Iba a derecho en 2019

Este test es privado. .

Contraseña.

Seccion 2. Adelante.

1. Según el Estatuto de Autonomía ¿qué competencias corresponden al País Vasco en materia de Seguridad Social?. a) Únicamente la ejecución de la legislación básica del Estado. b) Al País Vasco le corresponde la competencia exclusiva en materia de Seguridad Social. c) Entre otras competencias, le corresponde la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. d) El Estatuto de Autonomía no contiene previsiones sobre las competencias en materia de Seguridad Social.

2. ¿Qué órgano tiene entre sus funciones propias el asesoramiento al Parlamento Vasco en materia económico-financiera?. a) La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos. b) El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de economía y hacienda. c) El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. d) El Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

3. Según la Ley 7/1981, sobre Ley de Gobierno ¿cuáles de los siguientes tienen consideración de Altos Cargos de la Administración?. a) Solamente los Consejeros y Vice-consejeros. b) Vice-consejeros, Directores y personal de confianza. c) Consejeros, Vice-consejeros y personal de confianza. d) Vice-consejeros y Directores.

4. En base a la Ley 7/1981, señalar la afirmación correcta sobre la estructura y organización de los Departamentos del Gobierno Vasco. a) La aprueba cada Consejero mediante Orden. b) La aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta del Lehendakari. c) La aprueba cada Consejero mediante Decreto. d) La aprueba el Lehendakari a propuesta del respectivo Consejero.

5. Ley 27/1983. Señalar la afirmación correcta respecto a la distribución de competencias. a) Es competencia de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la legislación y ejecución en aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se atribuyan expresamente a los Órganos Forales de los Territorios Históricos. b) Es competencia de los Órganos Forales de los Territorios Históricos. la legislación y ejecución en aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se atribuyan expresamente a las Instituciones Comunes. c) Las normas dictadas por las Instituciones Comunes se aplican siempre con preferencia a cualquier otra. d) Los Territorios Históricos no tienen potestad revisora en vía administrativa en aquellas materias en que les corresponde únicamente la ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes.

6. Según la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, ¿cuáles de los siguientes son principios rectores del régimen local de la Comunidad Autónoma de Euskadi?. a) El principio de subsidiariedad y el de suficiencia financiera. b) El principio de pluralismo político y el de imparcialidad. c) El principio de transparencia y el de igualdad entre mujeres y hombres. d) El principio de autoorganización y el de proximidad a la ciudadanía.

7. Según la Ley 2/2016, ¿cómo debe materializarse la transferencia de competencias propias de los Territorios Históricos a las entidades locales territoriales?. a) Mediante Ley. b) Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno. c) Mediante Norma Foral. d) Mediante Decreto Foral.

8. Ley 12/2002 por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Completar con la opción correcta la siguiente frase: La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos …. a) … como compensación por la parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales del Estado. b) … como contribución por la parte imputable de los tributos no concertados. c) … como compensación por todos los servicios prestados por la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma del País Vasco. d)... como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma del País Vasco.

9. Ley 12/2002. ¿Cuál de los siguientes factores es relevante para determinar el cupo?. a) La población de los Territorios Históricos. b) La recaudación de los cinco ejercicios anteriores en cada Territorio Histórico. c) La renta de los Territorios Históricos en relación con el Estado. d) El gasto público por habitante en los cinco ejercicios anteriores.

10. Organización institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco. ¿En qué categoría se clasifican las sociedades públicas dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi?. a) Administración General. b) Sector Público. c) Administración Institucional. d) No forman parte de la organización institucional de la Comunidad Autónoma.

11. Según lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la misma se aplica al sector público, que comprende: a) La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. c) La Administración General del Estado y el sector público institucional. d) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

12. A tenor de lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser: a) Plenamente interoperables entre sí. b) Secretos y protegidos contra la interconexión. c) Públicos, sin importar su compatibilidad informática. d) Gratuitos, salvo en los casos en que por Ley se prevea expresamente otra cosa.

13. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos se iniciarán de oficio: a) Únicamente por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa. b) Tan sólo por acuerdo del órgano competente, como consecuencia de orden superior. c) Exclusivamente por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior y a petición razonada de otros órganos. d) Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

14. El artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previene que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando: a) No existan testigos de los hechos. b) No se haya practicado prueba pericial de ningún tipo. c) No figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. d) Únicamente cuando no exista interesado concreto.

15. Según el artículo 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de: a) Dos meses. b) Quince días. c) Veinte días. d) Un mes.

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 107.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se producirá la caducidad del procedimiento sin que, desde su iniciación, se hubiera declarado la lesividad de actos anulables transcurrido el plazo de: a) Tres meses. b) Dos meses. c) Un mes. d) Seis meses.

17. En lo no previsto por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, regirá como supletoria la de: a) Enjuiciamiento Civil. b) Enjuiciamiento Criminal. c) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. d) Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Persona.

18. De acuerdo con el artículo 103.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a: a) Las Administraciones Públicas condenadas. b) Las Administraciones Públicas absueltas. c) Los favorecidos por el fallo de las mismas. d) Los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido el asunto en primera o única instancia.

19. A tenor de lo previsto en el artículo 81.2.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona: a) No son susceptibles de recurso de apelación. b) Serán siempre susceptibles de apelación. c) Serán apelables si su cuantía excede de 30.000 euros. d) Serán apelables si su cuantía es superior a 18.000 euros.

20. Según el artículo 74.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el recurrente podrá desistir: a) Después de practicada la prueba. b) Una vez la demanda sea contestada. c) En cualquier momento anterior a la sentencia. d) Después de dictada la sentencia.

21. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan: a) En ningún supuesto. b) Únicamente si así lo exige el instructor del procedimiento penal, por estimar que puede producirse infracción del principio non bis in idem. c) Si fuera necesaria la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal para la fijación de responsabilidad patrimonial. d) En todo caso.

22. Señale la respuesta correcta, respecto a la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública: a) La administración pública deberá previamente, indemnizar a los lesionados. b) Se producirá de oficio o a instancia de parte. c) Únicamente podrá producirse en supuestos en que las autoridades o el personal de la administración hubieran incurrido en dolo. d) Deberá instarse por la administración correspondiente, siempre que sus autoridades o su personal hubieran incurrido en culpa o negligencia.

23. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por: a) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. b) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. c) Las legislación penal. d) Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

24. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, estas personas responderán de las sanciones por infracciones administrativas cometidas al respecto de dicha obligación: a) De forma individualizada, en atención a la culpabilidad de cada responsable. b) De forma individualizada, en atención de participación de cada responsable. c) De forma solidaria cuando la sanción no sea pecuniaria. d) De forma solidaria cuando la sanción sea pecuniaria.

25. Las disposiciones contenidas en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público relativas a los principios de la potestad sancionadora de la Administración no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de. a) El personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. b) Las personas jurídicas. c) Las uniones y entidades sin personalidad jurídica a las que una Ley les reconozca capacidad de obrar. d) Quienes estén vinculados a la administración por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público.

26. El plazo de prescripción de las sanciones administrativas comenzará a contarse: a) Desde el día siguiente a aquel en que la infracción se hubiera cometido o, en el caso de infracciones continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta infractora. b) Desde el día siguiente a aquel en que se notificó el inicio del expediente sancionador. c) Desde el día siguiente a aquel en que se impuso la sanción por la infracción cometida. d) Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción.

27. ¿Cuáles de los siguientes tienen la consideración de convenios?. a) Los acuerdos que se suscriben para expresar la voluntad de las Administraciones y demás partes suscriptoras para actuar con un objetivo común. b) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas con sujetos de derecho privado para un fin común. c) Los acuerdos suscritos entre administraciones públicas o entidades dependientes de estas cuyo objeto sean prestaciones propias de los contratos. d) Todos los anteriores son considerados como convenios por la legislación vigente.

28. Señale la respuesta correcta respecto al plazo de vigencia de los convenios: a) En función del interés público al que sirvan, los convenios pueden ser de duración determinada o establecerse para un periodo de tiempo indeterminado, con posibilidad de denuncia por cualquiera de las partes durante su vigencia. b) Los convenios pueden ser objeto de prórroga, por un periodo de hasta cuatro años adicionales. c) Los convenios pueden ser objeto de prórroga, como máximo, por el mismo periodo de años por el que fueron suscritos inicialmente. d) Las prórroga del convenio ha de ser aprobada por mayoría de las partes suscribientes; salvo en el supuesto de convenios con dos únicas partes suscribientes, en el que deberá darse la unanimidad de estas para establecer la prórroga.

29. Señale la respuesta incorrecta respecto a los contratos administrativos: a) No podrán ser objeto del contrato de servicios los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. b) El contrato de servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional. c) El contrato de concesión de servicios tiene por contrapartida para el contratista el derecho a explotar los servicios objeto del contrato, o bien este derecho más el de recibir un precio. d) El contrato de concesión de servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional.

30. Señale la respuesta correcta respecto a los contratos administrativos sujetos a regulación armonizada: a) Son contratos administrativos sujetos a regulación armonizada los celebrados por una administración pública que tengan por objeto la representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado. b) El umbral económico para determinar si un contrato administrativo es de regulación armonizada se construye atendiendo al precio del contrato, no a su valor estimado. c) El umbral económico para determinar si un contrato administrativo es de regulación armonizada se construye atendiendo a su valor estimado, no a su precio. d) Únicamente pueden ser contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras, servicios y los de suministros.

31. Señalar la opción correcta sobre los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: a) En ningún caso tienen competencia de control de las disposiciones de rango de ley. b) No tienen competencia de control de las decisiones de rango de ley, con excepción de decretosleyes y decretos-legislativos, ambos susceptibles de control por la jurisdicción contenciosoadministrativa en todos sus extremos. c) No tienen competencia de control de las decisiones de rango de ley, con excepción de los decretos legislativos, disposiciones de carácter general cuya conformidad a derecho les corresponde en todo caso. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

32. Señale a continuación la respuesta correcta: a) Los textos articulados dictados en desarrollo de las leyes de bases conforme al art. 82.2 CE han de ser sometidos a debate y votación en el Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. b) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. c) La Constitución reconoce únicamente al Consejo de Ministros la facultad para dictar Decretosleyes, excluyendo expresamente el propio texto constitucional tal potestad en el caso de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas. d) Las leyes de bases que otorgan la delegación legislativa pueden facultar para dictar normas con carácter retroactivo salvo que se trate de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

33. Sólo uno de los siguientes enunciados es correcto. Indíquelo. a) La ilegalidad del reglamento por mero vicio de forma determina su anulabilidad. b) La ley 39/2015 contempla tanto el principio de reserva de ley como de reserva de reglamento. Así, prevé que las leyes no podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de autonomía reconocen de la competencia del Consejo de Ministros o de los Consejos de Gobierno de las Comunidad Autónomas. A su vez, se dispone que los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. c) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

34. Indique cual de las siguientes respuestas es correcta: a) Las disposiciones reglamentarias son susceptibles de recurso administrativo de alzada y de recurso potestativo de reposición. b) La Ley 39/2015 solo contempla el procedimiento de revisión de oficio respecto a actos administrativos en los que concurran causas de nulidad de pleno derecho, no respecto a las disposiciones administrativas en que concurran esas causas. c) La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto impiden la ulterior impugnación de los actos de aplicación con fundamento en que tal disposición no es conforme a derecho. d) Todos los enunciados anteriores son incorrectos.

36. Dispone la Ley 40/2015, en materia de competencia, lo siguiente: Señale la respuesta correcta. a) Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde al órgano superior competente. b) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, únicamente cuando sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas. c) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. d) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano titular de la competencia, y el ámbito territorial de ésta.

37. ¿Cual de estas previsiones no es correcta a la luz de la Ley 40/2015?. a) La actuación de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. b) Podrá promoverse recusación por los interesados, mediante escrito en el que se expresa la causa en que se funde, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. c) Corresponde al inmediato superior del recusado resolver sobre la concurrencia de la causa de recusación alegada por los interesados. d) Contra la resolución adoptada en materia de recusación no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.

38. ¿Cuál de estas previsiones no es correcta a la luz de la Ley 39/2015?. a) En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. b) El silencio tendrá efecto desestimatorio, entre otros supuestos, en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. d) Interpuesto recurso administrativo contra un acto, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.

39. Sólo una de estas previsiones es correcta a la luz de la Ley 39/2015: a) Son nulos de pleno derecho los actos que lesionen cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. b) Son nulos de pleno derecho los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezcan. d) Son nulos de pleno derecho los actos de la Administración que incurran en desviación de poder.

40. Una de estas previsiones es incorrecta a la luz de la Ley 39/2015: a) No precisan ser motivados los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. b) Serán motivados los acuerdos de suspensión de actos. c) Deben motivarse los acuerdos de ampliación de plazos. d) La motivación de los actos administrativos debe expresar sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

41. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias publicarán. a) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda si así lo exigen los dictámenes preceptivos de los Órganos consultivos correspondientes. b) Las respuestas a consultas planteadas por los particulares en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. c) Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, en los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda, la publicación se producirá previamente a que estos hayan sido solicitados a los organismos consultivos correspondientes. d) Los documentos que tengan un interés público ponderado por el Órgano competente por razón de la materia.

42. En lo que respecta al ejercicio del derecho de acceso a la información pública: a) Las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración serán inadmitidas a trámite. b) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes entendiéndose estimada la solicitud en el caso contrario. c) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública podrán ser recurridas en alzada ante el órgano superior jerárquico. d) El solicitante deberá motivar su solicitud de acceso a la información pública siendo rechazada en caso contrario.

43. Constituyen medidas para promover la igualdad de mujeres y hombres en la normativa y actividad administrativa. a) Que en las normas que regulen los procesos selectivos en el empleo público se incluya una cláusula por la que en el que, en caso de existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos y escalas, niveles y categorías de la Administración en los que la representación de estas sea inferior al 20%. b) Que en los tribunales, jurados u órganos afines cada sexo esté representado en al menos el 50% con independencia de los miembros que lo compongan. c) Que en las normas que regulen los procesos selectivos en el empleo público se incluya una cláusula por la que, en caso de existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a las mujeres, en cualquier caso. d) Que en los tribunales, jurados u órganos afines de más de cuatro miembros cada sexo esté representado en al menos el 40% de sus miembros.

44. En lo que se refiere a la evaluación previa del impacto en función del género: a) Emakunde-Instituto Vasco de la mujer aprobará las normas o actos administrativos que quedan excluidos de la necesidad de hacer la evaluación. b) La evaluación previa deberá ser efectuada por el Órgano competente en el plazo máximo de un mes. c) Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer propondrá las normas o directrices en las que se indiquen las pautas que se deberán seguir para la realización de la evaluación previa. d) El Órgano administrativo que promueva una norma deberá, una vez elaborada, remitirla al órgano departamental especializado a los efectos de que evalúe el impacto potencial de la propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres como colectivo.

45. El deber de confidencialidad en la protección de datos personales: a) Vincula exclusivamente a los responsables y encargados del tratamiento de datos. b) La mencionada obligación podrá, en los casos que se determinen, mantenerse aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. c) El deber de confidencialidad sustituirá a los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

46. En lo que concierne a los derechos de las personas recogidos en el Título III de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: a) El ejercicio del derecho de acceso se podrá considerar repetitivo si se ejerce en más de una ocasión durante el plazo de dos años a menos que exista una causa legítima para ello. b) El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del Reglamento (UE) 2005/785. c) Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, la información básica que le deberá facilitar el responsable del tratamiento deberá contener como mínimo, entre otros aspectos, la finalidad del tratamiento. d) El afectado podré ejercitar el derecho de acceso en el medio que elija sin que tenga que asumir coste adicional alguno con motivo de dicha decisión.

47. Siguiendo lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) La designación del personal directivo profesional atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. b) Al personal eventual le es aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera y su desempeño podrá ser computado como mérito para el acceso a la función pública. c) El funcionario interino podrá ser nombrado para la ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración superior a un año. d) Las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas podrán ser efectuadas por personal laboral en los supuestos que se recojan en las leyes que dicten las Comunidades Autónomas en desarrollo de la normativa básica.

48. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que: a) Los funcionarios interinos podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores. b) Las Comunidades Autónomas que integren a los funcionarios transferidos como funcionarios propios deberá respetar, entre otros derechos, el grupo o subgrupo del cuerpo o escala de procedencia. c) La tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario acarrea necesariamente, entre otras consecuencias, la suspensión de funciones con carácter provisional. d) Para que las funcionarias víctimas de violencia de género puedan obtener la excedencia bastará con que hayan prestado servicios efectivos en cualquier de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de un año inmediatamente anterior.

49. En relación con el régimen disciplinario, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, prevé expresamente: a) Que el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad constituye una falta grave que prescribirá a los 2 años. b) La sanción del traslado forzoso, con cambio de localidad de residencia, por un periodo mínimo de seis meses. c) Que el funcionario suspenso provisional no tendrá derecho a percibir durante la suspensión retribución alguna. d) Que el abandono del servicio constituye una falta muy grave que prescribirá a los 3 años.

50. En lo que se refiere a las retribuciones de los funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas: a) La cuantía del complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe, se fijará anualmente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. b) El complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios y las indemnizaciones forman parte de las retribuciones complementarias de los funcionarios/as públicos/as. c) La cuantía de los trienios de los funcionarios del grupo A no podrá exceder en más de tres veces a la fijada para los del grupo D con las excepciones que se prevén. d) El complemento específico retribuye, entre otros factores, el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su puesto de trabajo.

51. Administración Consultiva. ¿Qué actividad queda excluida del ámbito de actuación de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi?. a) La actividad de la Administración Local. b) La actividad de las instituciones forales de los Territorios Históricos. c) La actividad de la Universidad del País Vasco. d) La actividad de los entes públicos de derecho privado.

52. De acuerdo con el artículo 3.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. b) El recurso contencioso-disciplinario militar. c) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. d) El contrato administrativo.

53. Señale la respuesta correcta respecto a los principios rectores de la adjudicación de contratos administrativos: a) Los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. b) No podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, ni en los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición Adicional Cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público. c) Son principios rectores de la adjudicación de los contratos administrativos los principios de igualdad, agilidad, transparencia y libre competencia. d) Son principios rectores de la adjudicación de los contratos administrativos los principios de igualdad, austeridad, transparencia y libre competencia.

54. Una de las siguientes previsiones en materia de ejecución forzosa es incorrecta a la luz de la Ley 39/2015: a) Entre los medios de ejecución forzosa que contempla la Ley 39/2015 se halla la entrada en domicilio sin necesidad de que concurra consentimiento de titular ni autorización judicial previa. b) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. c) La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. d) No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

55. Atendiendo a la redacción de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, sobre las relaciones de puestos de trabajo: a) Incluirán la totalidad de los puestos existentes que se hallen dotados presupuestariamente pudiendo incluir al personal eventual y al laboral en los supuestos que se establezcan. b) La creación, modificación o supresión de puestos de trabajo se realizará en todo caso a través de las relaciones de puestos. c) Incluirán el perfil lingüístico únicamente cuando tenga asignado fecha de preceptividad. d) Los puestos de trabajo reservados a funcionarios, no podrán ser provistos en ningún caso por funcionarios de otras Administraciones Públicas.