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Los valores superiores que se promulgan en la Constitución Española de 1978 son: A) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. B) La justicia, la diversidad de lenguas, la igualdad y la armonía entre todos los ciudadanos. C) La libertad, el pluralismo político, la justicia social y la unidad lingúística. D) La justicia, la igualdad, la defensa del honor de todos los ciudadanos y la paz social.

2. ¿Qué competencias corresponden al Rey de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución Española de 1978?. A) Sancionar y promulgar decretos acordados en el Consejo de Ministros. B) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. C) El Alto Patronazgo de todas las asociaciones culturales nacionales y extranjeras. D) Autorizar indultos una vez consensuados con el Gobierno.

3. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es un elemento organizativo básico de la Administración: A) Servicio. B) Sección. C) Unidad administrativa. D) Órgano administrativo.

4. De acuerdo con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el procedimiento de elaboración de un reglamento, el órgano competente deberá elaborar junto con el texto del mismo: A) Memoria justificativa. B) Memoria de análisis de impacto normativo. C) Memoria presupuestaria. D) Informe de impacto de género.

5. La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de: A) Acto administrativo finalizador del procedimiento. B) Acto administrativo finalizador del procedimiento por lo que permite a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. C) Permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. D) Acto de trámite que puede ser recurrido.

6. La interposición de un recurso administrativo: A) Suspende la ejecución del acto administrativo como regla general. B) Solo suspende la ejecución de un acto cuando se trata de un recurso de alzada. C) Puede suspender la ejecución de un acto, bien de oficio o a instancia del interesado, si la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. D) No suspende la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario y lo decrete de oficio el órgano competente.

7. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas determina que, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos (señalar la opción INCORRECTA): A) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. B) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de su actividad. C) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. D) Los empleados de las Administraciones Públicas en todo caso.

10. El Estatuto Básico del Empleado Público establece como sanciones: A) Las que impliquen suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral con una duración máxima de 10 años. B) Apercibimiento, solo en caso de desobediencia a un superior. C) Demérito con una sanción por 1 año de empleo y sueldo, promoción o movilidad voluntaria. D) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca.

12. ¿Qué unidad es la competente para ejercer la función de punto focal de la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación según el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico?. A) La Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina. B) La Subdirección General de Conservación de los Suelos y Lucha contra a Deserimcaa. C) La Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación. D) La Oficina Española de Cambio Climático.

16. Según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, son órganos de coordinación y participación de la política forestal española: A) La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. B) La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Forestal Nacional. C) La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Asesor de Medio Ambiente. D) El Consejo Asesor de Medio Ambiente y el Consejo Forestal Nacional.

17. Según el artículo 6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de las funciones a las que se refiere dicha ley con respecto a especies (excepto las altamente migratorias) y espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino, cuando. A) Se encuentren en aguas interiores. B) Se encuentren en aguas costeras y de transición. C) Exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente. D) Se encuentren en el infralitoral y/o intermareal.

19. Según las definiciones normativas de estado ecológico, incluidas en el Anexo V de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, qué afirmación es correcta en masas de agua superficiales naturales: A) La fauna ictiológica es un indicador de calidad biológica en todas las categorías. B) El fitoplancton es un indicador de calidad biológica en todas las categorías, excepto en ríos. C) La fauna bentónica de invertebrados es un indicador de calidad biológica en todas las categorías. D) Las macroalgas y las angiospermas son indicadores de calidad biológica en todas las categorías, excepto en aguas de transición.

20. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los cauces, riberas y márgenes?: A) La zona de servidumbre es de 100 m de anchura y en ella se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. B) Las zonas de servidumbre y de policía no pueden modificarse en ningún caso. C) La zona de policía es de cinco metros de anchura, para uso público y ha de regularse reglamentariamente. D) Las riberas son fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas.

21. Tienen la consideración de órganos de gobierno de los organismos de cuenca: A) El Presidente y la Junta de Gobierno. B) La Junta de Gobierno. C) El Consejo del agua y el Comité de autoridades competentes. D) El Comité de autoridades competentes.

22. Las márgenes de los terrenos que lindan con los cauces que constituyen el dominio público hidráulico están sujetas: A) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público y una zona de policía de cien metros de anchura. B) A una zona de servidumbre de cien metros de anchura para uso público y una zona de policía de cinco metros de anchura. C) A una zona de paso de diez metros de anchura para uso público y una zona de policía de cien metros de anchura. D) A una zona de servidumbre de cien metros de anchura para uso público y una zona de policía de diez metros de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen.

24. ¿Cuál de estos motivos NO está enumerado en el artículo 14 de la Directiva 2008/56/CE, (Directiva marco sobre la estrategia marina), como motivo por el cual los objetivos medioambientales o un buen estado medioambiental no puedan alcanzarse en todos los aspectos por medio de las medidas que haya adoptado?. A) Causas naturales. B) Seguridad marítima. C) Acción u omisión de la cual no es responsable el estado miembro de que se trate. D) Fuerza mayor.

25. A efectos del artículo 6 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del medio marino, el medio marino español se divide en las siguientes regiones y subregiones marinas: A) 3 regiones: Región del Atlántico Nororiental, Región del Atlántico Macaronésica y Región del Mar Mediterráneo, que se divide en 2 subregiones: la subregión levantino-balear y la subregión Estrecho y Alborán. B) 3regiones: Región del Atlántico Nororiental, que se divide en 2 subregiones: subregión Golfo de Vizcaya y las costas ibéricas y la subregión Atlántico macaronésica de Canarias, Región Mediterránea levantino-balear y Región Mediterránea Estrecho y Alborán. C) 2 regiones: Región del Atlántico Nororiental, que se divide en 2 subregiones: la subregión del Golfo de Vizcaya y las costas ibéricas y la subregión Atlántico macaronésica de Canarias, y Región del Mar Mediterráneo. D) 2 regiones: Región del Atlántico Nororiental, y Región del Mar Mediterráneo, que se divide en 2 subregiones: la subregión levantino-balear y la subregión Estrecho y Alborán.

26. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el objeto de la mencionada Ley es: A) La determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar. B) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar. C) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. D) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección, y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.

27. Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución Española: A) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. B) Los terrenos acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su coronación. C) Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los desecados en su ribera. D) Los islotes en aguas interiores y mar territorial.

28. De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, la Dirección General de la Costa y el Mar debe remitir la propuesta de planes de ordenación de las demarcaciones marinas para su valoración e informe a: A) La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. B) El Consejo Nacional de Seguridad Marítima. C) La Comisión Interministerial de Estrategias Marinas. D) La Comisión Interministerial de Ordenación del Espacio Marítimo.

30. De acuerdo al artículo 2.2. de la Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación, el resultado del análisis de riesgos del plan ribera debe incluir un conjunto de mapas, con las siguientes componentes: A) Mapas de vulnerabilidad y de sensibilidad. B) Mapas de riesgo y de actuaciones prioritarias. C) Mapas de peligrosidad, de sensibilidad y de riesgo. D) Mapas de peligrosidad, de sensibilidad, de riesgo, y de actuaciones prioritarias.

31. De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se define el “impacto residual” como: A) Pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y corrección. B) Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable y con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas compensatorias. C) Alteración o pérdida cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. D) Afección cuya recuperación acontece tras el cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.

32. Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, el órgano ambiental es: A) Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende elaborar un plan o programa de los contemplados en el ámbito de aplicación de esta ley. B) El órgano de la Administración pública que formula las declaraciones de impacto ambiental y los informes de impacto ambiental. C) El órgano de la Administración pública que ostenta las competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto, o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa. D) El órgano de la Administración pública que elabora, en su caso, el documento de alcance, que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones ambientales estratégicas y los informes ambientales estratégicos.

47. En los puertos e instalaciones portuarias se practicará el deslinde del dominio público marítimo-terrestre: A) Sólo para los puertos de interés general, con sujeción a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,. B) En los puertos e instalaciones portuarias, cualquiera que sea su titularidad, con sujeción a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y su reglamento,. C) Sólo en los puertos adscritos a una comunidad autónoma, con sujeción a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y su reglamento. D) En los puertos e instalaciones portuarias, cualquiera que sea su titularidad, con sujeción a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

48. Conforme a lo regulado en el Reglamento General de Costas, las fincas que, a resultas del expediente de deslinde, hayan de ser incorporadas dominio público maritimo terrestre, se inscribiran: A) A favor del Estado, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. B) A favor de la comunidad autónoma afectada por dicho deslinde, conforme a su Estatuto de Autonomía. C) A favor del Estado conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de Administraciones Públicas. D) A favor de sus titulares privados, conforme a lo regulado en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

49. El órgano competente de la comunidad autónoma que tramite las solicitudes de autorización en la zona de servidumbre de protección debe solicitar informe del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este informe se debe emitir por: A) Los Servicios Centrales de la Dirección General de la Costa y el Mar en el plazo de un mes. B) Los Servicios Centrales de la Dirección General de la Costa y el Mar en el plazo de dos meses. C) El Servicio Periférico de Costas en el plazo de un mes. D) El Servicio Periférico de Costas en el plazo de dos meses.

50. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán la previsión de suficientes accesos al mar, disponiendo a tales efectos: A) En cualquier clase de suelo, accesos de tráfico rodado separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. B) En zonas urbanas y urbanizables, accesos de tráfico rodado separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. C) Exclusivamente para zonas urbanizables, accesos de tráfico rodado separados entre sí, como máximo, 200 metros, y los peatonales, 500 metros. C) Exclusivamente para zonas urbanizables, accesos de tráfico rodado separados entre sí, como máximo, 200 metros, y los peatonales, 500 metros.

51. La Administración General del Estado con competencia en costas debe emitir informe sobre los planes y normas de ordenación territorial o urbanística que ordenen el litoral: A) Con anterioridad a la aprobación inicial de instrumento de planeamiento e inmediatamente antes de la aprobación definitiva. B) En la fase de información pública, una vez aprobado inicialmente el instrumento de planeamiento e inmediatamente antes de la aprobación definitiva. C) Con anterioridad a la aprobación inicial de instrumento de planeamiento e inmediatamente antes de la aprobación provisional. D) En la fase de información pública, una vez aprobado inicialmente el instrumento de planeamiento e inmediatamente antes de la aprobación provisional.

52. Los Comités de Seguimiento de las estrategias marinas están presididos por: A) La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. B) La Directora General de la Costa y el Mar. C) Los Jefes de las Demarcaciones de Costas de cada una de las cinco demarcaciones marinas. D) No tienen presidente.

Los proyectos de las comunidades autónomas para la adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre deben ser informados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el plazo de dos meses contados a partir del momento en que el Ministerio disponga de la documentación necesaria. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, éste se entenderá favorable. En el plazo de tres meses contados a partir del momento en que el Ministerio disponga de la documentación necesaria. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, éste se entenderá favorable. En el plazo de dos meses contados a partir del momento en que el Ministerio disponga de la documentación necesaria. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, éste se entenderá desfavorable. En el plazo de tres meses contados a partir del momento en que el Ministerio disponga de la documentación necesaria. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, éste se entenderá desfavorable.

54. En caso de fallecimiento del titular de una concesión en dominio público marítimo-terrestre, sus causahabientes, a título de herencia o de legado, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de aquél, siempre que, en un plazo determinado desde el fallecimiento, comuniquen expresamente a la Administración este hecho y la voluntad de subrogarse. ¿Cuál sería el plazo máximo para ejercer este derecho?. Un año. Dos años. Tres años. Cuatro años.

55.El Reglamento General de Costas señala que la ocupación de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas en los tramos naturales de las playas: No excederá de 70 metros cuadrados, de los cuales 20 como máximo podrán destinarse a instalación cerrada. Estas instalaciones serán fijas. No excederá de 70 metros cuadrados, de los cuales 30 como máximo podrán destinarse a instalación cerrada, de uso público y gratuito. No excederá de 100 metros cuadrados, de los cuales 20 como máximo podrán destinarse a instalación cerrada, de uso público y gratuito. No excederá de 70 metros cuadrados, de los cuales 20 como máximo podrán destinarse a instalación cerrada. Estas instalaciones serán de temporada y desmontables en todos sus elementos.

56. En las autorizaciones de vertido al dominio público marítimo-terrestre, el plazo de vencimiento: No podrá ser superior a cinco años. No podrá ser superior a cinco años. No podrá ser superior a veinte años. No podrá ser superior a veinticinco años. No podrá ser superior a treinta años.

57. De acuerdo con lo regulado en el artículo 182 del Reglamento General de Costas, el canon por ocupación del dominio público marítimo-terrestre podrá reducirse: A) Un 90 % con objeto de incentivar mejores prácticas medioambientales en el sector de la acuicultura. B) Un 35 % cuando se trate de comunidades autónomas 0 entidades locales que no ejerzan explotación lucrativa. C) Un 50 % en los supuestos de ocupaciones destinadas al uso público gratuito. D) Un 75 % en los títulos otorgados a entidades náutico-deportivas para el desarrollo de sus actividades de carácter no lucrativo.

58. Según la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el falseamiento de la información suministrada a la Administración es una infracción: A) Muy grave. B) Grave. C) Leve. D) No es una infracción.

59. El desahucio administrativo de quienes ocupen de forma indebida y sin título bastante bienes del dominio público marítimo-terrestre se decretará por el órgano competente, previo requerimiento al usurpador para que cese en su actuación, que tendrá un plazo máximo para presentar alegaciones de: A) 5 días. B) 8 días. C) 10 días. D) 15 días.

60. El otorgamiento de toda clase de títulos administrativos por la Administración General del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos sobre el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre se notificará por la Administración otorgante a las otras Administraciones, en el plazo de: A) Diez días. B) Quince días. C) Un mes. D) Dos meses.

61. A los efectos de lo regulado en la disposición transitoria decimocuarta del Reglamento General de Costas, se entiende por unidad edificatoria: A) La finca o superficie de terreno que constituye una unidad física e inscrita como tal en Registro público. B) El ámbito para ejecutar de forma unitaria (de una sola vez) el planeamiento urbanístico. C) El conjunto de elementos arquitectónicos, estructural y funcionalmente relacionados, que forman un cuerpo constructivo independiente. D) El edificio que sirve de soporte, con el carácter de uso característico, al uso de vivienda.

62. Los términos “estrán”, “gola” y "barján” están relacionados, respectivamente, con: A) Tómbolos, marjales y médanos. B) Playas, médanos y estuarios. C) Rías, albuferas y acantilados. D) Playas, albuferas y dunas.

65. A falta de un orden de prioridades establecido específicamente en el Plan Hidrológico de cuenca correspondiente, ¿qué orden de preferencia rige con carácter general en los usos del agua?: A) 1º Abastecimiento de la población, 2º Regadíos y usos agrarios, 3º Usos industriales para producción de energía eléctrica, 4º Otros usos industriales no incluidos en el apartado tercero, 5º Acuicultura, 6º Navegación y transporte acuático, 7º Usos recreativos, 8º Otros aprovechamientos. B) 1º Abastecimiento de la población, 2º Usos industriales para producción de energía eléctrica, 3ºRegadíos y usos agrarios, 4ºOtros usos industriales no incluidos en el apartado segundo, 5º Acuicultura, 6º Usos recreativos, 7º navegación y transporte acuático, 8º Otros aprovechamientos. C) 1º Abastecimiento de la población, 2º Regadíos y usos agrarios, 3º Usos industriales para producción de energía eléctrica, 4ºOtros usos industriales no incluidos en el apartado tercero, 5ºAcuicultura, 6º Usos recreativos, 7º Navegación y transporte acuático, 8º Otros aprovechamientos. D) 1ºAbastecimiento de la población, 2º Regadíos y usos agrarios, 3ºUsos industriales para “producción de energía eléctrica, 4ºAcuicultura, 5º Otros usos industriales no incluidos en el apartado tercero, 6º Navegación y transporte acuático, 7º Usos recreativos, 8º Otros aprovechamientos.

66. El canon de regulación establecido en la Ley de Aguas es una figura de recuperación de los costes, de las inversiones realizadas por el Estado en infraestructuras de regulación. El período total de amortización técnica utilizado para el cálculo de uno de sus términos es: A) Variable según la complejidad de la infraestructura y se fija en cada Junta de Explotación,. B) Dependiente de la vida útil que haya establecido para cada infraestructura el correspondiente plan hidrológico. C) De 25 años. D) De 50 años.

67. Atendiendo a lo establecido en el artículo 126 ter del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ¿cuál de los siguientes criterios es correcto?: A) En las obras de protección frente a inundaciones se deberá aumentar el espacio del cauce y no agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación. B) En el diseño de los puentes, pasarelas y obras de drenaje transversal, en caso necesario, podrán ubicarse pilas dentro de la vía de intenso desague, minimizando siempre la alteración del régimen hidráulico, y garantizando que la sobreelevación máxima sea inferior a 10 cm. C) En ningún caso se podrá autorizar la realización de cubrimientos de los cauces ni la alteración de su trazado. D) Las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos en general, deberán introducir sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y acabados permeables, de forma que el eventual incremento del riesgo de inundación se mitigue.

68. ¿Cuál de las siguientes atribuciones NO es competencia de la Junta de gobierno de las Comunidades de usuarios?: A) Vigilar y gestionar los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y defender sus derechos. B) Dictar las disposiciones convenientes para la mejor distribución de las aguas, respetando los derechos adquiridos y las costumbres locales. C) Conocer las cuestiones de hecho que se susciten entre los usuarios de la comunidad en el ámbito de las ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones reglamentarias, así como fijar las indemnizaciones que puedan derivarse de la infracción. D) Someter a la aprobación de la junta la modificación de las ordenanzas o cualquier otra propuesta que estime oportuno.

69. Según la legislación de aguas, el incumplimiento por los titulares de derechos concesionales de la obligación de instalar y mantener los correspondientes medios de medición e información sobre los caudales utilizados, es una infracción que se califica como: A) Leve. B) Menos grave. C) Grave. D) Muy grave.

70. De acuerdo con el artículo 249 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en relación con la propuesta de resolución para la autorización de vertidos al dominio público hidráulico. A) El organismo de cuenca notificará la resolución motivada en el plazo máximo de seis meses y, de no hacerlo, podrá entenderse estimada la solicitud de autorización. B) El organismo de cuenca notificará la resolución motivada en el plazo máximo de un año y, de no hacerlo, podrá entenderse estimada la solicitud de autorización. C) El organismo de cuenca notificará la resolución motivada en el plazo máximo de un año y, de no hacerlo, podrá entenderse desestimada la solicitud de autorización. D) El organismo de cuenca notificará la resolución motivada en el plazo máximo de nueve meses y, de no hacerlo, podrá entenderse desestimada la solicitud de autorización.

71. Los vertidos de aguas residuales urbanas realizados en las áreas de captación de las aguas identificadas como sensibles en virtud del apartado c) del Anexo ll.1 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, deben someterse a un tratamiento de depuración adicional para: A) Eliminar fósforo solamente. B) Eliminar nitrógeno solamente. C) Eliminar nitrógeno y fósforo. D) Cumplir la normativa comunitaria.

72. Según el Anexo 1.8. del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, la frecuencia mínima de muestreo de Escherichia coli en aguas destinadas al uso urbano es: A) Semanal. B) 2 veces por semana. C) 3 veces por semana. D) Diaria.

En el caso de vertidos autorizados de naturaleza industrial, los titulares controlarán los volúmenes vertidos según la tabla siguiente: Vertido anual inferior a cien mil metros cúbicos (<100.000 m3). A) La instalación de un aforador y un sistema de acumulación. B) La instalación de un tramo revestido. C) La instalación de un aforador. D) La instalación de un sistema de acumulación.

79.El Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, establece los programas de seguimiento del estado de las masas de agua superficiales. Indique qué afirmación es verdadera: A) En el programa de control operativo la frecuencia de muestreo es, con carácter general, una vez cada ciclo de planificación hidrológica (cada 6 años). B) El subprograma de seguimiento del estado general de las aguas tiene por objeto determinar el estado de las masas de agua en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales, así como evaluar los cambios que se produzcan en el estado de dichas masas como resultado de los programas de medidas. C) El subprograma de control de emisiones al mar y transfronterizas pertenece al programa de control de vigilancia. D) Las masas de agua destinadas a la producción de agua para consumo humano que proporcionen un promedio de más de 10 metros cúbicos diarios se someterán a controles adicionales de sustancias prioritarias.

87. Indique qué sustancia es considerada prioritaria de acuerdo con el Anexo IV “Normas de calidad ambiental para sustancias prioritarias y otros contaminantes” del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental: Simazina. Tolueno. Cromo VI. Diclorobenceno (5 isómeros orto, meta y para).

88. Señale cuál de los siguientes objetivos de la planificación hidrológica NO figura en el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas: Conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico. La satisfacción de las demandas de agua. La gestión adecuada de los riesgos asociados a las inundaciones. El equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos.

89. Según el artículo 11 de la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua), los programas de medidas de los planes hidrológicos: Siempre deben incluir medidas complementarias. Siempre deben incluir medidas básicas. Siempre deben incluir tanto medidas básicas como complementarias. Siempre deben incluir medidas adicionales.

93. Indique la afirmación verdadera en relación con los tipos de estaciones diferentes que configuran la “Red integrada de Estaciones de Aforos (SAIH-ROEAY": Dispone de estaciones de aforos en ríos, embalses y conducciones y cuenta con estaciones evaporimétricas asociadas a los embalses. Dispone de estaciones de aforos en ríos, embalses y conducciones y estaciones de medición de oleaje y mareas en la costa. Dispone únicamente de estaciones de aforo en ríos, embalses y conducciones. Dispone de estaciones de aforo en ríos y embalses, así como medidores en continuo de los niveles piezométricos.

98. De acuerdo con la Directiva 2007| 60/CE, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, los mapas de peligrosidad por inundaciones deberán incluir las zonas geográficas que podrán inundarse en diversos escenarios de probabilidad. Indique cuál es el periodo de retorno umbral que se considera en la mencionada normativa para definir unescenario de probabilidad media de inundación: A) = 25 años. B) > 50 años. C) > 75 años. D) => 100 años.

99. Indique la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses: A) Se considera gran presa aquella cuya altura sea superior a 10 metros o a la que, con una altura comprendida entre 5 y 10 metros, tenga una capacidad de embalse superior a 5 hectómetros cúbicos. B) La obligatoriedad de establecer un plan de emergencia aplica a todas las presas clasificadas en las categorías A, B y C. C) La periodicidad de la realización de revisiones de seguridad en grandes presas catalogadas como categoría A es de 5 años como máximo. D) La obligatoriedad de establecer un plan de emergencia aplica únicamente a todas las presas clasificadas en la categoría A.

100. De las siguientes prioridades de actuación, ¿cuál de ellos NO forma parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos?: A) Contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. B) Conservar los tramos en mejor estado ecológico. C) Evitar todo deterioro adicional de los ríos. D) Disminuir las presiones e impactos de los ríos.