De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992), ¿en cual de los siguientes supuestos el acto administrativo puede tener eficacia retroactiva? Los que se dicten en sustitución de actos anulados Los actos sujetos a publicación Los actos por los que se acuerdan medidas provisionales Los actos necesitados de aprobación superior. Señale la respuesta correcta en cuanto a la forma de los actos administrativos según la Ley 30/1992: Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de distinta naturaleza, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado Los actos administrativos se producirán verbalmente a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano superior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. De acuerdo con la Ley 30/1992, la revisión de oficio de los actos administrativos: Deberá dictarse dentro del plazo de cuatro años desde que se dicto el acto administrativo Puede adoptarse con dictamen desfavorable del Consejo de Estado Se podrán adoptar respecto de los actos que tengan un contenido imposible La incoación debe ser de oficio, sin que sea posible a solicitud de interesado. Conforme a la ley 30/1992, señale cuando un acto administrativo incurre en "desviación de poder": Cuando su contenido es de imposible realización Puede adoptarse con dictamen desfavorable del Consejo de Estado Se podrá adoptar respecto de los actos que tengan un contenido imposible La incoación debe ser de oficio, sin que sea posible a solicitud de interesado. De conformidad con la Ley 30/1992, las medidas provisionales en el procedimiento administrativo: Iniciado el procedimiento, se adoptarán por el órgano instructor, previa audiencia a las partes y al órgano competente para resolver Iniciado el procedimiento, se adoptarán a instancia de parte únicamente para la protección provisional de intereses implicados Antes de la iniciación del procedimiento, podrán adoptarse en los casos de urgencia y para la protección provisional de intereses implicados Podrán adoptarse, previa presentación de fianza, aún en los casos en que puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación. Respecto al trámite de audiencia en el procedimiento administrativo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992: Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado Instruidos los procedimientos, y una vez redactada la propuesta resolución, se podrán de manifiesto a los interesados, o en su caso, a los representantes Los interesados, en un plazo no inferior a veinte días ni superior a treinta, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes En ningún caso se podrá prescindir del trámite de audiencia. Según el artículo 117 de la Ley 30/1992, el plazo para interponer el recurso de reposición cuando el acto es presunto será de: Tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto Cuatro años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada Un mes y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto Quince días y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En relación con los actos de trámite, señale la respuesta correcta conforme a la Ley 30/1992: Si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos son recurribles por los interesados mediante recurso de alzada y potestativo de reposición No son recurribles por los interesados, si bien la oposición a los actos de trámite podrá alegarse por aquellos para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento Si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos son recurribles por los interesados mediante recurso extraordinario de revisión ante el superior jerárquico del órgano administrativo que los dictó Si se hubiesen dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme, son recurribles por los interesados mediante recurso extraordinario de revisión ante el superior jerárquico del órgano administrativo que los dictó. El artículo 107 de la Ley 30/1992 regula el objeto y clases de recurso, estableciendo que: Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 Contra todos los actos de trámite podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, sí se funda en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley Contra las disposiciones administrativas de carácter general recurso en vía administrativa. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de: Las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Derechos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Las pretensiones que se deduzcan en relación con la actos y disposiciones de todo tipo, adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo Las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al derecho privado, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Derechos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Las pretensiones que se deduzcan en relación con la actos y disposiciones sujetas a Derecho Privado, adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. De conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), las penalidades por incumplimiento contractual No pueden ser superiores al 5 por ciento del presupuesto del contrato No pueden ser superiores al 10 por ciento del presupuesto del contrato No pueden ser superiores al 20 por ciento del presupuesto del contrato No pueden ser superiores al 15 por ciento del presupuesto del contrato. Respecto al plazo para la presentación de las proposiciones en los procedimientos abiertos, señale la respuesta correcta según TRLCSP: En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veinte días En procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, la publicación de la licitación en el BOE debe hacerse, en todo caso, con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para la presentación de las proposiciones en el Diario Oficial de la Unión Europea En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a doce días Como regla general, los plazos establecidos por días se entenderán referidos a días naturales. Conforme al TRCSLP, el acto formal y positivo de recepción o conformidad por parte de la Administración, para acreditar el cumplimiento de los contratos, deberá realizarse: Dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato Dentro del mes siguiente a la presentación de la factura Dentro de los dos meses siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato Dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la factura. De conformidad con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿a quien corresponde formular las políticas publicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno? A la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Al Consejo Asesor para la Violencia de Género A la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer A la Agencia Estatal contra la Violencia de Género. De conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿Qué órgano es el encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad? El Consejo Nacional de Discapacidad La Dirección General de Servicios Sociales e Igualdad La Agencia Estatal de Atención a la Discapacidad La Oficina de Atención a la Discapacidad. De acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la situación de dependencia se clasifica en los siguientes grados: Grado I Dependencia temporal; Grado II Dependencia permanente; Grado III Dependencia total Grado I Dependencia moderada; Grado II Dependencia permanente; Grado III Gran Dependencia Grado I Dependencia moderada; Grado II Dependencia severa; Grado III Gran Dependencia Grado I Dependencia temporal; Grado II Dependencia severa; Grado III Dependencia total. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante TREBEP), en los Órganos de Selección: No podrá formar parte el personal con menos de cinco años de antigüedad como funcionario de carrera La pertenencia a los mismos podrá, en determinado supuestos, ostentarse en representación o por cuenta de alguien No podrán formar parte los funcionarios interinos No podrá formar parte el personal funcionario que haya obtenido la prolongación de la permanencia en el servicio activo una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa. Por Orden Ministerial se ha convocado un proceso selectivo y nombrado a su Tribunal. Contra la lista de aprobados del primer ejercicio se ha presentado un recurso de alzada ¿Quién deberá resolver el recurso según el artículo 14.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado? El Presidente del Tribunal, por ser el responsable último de los actos del Tribunal El Subsecretario, por tratarse de un asunto de personal El Ministro por ser la autoridad que nombró el presidente del Tribunal Ninguno, pues no cabe recurso contra las resoluciones del Tribunal. De acuerdo con el Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Registro Central y las normas de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas, en el Registro Central de Personal deberá inscribirse: Al personal de la Administración Civil del Estado y sus Organismos autónomos, al personal civil al servicio de la Administración Militar y sus Organismos autónomos y al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social Al personal de la Administración General del Estado, al personal al servicio de la Administración de las Comunidades Autónomas y al personal al servicio de las Entidades que integran la Administración local Al personal de la Administración General del Estado, al personal al servicio de la Administración de las Comunidades Autónomas, al personal al servicio de las Entidades que integran la Administración local y al personal al servicio de las universidades Al personal de la Administración Civil del Estado y sus Organismos autónomos, al personal civil al servicio de la Administración Militar y sus Organismos autónomos y al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social y el personal al servicio de las universidades. El TREBEP se aplicará directamente, sin necesidad de que así lo disponga su legislación específica, al siguiente personal: Personal funcionario de las Cortes Generales Personal del Centro Nacional de Inteligencia Personal de las Universidades Públicas Personal funcionario de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Un ordenanza, personal funcionario en activo de su Subdirección, ha aprobado un proceso selectivo para un contrato por obra y servicio en el Ayuntamiento de Madrid, y ha solicitado el pase a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Usted debe proponer: Su autorización, ya que el Ayuntamiento pertenece al sector público Su denegación, ya que el Ayuntamiento no pertenece al sector público estatal Su autorización, por estar prevista esta situación para el desempeño de puestos de personal laboral Su denegación, ya que el desempeño de puestos de personal laboral temporal no habilita para pasar a esta situación administrativa. Según el TREBEP, la renuncia a la condición de funcionario: Podrá ser aceptada en cualquier momento, incluso cuando el funcionario este sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito, quedando así libre de responsabilidad Podrá ser aceptada cuando el funcionario este sujeto a expediente disciplinario, quedando así libre de responsabilidad No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario este sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito Podrá ser aceptada cuando haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito, aunque deberá satisfacer las indemnizaciones que hayan podido derivarse de la comisión del cdelito. Desde el punto de vista del procedimiento de gasto, en la gestión de subvenciones la fase del compromiso de gasto tiene lugar Con la convocatoria de la subvención Con la resolución de la concesión de la subvención Con la justificación del beneficiario de la actividad para la que se concedió Con la comprobación de la justificación de la subvención por el órgano concedente.
