar la obra o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. c) La cesión en propiedad de los terrenos sobrantes de la construcción. d) La exención total del pago de tributos locales durante 40 años.

Las prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, que no impliquen el ejercicio de la autoridad pública, corresponden a: a) Un contrato de servicios. b) Un contrato de concesión de servicios. c) Un contrato de suministro especial. d) Una encomienda de gestión de derecho público.

La adquisición de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información se considera por regla general un: a) Contrato de servicios. b) Contrato de suministro. c) Contrato privado de propiedad industrial. d) Contrato administrativo especial.

¿Qué orden jurisdiccional es competente para conocer de los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos PRIVADOS celebrados por una Administración Pública?. a) El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. b) El orden jurisdiccional Civil. c) El orden jurisdiccional Social. d) La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Los contratos que tienen por objeto prestaciones vinculadas al giro o tráfico específico de la administración contratante o que satisfacen directamente una finalidad pública de su específica competencia son: a) Contratos privados de la Administración. b) Contratos administrativos especiales. c) Contratos de servicios armonizados. d) Convenios patrimoniales excluidos.

¿Cuál es el orden jurisdiccional competente para conocer de las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos administrativos especiales?. a) El orden jurisdiccional Civil. b) El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. c) El orden jurisdiccional Mercantil. d) La jurisdicción penal ordinaria.

Un contrato de obras está sujeto a regulación armonizada (SARA) cuando su valor estimado es igual o superior a: a) 216.000 euros. b) 5.404.000 euros. c) 12.000.000 de euros. d) 450.000 euros.

Un contrato de suministro adjudicado por la Administración General del Estado (AGE) se considera sujeto a regulación armonizada a partir de un valor estimado de: a) 140.000 euros. b) 216.000 euros. c) 40.000 euros. d) 750.000 euros.

Tratándose de un contrato de servicios adjudicado por una Entidad Local (distinta de la AGE), el umbral para su consideración como SARA se sitúa en un valor estimado de: a) 140.000 euros. b) 216.000 euros. c) 750.000 euros. d) 600.000 euros.

Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios sociales y otros servicios específicos del Anexo IV están sujetos a regulación armonizada si su valor estimado alcanza o supera los: a) 216.000 euros. b) 5.404.000 euros. c) 750.000 euros. d) 1.000.000 de euros.

Un contrato de obras subvencionado de forma directa en más de un 50% por un poder adjudicador está sujeto a regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior a: a) 216.000 euros. b) 5.404.000 euros. c) 750.000 euros. d) 40.000 euros.

Se considera contrato menor aquel cuyo valor estimado es inferior a: a) 50.000 € en obras y 18.000 € en servicios. b) 40.000 € en obras y 15.000 € en suministros o servicios. c) 30.000 € en obras y 12.000 € en suministros. d) 15.000 € en obras y 40.000 € en servicios.

Respecto a la tramitación de un expediente de contrato menor: a) Se requiere la aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares. b) Exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y la no alteración de su objeto. c) Es indispensable la constitución de garantía definitiva por el 5% del importe de licitación. d) Se requiere la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado.

La duración máxima fijada para los contratos menores según la Ley 9/2017 es de: a) 6 meses prorrogables por otros 6 meses. b) No superior a 1 año, sin que puedan ser objeto de prórroga. c) 2 años incluidas las prórrogas. d) 5 años salvo para el suministro de energía.

¿Cómo se efectúa la adjudicación de los contratos menores?. a) A través del procedimiento abierto simplificado de tramitación sumaria. b) Directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que reúna la solvencia necesaria. c) Obligatoriamente tras solicitar un mínimo de cinco ofertas por escrito. d) Mediante subasta electrónica en el perfil del contratante.

Constituyen los procedimientos ordinarios de adjudicación de contratos en la Ley de Contratos del Sector Público: a) El procedimiento negociado y la subasta. b) El procedimiento abierto y el procedimiento restringido. c) El diálogo competitivo y el procedimiento menor. d) La licitación con negociación y el concurso de proyectos.

La publicación del anuncio de licitación de los contratos de las Administraciones Públicas que NO estén sujetos a regulación armonizada se realiza en: a) El Diario Oficial de la Unión Europea. b) El Perfil del Contratante. c) El Boletín Oficial del Estado obligatoriamente. d) El Tablón de Edictos de la corporación.

En la subasta electrónica, entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la misma deben transcurrir al menos: a) 24 horas. b) 2 días hábiles. c) 5 días naturales. d) 10 días hábiles.

Cuando la mesa de contratación acepte la propuesta y los servicios requieran al licitador con la mejor oferta la entrega de documentación justificativa, este dispondrá de un plazo de: a) 5 días hábiles. b) 10 días hábiles a contar desde el siguiente al requerimiento. c) 15 días naturales desde la notificación. d) 30 días hábiles desglosados en los pliegos.

Recibida la documentación requerida al licitador propuesta, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro del plazo de los: a) 3 días hábiles siguientes. b) 5 días hábiles siguientes. c) 10 días hábiles siguientes. d) 15 días naturales siguientes.

La resolución de adjudicación debe ser motivada, notificarse a los candidatos y publicar en el perfil del contratante en el plazo de: a) 5 días. b) 10 días. c) 15 días. d) 1 mes.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran desde la remisión de la notificación de adjudicación. a) 10 días hábiles. b) 15 días hábiles. c) 1 mes natural. d) 20 días hábiles.

En los procedimientos abiertos SARA para obras, suministros y servicios, el plazo general de presentación de proposiciones no será inferior a: a) 15 días desde el anuncio. b) 35 días desde la fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la UE. c) 26 días desde la publicación en el Perfil. d) 45 días naturales en todo caso.

En contratos de obras no sujetos a regulación armonizada de las Administraciones Públicas, el plazo mínimo de presentación de proposiciones en procedimiento abierto es de: a) 15 días. b) 26 días. c) 30 días. d) 35 días.

En el procedimiento abierto, la apertura de las proposiciones debe realizarse en el plazo máximo de. a) 10 días desde el cierre del plazo de presentación. b) 20 días contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación. c) 30 días naturales desde el acto de constitución de la Mesa. d) 15 días hábiles desde el decreto de admisión.

Cuando el ÚNICO criterio para seleccionar al adjudicatario sea el del PRECIO, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de. a) 10 días a contar desde la apertura. b) 15 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. c) 1 mes desde el acto público de apertura. d) 2 meses desglosados en el pliego.

Cuando para la adjudicación deban tenerse en cuenta una PLURALIDAD de criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación desde la apertura de ofertas es de: a) 15 días. b) 1 mes. c) 2 meses. d) 3 meses.

En el procedimiento restringido, el plazo general para la presentación de proposiciones tras la recepción de la invitación escrita no será inferior a: a) 15 días. b) 20 días. c) 30 días. d) 45 días.

¿Cuál de las siguientes facultades se enmarca dentro de las PRERROGATIVAS del órgano de contratación expresamente enumeradas en el artículo 190 de la LCSP?. a) La modificación unilateral del contrato por razones de interés público. b) La exoneración de responsabilidad del contratista por retrasos culposos. c) El incremento del tipo del IVA aplicable a la facturación del servicio. d) La fijación directa del dividendo social de la empresa adjudicataria.

Requiere el dictamen PRECEPTIVO del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente la modificación de un contrato no prevista en el pliego cuando su cuantía supere el 20% del precio inicial (sin IVA) y su precio sea igual o superior a: a) 1.000.000 de euros. b) 3.000.000 de euros. c) 6.000.000 de euros. d) 12.000.000 de euros.

La constitución en mora del contratista por retraso imputable en la ejecución de los plazos: a) Exige la notificación de una intimación previa por escrito por parte de la Administración. b) No precisará intimación previa por parte de la Administración. c) Requiere un acto previo de apercibimiento dictado por la Mesa. d) Se produce de forma automática tras el otorgamiento de una prórroga de 1 mes.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación en los supuestos previstos en la Ley son obligatorias para los contratistas cuando impliquen una alteración en su cuantía que no exceda del. a) 5% del precio inicial. b) 10% del importe total SARA. c) 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. d) 50% del valor estimado.

El acto formal y positivo por parte de la Administración que constata el correcto cumplimiento de la prestación contractual debe producirse dentro del: a) Plazo de 10 días desde la notificación. b) Mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato (o el plazo que fije el pliego). c) Trimestre posterior a la expiración de la garantía. d) Año posterior a la liquidación definitiva.

Salvo en los contratos de obras, la liquidación del contrato y notificación del saldo resultante al contratista debe acordarse tras el acta de recepción dentro del plazo de: a) 15 días. b) 30 días. c) 2 meses. d) 6 meses.

Para que un contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a un tercero en un contrato ordinario, se requiere, entre otros requisitos, que el cedente haya ejecutado al menos el: a) 10% del importe del contrato. b) 20% del importe del contrato. c) 50% de las unidades de obra programadas. d) 75% del valor estimado total.

Para que la prórroga de un contrato acordada por el órgano de contratación sea obligatoria para el empresario, el preaviso debe realizarse con una antelación mínima de: a) 15 días naturales. b) 1 mes respecto al término contractual. c) 2 meses a la finalización del plazo de duración del contrato. d) 3 meses mediante burofax.

Los contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva tienen un plazo máximo de duración (incluidas las posibles prórrogas) de: a) 2 años. b) 3 años. c) 5 años. d) 10 años.

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones de un contrato únicamente podrán ser ampliados en un porcentaje máximo sobre su duración inicial del: a) 10%. b) 15%. c) 20%. d) 50%.

La carencia o insuficiencia de crédito presupuestario en un expediente de contratación administrativa determina la invalidez del contrato por causa de: a) Anulabilidad subsanable. b) Nulidad de pleno derecho. c) Rescisión por lesión. d) Irregularidad no invalidante de carácter técnico.