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JCYL PRL 20220304

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Título del Test:
JCYL PRL 20220304

Descripción:
JCYL PRL OFERTA 2021

Fecha de Creación: 2025/12/13

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 90

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1. ¿En qué tipo de procedimiento la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados?. a) En todos los procedimientos. b) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial. c) En los procedimientos sancionadores.

2. Los representantes de los trabajadores con competencia en materia de prevención de riesgos laborales son: a) Los miembros de la Junta de personal, Junta Facultativo y junta de Enfermería. b) El Servicio de Medicina Preventiva. c) Los delegados de prevención.

3. Una de las siguientes afirmaciones es falsa: a) La Constitución establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. b) La Constitución admite que el matrimonio podrá ser disuelto. c) La Constitución dispone que la edad y la capacidad del hombre y la mujer para contraer matrimonio se alcanza con la mayoría de edad.

4. El principio de minimización de datos del artículo 5.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos determina que los datos personales serán: a) Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. b) Exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. c) Tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado.

5. En la solicitud de acceso a la información pública el solicitante no está obligado a: a) declarar su identidad. b) motivar la solicitud de acceso a la información. c) indicar una dirección de contacto, preferentemente electrónica.

6. Conforme al Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las autoridades y el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León utilizarán los sistemas de firma electrónica que se determinen en cada caso, entre los siguientes (señalar la que NO corresponde): a) Firma basada en el Documento Nacional de Identidad electrónico. b) Firma basada en certificado de empleado público al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, expresamente emitido con esta finalidad. c) Sistemas de código seguro de verificación en el desarrollo de actuaciones administrativas no automatizadas.

7. Según el TREBEP, podrán constituirse Mesas Sectoriales de Negociación: a) Por acuerdo de cada Administración Pública y de las organizaciones sindicales más representativas en el sector de personal correspondiente. b) Por acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de cada Administración Pública y dependientes de ellas. c) Para la negociación de aquellas materias y condiciones de trabajo específicas del personal docente y estatutario sanitario de los Servicios de Salud.

8. Los conflictos de atribuciones entre consejerías se resuelven por: a) el Consejo de Gobierno. b) la Comisión Delegada de carácter temporal establecida para asuntos que afecten a dos o más Consejerías. c) el Presidente de la Junta de Castilla y León.

9. Los símbolos de identidad exclusiva de la comunidad de Castilla y León son: a) Blasón, bandera y pendón de Castilla y León. b) Blasón, bandera e himno de Castilla y León. c) Bandera, blasón, pendón e himno de Castilla y León.

10. El derecho de acceso de las personas interesadas que se relacionen electrónicamente con las Administraciones Públicas al expediente electrónico y, en su caso, a la obtención de copia total o parcial del mismo, se entenderá satisfecho mediante: a) Comparecencia apud acta señalando el interés en el acceso. b) La puesta a disposición de dicho expediente en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en la sede electrónica o sede electrónica asociada que corresponda. c) La notificación en la carpeta del ciudadano de cada uno de los actos administrativos que contienen el expediente.

11. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado: a) Por un período no renovable de cuatro años mediante Real Decreto, a propuesta del Parlamento. b) Por un período no renovable de cuatro años mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno. c) Por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda.

12. Los plazos expresados en días se contarán: a) se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la producción del acto de que se trate. b) se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. c) se contarán a partir del mismo día a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

13. Señale cual de estos ODS se integra en la Agenda 2030: a) Gestionar económica y públicamente los bosques. b) Luchar contra la desertificación. c) Detener e invertir en la degradación de las tierras y detener la biodiversidad.

14. ¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 se contiene el derecho a la libertad y seguridad individual?. a) En el artículo 21. b) En el artículo 17. c) En el artículo 18.

15. En la Administración de la Comunidad de Castilla y León las competencias de los distintos órganos directivos centrales se determinan en. a) los decretos de estructura orgánica. b) las órdenes de desarrollo de estructura orgánica. c) las relaciones de puestos de trabajo.

16. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece para los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas: a) Que los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. b) Que los interesados solo podrán firmar electrónicamente cuando se les haya autorizado previamente por la Administración. c) Podrán hacerlo cuando estén basados en acreditadores electrónicos.

17. Cada política pública: a) Genera su propio entramado de organizaciones e intereses. b) Sigue un protocolo determinado de representación institucional. c) Utiliza el entramado de los Grupos de presión debidamente regulados.

18. Dentro de las iniciativas 2020-2023 establecidas en desarrollo de los ejes de acción para la implementación en Castilla y León de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, la iniciativa “Estrategia de Educación Ambiental” se incluye dentro del eje relativo a: a) Formación colectivos clave. b) Sensibilización. c) Coherencia de Políticas y alineación estratégica.

19. Diga cuál de las siguientes no es una competencia exclusiva de la comunidad: a) Defensa de los consumidores y usuarios. b) Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía. c) Denominaciones de origen y otras protecciones de calidad relativas a productos de Castilla y León. Organización de los Consejos Reguladores y entidades de naturaleza equivalente.

20. En el concurso de traslados en el que las personas trabajadoras cesadas en un puesto ocupado por el procedimiento de libre designación ejerciten el derecho preferente, esta preferencia comprenderá la ocupación de puestos vacantes: a) En la localidad correspondiente al puesto obtenido por libre designación, siempre que en este hubieren permanecido un periodo mínimo de seis meses. b) En la localidad en que se encuentre el puesto al que hayan quedado adscritos provisionalmente tras su cese en el puesto obtenido por libre designación. c) En la localidad correspondiente al último destino definitivo obtenido por procedimiento distinto al de la libre designación.

21. ¿Están obligadas las distintas Administraciones Públicas a mantener un sistema integrado de información Administrativa?. a) No, porque cuando se necesita información se hace una solicitud expresa. b) Sí, en el que se incluirán datos actualizados referentes a los diferentes ámbitos de su actividad administrativa. c) No, porque cada Administración Pública ya dispone de sus sedes electrónicas.

22. ¿Cuáles son los Órganos de participación en Castilla y León, en materia de igualdad entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género: a) Consejo Económico y Social y Consejo Regional de la Mujer. b) Consejo Regional de la Mujer y Observatorio de la Comunidad de Castilla y León (sección de género). c) Consejo Regional de la Mujer y Consejo contra la Violencia de Genero de Castilla y León.

23. Son principios relativos al tratamiento de datos de carácter personal: a) La licitud, lealtad, transparencia y la integridad y confidencialidad. b) La rendición de cuentas y la información. c) La maximización de datos y la responsabilidad reactiva.

24. La función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales corresponde: a) A la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional. b) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. c) Al servicio de Medicina preventiva.

25. Mediante Acuerdo de 20 de mayo de 2021, de la Junta de Castilla y León se da público conocimiento de los grandes ejes de acción que permitan la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la labor diaria de toda la Administración, de forma homogénea. Estos ejes son: a) Cuatro. b) Once. c) Ocho.

26. Qué principio aparece en el Preámbulo CE y no en su artículo 1.1: a) Libertad. b) Justicia. c) Seguridad.

27. Según el convenio, en los procesos selectivos de personal laboral fijo de nuevo ingreso convocados por el sistema de concurso-oposición, las pruebas teórico-prácticas: a) Se valorarán de 0 a 20 puntos y representarán el 70 por ciento del total de la valoración del proceso selectivo. b) Se valorarán de 0 a 10 puntos y representarán el 75 por ciento de la valoración total del proceso selectivo. c) Se valorarán de 0 a 20 puntos y representarán el 85 por ciento de la valoración total del proceso selectivo.

28. Las situaciones administrativas se regulan por la LFPCYL en: a) El capítulo V del título IV. b) El capítulo VI del título IV. c) El capítulo VII del título IV.

29. Los Viceconsejeros ejercen competencias. a) sobre el sector de actividad administrativa asignado que le atribuya la norma de creación del órgano, las demás normas en vigor, y las demás que se le desconcentren o deleguen. b) en cada uno de los órganos directivos en que se estructura la Consejería. c) por delegación del Consejero.

30. Una de las principales novedades en el ámbito electrónico de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas es: a) La separación entre identificación y firma electrónica. b) La posibilidad de que en las declaraciones responsables no sea obligatorio el uso de la firma electrónica, pues basta con identificarse. c) No existe diferenciación entre identificación y firma electrónica.

31. ¿Qué define la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos?. a) Con carácter general, define los roles de los agentes que participan en los intercambios intermediados de datos. b) Establece las condiciones relativas a los procesos de intercambio intermediado de datos para el uso exclusivo de los Entes Públicos de derecho Privado. c) Establece las condiciones para la creación de herramientas corporativas electrónicas en las distintas Administraciones Públicas.

32. El responsable del tratamiento debe atender los derechos comprendidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos: a) En el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud del interesado. b) En el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud del interesado, que podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, según la complejidad y el número de solicitudes. c) En el plazo de tres meses como máximo desde la recepción de la solicitud del interesado.

33. Según el artículo 5 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, las políticas públicas deberán: a) Estar formuladas mediante proyecciones en todos sus aspectos técnicos. b) Estar basadas en evidencias. c) Responder a las necesidades de las instituciones públicas, identificar su valor público y/o privado a partir de criterios y definir una métrica que permita su formulación.

34. La meta consistente en que “De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor” forma parte del ODS siguiente: a) Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. b) Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. c) Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

35. El Libro blanco para la mejora de los servicios públicos se editó en el año 2000 por: a) El Ministerio de Administraciones Públicas. b) La Comisión Europea. c) La Junta de Castilla y León.

36. ¿Cómo se identifican electrónicamente las Administraciones Públicas?. a) Mediante sellos electrónicos, aunque no es necesario que incluyan el número de identificación fiscal. b) Mediante un sello electrónico basado en un certificado reconocido o cualificado. c) Mediante un sistema de claves concertadas.

37. Con relación a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno: a) Al menos dos veces al año convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. b) Está compuesta entre otros por el Defensor del Pueblo. c) Al menos una vez al año convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.

38. En relación con la Comisión de Transparencia, que regula el Título II de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, el secretario: a) Tendrá voz, pero no voto. b) Tendrá voz y voto. c) No tendrá ni voz ni voto.

39. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es aprobada por: a) La Asamblea General de la ONU. b) El Parlamento Europeo. c) El Consejo de Europa.

40. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con: a) Cualquiera de ellos. b) Con el representante legal de los interesados, y en su defecto con el que figure en último término. c) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

41. El derecho a participar en los asuntos públicos: a) Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, tanto para el sufragio activo como para el pasivo en las elecciones municipales. b) Sólo corresponde a los ciudadanos españoles. c) Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, pero sólo para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.

42. La presidencia de la Comisión de Secretarios Generales de la Junta de Castilla y León: a) corresponderá al Secretario General de menor edad, y, en caso de ausencia, al de mayor edad. b) se ejercerá por el Secretario General que designe el Presidente de la Junta de Castilla y León. c) se establecerá por Decreto de la Junta de Castilla y León.

43.- La ubicación de los servicios se hará atendiendo a criterios de: indicar el incorrecto. a) Descentralización. b) Eficacia. c) Igualdad y Equidad.

44. Dependerán orgánica y funcionalmente, a través del Delegado Territorial, de los diversos órganos superiores y directivos que correspondan por razón de la materia o del contenido de sus atribuciones: a) los servicios territoriales, cuando no existan departamentos territoriales. b) los Secretarios territoriales, en todo caso. c) los Secretarios territoriales cuando no existan departamentos territoriales, y, en todo caso, los servicios territoriales.

45. Según el convenio, el régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el título XI del propio convenio, por: a) La legislación laboral. b) La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. c) El Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.

46. Indique a qué órgano superior en materia de Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León le corresponde aprobar las medidas que garanticen los servicios mínimos en los casos de huelga de empleados públicos que afecte con carácter general a toda la Administración Autonómica: a) A la Junta de Castilla y León, a propuesta de las Consejerías de la Comunidad Autónoma. b) Al Consejero competente en materia de Función Pública, a propuesta de las restantes Consejerías de la Comunidad Autónoma. c) A la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero competente en materia de Función Pública previa iniciativa de las Consejerías de la Comunidad Autónoma.

47. El derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Es un derecho de los ciudadanos. b) Es un derecho de los interesados en un determinado procedimiento. c) Es un derecho de las personas.

48. ¿Cómo deben conservarse los documentos electrónicos?. a) Se pueden conservar en el mismo formato a partir del que se originó el documento, o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. b) No es necesario trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. c) No existen unas condiciones predeterminadas de cómo deben conservarse los documentos electrónicos.

49. En materia de reutilización de información del sector público en la Comunidad de Castilla y León: a) La competencia para ordenar la incoación del procedimiento sancionador en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos corresponde al órgano que dictó la resolución de reutilización. b) La competencia para ordenar la incoación del procedimiento sancionador en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos corresponde al órgano que tramitó el expediente de reutilización. c) La competencia para ordenar la incoación del procedimiento sancionador en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos corresponde al superior jerárquico inmediato del órgano que dictó la resolución de reutilización.

50. En una evaluación de riesgos, cuando consideramos una probabilidad baja y unas consecuencias dañinas, decimos que el riesgo es. a) Moderado. b) Importante. c) Tolerable.

51. La discapacidad se define como: a) Deficiencias previsiblemente permanentes que presentan las personas. b) Cualquier tipo de barreras que limiten o impidan la participación plena y efectiva en la sociedad, a las personas con deficiencias en igualdad de condiciones con las demás. c) Situación que resulta de la interacción de los dos elementos referidos en las anteriores.

52. En cuanto a la Seguridad Social: a) La asistencia y prestaciones complementarias a la Seguridad Social son obligatorias. b) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para la población activa. c) Garantizará la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

53. La higiene industrial es la disciplina que se ocupa de estudiar los daños a la salud que aparecen: a) debido a la exposición prolongada en el tiempo a lo largo de toda la vida laboral a contaminantes. b) debido a la carga mental del trabajo. c) cuando se produce un accidente de trabajo.

54. Las personas que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte en un procedimiento administrativo, aunque no hayan iniciado el mismo: a) Tiene la condición de interesado. b) Tiene la condición de legítimo afectado. c) No tienen la condición de interesado.

55. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio técnico de los mencionados en la LTAIBG al que debe atenerse la información publicada en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado?. a) Compatibilidad. b) Interoperabilidad. c) Reutilización.

56. ¿Qué establece la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales?. a) Normaliza los intercambios registrales entre las oficinas de registro para garantizar su interoperabilidad y, permite la adecuación de los intercambios a las nuevas necesidades de las oficinas de registro. b) Establece los requisitos para las actuaciones administrativas automatizadas. c) La Norma técnica de interoperabilidad de modelos de datos no aborda el intercambio de asientos registrales.

57. Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la participación ciudadana se desarrollará a través de las audiencias, foros de consulta, paneles y demás instrumentos que se establezcan en la presente ley, en otras leyes sectoriales o en normas reglamentarias. El resultado de dichas acciones: a) No tendrá carácter vinculante para la Administración Autonómica. b) Tendrá carácter vinculante para la Administración Autonómica. c) Se tendrá en cuenta en la elaboración del plan normativo anual.

58. Las consejerías celebrarán un consejo de dirección fuera de su sede ordinaria: a) de manera periódica. b) de manera excepcional. c) al principio de cada semestre.

59. Respecto de los castellanos y leoneses en el exterior, el estatuto establece que, sin perjuicio de las competencias del estado, el alcance y contenido del reconocimiento a estos ciudadanos procedentes de la comunidad que residen en otras comunidades autónomas o fuera del territorio nacional habrá de hacerse: a) Por la Junta de Castilla y León. b) Por la Administración de Castilla y León. c) Por Ley de Cortes de Castilla y León.

60. La competencia para plantear la cuestión de confianza ante las Cortes de Castilla y León corresponde: a) al Presidente de la Junta. b) al Presidente, previa deliberación de la Junta. c) al Presidente, previa acuerdo de la Junta.

61. De acuerdo con la Constitución Española la Ley regulará, la audiencia de los ciudadanos, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten: a) Solamente de forma directa. b) A través de las organizaciones y asociaciones inscritas en los registros correspondientes. c) Directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley.

62. El complemento de nocturnidad retribuye los servicios prestados en el periodo comprendido entre: a) Las 10 de la noche y las 6 de la mañana. b) Las 10 de la noche y las 7 de la mañana. c) Las 12 de la noche y las 8 de la mañana.

63. Señale la respuesta FALSA respecto a la solicitud de acceso a la información pública según la LTAIBG: a) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. b) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24. c) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de 15 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

64. ¿Forman parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones y resúmenes?. a) Sí. b) No. c) Si, en el supuesto de que estén firmados electrónicamente.

65. Los Equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad están formados, en todo caso, por. a) profesionales del área sanitaria exclusivamente. b) profesionales del área social y del área sanitaria. c) Profesionales del área socio-sanitaria y del área jurídico- procedimental.

66. La tipología de las Políticas Públicas por categorías funcionales es la siguiente: a) Políticas regulativas, redistributivas, distributivas y constitutivas. b) Políticas regulativas, sociales, distributivas y constitutivas. c) Políticas regulativas, sociales, redistributivas, distributivas y constitutivas.

67. ¿Cuál es el propósito principal de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo?. a) Identificar oportunidades de mejora en los procesos de producción. b) Identificar y controlar los peligros para la salud y seguridad de los trabajadores. c) Realizar un seguimiento de las horas trabajadas por cada empleado.

68. Los derechos y deberes de los ciudadanos de Castilla y León son: a) Los establecidos en la Constitución Española. b) Los establecidos en la Constitución Española, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma por el presente Estatuto de Autonomía. c) Los establecidos en la Constitución Española, en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por España, en el ordenamiento de la Unión Europea, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma por el presente Estatuto de Autonomía.

69. En la Administración de la Comunidad de Castilla y León corresponde a cada Consejero: a) inspeccionar su Consejería, así como las entidades vinculadas o dependientes de la misma. b) elaborar el anteproyecto del presupuesto correspondiente a su Consejería y desarrollar el control presupuestario. c) ninguna de las anteriores.

70. Por su contenido, el Decreto 13/2021, de 20 de mayo, clasifica la información administrativa en: a) General o particular. b) Notificación o comunicación. c) Información pública o privada.

71. El objeto del Decreto 7/2016, de 17 de marzo, consiste en: a) Regular en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en desarrollo de lo previsto en el capítulo III del título I de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. b) Regular en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en desarrollo de lo previsto en el capítulo IV del título I de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. c) Regular en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en desarrollo de lo previsto en el capítulo II del título I de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

72. Según el artículo 57 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos supondrá la adopción y aplicación de modelos comúnmente aceptados, que permitan: a) Observar la desviación en los resultados obtenidos de las distintas unidades administrativas y el intercambio de experiencias. b) El empleo de índices de medición estándares y comunes que permitan contrastar los elementos esenciales de la política pública. c) La comparación de sus resultados entre las distintas unidades administrativas o Administraciones públicas y el intercambio de experiencias.

73. En todo lo no previsto en el convenio colectivo, es decir, el derecho supletorio se regula en: a) La disposición adicional sexta del convenio. b) La disposición adicional novena del convenio. c) La disposición final.

74. Según el artículo 60 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la evaluación de las políticas públicas podrá realizarse: a) Por la propia Administración, sea con medios propios o contratando servicios de terceros. b) Externamente por entidades y organismos estatales. c) Por la propia Administración, sea con medios propios independientes o contratando una consultoría para ello.

75. El Reglamento General de Protección de Datos se aplica: a) Al tratamiento efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. b) Al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. c) Al tratamiento efectuado por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención.

76. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad, de sus organismos autónomos y de sus entes públicos de derecho privado cuando ejerzan potestades administrativas, la resolución estimatoria de la solicitud de acceso se pronunciará, siempre que sea posible: a) Sobre la reutilización de los documentos facilitados, cuando esta se haya solicitado. b) Sobre la reutilización de los documentos facilitados, aunque esta no se haya solicitado. c) Sobre la reutilización de los documentos no facilitados, cuando esta se haya solicitado.

77. ¿Ofrece nuestra Administración algún dato a través de la Plataforma de intermediación de datos de la Administración del Estado, para que pueda ser consultado por otras Administraciones Públicas?. a) No, a nuestros datos solo pueden acceder los Organismos de nuestra Administración. b) Sí, tenemos a disposición de otras Administraciones Públicas los datos de discapacidad y familia numerosa. c) Sí, tenemos a disposición de otras Administraciones Públicas los datos de estar al corriente de pago con nuestra Hacienda.

78. Una de las finalidades principales de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el ámbito electrónico es: a) Actualizar e integrar criterios jurisprudencias respecto a los contenidos de las Leyes 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas, y de la Ley 50/1992, de 23 de noviembre sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. b) Profundizar en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico. c) Desarrollar la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

79. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En las representaciones diplomáticas u oficinas consultares de los países extranjeros en España. b) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. c) En las oficinas de asistencia en materia de archivos.

80. Resulta incompatible con el cargo de Presidente de la Junta de Castilla y León: a) el ejercicio de toda actividad profesional o mercantil y con cualquier otra función pública que no derive de su condición de Procurador en Cortes o de su cargo, a excepción de la de Senador. b) el cargo de Senador. c) el ejercicio de cualquier otra función pública, a excepción de la de Procurador de las Cortes de Castilla y León.

81. En sus relaciones con los ciudadanos, la Administración de la Comunidad de Castilla y León actúa con: a) objetividad y transparencia con arreglo a los principios de simplicidad, claridad y proximidad, agilidad en los procedimientos administrativos y en las actividades materiales de gestión y con pleno respeto a sus derechos. b) objetividad y eficiencia en el uso de los recursos, con arreglo a los principios de simplicidad, claridad y proximidad, racionalización de sus procedimientos y actuaciones, y pleno respeto a sus derechos. c) objetividad, proximidad, responsabilidad y racionalización de sus procedimientos, con pleno respeto a sus derechos.

82. ¿Cuántas AREAS ESTRATÉGICAS tiene el Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025?. a) 5. b) 6. c) 7.

83. El Consejo de la Función Pública estará integrado, entre otros miembros, por: a) Los representantes del personal en número inferior al de representantes de la Administración, a determinar reglamentariamente, designados por las organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad respectiva. b) Doce representantes del personal, designados por las organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad respectiva. c) Quince representantes del personal, designados por las organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad respectiva.

84. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Esclarece la separación entre identificación y firma electrónica. b) Establece la obligación por parte de la Administración de contar con un sistema general de accesibilidad electrónica. c) Excluye de las relaciones electrónicas a los Entes Públicos de derecho privado.

85. De conformidad con el artículo 16.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las oficinas de asistencia en materia de registros emitirán el correspondiente recibo: a) Que acredite la fecha y hora de presentación a registro. b) Que acredite los documentos aportados a registro y su respectiva naturaleza jurídica. c) En el caso de que sea así solicitado por las personas interesadas.

86. Según el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la ley garantizará los siguientes derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica: a) A un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en el plazo legalmente establecido. b) A un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en el plazo más breve posible. c) A un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en un plazo razonable.

87. La Agencia Española de Protección de Datos: a) Es un organismo autónomo. b) Es una entidad pública empresarial. c) Es una autoridad administrativa independiente.

88. En materia de reutilización de información del sector público en la Comunidad de Castilla y León, la competencia para imponer sanciones corresponde: a) Al titular de la consejería o del máximo órgano de dirección del organismo autónomo en cuyo poder obren los documentos en las infracciones leves. b) Al titular de la consejería o del máximo órgano de dirección del organismo autónomo en cuyo poder obren los documentos en las infracciones graves. c) Al titular de la consejería o del máximo órgano de dirección del organismo autónomo en cuyo poder obren los documentos en las infracciones leves y graves.

89. La disposición adicional decimoséptima del TREBEP lleva por título: a) Días adicionales de vacaciones por antigüedad. b) Medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo público. c) Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación.

90. ¿Cómo se denomina el documento, emitido por los Servicio Sociales en el procedimiento de valoración de la situación de dependencia, en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades a la persona?. a) Plan integral de Intervención. b) Programa Individual de Atención. c) Protocolo de actuación personalizado.

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