JAND PRL A1 MEDICINA 2016
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Título del Test:
![]() JAND PRL A1 MEDICINA 2016 Descripción: JAND PRL A1 MEDICINA OFERTA 2015-2016 |



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1. No es función del Rey: a) Sancionar las leyes autonómicas. b) Convocar a referendum. c) Mando supremo de las Fuerzas Armadas. d) Nombrar a los miembros del Gobierno. 2. El derecho a la protección de la salud está reconocido por la Constitución: a) Entre los principios rectores de la política social y económica. b) Entre los derechos fundamentales y las libertades públicas. c) Entre los derechos y deberes de los ciudadanos. d) Entre las garantías de las libertades y derechos fundamentales. 3. Celebradas las elecciones generales, el Congreso electo será convocado: a) Por el Presidente del Congreso, entre los treinta y los sesenta días siguientes. b) Por el Rey, dentro de los veinticinco días siguientes. c) En la fecha que libremente establezca el real decreto de convocatoria. d) Dentro del plazo máximo de dos meses. 4. Según el artículo 148 de la CE en cuál de las siguientes materias podrán asumir competencias las Comunidades Autónomas: a) Sanidad exterior. b) Legislación laboral. c) Sanidad e higiene. d) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 5. La alteración de los límites de una provincia: a) No está permitida. b) Debe ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. c) Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma mediante decreto. d) Exige acuerdo de las Diputaciones provinciales afectadas por la alteración. 6. El Parlamento de Andalucía podrá delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley. ¿Cuál de las siguientes materias están excluidas?. a) Las Leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma. b) Las leyes relativas al desarrollo de los derechos y deberes regulados en el Estatuto de Autonomía. c) Las Leyes de reforma del Estatuto de Autonomía. d) Todas estas materias están excluidas. 7. La Unión Europea es un término adoptado por el Tratado de: a) Ámsterdam, de 1997. b) Roma, de 1957. c) Niza, de 2001. d) Maastricht, de 1992. 8. Según la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las estructuras funcionales básicas de preparación y gestión de los procedimientos en el ámbito funcional propio de las Consejerías y de las agencias administrativas son: a) Unidades administrativas. b) Servicios administrativos con gestión diferenciadas. c) Órganos directivos. d) Dirección generales. 9. La libre circulación de personas conlleva: a) La libertas de desplazamiento y residencia. b) La libre circulación de trabajadores. c) La libertad de establecimiento. d) Todas son verdaderas. 10. Conforme a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el órgano administrativo que se considere incompetente para la resolución de un asunto tiene la obligación: a) De remitir directamente las actuaciones al órgano competente. b) De plantear un conflicto de atribuciones cuando los órganos estén relacionados jerárquicamente. c) De abstenerse. d) De elevar la cuestión a su superior jerárquico para que adopte la decisión correspondiente. 11. Iniciado un procedimiento de revisión de oficio, el transcurso de plazo máximo para resolver produce: a) La revisión del acto administrativo. b) La desestimación de la solicitud. c) La caducidad del procedimiento. d) La declaración de nulidad de pleno derecho del acto administrativo. 12. La Ley de Contratos 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece en su artículo 1º, que en toda contratación pública se incorporarán de manera transversas y preceptiva: a) Criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato. b) Criterios relativos a la solvencia económica y financiera de la empresa adjudicataria. c) Su división en lotes. d) La garantía provisional. 13. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponde: a) A la mesa de contratación. b) Al titular de la Consejería u organismo que contrate. c) Al órgano de contratación. d) Al Consejo de Gobierno. 14. En la responsabilidad de las autoridades y funcionarios al servicio de la Administraciones Públicas: a) Los particulares exigirán la responsabilidad patrimonial directamente a las autoridades o funcionarios causantes del daño. b) La Administración exigirá de sus autoridades y personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido y después indemnizará a los lesionados. c) Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. d) Ninguna de las anteriores. 15. En materia de función pública andaluza, ¿a quién le corresponde imponer la sanción disciplinaria de separación del servicio del personal integrado en ella?. a) A la persona titular de la Consejería competente en materia de Administración Pública. b) A la persona titular de la Consejería donde preste su servicio el personal afectado. c) Al Consejo de Gobierno. d) A la persona titular de la Viceconsejería donde preste su servicio el personal afectado. 16. Las cuentas y la documentación que deban rendirse al Parlamento de Andalucía, Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas correspondientes a agencias, instituciones y sociedades mercantiles del sector público andaluz, se formarán y cerrarán: a) Mensualmente. b) Trimestralmente. c) Semestralmente. d) Anualmente. 17. ¿Quién se encarga de velar por la aplicación efectiva del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?. a) El Instituto Andaluz de la Mujer. b) Las Unidades de Igualdad de Género. c) La Consejería competente en materia de igualdad. d) La Comisión de coordinación de las políticas autonómicas y locales para la igualdad de género. 18. Tasas y precios públicos: a) Ambos términos significan lo mismo. b) Tienen en común que ambos son tributos. c) Tienen en común que no son tributos ninguno de los dos. d) La tasa es un tributo pero el precio público no. 19. En el ámbito andaluz, el órgano colegiado, de composición interdepartamental, con participación administrativa y social, y con función de asesoramiento y de investigación en materia de violencia de género en Andalucía es: a) Instituto Andaluz de la Mujer. b) Observatorio andaluz de la Violencia de Género. c) Comisión Institucional de Andalucía de Coordinación y Seguimiento de Acciones para la erradicación de la Violencia de Género. d) Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género. 20. La Administración de la Junta de Andalucía desarrolla funciones ejecutivas de carácter administrativas bajo la dirección de: a) Las Consejerías y Agencias Administrativas. b) El Parlamento de Andalucía. c) El Consejo de Gobierno. d) La Presidencia de la Junta de Andalucía. 21. Cuál de las siguientes no es una característica de los indicadores de salud: a) Son variables susceptibles de ser medidas y proporcionan una idea del estado de salud de las personas o comunidades. b) Deben ser exactos (miden aquello que quieren medir) y fiables (obtienen el mismo resultado cuando se utilizan en condiciones similares). c) Deben ser precisos (miden con poca variabilidad aleatoria). d) Se basan en datos difíciles de obtener y son de cálculo e interpretación compleja. 22. El término "condición de trabajo" se define como: a) Las características del trabajo que influyen favorablemente en la salud de las personas trabajadoras. b) Las condiciones de seguridad e higiene donde se realiza el trabajo. c) Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. d) La forma en la que se organizan los ritmos y turnos de trabajo. 23. En relación con las técnicas de seguridad en el trabajo, el "árbol de causas" o "árbol causal" es: a) Una técnica analítica posterior al accidente de trabajo. b) Una técnica operativa anterior al accidente de trabajo. c) Una técnica analítica de diseño de equipos de trabajo. d) Una técnica operativa de diseño de puestos de trabajo. 24. La rama de la higiene industrial que se ocupa de la determinación cuantitativa y cualitativa de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo se denomina: a) Higiene Teórica. b) Higiene Operativa. c) Higiene de Campo. d) Higiene Analítica. 25. En relación con las auditorías de los sistemas de prevención de las empresas, señale la afirmación incorrecta: a) La auditoría es un instrumento de gestión del sistema de prevención de las empresas, que valoran su eficacia y detectan deficiencias que pueden dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente. b) La primera auditoría deberá llevarse a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva. c) La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando las empresas realicen actividades incluidas en el anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, en cuyo caso el plazo será de dos años. d) Deberán someter su sistema de gestión de prevención al control de una auditoría únicamente las empresas que hubiesen concertado el servicio de prevención con una entidad especializada. 26. Cuál de los siguientes no es un objetivo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020: a) Modificar el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. b) Definir los criterios de aplicación del cuadro de enfermedades profesionales con los facultativos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y con lo de las Entidades Colaboradoras. c) Elaborar criterios homogéneos de evaluación de las actuaciones de carácter sanitario que se realizan en las empresas por los servicios de prevención. d) Diseñar y, en su caso, actualizar las guías de vigilancia de la salud y protocolos, acordes con el estado actual de la ciencia y la normativa. 27. En relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: a) El derecho de las personas trabajadoras a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen. b) El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado a la persona trabajadora una incapacidad superior a un día. c) Cuando con ocasión de la vigilancia de la salud aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario realizará una investigación al respecto. d) Siempre será voluntaria para la persona trabajadora. 28. Que normativa recoge y tipifica las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales: a) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. b) La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. c) La Ley reguladora de la Jurisdicción Social. d) El Estatuto de los Trabajadores. 29. Como se indemnizan las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes causadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: a) Las patologías no invalidantes no se indemnizan. b) Se indemnizan, por una sola vez, con la cantidad alzada recogida en el baremo que al efecto establece el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. c) Se indemnizan de una sola vez con una cantidad equivalente al 75 por ciento de la base reguladora por contingencias profesionales. d) Dan derecho a una pensión por incapacidad permanente parcial para su trabajo habitual. 30. En relación con el procedimiento para la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, señale la respuesta incorrecta: a) El procedimiento se inicia a instancia de la trabajadora mediante un informe que debe solicitar a su facultativo del Servicio Público de Salud. b) En el procedimiento, la empresa debe emitir un certificado sobre la actividad y las condiciones del puesto de trabajo. c) La prestación económica mensual a percibir por la trabajadora equivale al 50 por ciento de la base reguladora establecida para contingencias profesionales. d) La gestión y el pago de las prestaciones económicas por riesgo durante el embarazo corresponde a la entidad gestora o mutua colaboradora de la seguridad social con la que la empresa tenga concertada la cobertura de las contingencias profesionales. |





