El Título I de la Constitución Española, lleva por rúbrica: De los derechos y libertades públicas. De los derechos y deberes de los ciudadanos. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. De los derechos y deberes fundamentales.
Según el artículo 113 de la Constitución Española, la moción de censura deberá ser propuesta al menos por: La mitad de los miembros del Congreso de los Diputados. La décima parte de los miembros del Congreso de los Diputados. La quinta parte de los miembros del Congreso de los Diputados. La mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
Según el artículo 167 de la Constitución Española, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados: Por mayoría absoluta del Congreso. Por mayoría absoluta del Senado. Por mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. Por mayoría de 3/5 del Senado y por mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
De acuerdo con el art 57.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establece mediante: Ley ordinaria. Real Decreto del Presidente del Gobierno. Ley Orgánica. Decreto legislativo del Consejo de Ministros.
Según dispone el artículo 91 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía ante las Cortes de Castilla y León corresponderá a: El Presidente de la Junta de Castilla y León. El Defensor del Pueblo. La mitad de los miembros de las Cortes de Castilla y León. Una tercera parte de los miembros de las Cortes de Castilla y León o a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el número mínimo de Procuradores que corresponde a cada circunscripción en las elecciones a las Cortes de Castilla y León asciende a: 2. 3. 4. 5.
De conformidad con el artículo 70 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las resoluciones administrativas de la Junta de Castilla y León y de su Presidente, adoptarán la forma de: Decreto. Acuerdo. Orden. Resolución.
De conformidad con el artículo 288 de la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reglamento comunitario es una norma que: Precisa de una norma interna de trasposición en el Ordenamiento Jurídico de cada estado miembro. Es de alcance limitado. Será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada estado miembro. Es obligatoria solo en cuanto a los resultados.
De conformidad con el artículo 17. 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público, los acuerdos de los órganos colegiados, serán adoptados: Por mayoría. Por mayoría absoluta. Por unanimidad. Por mayoría de 3/5 de sus miembros, incluido el voto de su Presidente.
En relación con la obligación de resolver, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 21, establece que cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo en el que debe notificarse una resolución expresa, este será de: 1 mes. 2 meses. 3 meses. 6 meses.
Según el artículo 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de reposición será de: 15 días. 20 días. 1 mes. 3 meses.
Según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario los informes serán: Facultativos y vinculantes. Preceptivos y no vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Preceptivos y determinantes.
De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto al trámite de audiencia, señale la opción correcta: Los interesados en un plazo de 20 días, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. No podrán prescindir de dicho trámite en ningún caso. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y las justificaciones que estimen oportunas. El trámite de audiencia será posterior a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, en el caso de que estos formaran parte del procedimiento.
En relación con los principios de la potestad sancionadora y de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de: Notificarse los hechos que constituyen la infracción administrativa. Resolverse el procedimiento sancionador. Producirse los hechos que constituyan la infracción administrativa. Iniciarse el procedimiento sancionador.
De conformidad con el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar la indemnización por los daños ocasionados por la Administración Pública, prescribe: A los 3 meses de haberse producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los 6 meses de haberse producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los 9 meses de haberse producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Al año de haberse producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
¿Cuál de los siguientes contratos administrativos no se encuentra calificado como tal, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público? Contrato de obra. Contrato de concesión de obra. Contrato de gestión del servicio público. Contrato de concesión de servicios, suministro y servicios.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿el procedimiento ordinario de concesión se tramitará en régimen de? Concesión directa. Concurrencia competitiva. Depende del objeto de la subvención. Procedimiento simplificado.
¿Qué tiene por objeto el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público? Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las asociaciones públicas. Establecer las normas aplicables a los funcionarios de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Establecer las normas aplicables al personal militar de las Fuerzas Armadas.
Según dispone el artículo 5 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, cuál de los siguientes es un Órgano Superior en materia de Función Pública: La Comisión Interterritorial de la Función Pública. El Presidente de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León. El Viceconsejero de Función Pública.
Conforme a la Ley 7/2005 de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, cuando los funcionarios soliciten el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, será preciso: Que el funcionario haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Publicas durante los cinco años inmediatamente anteriores y en ella no se podrá permanecer menos de dos años continuados. Que el funcionario haya prestado servicios efectivos en la Administración de destino, durante los cuatro años anteriores y en ella no se podrá permanecer menos de dos años continuados. Que el funcionario haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Publicas durante los cinco años inmediatamente anteriores y en ella no se podrá permanecer menos de un año. Que el funcionario haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Publicas durante los dos años inmediatamente anteriores y en ella no se podrá permanecer menos de dos años continuados.
Dentro del régimen disciplinario, ¿qué tipificación tiene el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades según el artículo 81 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Ley de la Función Pública de Castila y León? Muy grave. Grave. Leve. No se encuentra tipificada de manera expresa.
El derecho a una buena Administración desarrollado en la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, se encuentra reconocido en nuestra Comunidad en: Una ley ordinaria. Un decreto legislativo. El Estatuto de Autonomía. En un decreto-Ley.
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas con sujeción a los principios de: Transparencia, accesibilidad, igualdad, mérito y capacidad. Transparencia, eficacia, jerarquía, accesibilidad, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Transparencia, simplicidad, claridad, accesibilidad y proximidad con los ciudadanos.
De conformidad con el artículo 11 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, las funciones del Comisionado de Transparencia de Castilla y León están atribuidas al: Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla y León. Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León. Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Procurador del Común de Castilla y León.
La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible fue aprobada en 2015 por: La Organización de las Naciones Unidas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La Organización Mundial del Comercio. El Parlamento Europeo.
De conformidad con el artículo 123 de la Constitución Española, el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por: El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. El Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. El Presidente del Gobierno, a propuesta de las Cortes Generales, en la forma que determine la ley. EL Presidente del Gobierno, a propuesta de las Cortes Generales, oído el Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
La organización territorial del Estado Español se regula en: El Título III de la Constitución Española. El Título IV de la Constitución Española. El Título VI de la Constitución Española. El Título VIII de la Constitución Española.
De conformidad con el artículo 159 de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional se compone de: 10 miembros nombrados por el Rey; de ellos cinco a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros y los otros cinco a propuesta del Senado, con idéntica mayoría. 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Gobierno por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con idéntica mayoría; dos a propuesta del Congreso y dos a propuesta del Senado. 12 miembros nombrados por el Rey de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 10 miembros nombrados por el Rey; de ellos dos a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, dos a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; tres a propuesta del Gobierno y tres a propuesta del Senado.
De conformidad con el artículo 55.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en la organización central son órganos directivos de la Administración General del Estado: Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Directores Generales. Los Ministros sin departamento ministerial.
De conformidad con el artículo 17 de la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea, ¿a qué institución europea corresponde velar por la aplicación de los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones comunitarias en virtud de estos? Al Parlamento Europeo. Al Consejo. A la Comisión. Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De conformidad con el artículo 91 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la propuesta de reforma del Estatuto requerirá, en todo caso: La aprobación de las Cortes de Castilla y León por mayoría simple y la posterior aprobación de las Cortes Generales mediante una ley ordinaria. La aprobación de las Cortes de Castilla y León por mayoría absoluta y la posterior aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. La aprobación de las Cortes de Castilla y León por mayoría de dos tercios y la posterior aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. La aprobación de las Cortes de Castilla y León, por mayoría absoluta y la posterior aprobación de las Cortes Generales mediante ley ordinaria.
El Procurador del Común de conformidad con el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, es designado por: El Presidente de la Junta de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y León. La Junta de Castilla y León. El Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la creación, modificación o supresión de Consejerías y Viceconsejerías, se llevará a cabo por: Decreto de la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia. Orden del Consejero de la Presidencia. Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León. Acuerdo de la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia.
De conformidad con el artículo 71 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las disposiciones y resoluciones de los titulares de las Consejerías adoptarán la forma de: Decretos. Acuerdos. Resoluciones. Órdenes.
De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León, las disposiciones administrativas de carácter general se publicarán en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, medio de publicación oficial de la Junta de Castilla y León y de su Administración, y entrarán en vigor: A los 20 días de su aprobación, salvo que en las mismas se dispusiera otra cosa. A los 30 días de su publicación, salvo que en las mismas se dispusiera otra cosa. A los 20 días de su publicación, salvo que en las mismas se dispusiera otra cosa. A los 30 días de su aprobación, salvo que en las mismas se dispusiera otra cosa.
De conformidad con el artículo 17. 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no podrá ser objeto de deliberación o acuerdo de un órgano colegiado: Ningún asunto que no figure incluido en el orden del día salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la totalidad de sus miembros. Ningún asunto que no figure incluido en el orden del día. Ningún asunto que no figure incluido en el orden del día salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Ningún asunto que no figure incluido en el orden del día salvo que asista la mayoría de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mitad de sus miembros.
De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra el acuerdo de avocación: Caben los recursos ordinarios. Cabrá solo recurso de alzada. Se podrá solo interponer recurso de reposición. No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
Según el artículo 107.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad de los actos anulables no podrá adoptarse una vez transcurridos: 6 meses desde que se notificó el acto administrativo. 6 meses desde que se dictó el acto administrativo. 2 años desde que se notificó el acto administrativo. 4 años desde que se dictó el acto administrativo.
De conformidad con el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa: Solo procederá el recurso de alzada cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. Solo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. Solo procederá el recurso potestativo de reposición. Únicamente cabrá recurso contencioso administrativo.
La caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, según el artículo 95.3 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas: No producirá por si sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. Producirá por si sola la prescripción de las acciones. Producirá por si sola la prescripción de las acciones del particular y de la Administración y los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. No producirá por si sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
El presupuesto base de licitación se define en el artículo 100 de La Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, como: Límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre Valor Añadido, salvo disposición en contrario. Límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre Valor Añadido, salvo disposición en contrario. Límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre Valor Añadido, salvo disposición en contrario Límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
El artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará: De oficio, siempre mediante convocatoria aprobada por la Junta de Castilla y León. De oficio, siempre mediante convocatoria aprobada por las Cortes de Castilla y León. De oficio, siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. Siempre a solicitud del interesado, previa convocatoria pública.
El artículo 2 del Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas. Señale la respuesta incorrecta: La Administración del Estado Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. Las Universidades privadas. Las Administraciones de las entidades locales.
Ley 7/2007, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, establece que cuando los funcionarios prestan servicios como personal eventual en la Administración de Castilla y León y no opten por permanecer en la situación de servicio activo: Se quedarán en servicio activo, porque no pueden optar a otra situación. Pasarán a servicios especiales. Cuando no ejerciten el ejercicio de opción, pasaran a excedencia voluntaria. Se les declarará de oficio en excedencia voluntaria.
Según la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, incluido en su ámbito de aplicación se clasifica en: Personal funcionario y personal interino. Personal funcionario, personal interinos, personal eventual. Personal funcionario, personal interino, personal eventual, personal laboral. Personal funcionario, personal eventual, personal laboral.
De conformidad con el artículo 76.3 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León ¿Cómo se denomina el complemento que retribuye el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo? Complemento específico. Complemento por servicios extraordinarios. Complemento de productividad. Complemento de destino.
Dentro del régimen disciplinario, ¿Qué tipificación tiene el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo según el artículo 82 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León? Muy grave. Grave. Leve. No se encuentra tipificada de manera expresa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale cuál de estos conceptos no se incluye en el certificado electrónico reconocido o cualificado en el que se basa el sello electrónico que utilizan las Administraciones Públicas para identificarse: El número de identificación fiscal. La denominación correspondiente. La dirección física de la sede. La identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.
El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) establece que las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas para comunicarse entre sí. La red que prestará este servicio recibe el nombre de: InterAdmon. TESTA. SARA. El ENI no establece el uso de una red determinada.
De conformidad con el artículo 3 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León, ¿Qué principio comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de las políticas llevadas a cabo por las distintas Administraciones públicas? La cooperación. La coordinación. La sostenibilidad. La transversalidad.
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