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JUR 151

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Título del Test:
JUR 151

Descripción:
T 1-2-3-4 TO 67

Fecha de Creación: 2025/02/13

Categoría: Otros

Número Preguntas: 20

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81. Conforme al art. 148.1 de la Constitución española de 1978, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en alguna de las siguientes materias: A.- Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. B.- La gestión en materia de protección del medio ambiente. C.- Pesca marítima.

82. Según la Constitución española de 1978, la legislación sobre productos farmacéuticos: A.- Es competencia exclusiva del Estado. B.- Es competencia que podrán asumir las Comunidades Autónomas. C.- Es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

83. A tenor del art. 149.3 de la Constitución española de 1978, señale la opción incorrecta respecto del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas: A.- La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en todo caso, sobre las de las Comunidades Autónomas. B.- Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. C.- El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

84. Conforme al art. 150.1 de la Constitución española de 1978, las Cortes Generales podrán atribuir a las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas: A.- En el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. B.- En materia de competencia estatal, a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas. C.- Las respuestas A y B son correctas.

85. En relación con la pregunta anterior, ¿dónde se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre dichas normas legislativas de las Comunidades Autónomas?. A.- En cada ley marco, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales. B.- En cada ley marco, debiéndose garantizar la correspondiente transferencia de medios financieros. C.- En cada ley marco.

86. A tenor de lo previsto en el art. 151.1 de la Constitución española de 1978, la iniciativa del proceso autonómico habrá de ser ratificada mediante referéndum: A.- Por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley. B.- Por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. C.- Por el voto afirmativo de la mayoría de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

87. En el proceso autonómico previsto en el art. 151 de la Constitución española de 1978, ¿de qué plazo dispone la Comisión Constitucional del Congreso para examinar el proyecto de Estatuto?. A.- Dentro del plazo de dos meses. B.- Un plazo no superior a treinta días. C.- Un plazo máximo de seis meses.

88. En el proceso autonómico previsto en el art. 151 de la Constitución española de 1978, si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos: A.- El Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. B.- Será elevado a las Cortes Generales. C.- Los plenos de ambas Cámaras decidirá sobre el texto mediante un voto favorable de la mayoría absoluta respectivamente.

89. En el proceso autonómico previsto en el art. 151 de la Constitución española de 1978, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias: A.- No impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 del art. 151 de la Constitución. B.- Obligará a su revisión por los plenos de ambas Cámaras y, en su caso, por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. C.- El proyecto de estatuto no podrá ser sometido nuevamente hasta que transcurran cinco años.

90. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio: A.- De conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. B.- De conformidad con lo previsto en la Constitución, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. C.- Sin perjuicio de las competencias del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a la organización y gobierno del Poder Judicial.

91. ¿En qué supuesto podrá aplicarse lo previsto en el art. 155 de la Constitución española de 1978?. A.- Cuando una Comunidad Autónoma actuare de forma que atente gravemente al interés general de España. B.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan. C.- Las respuestas A y B son correctas.

92. En el supuesto referido en la pregunta anterior, de conformidad con el art. 155 de la Constitución española de 1978, ¿quién podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma?. A.- El Gobierno, pudiendo dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma. B.- El Senado por mayoría absoluta. C.- El Presidente del Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma.

93. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de: A.- Estabilidad presupuestaria y suficiencia económica. B.- Coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. C.- Participación en la gestión del gasto público y estabilidad.

94. A tenor del art. 157.1 de la Constitución española de 1978, no se recoge en dicho precepto como recurso de las Comunidades Autónomas: A.- Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. B.- El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. C.- El producto de las operaciones de crédito.

95. Conforme al art. 158.1 de la Constitución española de 1978, en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español: A.- Se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión de las Comunidades Autónomas. B.- En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas. C.- Las Comunidades Autónomas tendrá autonomía financiera y presupuestaria.

96. De conformidad con el art. 100 del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007, señale la opción incorrecta: A.- Los miembros del Parlamento representan a toda Andalucía. B.- El Parlamento de Andalucía es inviolable. C.- El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz.

97. A tenor del art. 101.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el mandato de los Diputados titulares y suplentes que integren la Diputación Permanente se prorrogará: A.- Hasta el día de la celebración de las elecciones al Parlamento. B.- Hasta el día de disolución del Parlamento. C.- Hasta la constitución de la nueva Cámara parlamentaria.

98. Durante su mandato, los Diputados y Diputadas del Parlamento de Andalucía: A.- No podrán ser detenidos, sino en caso de flagrante delito. B.- No podrán ser detenidos, gozando de inviolabilidad. C.- No podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, salvo en caso de flagrante delito.

99. A tenor del art. 102.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007, el Parlamento goza: A.- De plena autonomía económica y presupuestaria. B.- De plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria. C.- De plena autonomía financiera, presupuestaria y reglamentaria.

100. El Parlamento de Andalucía se dotará de su propio Reglamento de organización y funcionamiento, cuya aprobación o reforma requerirán: A.- El voto de la mayoría absoluta de los Diputados. B.- El voto favorable de la mayoría de los Diputados. C.- Su aprobación por mayoría cualificada de los Diputados, en los términos previstos en una ley.

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