INSTITUCIONES PENALES

¿Cuál es un hecho y no una conclusión?. a. Todos los servidores mencionados son corruptos. b. La requisa encontró dispositivos y listas de pagos. c. El grupo ordena todos los delitos cometidos fuera del centro. d. El traslado masivo resolverá definitivamente el problema.

¿Qué evidencia sugiere gobernanza criminal?. a. La realización de una requisa. b. La existencia de expedientes disciplinarios. c. La asignación de espacios, el cobro por protección y el control de recursos. d. La existencia de muros y controles perimetrales.

¿Cuál es la primera respuesta institucional más adecuada frente a los dispositivos encontrados?. a. Preservarlos, registrarlos y coordinar el análisis dentro de la investigación competente. b. Publicar fotografías y nombres para demostrar control. c. Devolverlos al pabellón hasta que exista una orden definitiva. d. Encenderlos para identificar rápidamente a sus propietarios.

¿Cuál es un riesgo del traslado indiscriminado?. a. Que las redes criminales se transporten o reorganicen en otros centros. b. Que se resuelva automáticamente la corrupción institucional. c. Que desaparezca todo contacto entre centros penitenciarios. d. Que aumente la calidad de la evidencia digital.

¿Qué decisión integra mejor seguridad, investigación y derechos?. a. No intervenir mientras no exista certeza absoluta. b. Preservar evidencia, clasificar riesgos, investigar facilitadores, mantener servicios esenciales y aplicar controles focalizados. c. Negociar la administración cotidiana con el grupo dominante. d. Aplicar únicamente encierro prolongado a todo el pabellón.

¿Qué conjunto de indicadores permite evaluar mejor la recuperación sostenible del control estatal?. a. Número de operativos realizados y cantidad de fotografías institucionales difundidas. b. Ausencia total de denuncias durante una semana. c. Cantidad de personas trasladadas y días de encierro aplicados. d. Incidentes y denuncias verificadas, acceso a servicios y defensa, integridad de evidencia, cumplimiento de protocolos, reducción de mercados y cobros, trazabilidad del personal y desarticulación de conexiones externas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye un hecho expresamente verificado en el caso?. a. En la inspección se encontraron 23 teléfonos, cuadernos con nombres y montos, dinero y tarjetas de acceso institucional. b. Los tres servidores que ingresaron sin registro forman parte de la organización criminal. c. Todas las extorsiones externas fueron ordenadas desde el pabellón 4. d. La reducción de incidentes demuestra que el Estado recuperó el control efectivo del pabellón.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones debe tratarse como una hipótesis que requiere verificación?. a. El grupo fija horarios y controla el acceso informal a ciertos bienes en el pabellón 4. b. La administración estatal mantiene el control formal del perímetro y los expedientes disciplinarios. c. Los teléfonos encontrados fueron utilizados para ordenar extorsiones fuera del centro. d. Los teléfonos fueron encendidos por personal del centro después del hallazgo.

¿Qué elemento ofrece la evidencia más sólida de gobernanza criminal dentro del pabellón 4. a. La capacidad del grupo para fijar reglas, asignar espacios, controlar recursos y cobrar por protección. b. La existencia de sobrepoblación penitenciaria. c. El hallazgo de teléfonos y dinero en efectivo. d. La disminución del número de incidentes violentos registrados.

¿Qué actuación respeta mejor la diferenciación de competencias institucionales?. a. La Policía decide los traslados, impone sanciones disciplinarias y dirige el régimen cotidiano del centro. b. La dirección del centro realiza por sí sola la extracción de los teléfonos y publica los nombres de los sospechosos. c. El grupo técnico suspende la investigación hasta que exista certeza absoluta sobre todos los hechos. d. La administración asegura el centro y preserva los objetos; la Fiscalía dirige la investigación penal; la Policía apoya las diligencias investigativas y la autoridad judicial interviene cuando la ley exige autorización.

¿Cuál es el principal riesgo producido al encender los teléfonos y no codificar individualmente los objetos desde el inicio?. a. Que disminuya el número de dispositivos disponibles para el análisis. b. Que se afecten la integridad, la trazabilidad y el valor probatorio de la evidencia digital y física. c. Que el grupo criminal interprete la inspección como una medida demasiado débil. d. Que la administración pierda competencia jurídica sobre el centro.

¿Cuál es la interpretación más rigurosa de la reducción de incidentes violentos?. a. Demuestra que las denuncias reservadas son falsas. b. Confirma que el grupo dejó de ejercer coerción dentro del pabellón. c. Prueba que la sobrepoblación no produce ningún efecto institucional. d. Puede reflejar mayor control estatal, subregistro o un orden criminal impuesto; se necesita evidencia adicional para determinarlo.

Antes de trasladar a las 120 personas incluidas en listas anónimas, ¿qué información resulta indispensable?. a. Únicamente el número de plazas disponibles en los vehículos de traslado. b. Una evaluación individual de riesgo y necesidad, la fuente y confiabilidad de la información, los vínculos criminales, la situación jurídica y la capacidad del centro receptor. c. La aceptación del grupo que controla el pabellón. d. La opinión pública sobre la conveniencia de aplicar una medida ejemplar.

¿Cuál es un efecto no deseado plausible de realizar traslados masivos sin clasificación individual?. a. La solución definitiva de la sobrepoblación nacional. b. La eliminación automática de las comunicaciones con el exterior. c. La desaparición inmediata de todos los mercados ilícitos del sistema penitenciario. d. La extensión de redes, conflictos, conocimientos y mercados criminales hacia otros centros.

Con presupuesto limitado, ¿qué estrategia responde mejor al conjunto del problema?. a. Aplicar encierro, suspensión total de visitas y traslados masivos como respuesta principal y prolongada. b. Concentrar todos los recursos en aumentar patrullajes armados y barreras físicas, sin modificar los procesos de información y control interno. c. Mantener el orden actual porque la violencia registrada disminuyó. d. Combinar preservación forense, clasificación individual, investigación de facilitadores, continuidad de servicios esenciales, control focalizado, análisis de redes externas e integridad del personal.

Una prisión cumple formalmente sus protocolos, pero tolera rutinas que producen decisiones arbitrarias y resultados contrarios a sus fines. ¿Qué concepto explica mejor esta situación?. a. La sustitución completa del Estado por actores privados. b. La brecha entre la estructura formal y las prácticas organizacionales efectivas. c. La inexistencia de reglas dentro de la institución. d. La imposibilidad de evaluar la legitimidad institucional.

Un gobierno anuncia una “guerra total contra el crimen” y castigos ejemplares, pero no cambia normas, presupuestos ni procedimientos. Según la tipología de mano dura, ¿qué dimensión predomina?. a. Formal: todo anuncio gubernamental modifica el derecho penal. b. Informal: el discurso autoriza automáticamente prácticas extralegales. c. Operativa: la retórica equivale a una intervención institucional. d. Retórica: el endurecimiento se expresa principalmente en el discurso político.

¿Cuál situación constituye gobernanza criminal en el sentido de Lessing?. a. Una organización impone reglas, resuelve disputas y sanciona en una comunidad donde también actúa el Estado. b. Un grupo comete delitos patrimoniales ocasionales sin regular la conducta de terceros. c. Una comunidad desconfía de la Policía, aunque nadie criminal establece reglas u orden. d. El Estado pierde comunicación temporal con una zona después de un desastre natural.

¿Qué rasgo permite entender una prisión como ecosistema de criminalidad compleja y no solo como lugar de encierro?. a. La concentración de personas condenadas en una misma infraestructura. b. La separación física de las personas privadas de libertad respecto de la sociedad. c. La interacción adaptativa entre actores, mercados, tecnologías, custodios y conexiones externas. d. La existencia de un reglamento formal aplicable a toda la población.

¿Cuál descripción corresponde mejor a la seguridad dinámica en la gestión penitenciaria?. a. Sustituir al personal por vigilancia tecnológica para reducir el contacto humano. b. Personal profesional que conoce a la población, observa cambios, comunica riesgos y construye relaciones legítimas sin renunciar al control. c. Aislamiento preventivo generalizado ante cualquier indicador de riesgo. d. Concentrar la seguridad en requisas masivas y controles físicos periódicos.

Se decomisa material pirotécnico inestable. pero hay aprehendidos y el almacenamiento prolongado eleva el riesgo de detonación. ¿Qué secuencia articula mejor seguridad, investigación y competencias?. a. Avisar de inmediato a Fiscalía; pericia por acto urgente; documentar; si es inestable, destruir ordenadamente en unidad de acto. b. Destruir de inmediato todo el material y comunicar a Fiscalía cuando ya no exista riesgo físico. c. Trasladar el material a una bodega policial hasta sentencia ejecutoriada. d. Remitir una muestra no documentada al laboratorio y devolver el resto a la unidad preventiva.

Inteligencia indica que desde una prisión se ordenan extorsiones. Hay detenciones, pero Fiscalía no vincula a los mandos: no se preservaron comunicaciones ni trazabilidad. a. Falta una declaración pública que atribuya responsabilidad a la organización. b. La Policía no tiene competencia para obtener información criminal. c. Falló convertir información orientadora en evidencia obtenida y preservada bajo dirección fiscal. d. Hay que esperar una condena previa antes de investigar las comunicaciones.

Una administración aplica el mismo régimen de control a toda la población penitenciaria “para evitar privilegios”. ¿Cuál es el riesgo Institucional más relevante?. a. Toda clasificación diferenciada es incompatible con la igualdad ante la ley. b. Disminuye necesariamente la cantidad de personal requerido para la custodia. c. Se la estandarización elimina por sí sola los incentivos de corrupción. d. Se ignoran riesgos y roles diferenciados, se asignan mal recursos y se favorecen contactos que fortalecen redes.

Trasladar a un dirigente reduce la violencia en su pabellón de origen, pero semanas después aparecen alianzas y mercados. Ilícitos en el centro de receptor: a. El traslado demuestra que la ubicación física no influye en la organización criminal. b. El traslado puede mover capital relacional y saber criminal es una intervención de red, no solo un movimiento individual. c. La baja inicial de violencia prueba que la gobernanza criminal desapareció de forma permanente. d. La única explicación posible es la corrupción de todo el personal del centro receptor.

Una reforma amplia la prisión preventiva para delitos no violentos un año después suben hacinamiento y gasto. La tasa de esclarecimiento no cambia. a. Revisar, proporcionalidad, capacidad institucional, efectos no deseados y alternativas supervisadas. b. Mantener la reforma porque más personas encarceladas son por sí mismas un indicador de impacto. c. Concluir que el hacinamiento no importa mientras la norma haya sido aprobada legalmente. d. Eliminar toda forma de privación de libertad, sin diferenciar riesgos ni gravedad.

¿Qué diseño ofrece la evidencia? Más útil para evaluar un programa penitenciario. De rehabilitación. a. Contar únicamente. Con talleres. Se impartan. En el año. b. Preguntar al equipo ejecutor si considera exitoso el programa. c. Coordinar en base al perfil de riesgo y necesidad particulares de acuerdo con el presupuestario. d. Continuar con la forma de privación de libertad sus diferencias, riesgos su gravedad.

Una encuesta muestra que en ciertos territorios coexisten presencia estatal y provisión de orden por grupos criminales. ¿Cuál conclusión? ¿Qué es metodológicamente más sólida?. a. La presencia estatal excluye por definición cualquier forma de gobernanza criminal. b. La encuesta demuestra que la presencia policial causa gobernanza criminal en todos los casos. c. La población confunde necesariamente seguridad pública con protección criminal. d. La coexistencia es posible, hay que examinar calidad, permanencia y relaciones de la presencia estatal antes de inferir causalidad.

Una prisión controlada por una organización dominante registra menos robos y peleas visibles que otra sin actor hegemónico. a. La menor violencia visible demuestra que el centro cumple plenamente los derechos de los PPL. b. La reducción puede reflejar un orden coercitivo. Criminal. Hay que ver quién fija reglas, cómo sanciona y qué violencias quedan ocultas. c. El Estado debería reconocer formalmente la organización como autoridad penitenciaria. d. Los datos de violencia carecen de utilidad y deben descartarse por completo.

Después de una operación contra extorsiones, aumentan las detenciones, pero no las acusaciones sostenibles ni las condenas. ¿Qué evaluación hace primero?. a. Medir el éxito únicamente por el número de operativos y detenidos. b. Atribuir el resultado a jueces garantistas sin revisar expedientes ni procedimientos. c. Auditar la cadena, legalidad, calidad y trazabilidad de evidencia, coordinación, fiscalía, policía y tipo penal. d. Incrementar automáticamente las penas antes de identificar dónde se caen los casos.

Ante filtraciones, una administración propone revisar indiscriminadamente todas las comunicaciones del personal y de sus familias. a. Controles focalizados por riesgos, trazabilidad de acceso, separación de funciones, investigación autorizada y supervisión independiente. b. Aceptar la vigilancia total porque cualquier restricción de derechos vale en una emergencia penitenciaria. c. Suspender toda recopilación de información para evitar posibles abusos. d. Confiar exclusivamente en declaraciones juramentadas del personal.

Una víctima acepta participar en un proceso restaurativo después de que su familia y un funcionario le impiden en que es la única forma de cerrar el caso. a. Existe consentimiento suficiente porque la víctima finalmente dijo que sí. b. La presión es irrelevante si el proceso reduce la carga judicial. c. La participación puede imponerse cuando la persona ofensora reconoce los hechos. d. La voluntariedad es dudosa, hay que revisar presión, información, posibilidad de retiro, seguridad y asimetrías del poder.

Una autoridad concluye que una política de reinserción fracasó porque el 20% de sus participantes registra una nueva detención en 6 meses. Toda nueva detención equivale necesariamente a una condena y permite medir impacto. Faltan definición del indicador, línea base o comparación, tiempo de seguimiento, exposición y otros resultados de reintegración. La reincidencia nunca debe utilizarse para evaluar políticas penitenciarias. Sólo se requiere ampliar el periodo de seguimiento a 12 meses.

Con presupuesto limitado. Una dirección penitenciaria debe reducir extorsiones y violencia que. Paquete, es más coherente con el curso. Construir más muros sin modificar clasificación personal ni flujos de información. Realizar revistas masivas permanentes como única estrategia de control. Clasificación por riesgos y necesidad, profesionalización, seguridad dinámica, inteligencia, integridad y coordinación fiscal. Concentrar todos los perfiles de alto riesgo en un solo espacio, sin analizar redes ni capacidad operativa.

En una intervención urgente se encuentran armas, teléfonos y registros de cobros extorsivos. ¿Qué decisión de mando? Protege mejor control. Legítimo y judicialización. a. Asegurar el área con fuerza proporcional, atender riesgos vitales, documentar, preservar cadena de custodia, coordinar con fiscalía y mantener control posterior. b. Difundir de inmediato fotografías de todos. Los hallazgos para demostrar resultados antes de. Inventariarlos. c. Destruir los objetos. Preliminares en el lugar. Aunque no. Sea de documentación.

¿En cuál caso resulta más defendible considerar una medida no privativa de libertad después de una valoración individual?. a. Persona con alto riesgo de violencia grave, amenazas verificadas y sin condiciones mínimas de supervisión. b. Hecho no violento, bajo riesgo, evaluado en domicilio verificable y acceso a supervisión y apoyos comunitarios. c. Integrante que dirige desde el exterior una red de con capacidad de coacción sobre víctimas y testigos. d. Persona no evaluada, pero el centro penitenciario se encuentra hacinado.

Una persona sale con 30 días, no tiene documento vigente, requiere tratamiento de salud y volverá a un territorio con redes criminales. a. Entregar una vista general de servicio el día de la liberación. b. Prolongar la privación de libertad hasta que la persona consiga empleo. c. Derivar toda responsabilidad a la familia porque la ejecución. Penal termina con la. Salida. d. Activar antes de la liberación un plan individual, documento, salud, ahogamiento, inserción, gestión de riesgos y seguimiento.

Antes de intervenir en una prisión un presunto autogobierno. ¿Qué diagnóstico ofrece la mejor base para decidir?. a. Contar exclusivamente el número de agentes y cámaras instaladas. b. Identificar únicamente a los líderes más visibles de cada pabellón. c. Mapear actores, reglas, recursos, coerción, legitimidad, mercados. Conexiones externas y capacidades estatales, formales y efectivas. d. Comparar el número de ppl con la capacidad arquitectónica del centro.

Una reforma busca reducir extorsiones ordenadas desde prisión mediante clasificación, control de comunidades y coordinación investigativa. ¿Qué conjunto distingue producto, resultado e impacto?. a. Producto personal capacitado y pabellones clasificados. b. Resultado menor comunidad, ocasiones ilícitas y mejor trazabilidad. Impacto menos extorsiones atribuibles a órdenes desde prisión. c. Productos, reducción de extorsiones, resultado, número de talleres, impacto, protocolos aprobados, productos percepción general de seguridad, resultados, presupuesto, ejecutado, impacto, número de requisas. d. Producto Condenas judiciales, resultado, cámaras instaladas, impacto, informes mensuales elaborados.

Una prisión cumple formalmente sus protocolos. Pero tolera rutinas que producen decisiones arbitrales y resultados contrarios a sus fines. ¿Qué concepto explica mejor esta situación?. a. La sustitución completa del Estado por actores privados. b. La brecha entre la estructura formal y las prácticas organizacionales efectivas. c. La inexistencia de reglas dentro de la institución. d. La imposibilidad de evaluar la legitimidad institucional.