JUDICATURA 2013 (1)

El artículo 1.1 de la Constitución define la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como: Principios generales del ordenamiento jurídico. Valores superiores del ordenamiento jurídico. Los principios de los que emana la soberanía nacional. Principios superiores del ordenamiento jurídico.

Ante una norma legal autonómica que contradice claramente la norma legal básica estatal que desarrolla, el juez: Puede inaplicar la norma autonómica y aplicar directamente la norma estatal. Ha de plantear una cuestión de inconstitucionalidad si la norma autonómica es fundamental para el fallo. Puede elegir entre inaplicar la norma autonómica o plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Debe inaplicar la norma autonómica.

En España, ¿un extranjero puede presentarse a las elecciones para ser concejal de un Ayuntamiento?. No. Lo único que puede hacer, si es residente legal, es votar en las elecciones municipales. Sí, y también puede presentarse a diputado en Cortes. Sí, desde que se modificó la Constitución en 1992. Sí, porque el artículo 13 de la Constitución dispone que puede establecerse por Ley el derecho de sufragio activo de los extranjeros en las elecciones municipales.

En España, la colocación de un micrófono oculto en la mesa de un restaurante para grabar las conversaciones de los comensales: Está terminantemente prohibida por el artículo 18.3 de la Constitución. De acuerdo con la Constitución podría autorizarse mediante resolución judicial, y de hecho, la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal dice en su art. 579 que la Policía podrá, previa autorización judicial, colocar artefactos de escucha en los lugares públicos cuando se trate de la investigación de delitos graves. De acuerdo con la Constitución podría autorizarse mediante resolución judicial, aunque el empleo de esa clase de artefactos de escucha no está expresamente regulada en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. No está expresamente prevista en la Ley, y por tanto puede vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones, pero en ningún caso es constitutiva de delito.

La imparcialidad judicial es: Un principio de los que garantiza la Constitución, comprendidos en su artículo 9.3. Un derecho fundamental que ha de entenderse incluido en el derecho a un proceso con todas las garantías recogido, este último, en el artículo 24 de la Constitución. Un principio que ha de guiar la actuación de jueces y magistrados al que se refiere expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Un principio que ha de regir las actuaciones judiciales recogido en el artículo 120 de la Constitución.

Las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una norma con fuerza de ley: Tienen plenos efectos frente a todos, y por tanto determinan la revocación de todas las sentencias que hayan aplicado la norma declarada inconstitucional, aunque tuvieran fuerza de cosa juzgada. Tienen plenos efectos frente a todos y afectan a la jurisprudencia que haya interpretado esa norma, pero en ningún caso las sentencias que la hayan aplicado pierden su valor de cosa juzgada. Tienen plenos efectos frente a todos pero no afectan a la jurisprudencia. No permiten revisar los procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, salvo en el caso de determinados procesos penales y contenciosoadministrativos.

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos son refrendados: Exclusivamente por el Presidente del Gobierno o por el Ministro competente. Según los casos, por el Presidente del Gobierno, por el Ministro competente, o por el Presidente del Congreso. Según la naturaleza del acto, por el Presidente del Gobierno, por el Ministro competente, por el Presidente del Congreso o por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Por las autoridades mencionadas en el apartado anterior o por el Secretario de la Casa Real cuando se trata del nombramiento y relevo de sus miembros civiles y militares.

La disolución judicial de un partido político: Dada su función constitucional, sólo es posible cuando encubra a una organización terrorista. Determina el cese inmediato de toda su actividad, y se presume fraudulenta la creación de otro partido o la utilización de uno ya inscrito que continúe o suceda la actividad del partido disuelto. Determina el cese de su actividad electoral, pero puede seguir desempeñando el resto de sus funciones previstas en el art. 6 de la Constitución. Determina el cese inmediato de toda su actividad, pero ésta puede ser continuada por otro partido, siempre y cuando ya estuviera inscrito en el Registro correspondiente.

El principio de primacía según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Se predica sólo de tratados y reglamentos comunitarios. Se aplica incluso respecto de las normas constitucionales. Se aplica en todo el ordenamiento jurídico excepto respecto a las normas de la Constitución. No afecta al ordenamiento interno.

Los Tribunales Constitucionales europeos: No pueden plantear cuestiones prejudiciales porque no son un órgano jurisdiccional a los efectos del art. 267 TFUE. Pueden o deben plantear cuestiones prejudiciales en los términos del art. 267 TFUE exactamente igual que el resto de tribunales. Sólo pueden plantear cuestiones prejudiciales en materia de derechos fundamentales. Pueden plantear cuestiones prejudiciales pero jamás lo han hecho.

Los principios generales del derecho: Son fuente del derecho en defecto de ley, costumbre y jurisprudencia. Son fuente del derecho e informadores del ordenamiento jurídico. Tienen un valor similar al de la jurisprudencia. Las resoluciones de los tribunales sólo podrán apoyarse en ellos para motivar una decisión cuando la ley expresamente lo permita.

La supervisión de la administración del patrimonio protegido de una persona con discapacidad corresponde: A los padres o tutores. Al Juez. Al Ministerio Fiscal. A la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad.

¿Cuáles de los siguientes bienes tienen la consideración de bienes inmuebles?. Las concesiones administrativas de obras públicas. Los palomares en todo caso. Los contratos sobre servicios públicos. La materia extraída de las minas.

El autocontrato celebrado por quien actúa como mandatario o representante de otro: Es un negocio jurídico del representante consigo mismo nulo de pleno derecho. Es válido sólo si existe previa autorización del representado en escritura pública. Es válido sólo si existe previa autorización escrita del representado o si lo ratifica posteriormente, también por escrito. Es válido si no existe conflicto de intereses.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la caducidad es incorrecta: La caducidad es susceptible de interrupción y de suspensión. La caducidad debe apreciarse de oficio por el Juez. La caducidad es irrenunciable. La caducidad opera por el mero transcurso del tiempo sin ejercicio del derecho.

El arrendatario de una vivienda que la compra mediante documento privado. Adquiere la propiedad al concurrir ya tradición por hallarse en posesión del inmueble el momento de celebrarse la compraventa. No adquiere la propiedad hasta el otorgamiento de la escritura pública. No adquiere la propiedad hasta que no se le hace entrega de la misma mediante documento firmado por la propiedad que puede ser privado. No adquiere la propiedad al no haber precepto legal en que así se establezca.

Las decisiones sobre la administración de la cosa común regulada en el artículo 398 del CC: Pueden ser adoptadas por cualquier condómino, si de su actuación resultan ventajas para todos. Exigen el voto de la mayoría de las cuotas. Exigen el voto de la mayoría de los condóminos que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas. Exigen unanimidad.

Si el número de propietarios de viviendas o locales en un edificio no excede de cuatro: Los propietarios pueden acogerse al régimen de administración del artículo 398 del Código Civil estableciéndolo así en los estatutos. Los propietarios pueden acogerse al régimen de administración del artículo 398 del Código Civil, aunque nada digan al respecto los estatutos. La comunidad ha de tener, también en ese caso, los órganos de gobierno y administración regulados en la Ley de Propiedad Horizontal. La comunidad ha de tener, en ese caso también, presidente y secretario.

El usufructo no se extingue: Por cumplirse la condición resolutoria consignada en el título constitutivo. Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo. Por la resolución del derecho del constituyente. Por el mal uso de la cosa usufructuada.

21) Las servidumbres continuas no aparentes pueden adquirirse: Por la prescripción de 20 años. Por la prescripción de 15 años. Por la prescripción de 30 años. Sólo en virtud del título.