INMIGRACION Y EXTRANGERIA

1. El artículo 13.1 de la Constitución Española, al supeditar las libertades públicas de los extranjeros a «los términos que establezcan los tratados y la ley»: a) Desconstitucionaliza la posición jurídica de los extranjeros, convirtiendo sus derechos en meras concesiones del legislador ordinario. b) Otorga al legislador una libertad ilimitada para restringir y modular cualquier derecho fundamental a los no nacionales. c) Mantiene el carácter constitucional de estos derechos, pero los configura como «derechos de configuración legal» limitados por la dignidad humana.

2. Tras las Sentencias 236/2007 y 259/2007 del Tribunal Constitucional, la exigencia de una autorización de estancia o residencia legal en España: a) Sigue siendo un requisito indispensable para que un extranjero pueda ejercer los derechos de sindicación, huelga y reunión. b) Se declaró inconstitucional por impedir radicalmente el ejercicio de derechos inherentes a la dignidad humana a los extranjeros en situación irregular. c) Se mantiene únicamente para el ejercicio del derecho de huelga por motivos de orden público y laboral interno.

3. Como regla general fijada en la Disposición Adicional 1ª de la LOEx, el plazo máximo para notificar las resoluciones de solicitudes en materia de extranjería es de tres meses. Si transcurre dicho plazo sin respuesta expresa en una solicitud de renovación de autorización de trabajo, el efecto es: a) La desestimación por silencio administrativo negativo. b) La estimación por silencio administrativo positivo, entendiéndose concedida la renovación. c) La inadmisión automática a trámite por caducidad del procedimiento.

4. ¿Cuál es el canal ordinario y preceptivo para impugnar judicialmente una resolución denegatoria de visado dictada por un Consulado General de España en el extranjero si se ha interpuesto previamente recurso de reposición y este ha sido desestimado?. a) Recurso de Alzada ante el Ministro de Asuntos Exteriores. b) Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. c) Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la provincia donde pretenda residir el solicitante.

5. Respecto a la reagrupación familiar, ¿cuál de los siguientes familiares de un extranjero residente no se encuentra en el listado general de personas reagrupables de manera directa?. a) El cónyuge o persona con la que mantenga una relación de afectividad análoga a la conyugal. b) Los hijos del reagrupante o del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o tengan una discapacidad. c) Los hermanos consanguíneos mayores de edad si dependen económicamente de los ingresos mensuales del reagrupante.

6. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (art. 57), los nacionales de terceros países no comunitarios con residencia legal en España: a) Pueden acceder a las Administraciones Públicas únicamente como personal laboral en igualdad de condiciones que los españoles. b) Tienen acceso pleno a la condición de personal funcionario en cualquier cuerpo de seguridad o salvaguarda del Estado. c) Tienen prohibido por completo el acceso a cualquier tipo de empleo público, quedando este reservado a españoles y ciudadanos de la UE.

7. Pierre, ciudadano de nacionalidad belga, se traslada a vivir a Madrid por motivos de ocio y lleva ya residiendo de forma continua en territorio español un total de 4 meses. Respecto a su documentación: a) Está obligado a solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) de régimen general. b) Está obligado a solicitar su inscripción en el Registro Central de Extranjeros para obtener el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión. c) No tiene obligación de realizar ningún registro, ya que la libre circulación comunitaria le exime de trámites de residencia estables.

8. En materia fiscal, la presunción familiar del artículo 9 de la Ley del IRPF determina que un contribuyente extranjero tiene su residencia fiscal en España si residen habitualmente en territorio español: a) Sus ascendientes directos (padres o abuelos) a los que sostenga económicamente. b) Su cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de él, salvo prueba en contrario. c) Cualquier familiar de hasta cuarto grado con el que conviva en el mismo domicilio habitual.

9. John, ciudadano británico que reside y trabaja legalmente en Málaga, posee una cuenta bancaria con fondos por valor de 75.000 € depositados en una entidad financiera ubicada en el Reino Unido. Conforme a las obligaciones de información tributaria en España: a) Al ser extranjero, está exento de declarar sus bienes fuera de España. b) Está obligado a presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720). c) Solo tendría la obligación de declarar si los fondos estuvieran en un país de la Unión Europea.

10. De acuerdo con el artículo 177 bis del Código Penal, el delito de trata de seres humanos se caracteriza por ser un delito de: a) Resultado, requiriendo necesariamente que la víctima comience efectivamente la explotación laboral o sexual para entenderse consumado. b) Consumación anticipada, bastando con que se realicen las conductas de captación, traslado, transporte, acogida o recepción con la finalidad de explotación. c) Comisión exclusiva por imprudencia profesional grave del empleador.

11. Un empresario proporciona empleo a un grupo de 4 extranjeros que carecen de la correspondiente autorización de residencia y trabajo de forma aislada, pero sin imponerles condiciones laborales abusivas, degradantes o contrarias a sus derechos. a) Es constitutiva del delito de empleo abusivo del artículo 312.2 in fine del Código Penal. b) Constituye un delito de empleo reiterado del artículo 311 bis a) del Código Penal. c) No constituye un delito contra los derechos de los trabajadores, sino una infracción administrativa muy grave en materia de extranjería (LOEx).

12. En el ámbito penal, si un tribunal español acuerda la expulsión de un ciudadano extranjero no residente legal como medida sustitutiva de una pena de prisión inferior a seis años: a) El extranjero podrá regresar legalmente a España en un plazo máximo de dos años. b) Se ejecutará la expulsión y se archivará el procedimiento, conllevando una prohibición de entrada de entre cinco y diez años. c) La expulsión extingue la responsabilidad penal de forma definitiva e impide el reingreso en prisión en caso de quebrantamiento.

13. Para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, el plazo general de diez años se reduce de forma específica a DOS años cuando el solicitante sea nacional de: a) Cualquier Estado miembro de la Unión Europea. b) Países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes. c) Países que mantengan tratados históricos de doble nacionalidad de carácter estrictamente convencional.

14. El artículo 14 de la Ley Orgánica de Extranjería reconoce que los extranjeros tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas: a) Únicamente si disponen de una autorización de residencia de larga duración. b) Siempre que se encuentren en situación de residencia temporal y consten de alta en la Seguridad Social. c) Cualquiera que sea su situación administrativa, incluyendo a los extranjeros en situación irregular.

15. Las tasas que gravan a los extranjeros relacionadas con la tramitación de autorizaciones de residencia y trabajo se devengan (nacen formalmente): a) En el momento de la concesión definitiva de la autorización por parte de la Delegación del Gobierno. b) En el momento de la solicitud, cuando esta se admite a trámite por el órgano competente. c) Exclusivamente cuando el extranjero retira físicamente el documento de identidad (TIE) en la Comisaría de Policía.