JOTA001

¿En qué fecha se aprobó por las Cortes Generales la Constitución Española?. 31 de octubre de 1978. 31 de octubre de 1976. 30 de octubre de 1978. 6 de diciembre de 1978.

¿En qué fecha se ratificó por referéndum popular la Constitución Española?. 31 de octubre de 1978. 31 de octubre de 1976. 30 de octubre de 1978. 6 de diciembre de 1978.

¿En qué fecha se sancionó y promulgó por el Rey Juan Carlos I la Constitución Española?. 31 de octubre de 1978. 27 de diciembre de 1978. 30 de octubre de 1978. 6 de diciembre de 1978.

¿En qué fecha se publicó en el BOE y entró en vigor la Constitución Española?. 31 de octubre de 1978. 29 de diciembre de 1978. 30 de octubre de 1978. 6 de diciembre de 1978.

Según la Constitución Española, el derecho a la protección de la salud contemplado en el artículo 43: Solo pueden ser tutelados ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario. Ha de ser desarrollado mediante Ley Orgánica. Sólo podrá ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Es susceptible de tutela a través de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

A la vista del artículo 26 del Estatuto de Autonomía, una de las siguientes NO está entre las materias respecto de las cuales la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva: Régimen local. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Creación o supresión de municipios y alteración de los términos municipales comprendidos en su territorio. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

Según el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, el Gobierno responde políticamente ante la Asamblea: De forma mancomunada, sin que pueda derivarse responsabilidad política individual de los Consejeros ante la Cámara por su gestión sectorial. De forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión. De forma mancomunada, siendo el Presidente el responsable último de la coordinación de las diferentes Consejerías. A través del Presidente de la Comunidad, quien como jefe del Ejecutivo asume la responsabilidad única y global de la acción política del Gobierno.

Según el artículo 64 de la Ley 1/1984, ¿cómo se autoriza la constitución y disolución de sociedades mercantiles de la Comunidad de Madrid?. Por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Asamblea de Madrid. Por orden de la Consejería competente en materia de hacienda, previa autorización de la Asamblea de Madrid. Por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de hacienda. Por acuerdo de la Asamblea de Madrid, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de hacienda.

¿Cuántos artículos componen la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid?. 80 artículos. 76 artículos. 89 artículos. 90 artículos.

Según la Ley 50/1997 del Gobierno, los reglamentos se ordenarán de la siguiente jerarquía: 1.º Disposiciones aprobadas por Decreto Legislativo del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros; 2.º Disposiciones aprobadas por Orden. 1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros; 2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. 1.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial; 2º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros. 1.º Disposiciones aprobadas por Reglamento del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros; 2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.

Según el artículo 1 CC, señale la respuesta correcta : Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado». Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación directa en España en tanto hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado». La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el supuesto de que el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, ¿cuál es el órgano competente para convalidar un acto anulable?. El órgano competente cuando sea el que dictó el acto viciado. El órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. El órgano competente que ordene la ejecución del acto. El órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados en el procedimiento sean desconocidos, la notificación de un acto administrativo se hará por medio de anuncio publicado en: Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Boletín Oficial del Estado. Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Boletín Oficial de la Provincia.

¿Qué tipo de recurso administrativo se podrá interponer contra el acuerdo de acumulación?. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de alzada. No cabe recurso alguno.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la aceptación de informes servirá de motivación a la resolución: Cuando la resolución se remita a ellos. Cuando se incorporen al expediente. Cuando hayan sido notificados a los interesados. Cuando la resolución los incorpore al texto de la misma.

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo: De dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. De un mes contado desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. De cuatro meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. De tres meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

Señale la respuesta incorrecta.Como otros modos de terminar el proceso contencioso, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa regula: El allanamiento. La renuncia procesal. La satisfacción extraprocesal. El desistimiento del recurrente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando el afectado del tratamiento presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que éste responda en el plazo máximo de: Un mes a contar desde la recepción de la reclamación. Veinte días a contar desde la recepción de la reclamación. Seis meses a contar desde la recepción de la reclamación. Dos meses a contar desde la recepción de la reclamación.

En relación a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que regula el tratamiento datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos, indique la respuesta incorrecta: La norma que prevea el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable en la que se funde el tratamiento de datos personales podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable cuando así lo prevea una norma nacional o de Derecho de la Unión Europea. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea: Superior a tres años. Igual o superior a tres años. Igual o superior a cinco años. Igual o superior a dos años.

Según el artículo 75 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, los funcionarios de la Comunidad de Madrid tienen derecho a: Las indemnizaciones por razón del servicio establecidas exclusivamente por la legislación del Estado. Las indemnizaciones por razón del servicio que determine anualmente la Comunidad de Madrid, con independencia de la legislación del Estado. Las indemnizaciones por razón del servicio que se establezcan mediante convenio colectivo. Las indemnizaciones por razón del servicio que reglamentariamente se establezcan, y de conformidad con la legislación del Estado.

Según lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es una causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera: La pena principal de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga respecto a todos los empleos o cargos que tuviere. La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga y respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia. La pena accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga respecto a todos los empleos o cargos que tuviere. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley General de la Seguridad Social, con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran corresponder, la infracción del deber de sigilo, salvo en los casos de los delitos citados en dicho precepto, se considerará siempre: Falta disciplinaria leve. Falta disciplinaria muy grave. Falta disciplinaria grave. Falta disciplinaria grave o muy grave.

De acuerdo con el artículo 23 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la obligación de asegurar el aplazamiento mediante garantías no será exigible en los supuestos que se establezcan reglamentariamente en atención a: El sector de actividad al que pertenezca la empresa o su volumen de facturación anual. La antigüedad de la deuda o la inexistencia de reclamaciones previas en el expediente de apremio. La naturaleza pública o privada de la actividad económica del sujeto deudor exclusivamente. La cuantía de la deuda aplazada o a la condición del beneficiario.

Según la Constitución, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado elaborado por el Gobierno: Debe presentarse ante el Senado al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior. Debe presentarse ante el Congreso de los Diputados al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior. Debe presentarse ante las Cortes Generales al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior. Debe presentarse ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

¿Quién podrá someter a la función interventora toda o parte de la gestión de entes públicos sujetos inicialmente a control financiero permanente, de acuerdo con el artículo 116.3 de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid?. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La Consejería competente en materia de Hacienda. La Intervención General de la Comunidad de Madrid. Ninguna de las respuestas es correcta.

De acuerdo con lo regulado en el artículo 25 de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, el incumplimiento de la protección frente a la discriminación: Dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse, y que podrán incluir tanto la restitución como la indemnización, hasta lograr la reparación plena y efectiva para las víctimas. Dará lugar a una responsabilidad exclusivamente penal, por los daños y perjuicios que puedan derivarse, y que podrán incluir tanto la restitución como la indemnización, hasta lograr la reparación plena y efectiva para las víctimas. Dará lugar a una responsabilidad exclusivamente administrativa, por los daños y perjuicios que puedan derivarse, y que podrán incluir tanto la restitución como la indemnización, hasta lograr la reparación plena y efectiva para las víctimas. Dará lugar a una responsabilidad exclusivamente civil, por los daños y perjuicios que puedan derivarse, y que podrán incluir tanto la restitución como la indemnización, hasta lograr la reparación plena y efectiva para las víctimas.

Indique la falsa. Según la Ley 2/2016, de 29 de marzo, tendrán la condición de interesados en el procedimiento administrativo: Los profesionales que prestan servicios en los ámbitos de la salud, la educación, el mundo laboral, familia y servicios sociales, los cuerpos de policía local, ocio cultura y deporte y comunicación. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Las asociaciones entidades y organizaciones representativas de los colectivos de personas trans y aquéllas que tengan por objeto la defensa y promoción de derechos humanos serán titulares de intereses legítimos colectivos.

El Decreto 21/2002 en su artículo 7 establece que, dentro de la información general se pondrá a disposición de los ciudadanos información sobre todas las subvenciones y ayudas que convoque la Comunidad de Madrid. Señale la respuesta correcta en relación con esta materia: Dentro de la información general en materia de subvenciones y ayudas se incorporará el impreso normalizado de solicitud que podrá cumplimentarse directamente desde el propio Sistema de Información. Dentro de la información general en materia de subvenciones y ayudas se incluirán los datos básicos descritos para los procedimientos. Dentro de la información general en materia de subvenciones y ayudas se destacarán visiblemente los plazos, requisitos y medios de información complementarios. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De conformidad con el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en el caso de las entidades locales, el acto o resolución de creación o supresión de una sede electrónica o sede electrónica asociada: Será publicado en el boletín oficial de la provincia al que pertenezca la entidad. Será publicado en el boletín oficial de la provincia al que pertenezca la entidad y en el Boletín Oficial del Estado. Será publicado en el boletín oficial de la entidad local y en el Boletín Oficial del Estado. Será publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Tal y como dispone el artículo 65 de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, ¿quiénes podrán autenticar copias y emitir certificaciones de documentos bajo su custodia?. Las personas responsables de los archivos públicos o privados. Las personas responsables de los archivos públicos. Las personas responsables de los Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid. Las personas responsables de los archivos públicos o privados gestionados directa o indirectamente por la Comunidad de Madrid.

Regula el artículo 41.2 de la Ley 6/2023, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, que la definición de los sistemas de información, con el fin de garantizar la capacidad de estos sistemas para generar los metadatos necesarios que han de asociarse al documento para su adecuada gestión archivística, forma parte de la función: De la información administrativa. De la gestión documental. De la gestión administrativa. De la Inspección de Archivos.