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El artículo 93 de la Constitución Española de 1978 establece que: Mediante referéndum se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Mediante ley ordinaria se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Por aprobación de Consejo de Ministros previo informe del Ministerio de Asunto Exteriores, se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

El artículo 5.1 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil establece que: Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste incluido en el cómputo; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el día inmediatamente anterior. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste incluido en el cómputo; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán por meses o años completos. Cuando en el año del vencimiento no hubiera año equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del año.

En aplicación del artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale opción incorrecta: Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

Tal y como establece el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), los elementos del municipio son tres: El territorio o término municipal, la población y el concejo. El territorio o término municipal, la población y la organización. Exclusivamente el territorio o término municipal y la población. El territorio o término municipal, el alcalde y el concejo.

Señale la opción incorrecta en relación con el contenido del artículo 25.1 LRBRL: El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos y privados que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

Tal y como está establecido en el artículo 107 de la CE, el supremo órgano consultivo del Gobierno es: El Consejo de Estado. Una ley orgánica regulará su composición y competencia. El Consejo de Estado. Un real decreto regulará su composición y competencia. El Tribunal Constitucional. Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. El Tribunal Constitucional. Un real decreto regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

En aplicación del artículo 99.1 de la Constitución Española de 1978: Después de cada renovación del Senado, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Presidente del Gobierno, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los partidos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Gobierno, propondrá un candidato a la Presidencia del Senado. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

En aplicación del artículo 19.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, corresponde al secretario del órgano colegiado: Recibir los actos de comunicación de los interesados en el procedimiento, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. Preparar el despacho de los asuntos, redactar, autorizar e imprimir las actas de las sesiones. Asistir a las reuniones con voz y voto, y con voz pero sin voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo. Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.

Según el artículo 164.1 de la Constitución Española de 1978, señale la opción correcta en relación con la publicación de las sentencias del Tribunal Constitucional: En el Diario Oficial de la Unión Europea con los votos particulares, si los hubiere. En el boletín oficial del Estado y de las comunidades autónomas con los votos particulares, si los hubiere. En el boletín oficial del Estado con los votos generales, si los hubiere. En el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere.

Las disposiciones del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil se aplicarán como supletorias: En las materias no regidas por otras leyes. En las materias regidas por otras leyes. En las materias que se determine en cada Norma. Nunca pueden aplicarse como supletorias.

El artículo 7.1 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, establece que: Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de los principios generales del derecho. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de confianza legítima. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La Ley ampara el uso del derecho y el ejercicio social del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

La Directiva 94/33/CE sobre protección de los jóvenes en el trabajo establece las disposiciones mínimas a fin de garantizar un mayor nivel de protección de la seguridad y de la salud de las personas trabajadoras jóvenes siendo aplicable a: Toda persona menor de 18 años con un contrato de trabajo o una relación laboral regulada por el derecho vigente en un país de la Unión Europea o sometido al derecho en vigor en un país de la UE. Toda persona menor de 16 años con un contrato de trabajo o una relación laboral regulada por el derecho vigente en un país de la Unión Europea o sometido al derecho en vigor en un país de la UE. Toda persona menor de 18 años con o sin contrato de trabajo o relación laboral regulada por el derecho vigente en un país de la Unión Europea o sometido al derecho en vigor en un país de la UE. Toda persona menor de 21 años con un contrato de trabajo o una relación laboral regulada por el derecho vigente en un país de la Unión Europea o sometido al derecho en vigor en un país de la UE.

Según el artículo 106.1 de la Constitución Española de 1978: Los Juzgados controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Los Tribunales controlan la potestad ejecutiva, la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación del Gobierno, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

Señale la opción incorrecta en relación con lo establecido en el 2 del Código Civil: Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario. Las leyes entrarán en vigor a los quince días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa y tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.

El recurso de anulación regulado en los artículos 263 al 266 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tiene como finalidad: Controlar la legalidad de los actos ejecutivos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo, que no sean recomendaciones o dictámenes y de los actos del Parlamento destinados a producir efectos jurídicos frente a la UE. Controlar la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo, que no sean recomendaciones o dictámenes y de los actos del Parlamento destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Controlar la aplicabilidad de los actos legislativos, de los actos de los gobiernos de los Estados miembros, que no sean recomendaciones o dictámenes y de los actos del Parlamento destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Evitar la desprotección de los particulares frente a los actos de carácter general adoptados por las instituciones comunitarias cuyos efectos recaigan directamente sobre los ciudadanos.

Tal y como establece el artículo diecinueve de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, son órganos del Tribunal de Cuentas: El presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General. El presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Dirección General. El presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de Enjuiciamiento, los Consejeros de Presupuestos, la Fiscalía y la Secretaría General. El presidente, el Pleno, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, la Sección de Fiscalización, la Sección de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General.

Tal y como establece el artículo 159 de la Constitución Española de 1978, el Tribunal Constitucional se compone de: 12 miembros nombrados por el rey; de ellos, 3 a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; 3 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; 4 a propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 12 miembros nombrados por el rey; de ellos, 6 a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; 5 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; 2 a propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 24 miembros nombrados por el rey; de ellos, 8 a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; 8 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; 4 a propuesta del Gobierno, y 4 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 12 miembros nombrados por el rey; de ellos, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; 2 a propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

En aplicación del artículo 162.1 de la Constitución Española de 1978: Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales y, en su caso, las Asambleas de las mismas. Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 30 Diputados, 30 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 20 Diputados, 20 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

Señale la respuesta incorrecta en aplicación del artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de RJSP, relativo a la estructura de la Administración General del Estado, que indica que son Órganos directivos: Los Subsecretarios y Secretarios generales. Los Secretarios generales técnicos y Directores generales. Los Secretarios de Estado. Los Subdirectores generales.

Tal y como establece el artículo 58 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de RJSP: Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes. Los Ministerios podrán contar con una Subsecretaría y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Secretaría General Técnica, y dependiendo de ella una Subsecretaría, para la gestión de los servicios comunes. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella tantas Subdirecciones Generales como servicios comunes de gestión.

El artículo 141.4 de la Constitución Española de 1978 establece que: En los archipiélagos, las islas no tendrán su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. En las islas tendrán además su administración propia en forma de Concejos. En las islas, los archipiélagos tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Señale la opción incorrecta en aplicación del artículo 149.1 de la Constitución Española de 1978: El Estado tiene competencia exclusiva sobre el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. El Estado tiene competencia exclusiva sobre estadística para fines estatales. El Estado tiene competencia exclusiva sobre legislación sobre propiedad intelectual e industrial. El Estado tiene competencia exclusiva sobre la gestión en materia de protección del medio ambiente.

Señale la opción correcta en aplicación del artículo 148.1 de la Constitución Española de 1978: Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

De conformidad con el artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: La Comisión tendrá como cometido fomentar la consulta a los interlocutores sociales a nivel de la Unión y adoptar todas las disposiciones necesarias para facilitar su diálogo, velando por que ambas partes reciban un apoyo equilibrado y a tal efecto, antes de presentar propuestas en el ámbito de la política social, la Comisión consultará a los gobiernos si desean incluir a los interlocutores sociales para la posible orientación de una acción de la Unión. La Comisión tendrá como cometido fomentar la consulta a los interlocutores sociales a nivel de la Unión y adoptar todas las disposiciones necesarias para facilitar su diálogo, velando por que ambas partes reciban un apoyo equilibrado y a tal efecto, antes de aprobar las directivas en el ámbito de la política social, la Comisión consultará a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción de la Unión. La Comisión tendrá como cometido fomentar la participación de los interlocutores sociales a nivel de la Unión y adoptar todas las disposiciones necesarias para facilitar su diálogo, velando por que los interlocutores sociales sean justos y antes de presentar propuestas en el ámbito de la política monetaria, la Comisión consultará a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción de la Unión. La Comisión tendrá como cometido fomentar la consulta a los interlocutores sociales a nivel de la Unión y adoptar todas las disposiciones necesarias para facilitar su diálogo, velando por que ambas partes reciban un apoyo equilibrado y a tal efecto, antes de presentar propuestas en el ámbito de la política social, la Comisión consultará a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción de la Unión.

Tal y como establece el artículo 81 de la Constitución Española de 1978: Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación, suspensión o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La preparación, aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

El artículo 79 de la Constitución Española de 1978 establece que: Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar constituidas y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras. Para adoptar acuerdos, el Senado debe estar reunido reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan el Reglamento del Senado. Para adoptar acuerdos, el Congreso de los Diputados debe estar reunido reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan el Reglamento del Congreso de los Diputados.

Señale la opción correcta en relación con el artículo 1475 del Código Civil: Tendrá lugar la evicción cuando se dote al comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada. El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada. El vendedor responderá de la evicción aunque se haya expresado en el contrato. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada. El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al vendedor, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada. El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato.

Señale la respuesta incorrecta en aplicación del artículo 162 de la CE 1978 que regula quiénes están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad: El Defensor del Pueblo. El Presidente del Gobierno. 40 Diputados. Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

El Tribunal constitucional se compone de: El Tribunal Constitucional se compone de 14 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; tres a propuesta del Gobierno, y tres a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Consejo General del Poder Judicial; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Rey.