Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos, cuando éste se inicia de oficio, ¿el transcurso de qué plazo desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo? A los 3 meses. A los 6 meses. A los 12 meses. No caduca nunca el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos iniciados de oficio.
Según el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de autonomía para Galicia, el Presidente y los demás miembros de la Xunta: Durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Galicia, no podrán ser detenidos ni retenidos en caso de flagrante delito. Corresponde en todos los casos decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Galicia, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito. Durante su mandato, y por los actos delictivos cometidos fuera del territorio de Galicia, no podrán ser detenidos ni retenidos en caso de flagrante delito, y la responsabilidad penal será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Según el artículo 10.1 de Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de autonomía para Galicia, es una función del Parlamento de Galicia: Delegar la potestad legislativa en la Xunta, en los términos que establecen los artículos 85, 86 y 87 de la Constitución para el supuesto de la delegación legislativa de las Cortes Generales al Gobierno. Designar para cada legislatura de las Cortes Generales a los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma Gallega, de acuerdo con lo previsto en el artículo cincuenta y nueve, apartado cinco, de la Constitución. Solicitar del Gobierno la adopción de proyectos de Ley y presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados proposiciones de Ley. Solicitar del Gobierno la adopción de proposiciones de Ley y presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados proyectos de Ley.
Según el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en el siguiente caso: Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, y la notificación a la Administración instructora, que deberá serles comunicada. Cuando exista un procedimiento finalizado en el ámbito de la Unión Europea aunque no condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 67 de esta Ley, desde la declaración al respecto y hasta la conclusión, en su caso, de las referidas negociaciones, lo que deberá ser comunicado a los interesados por la Administración.
Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: Cuatro años desde que se inició el procedimiento administrativo. Seis meses desde que se dictó el acto administrativo. Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Un año desde que se dictó el acto administrativo.
En relación con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse: En las oficinas de Correos, en la forma que una norma, que necesariamente deberá tener rango de ley, establezca. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de cualquier país de la Unión Europea en el extranjero. En las oficinas de asistencia en materia de registros. En el registro electrónico de cualquier Corporación Pública o Privada.
Según el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Todo interesado podrá renunciar a sus derechos o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, desistir de su solicitud. Todo interesado podrá en cualquier momento desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Los interesados directos podrán renunciar a sus derechos hasta que se realice el trámite de audiencia. Una vez producido este, no podrán desistir de su solicitud.
Según el artículo 31.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: Permitirá la presentación de documentos durante las veinticuatro horas exclusivamente de los días hábiles. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días inhábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación se entenderá realizada en la primera hora del primer día natural siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. A los efectos del cómputo de plazo, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en el primer día natural siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
En relación con la ampliación de plazos, el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que: La Administración podrá conceder una ampliación de los plazos que no exceda la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo sobre la ampliación de plazos podrá ser notificado a los interesados. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación de los plazos deberán producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate, salvo que una razón, debidamente motivada, así lo justifique. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de recurso.
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Quienes lo promuevan como titulares de intereses individuales o colectivos. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en cuanto haya recaído resolución definitiva. Cualquier persona con capacidad de obrar que se persone en el procedimiento.
En relación con la obligación de resolver que recoge el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, señala la respuesta FALSA: El incumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo podrá dar lugar únicamente a la exigencia de responsabilidad disciplinaria. En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
Según el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de Galicia, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia será nombrado: Por el presidente de la Xunta a propuesta del Parlamento de Galicia. Por el presidente de la Xunta a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Por el presidente del Gobierno a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos, tendrán una validez determinada: Máxima de cinco años. Máxima de diez años. Mínima de cinco años. Mínima de diez años.
De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Proponer la práctica de una prueba. Hacer alegaciones en un procedimiento. Remitir documentos a una Administración. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre el acuerdo de ampliación del plazo máximo para resolver y notificar: Contra este acuerdo cabrá recurso de alzada. Contra este acuerdo no cabrá recurso alguno. Contra este acuerdo cabrá recurso de reposición. Contra este acuerdo cabrá recurso contencioso-administrativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles: Excluyéndose del cómputo los días que se indiquen reglamentariamente. Excluyéndose del cómputo exclusivamente los domingos y los declarados festivos. Excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Incluyéndose en el cómputo los sábados.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre el funcionamiento del registro electrónico: Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, excepto los festivos nacionales. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, excepto los festivos de la comunidad autónoma donde se encuentre el órgano administrativo que lo recibe. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, excepto los festivos locales donde se encuentre el órgano administrativo que lo recibe.
De conformidad con lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación hecha por medios electrónicos se entenderá rechazada: Cuando hayan transcurrido cinco días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido cinco días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
De conformidad con lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la adopción de medidas provisionales: Iniciado el procedimiento, serán acordadas por el órgano administrativo competente para resolver. Iniciado el procedimiento, serán acordadas por el órgano administrativo competente para instruir. Antes de la iniciación del procedimiento, serán acordadas por el órgano administrativo competente para resolver. Iniciado el procedimiento, serán acordadas por el órgano administrativo competente para su incoación.
¿Cómo se estructura la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía para Galicia?: En un título preliminar, cinco títulos, 4 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias y una disposición final. En un título preliminar, cinco títulos, 4 disposiciones adicionales y 7 disposiciones transitorias. En un título preliminar, cinco títulos, 4 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. En un título preliminar, cinco títulos, 4 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias y una disposición derogatoria.
De acuerdo con el artículo 27 da Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía para Galicia, corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva de la siguiente materia: Las ferias y mercados interiores. Régimen minero y energético. Establecimientos farmacéuticos. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
De acuerdo con el artículo 27 da Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía para Galicia, en que materia no le corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva: Salvamento marítimo. Artesanía. Promoción del desarrollo comunitario. Asistencia Social.
De acuerdo con el artículo 33 da Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía para Galicia, ¿qué competencia tiene la Comunidad Autónoma gallega en materia de sanidad interior?: Desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado. Ningún tipo de competencia. Competencia exclusiva. Únicamente competencia de ejecución de la legislación básica del Estado.
De acuerdo con el artículo 11 da Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía para Galicia, ¿cuál de las siguientes proposiciones, referentes a la elección de los miembros del Parlamento de Galicia, es verdadera?: Una ley del Parlamento de Galicia determinará los plazos y regulará el procedimiento para elección de sus miembros, fijando su número entre 50 y 70. Una ley del Parlamento de Galicia determinará los plazos y regulará el procedimiento para elección de sus miembros, fijando su número entre 60 y 90. Una ley del Parlamento de Galicia determinará los plazos y regulará el procedimiento para elección de sus miembros, fijando su número entre 70 y 90. Las respuestas a), b) y c) son falsas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la emisión de documentos por las Administraciones Públicas: Deberán de estar siempre firmados electrónicamente. Solo serán válidos si se emiten por funcionarios públicos. Se emitirán exclusivamente por medios electrónicos. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter.
El artículo primero del Estatuto de Autonomía de Galicia establece que la Comunidad Autónoma, a través de instituciones democráticas, asume como tarea principal: La defensa de los derechos políticos de los gallegos y de sus derechos, libertades y deberes fundamentales. La defensa de la identidad de Galicia y de los derechos políticos de los gallegos. La defensa de la identidad de Galicia y de sus instituciones. La defensa de la identidad de Galicia y de sus intereses y la promoción de la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo gallego.
Según el Estatuto de Autonomía de Galicia, ¿en cuál de las siguientes materias no tiene competencia exclusiva la Comunidad Autónoma de Galicia?: Las ferias y mercados interiores. La ordenación del territorio y el litoral. Urbanismo y vivienda. Ordenación del sector pesquero.
De acuerdo con lo establecido en el Título Segundo del Estatuto de Autonomía de Galicia, en materia de régimen jurídico de la Administración Pública de Galicia y régimen estatutario de sus funcionarios: Es competencia de la Comunidad Autónoma gallega el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en los términos que la misma establezca. Corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la ejecución de la legislación del Estado. En el marco del Estatuto corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva. Es competencia plena de la Comunidad Autónoma gallega.
Según el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si en un procedimiento administrativo desarrollado ante los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial, concurrieran varios interesados en el procedimiento y existiera discrepancia entre ellos en cuanto a la lengua: Todo el procedimiento, sin excepción, se tramitará en castellano. Todo el procedimiento se tramitará, sin excepción, en la lengua utilizada por el primero de los administrados intervinientes. Todo el procedimiento se desarrollará en la lengua que elija el titular del órgano administrativo, sin perjuicio de que los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. El procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán establecerse especialidades del procedimiento: Solo mediante ley, referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Reglamentariamente, referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Reglamentariamente, referidas a trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación e informes a recabar. Reglamentariamente, referidas a los requisitos de validez y eficacia, trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley y plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la tramitación de urgencia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: Cuando razones de interés público lo aconsejen, el órgano competente acordará de oficio la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. No se podrá acordar la aplicación de la tramitación de urgencia a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
La emisión de informes, según el artículo 80 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizará con carácter general en el plazo de: Cinco días. Diez días. Quince días. Veinte días.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla: Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración y los casos de desaparición sobrevenida del objeto. Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. Los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: Incorporar los metadatos mínimos exigidos. Incorporar firma electrónica que permita que sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos cuando no formen parte de un expediente administrativo o se publiquen con carácter informativo. Incorporar una referencia local y temporal del momento en que han sido emitidos. Contener la identificación de los destinatarios del documento.
Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas las notificaciones que se practiquen en papel: Podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, el resto de las notificaciones deberán realizarse a través de medios electrónicos. Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante cuando contengan medios de pago a favor de los obligados.
Según el artículo 43.3 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, ¿cuándo se entenderá cumplida la obligación de la notificación electrónica de una resolución o acto? Con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de cualquier administración. Cuando se practique la notificación presencial en el domicilio del interesado. Con la puesta a disposición de la notificación en la oficina de correos correspondiente. Con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la administración u organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.
De acuerdo con la ley 39/2015 de 1 de octubre, requerirán de firma electrónica: Los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas que se publiquen con carácter meramente informativo. Los documentos electrónicos que no formen parte de un expediente administrativo. Los documentos que no sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. Los documentos de desistimiento de acciones.
De acuerdo con el artículo 62 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, señale la respuesta correcta en relación con el inicio de un procedimiento administrativo por denuncia: No cabe en el ordenamiento administrativo español. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona pero su presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Las denuncias serán anónimas pero su presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona y su presentación confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la ley 39/2015, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: No existe un plazo máximo para adoptar dicha declaración. Un año desde que se dictó el acto administrativo. Dos años desde que se dictó el acto administrativo. Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
De acuerdo con la ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando: Así esté previsto en una norma con rango de reglamento. En todo caso. Así esté previsto en una norma con rango de ley. Así lo determinen las autoridades y personal al servicio de la administración general del estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
De acuerdo con el artículo 77 de la ley 39/2015, en un procedimiento administrativo cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público se entenderá que éste tiene: Carácter preceptivo. Carácter preceptivo y vinculante. Carácter potestativo y no vinculante. Carácter vinculante.
De acuerdo con la ley 39/2015 de 1 de octubre, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: Diez días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Diez días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Quince días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
De acuerdo con el artículo 35 de la ley 39/2015, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos: Serán motivados bastando una referencia a los fundamentos de derecho. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Su motivación será potestativa. No deberán ser motivados.
Según la ley 39/2015 de 1 de octubre, en relación con el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, señale la respuesta correcta: La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la constitución. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos desde que se expida el certificado acreditativo del mismo.
De acuerdo con el artículo 21 de la ley 39/2015, ¿cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa en un procedimiento? 1 mes. 2 meses. 15 días. El que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
De acuerdo con el artículo 122 de la ley 39/2015, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada: Será de un mes. Será de dos meses. Será de tres meses. Será de quince días.
De acuerdo con la ley 39/2015, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria serán: Anulables. Nulas. Válidas y producirán efectos desde la fecha en que se dicten. Producirán efectos desde la fecha en que se subsanen.
De conformidad con la ley 39/2015, señale la respuesta correcta en relación con los procedimientos de responsabilidad patrimonial: En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial se podrá solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía superior a 30.000 euros será preceptivo solicitar dictamen del consejo de estado. En caso de emitirse, el dictamen del consejo de estado se emitirá en el plazo de dos meses y se pronunciará únicamente sobre la existencia o no de relación de causalidad. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial de estado por el funcionamiento anormal de la administración de justicia, será preceptivo el informe del consejo general del poder judicial.
Según la ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio en que la administración ejercite potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa produce: La prescripción de la actuación. La caducidad del procedimiento. La estimación de las pretensiones por silencio administrativo. La desestimación de las pretensiones por silencio administrativo.
De acuerdo con la ley 39/2015 de 1 de octubre, el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho se denomina: Declaración responsable. Comunicación. Solicitud de iniciación del procedimiento. Denuncia.
Según la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia, no le corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva de las siguientes materias: La pesca en las rías y demás aguas interiores, el marisqueo, la acuicultura, la caza, la pesca fluvial y lacustre. Vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral gallego. Los puertos, aeropuertos y helipuertos no calificados de interés general por el Estado y los puertos de refugio y puertos y aeropuertos deportivos. La promoción del desarrollo comunitario.
Según el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Galicia, señala en cuál de las siguientes materias le corresponde a la Comunidad Autónoma gallega a ejecución de la legislación del Estado: Asistencia social. Salvamento marítimo. Cofradías de Pescadores. Artesanía.
El artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia establece: Las leyes de Galicia serán promulgadas por El Rey y publicadas en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su entrada en vigor regirá la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las leyes de Galicia serán promulgadas por el Parlamento de Galicia y publicadas en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su entrada en vigor regirá la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las leyes de Galicia serán promulgadas por El Rey en nombre del presidente de la Xunta y publicadas en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su entrada en vigor regirá la fecha de promulgación. Las leyes de Galicia serán promulgadas en nombre de El Rey por el presidente de la Xunta y publicadas en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su entrada en vigor regirá la fecha de publicación en el Diario Oficial de Galicia.
¿Qué rango prevé el artículo 15 del estatuto de autonomía de Galicia, ha de tener la norma que determine el alcance de la responsabilidad polítíca del Presidente de la Xunta ante el Parlamento? Ley orgánica. Real decreto legislativo. Ley. Estatuto de autonomía.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 37 y 38 del estatuto de autonomía de Galicia, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa? En las materias de su competencia exclusiva le corresponde al Parlamento la potestad legislativa y reglamentaria. Las competencias de la comunidad autónoma de Galicia se entienden referidas a su territorio. En materias de competencia exclusiva de la comunidad autónoma, el derecho propio de Galicia es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro. En la determinación de las fuentes del derecho civil se respetarán por el estado las normas del derecho civil gallego.
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