Los interesados en el procedimiento. capacidad de obrar y concepto de interesado

Conforme al artículo 3 de la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Únicamente las personas físicas mayores de edad y las personas jurídicas. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Solo las personas físicas con capacidad de obrar plena. Exclusivamente las personas jurídicas debidamente constituidas.

Los menores de edad tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: En todos los casos, sin excepción alguna. Únicamente cuando sean mayores de 16 años. Para el ejercicio y defensa de aquellos derechos cuya actuación esté permitida sin asistencia. Solo con autorización judicial previa.

¿Cuál de las siguientes entidades puede tener capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?. Solo las asociaciones inscritas en registro público. Los grupos de afectados cuando la Ley así lo declare expresamente. Únicamente las fundaciones con personalidad jurídica. Solo las sociedades mercantiles constituidas.

En materia de representación, los interesados con capacidad de obrar: Deben actuar siempre personalmente. Pueden actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones. Solo pueden actuar mediante abogado colegiado. Requieren autorización administrativa previa para la representación.

Para los actos y gestiones de mero trámite: Se exige siempre acreditación formal de la representación. Se presume la representación. No se admite la representación. Se requiere poder notarial específico.

El derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico: Solo corresponde a las personas jurídicas. Es exclusivo de los obligados a relacionarse electrónicamente. Corresponde a quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Únicamente se reconoce a los funcionarios públicos.

El derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos: Solo se reconoce a personas con discapacidad. Es exclusivo de los mayores de 65 años. Corresponde a todas las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Únicamente se aplica en procedimientos complejos.

La Administración está obligada a dictar resolución expresa: Solo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Únicamente en procedimientos sancionadores. En todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Solo cuando lo solicite expresamente el interesado.

El plazo máximo para resolver cuando las normas reguladoras no lo fijen será de: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.

¿Cuál es el plazo máximo general que no puede exceder la resolución de un procedimiento?. Tres meses. Seis meses, salvo norma con rango de Ley que establezca uno mayor. Un año. No existe plazo máximo.

Los grupos de afectados tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: En todos los casos. Solo si tienen más de 50 miembros. Cuando la Ley así lo declare expresamente. Únicamente en procedimientos ambientales.

La representación podrá acreditarse mediante: Únicamente poder notarial. Solo apoderamiento por acta. Cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna. Exclusivamente mediante registro electrónico.

El derecho al acceso a la información pública se regula en: La Ley 39/2015 exclusivamente. La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Código Civil. La Constitución Española únicamente.

El personal al servicio de las Administraciones Públicas que incumpla la obligación de dictar resolución en plazo: No tiene consecuencias específicas. Solo responde civilmente. Puede ser objeto de responsabilidad disciplinaria. Únicamente responde penalmente.

Se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa: Los procedimientos sancionadores. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Los supuestos de terminación por pacto o convenio. Los procedimientos iniciados de oficio.

¿Cuándo se exige firma electrónica en el procedimiento administrativo?. En todas las actuaciones sin excepción. Solo para la identificación del interesado. Cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado. Únicamente en procedimientos sancionadores.

Los menores incapacitados tendrán capacidad de obrar: En todos los casos. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Salvo cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio de los derechos de que se trate. Solo con autorización del tutor.

El derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma: Es absoluto sin limitaciones. Se ejerce de acuerdo con lo previsto en la Ley y el ordenamiento jurídico. Solo se reconoce en procedimientos civiles. Únicamente en procedimientos penales.

La obligación de las Administraciones de publicar las relaciones de procedimientos se refiere a: Solo los procedimientos sancionadores. Únicamente los procedimientos de contratación. Los procedimientos indicando plazos máximos y efectos del silencio. Solo los procedimientos iniciados de oficio.

¿Qué ocurre si un menor incapacitado quiere ejercer un derecho afectado por la incapacitación?. Puede ejercerlo libremente. No puede ejercerlo bajo ninguna circunstancia. Se exceptúa de la capacidad de obrar cuando la incapacitación afecte a ese derecho. Solo puede ejercerlo con autorización judicial.