jabarfun ex. of. 15 P.I.

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992), ¿en cual de los siguientes supuestos el acto administrativo puede tener eficacia retroactiva?. Los que se dicten en sustitución de actos anulados. Los actos sujetos a publicación. Los actos por los que se acuerdan medidas provisionales. Los actos necesitados de aprobación superior.

Señale la respuesta correcta en cuanto a la forma de los actos administrativos según la Ley 30/1992: Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de distinta naturaleza, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. Los actos administrativos se producirán verbalmente a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano superior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.

De acuerdo con la Ley 30/1992, la revisión de oficio de los actos administrativos: Deberá dictarse dentro del plazo de cuatro años desde que se dicto el acto administrativo. Puede adoptarse con dictamen desfavorable del Consejo de Estado. Se podrán adoptar respecto de los actos que tengan un contenido imposible. La incoación debe ser de oficio, sin que sea posible a solicitud de interesado.

Conforme a la ley 30/1992, señale cuando un acto administrativo incurre en "desviación de poder": Cuando su contenido es de imposible realización. Puede adoptarse con dictamen desfavorable del Consejo de Estado. Se podrá adoptar respecto de los actos que tengan un contenido imposible. La incoación debe ser de oficio, sin que sea posible a solicitud de interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992, las medidas provisionales en el procedimiento administrativo: Iniciado el procedimiento, se adoptarán por el órgano instructor, previa audiencia a las partes y al órgano competente para resolver. Iniciado el procedimiento, se adoptarán a instancia de parte únicamente para la protección provisional de intereses implicados. Antes de la iniciación del procedimiento, podrán adoptarse en los casos de urgencia y para la protección provisional de intereses implicados. Podrán adoptarse, previa presentación de fianza, aún en los casos en que puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación.

Respecto al trámite de audiencia en el procedimiento administrativo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992: Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Instruidos los procedimientos, y una vez redactada la propuesta resolución, se podrán de manifiesto a los interesados, o en su caso, a los representantes. Los interesados, en un plazo no inferior a veinte días ni superior a treinta, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. En ningún caso se podrá prescindir del trámite de audiencia.

Según el artículo 117 de la Ley 30/1992, el plazo para interponer el recurso de reposición cuando el acto es presunto será de: Tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Cuatro años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Un mes y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Quince días y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

En relación con los actos de trámite, señale la respuesta correcta conforme a la Ley 30/1992: Si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos son recurribles por los interesados mediante recurso de alzada y potestativo de reposición. No son recurribles por los interesados, si bien la oposición a los actos de trámite podrá alegarse por aquellos para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos son recurribles por los interesados mediante recurso extraordinario de revisión ante el superior jerárquico del órgano administrativo que los dictó. Si se hubiesen dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme, son recurribles por los interesados mediante recurso extraordinario de revisión ante el superior jerárquico del órgano administrativo que los dictó.

El artículo 107 de la Ley 30/1992 regula el objeto y clases de recurso, estableciendo que: Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992. Contra todos los actos de trámite podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, sí se funda en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley. Contra las disposiciones administrativas de carácter general recurso en vía administrativa.

Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de: Las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Derechos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Las pretensiones que se deduzcan en relación con la actos y disposiciones de todo tipo, adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al derecho privado, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Derechos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Las pretensiones que se deduzcan en relación con la actos y disposiciones sujetas a Derecho Privado, adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), las penalidades por incumplimiento contractual. No pueden ser superiores al 5 por ciento del presupuesto del contrato. No pueden ser superiores al 10 por ciento del presupuesto del contrato. No pueden ser superiores al 20 por ciento del presupuesto del contrato. No pueden ser superiores al 15 por ciento del presupuesto del contrato.

Respecto al plazo para la presentación de las proposiciones en los procedimientos abiertos, señale la respuesta correcta según TRLCSP: En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veinte días. En procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, la publicación de la licitación en el BOE debe hacerse, en todo caso, con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para la presentación de las proposiciones en el Diario Oficial de la Unión Europea. En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a doce días. Como regla general, los plazos establecidos por días se entenderán referidos a días naturales.

Conforme al TRCSLP, el acto formal y positivo de recepción o conformidad por parte de la Administración, para acreditar el cumplimiento de los contratos, deberá realizarse: Dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato. Dentro del mes siguiente a la presentación de la factura. Dentro de los dos meses siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato. Dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la factura.

De conformidad con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿a quien corresponde formular las políticas publicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno?. A la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Al Consejo Asesor para la Violencia de Género. A la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. A la Agencia Estatal contra la Violencia de Género.

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿Qué órgano es el encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad?. El Consejo Nacional de Discapacidad. La Dirección General de Servicios Sociales e Igualdad. La Agencia Estatal de Atención a la Discapacidad. La Oficina de Atención a la Discapacidad.

De acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la situación de dependencia se clasifica en los siguientes grados: Grado I Dependencia temporal; Grado II Dependencia permanente; Grado III Dependencia total. Grado I Dependencia moderada; Grado II Dependencia permanente; Grado III Gran Dependencia. Grado I Dependencia moderada; Grado II Dependencia severa; Grado III Gran Dependencia. Grado I Dependencia temporal; Grado II Dependencia severa; Grado III Dependencia total.

Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante TREBEP), en los Órganos de Selección: No podrá formar parte el personal con menos de cinco años de antigüedad como funcionario de carrera. La pertenencia a los mismos podrá, en determinado supuestos, ostentarse en representación o por cuenta de alguien. No podrán formar parte los funcionarios interinos. No podrá formar parte el personal funcionario que haya obtenido la prolongación de la permanencia en el servicio activo una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa.

Por Orden Ministerial se ha convocado un proceso selectivo y nombrado a su Tribunal. Contra la lista de aprobados del primer ejercicio se ha presentado un recurso de alzada ¿Quién deberá resolver el recurso según el artículo 14.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado?. El Presidente del Tribunal, por ser el responsable último de los actos del Tribunal. El Subsecretario, por tratarse de un asunto de personal. El Ministro por ser la autoridad que nombró el presidente del Tribunal. Ninguno, pues no cabe recurso contra las resoluciones del Tribunal.

De acuerdo con el Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Registro Central y las normas de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas, en el Registro Central de Personal deberá inscribirse: Al personal de la Administración Civil del Estado y sus Organismos autónomos, al personal civil al servicio de la Administración Militar y sus Organismos autónomos y al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social. Al personal de la Administración General del Estado, al personal al servicio de la Administración de las Comunidades Autónomas y al personal al servicio de las Entidades que integran la Administración local. Al personal de la Administración General del Estado, al personal al servicio de la Administración de las Comunidades Autónomas, al personal al servicio de las Entidades que integran la Administración local y al personal al servicio de las universidades. Al personal de la Administración Civil del Estado y sus Organismos autónomos, al personal civil al servicio de la Administración Militar y sus Organismos autónomos y al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social y el personal al servicio de las universidades.

El TREBEP se aplicará directamente, sin necesidad de que así lo disponga su legislación específica, al siguiente personal: Personal funcionario de las Cortes Generales. Personal del Centro Nacional de Inteligencia. Personal de las Universidades Públicas. Personal funcionario de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Un ordenanza, personal funcionario en activo de su Subdirección, ha aprobado un proceso selectivo para un contrato por obra y servicio en el Ayuntamiento de Madrid, y ha solicitado el pase a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Usted debe proponer: Su autorización, ya que el Ayuntamiento pertenece al sector público. Su denegación, ya que el Ayuntamiento no pertenece al sector público estatal. Su autorización, por estar prevista esta situación para el desempeño de puestos de personal laboral. Su denegación, ya que el desempeño de puestos de personal laboral temporal no habilita para pasar a esta situación administrativa.

Según el TREBEP, la renuncia a la condición de funcionario: Podrá ser aceptada en cualquier momento, incluso cuando el funcionario este sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito, quedando así libre de responsabilidad. Podrá ser aceptada cuando el funcionario este sujeto a expediente disciplinario, quedando así libre de responsabilidad. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario este sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. Podrá ser aceptada cuando haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito, aunque deberá satisfacer las indemnizaciones que hayan podido derivarse de la comisión del cdelito.

De acuerdo con el TREBEP, podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar: A los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas. A los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo ya sea de carácter provisional o definitivo, como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas. A los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo en servicios especiales en cualquiera de las Administraciones Públicas. A los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo como laboral fijo o temporal en cualquiera de las Administraciones Públicas.

Según el TREBEP, los funcionarios de carrera serán declarados en servicios especiales: Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de los órganos de gobierno de las Corporaciones Locales. Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo superior a tres meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. Cuando adquieran la condición e funcionarios al servicio de Organizaciones Internacionales. Cuando sean adscritos a los servicios de la Audiencia Nacional.

Señale la respuesta correcta según el TREBEP, en relación con la rehabilitación de la condición de funcionario: Solo podrá ser concedida como consecuencia de la pérdida de la nacionalidad, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivo. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder la rehabilitación, a petición del funcionario de quien hubiera perdido como sanción administrativa, la condición de funcionario por haber sido separado del servicio con carácter firme, y atendiendo a las circunstancias y entidad de la infracción cometida. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder con carácter excepcional, a petición del interesado la rehabilitación del funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder la rehabilitación del funcionario por haber perdido la condición de funcionario como consecuencia de jubilación forzosa.

Siguiendo las previsiones recogidas en el TREBEP, tendrán consideración de traslado forzoso: La movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género y de los funcionarios víctimas del terrorismo. La atribución temporal de funciones, la asignación definitiva de un puesto de trabajo como consecuencia de Planes de reordenación del empleo público y la movilidad interadministrativa derivada de un proceso de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas. La atribución temporal de funciones, la comisión de servicios de carácter forzoso, la movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género y el traslado de los funcionarios víctimas del terrorismo. El traslado del funcionario, su cónyuge o hijos a cargo por motivos de salud o de rehabilitación, la movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género y la de los funcionarios víctimas del terrorismo.

Según el TREBEP, la provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad: Con su Estatuto, y en su defecto, por la legislación laboral. Con lo que establezcan, exclusivamente, los convenios colectivos. Con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto, por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera. Con lo que establezca el Estatuto de Trabajadores.

Señale la respuesta correcta según el TREBEP: En la carrera horizontal de los funcionarios de carrera los ascensos serán, sin excepciones, consecutivos. Las modalidades de carrera de los funcionarios de carrera serán, en todo caso, la carrera horizontal, carrera vertical, la promoción interna horizontal. La aplicación de la carrera vertical requerirá la aprobación previa de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.

El nombramiento de un funcionario que reingresa al servicio activo desde la situación administrativa de excedencia por interés particular deberá efectuarse a través del procedimiento de: Comisión de servicios. Adscripción provisional. Atribución temporal de funciones. Redistribución de efectivos.

Un funcionario de otra Dirección General solicita un traslado por motivos de salud. Desde la Subdirección General de Recursos Humanos se estudia la posibilidad de que se incorpore un puesto de trabajo en la unidad deficitaria. En este caso, debe existir un puesto vacante dotado presupuestariamente de necesaria provisión que, además, deberá: Tener un nivel de complemento de destino y específico no superior al puesto de origen. Tener el mismo nivel de complemento de destino y específico que el puesto de origen. Tener un nivel de complemento de destino y específico inferior al puesto de origen. Coincidir en todas las características con el puesto de origen.

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas es aplicable: Únicamente al personal al servicio de la Administración General del Estado. A cualquier empleado público que desempeñe sus tareas en territorio nacional, incluidos funcionarios de la Unión Europea. Al personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales, entre otros. Al personal al servicio de las Administraciones Públicas que voluntariamente se sujete a ella.

Según el TREBEP, en lo relativo al Régimen Disciplinario: Las infracciones muy graves prescribirán a los seis años. Las infracciones graves prescribirán a los tres años. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a los seis meses.

NO se encuentra entre las contingencias protegidas por el mutualismo administrativo gestionado por Muface según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado: La necesidad de asistencia sanitaria. Las pensiones de jubilación. La incapacidad temporal. Las cargas familiares.

Según el III Convenio Único para el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado: El personal laboral de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba cuya duración será de cuatro meses para los grupos profesionales 1 y 2, de dos meses para los demás trabajadores, y de un mes para el personal no cualificado. El personal laboral de nuevo ingreso no estará sometido, en general, a un período de prueba. La circunstancia de poner fin a la relación laboral por parte de la Administración durante el período de prueba generará derechos de indemnización para el personal de nuevo ingreso. El personal laboral de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba de tres meses para los grupos profesionales 1 y 2, y de un mes para los demás trabajadores, excepto el personal no cualificado que será de 15 días laborales.

El presupuesto de Ingresos de la Administración General del Estado será elaborado por: El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Economía y Competitividad conjuntamente. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social conjuntamente. El Ministerio de Economía y Competitividad.

La estructura de los presupuestos generales del Estado y sus Anexos, teniendo en cuenta la organización del sector público estatal, la naturaleza económica de los ingresos y gastos y las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir, se determinará por: El Ministerio de Economía y Competitividad. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Economía y Competitividad conjuntamente. El Consejo de Ministros con informe favorable de la Dirección General de Presupuestos.

¿Cómo se define en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante LGPE) el concepto de Presupuestos Generales del Estado (PGE)?. Los PGE constituyen la expresión numérica, conjunta y sistemática de los ingresos y gastos de cada órgano y entidad que forman parte del sector público y privado estatal. Los PGE constituyen la expresión numérica, total y ordenada de los derechos y gastos a liquidar durante un año por cada uno de los órganos y entidades que constituyen el sector público estatal. Los PGE constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que constituyen el sector público estatal. Los PGE constituyen la expresión cifrada, total y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el año o años, si son plurianuales, por cada uno de los órganos y entidades que constituyen el sector público.

¿Qué clasificación en la estructura de los estados de gastos de los PGE agrupará sanciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros de gasto?. La clasificación por programas. La clasificación económica. La clasificación orgánica. El Fondo de Contingencia.

Los gastos destinados a satisfacer las indemnizaciones por razón del servicio, se aplicarán dentro del presupuesto de gastos al: Artículo 16. Artículo 23. Artículo 12. Artículo 22.

La sección "Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria" tendrá una dotación de crédito por importe del: 2 % del total de gastos para operaciones no financieras. 2 % del total de gastos para operaciones financieras. 3 % del total de gastos corrientes en bienes y servicios. 3 % del total de gastos para adquisición de activos y pasivos financieros.

El incremento de los créditos iniciales como consecuencia de ingresos no provistos por la venta de bienes y prestación de servicio podrá dar lugar a: Una incorporación de crédito. Un anticipo de caja fija. Una generación de crédito. Un gasto "a justificar".

El acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario, se denomina: Aprobación del gasto. Autorización del gasto. Disposición del gasto. Reconocimiento del gasto.

Certificada de conformidad una factura, se procederá a expedir el correspondiente documento contable de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago: A. A/. AD. OK.

Las pagas extraordinarias de los funcionarios públicos se devengan: El 30 de mayo y el 30 de noviembre de cada año. El 30 de junio y 30 de diciembre de cada año. El 1 de junio y 1 de diciembre de cada año. El 1 de enero y 1 de julio de cada año.

Un funcionario del centro gestor se desplaza a Murcia para comprobar la disponibilidad de los terrenos para las obras de accesibilidad. ¿A que capítulo del presupuesto de gastos se imputa la remuneración percibida por el funcionario por el gasto de desplazamiento?. Es un gasto personal imputable al capítulo 1. Es un gasto corriente en bienes y servicios que se imputa al capítulo 2. Es un anticipo y, por tanto, un gasto financiero imputable al capítulo 8. Es una transferencia corriente imputable al capítulo 4.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011 (TRLCSP), en el caso de que el órgano de contratación decida renunciar a celebrar un contrato o reiniciar el procedimiento: Se podrá acordar la renuncia o desistimiento del procedimiento en cualquier momento antes del reconocimiento de la obligación, y solo se compensará al adjudicatorio por los gastos que hubiese incurrido. Se podrá acordar la renuncia o desistimiento del procedimiento, cuando el contrato no haya sido anunciado en el Diario Oficial de Unión Europea. Se podrá acordar la renuncia o desistimiento del procedimiento antes de la adjudicación, y se compensará a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido. Se podrá acordar la renuncia o desistimiento del procedimiento antes de la adjudicación, y los licitadores no tendrán derecho a compensación alguna.

Conforme a lo establecido en el TRLCSP, los contratos que tienen por objeto al arrendamiento financiero o arrendamiento con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles son contratos de: Suministro. Servicios. Gestión de Servicios Públicos. Mixtos.

De acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), indique que tipo de subvenciones podrán concederse de forma directa: Las de concurrencia competitiva. Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango inferior a la ley, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. A propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, aquellas en que se acrediten razones de interés presupuestario.

Según la LGS, en una subvención quedarán exonerados de la constitución de garantía: Los beneficiarios de subvenciones por importe inferior a 10000,00 €. Las entidades que por ley estén obligados a la presentación de cauciones, fianzas o depósitos ante las Administraciones Públicas o sus organismos y entidades vinculadas o dependientes. Las entidades no lucrativas que desarrollen proyectos o programas de acción social y cooperación internacional. No existen supuestos que exoneren de la obligación de constituir garantía.

Desde el punto de vista del procedimiento de gasto, en la gestión subvenciones la fase del compromiso de gasto tiene lugar: Con la convocatoria de la subvención. Con la resolución de la concesión de la subvención. Con la justificación del beneficiario de la actividad para la que se concedió. Con la comprobación de la justificación de la subvención por el órgano concedente.