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1. De acuerdo con la Constitución Española, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona: A) Podrá ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. B) Podrá ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. C) Podrá ser alegado ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. D) No podrá ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria, al ser un principio rector de la política económica y social que solo informa la actuación de los poderes públicos.

2. El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de: A) Tres años. B) Cuatro años. C) Nueve años. D) Es vitalicio.

3. Según la Constitución Española, las conclusiones de las Comisiones de Investigación nombradas por el Congreso de los Diputados: A) Serán vinculantes para los Tribunales. B) Serán vinculantes para los Tribunales respecto a los hechos que se hayan declarado probados. C) Podrán afectar a las resoluciones judiciales, pero no serán vinculantes para los Tribunales. D) No serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales.

4. Planteada cuestión de confianza ante el Congreso por el Presidente del Gobierno sobre su programa o sobre una declaración de política general, esta se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma: A) La mayoría simple de los Diputados. B) La mayoría absoluta de los Diputados. C) La mayoría de tres quintos de los Diputados. D) La mayoría de dos tercios de los Diputados.

5. De acuerdo con el artículo 149 de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre: A) Agricultura y ganadería. B) Montes y aprovechamientos forestales. C) Medio ambiente. D) Pesca marítima.

6. El órgano competente para conocer de los conflictos de competencia entre dos Comunidades Autónomas es: A) El Consejo de Estado. B) El Tribunal Superior de Justicia. C) El Tribunal Supremo. D) El Tribunal Constitucional.

7. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas: A) En ningún caso. La competencia es irrenunciable y solo la puede ejercer el órgano que la tenga atribuida como propia. B) En otros órganos de la misma Administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes. C) En otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes. D) En otros órganos de la misma o distinta Administración.

8. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado rechace la notificación de una actuación administrativa: A) Se hará constar en el expediente, y la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. B) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. C) Se hará constar en el expediente, junto al día y la hora en que se rechazó la notificación, repitiéndose el intento por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. D) Se enviará un aviso a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la Sede Electrónica de la Administración u Organismo correspondiente.

9. ¿A qué órganos o entidades NO será de aplicación la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, gozando éste de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución?. A) A las sociedades mercantiles estatales. B) A los fondos sin personalidad jurídica. C) A las Cortes Generales. D) A la Administración General del Estado.

11. ¿Pueden las Administraciones Públicas impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables?. A) No. Las Administraciones Públicas no pueden ir en contra de sus propios actos. B) Sí; previa declaración de lesividad para el interés público. C) Sí; previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. D) Sí; mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

12. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que la falta de resolución expresa del procedimiento de solicitud de acceso a la información pública producirá: A) Silencio administrativo estimatorio. B) Anulación del procedimiento. C) Caducidad del procedimiento. D) Silencio administrativo desestimatorio.

13. El artículo 45.2 de la Constitución Española dispone que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen esta disposición, en los términos que la ley fije se establecerán: A) Sanciones administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. B) Sanciones penales, así como la obligación de reparar el daño causado. C) Sanciones penales o administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. D) Obligación de reparar el daño causado.

15. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes constata la necesidad de la planificación forestal a escala general, consagrando la existencia de la Estrategia forestal española y el Plan forestal español. En este ámbito, la novedad más importante de la ley la constituyen los planes de ordenación de los recursos forestales (PORF), que se configuran como instrumentos de planificación forestal. ¿Cuál es el ámbito territorial de estos planes?. A) Provincial. B) Comarcal. C) Municipal. D) Local.

16. Según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad definicion, "las partes del territorio que las Administraciones competentes, a través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del paisaje del Consejo de Europa. A) Parques. B) Reservas naturales. C) Monumentos naturales. D) Paisajes Protegidos.

18. La vigencia del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, considerado como el más elevado instrumento de planificación y ordenación de estos espacios de carácter básico, será de: A) 2 años. B) 5 años. C) 10 años. D) 30 años.

20. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad crea en su artículo 8 el órgano de participación pública en el ámbito de la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad. ¿De qué órgano se trata?. A) Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. B) Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. C) Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. D) Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

21. En el artículo 2 de la Directiva 2000/60/CE, conocida con Directiva Marco de Aguas, se define como lago : A) Una masa de agua continental superficial quieta. B) El lugar donde se embalsa agua de aportación subterránea por estar el nivel freático próximo a la superficie del terreno. C) Una masa de agua artificial puesto que no existe velocidad apreciable en ella. D) Una masa de agua sensible a la contaminación por ser receptora de aguas de orígenes incontrolados y sin renovación.

22. Con carácter general, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Aguas, los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias se aprueban por: B) Real Decreto del Gobierno. A) Ley ordinaria. C) Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente. D) La figura legal que determine el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma en la que se incluya.

23. Según el Texto Refundido de la Ley de Aguas, es un órgano de gestión de los organismos de cuenca: A) El Consejo del Agua de la demarcación. B) La Junta de Explotación. C) La Junta de gobierno. D) El Comité de Autoridades Competentes.

24. ¿A quién otorga la legislación de aguas la competencia de ejercer las facultades de contratación propias del organismo de cuenca en las Confederaciones Hidrográficas?. A) Junta de gobierno. B) Presidente de la Confederación. C) Secretario General de la Confederación. D) Director Técnico de la Confederación.

25. ¿Qué es la vía de intenso desagüe, según el Real Decreto 9/2008 por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986?. A) La zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación existente. B) La zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes. C) La zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se da un calado superior a 1 m. D) La zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se da una velocidad superior a 1 m/s.

26. Conforme al artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, ¿cuál de los siguientes usos tiene preferencia superior?. A) Usos recreativos. B) Navegación. C) Acuicultura. D) Transporte acuático.

27. A los efectos del Convenio OSPAR, se entienden por aguas interiores: A) Las aguas situadas en el interior de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial, y que se extienden, en el caso de los cursos de agua, hasta el límite de las aguas dulces. B) Las aguas situadas en el interior de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial, y que se extienden, en el caso de los cursos de agua, hasta la ribera del mar. C) Las aguas situadas en el interior de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial, y que se extienden, en el caso de los cursos de agua, hasta 3 millas. D) Las aguas situadas en el interior de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial, y que se extienden, en el caso de los cursos de agua, hasta el límite de las aguas saladas.

28. Según la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, cada Estado miembro debe: A) Elaborar para sus aguas marinas una estrategia marina que se refiera específicamente a sus aguas pero que refleje a su vez la perspectiva global de la región o subregión marina en que se inscriba. B) Elaborar para sus aguas marinas una estrategia marina que se refiera específicamente a sus aguas y que incorpore obligatoriamente las medidas impuestas por la región o subregión marina en la que se inscriba. C) Elaborar para sus aguas marinas tantas estrategias marinas como considere necesarias siempre que incorpore las limitaciones de la región marina en la que se inscriba. D) Valorar si es necesaria la elaboración de estrategias marinas.

29. Según la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, las Estrategias Marinas, que incluirán un Programa de Medidas, deberán ser aprobadas por: A) El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico mediante Orden Ministerial. B) El Gobierno mediante Real Decreto. C) Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Consejería competente de la Comunidad Autónoma afectada. D) La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente previo informe de los Ministerios afectados y las Comunidades Autónomas afectadas.

30. Según la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, las Estrategias Marinas son los instrumentos de planificación de cada demarcación marina, y: A) Serán públicas y vinculantes para las Administraciones públicas creando por si solas derechos u obligaciones para las Administraciones, particulares o entidades. B) Serán públicas y vinculantes para las Administraciones públicas y crearán por si solas derechos y obligaciones para las Administraciones y entidades de derecho público. C) Serán públicas y vinculantes para las Administraciones públicas y crearán derechos u obligaciones para todas las administraciones afectadas. D) Serán públicas y vinculantes para las Administraciones públicas y no crearán por sí solas derechos u obligaciones para los particulares o entidades.

31. La Ley de Costas tiene por objeto: A) La determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar. B) La delimitación, protección, utilización, recuperación y policía del dominio público marítimoterrestre y los espacios marinos. C) La delimitación, protección, utilización, y policía del dominio público marítimo-terrestre la ribera del mar y la servidumbre de protección. D) Definir los modelos de gestión de la costa y el mar.

32. Conforme a lo dispuesto en el artículo 132.1 de la Constitución, los bienes de dominio público marítimo-terrestre definidos en el la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, a tales efectos: A) No se admitirán más derechos sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la citada ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad. B) No se admitirán más derechos sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con las leyes que dicten las Administraciones con competencias concurrentes, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad. C) No se admitirán más derechos sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la citada ley y las leyes que dicten las Administraciones con competencias concurrentes, reconociéndose excepcionalmente valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, prolongadas en el tiempo y amparadas por asientos del Registro de la Propiedad. D) Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los bienes de dominio público marítimoterrestre podrán adquirirse conforme a la citada ley y excepcionalmente por prescripción adquisitiva acreditada.

33. Según el artículo 3 del Reglamento General de Costas, la albufera se define como: A) Laguna de agua salobre, formada en tierras bajas contiguas al mar. B) Cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del océano, en mayor o menor extensión por una franja de tierra. C) Terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar. D) Terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación.

34. Según la naturaleza de la misma, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre podrá obtenerse mediante alguno de los siguientes títulos: A) Declaración responsable, autorización o concesión. B) Autorización, concesión o prescripción. C) Concesión, autorización o adscripción. D) Prescripción, adscripción o reserva.

37. Indique en cuál de las siguientes situaciones podría ser activado, implicando la movilización de medios, el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación: A) Cuando tenga lugar un episodio de contaminación marina de pequeña magnitud y peligrosidad en el que la contaminación afecte o pueda afectar exclusivamente y de forma limitada al frente costero de una entidad local. B) Cuando tenga lugar un episodio de contaminación marina de magnitud o peligrosidad media en el que la contaminación afecte o pueda afectar al tramo de costa correspondiente a varios municipios limítrofes. C) Cuando tenga lugar un episodio de contaminación marina y la zona afectada o amenazada sea especialmente vulnerable. D) Siempre que tenga lugar un episodio de contaminación marina.

38. Según el artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ¿qué se entiende como documento de alcance?. A) Pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al promotor que tiene por objeto delimitar sobre el contenido, la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico y el estudio de impacto ambiental. B) Pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al órgano sustantivo que tiene por objeto delimitar sobre el contenido, la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico y el estudio de impacto ambiental. C) Pronunciamiento del órgano sustantivo dirigido al promotor que tiene por objeto delimitar sobre el contenido, la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico y el estudio de impacto ambiental. D) Pronunciamiento del órgano sustantivo dirigido al público que tiene por objeto delimitar sobre el contenido, la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico y el estudio de impacto ambiental.

39. En el marco de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y para una evaluación de impacto ambiental ordinaria, ¿quién realiza la información pública del proyecto y de su estudio de impacto ambiental?. A) El promotor, por un plazo no inferior a 30 días hábiles. B) El órgano sustantivo, por un plazo no inferior a 30 días hábiles. C) El promotor, por un plazo no inferior a 60 días hábiles. D) El órgano sustantivo, por un plazo no inferior a 60 días hábiles.

47. En el caso de que un espécimen incluido en el Anexo I del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) fuera adquirido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Convenio, las disposiciones del artículo III: A) Se aplicarán a ese espécimen en cualquier caso. B) No se aplicarán a ese espécimen si la Autoridad Científica del Estado ha manifestado que no perjudicará la supervivencia de dicha especie. C) No se aplicarán a ese espécimen si la Autoridad Administrativa expide un certificado a tal efecto. D) No se aplicarán a ese espécimen en ningún caso.

52. En relación al Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, señale la afirmación correcta: A) Las especies recogidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas deben incluirse en alguna de las siguientes categorías: En Peligro de Extinción, En Peligro Crítico, Vulnerable. B) La iniciación del procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión de una especie en el Listado y Catálogo se realizará previa iniciativa de Dirección General de Medio Natural y Política Forestal y se remitirá al Comité de Flora y Fauna Silvestres para su evaluación. C) Los programas de reintroducción de especies extinguidas en un determinado ámbito territorial de las que aún existen poblaciones silvestres o en cautividad, y que sean susceptibles de extenderse por varias comunidades autónomas, son aprobados por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. D) La especie Gallotia galloti insulanagae está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría En Peligro de Extinción.

99. Actualmente, la Oficina Española de Cambio Climático tiene nivel orgánico de: A) Subdirección General. B) Secretaría General. C) Dirección General. D) Secretaría de Estado.

101. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas: A) En el momento en que se pongan a disposición en la dirección electrónica habilitada única. .B) En el momento en que se pongan a disposición en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. C) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido. D) En el momento en que se acceda al Punto de Acceso General Electrónico de la Administración y, en todo caso, en los diez días naturales siguientes desde la puesta a disposición.