L39_2

14.1. ¿Qué sujetos estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?. a) Las personas físicas. b) Las entidades con personalidad jurídica. c) Quienes representen a un interesado en un procedimiento. d) Las personas jurídicas.

14.2. ¿Quiénes de los siguientes sujetos estarán obligados a relacionarse, en todo caso, a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 39/2015?. a) Las personas físicas. b) Quienes representen a un interesado, aunque éste no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. c) Los empleados de las Administraciones Públicas. d) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

14.3. A los efectos de lo previsto en el articulo 14 de la Ley 39/2015, estarán obligados en todo caso, a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, los siguientes sujetos: a) Todos aquellos que ejerzan una actividad profesional, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Publicas en ejercicio de dicha actividad. b) Los empleados de las Administraciones Publicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. c) Solo mediante ley, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas.

14.4. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015: El medio elegido por una persona física para comunicarse con las Administraciones Públicas: a) No podrá ser modificado, sin motivación suficiente. b) No podrá ser modificado en ningún caso. c) Podrá ser modificado en cualquier momento. d) Podrá ser modificado en los supuestos tasados en la Ley 40/2015.

14.5. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, los ciudadanos tienen derecho a elegir, en todo momento, la manera de comunicarse con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentando sus solicitudes: a) Exclusivamente de manera presencial. b) De manera presencial o electrónica. c) Exclusivamente de manera virtual. d) De manera presencial, electrónica o virtual.

14.6. Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: a) Las personas físicas no podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. b) Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. c) En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

14.7. Conforme al articulo 14 de la Ley 39/2015, en todo caso estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: (señale la respuesta incorrecta). a) Las personas físicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional. d) Los empleados de las Administraciones Públicas.

14.8. Conforme determina la Ley 39/2015: a) Cualquier persona física o jurídica está obligada a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. b) Las comunidades de bienes no están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. c) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles no están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. d) Las personas físicas no están obligadas a relacionarse con la Administración Publica por medios electrónicos.

14.10. Conforme el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas en todo momento. b) Las personas jurídicas. c) Quienes representen a un interesado, aunque éste no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de interesado particular.

14.11. Conforme el artículo 14 de la Ley 39/2015. ¿En qué momento pueden elegir las personas físicas si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos?. a) En todo momento. b) Solo antes del trámite de audiencia. c) Siempre con anterioridad a la finalización de la instrucción. d) Únicamente en la fase de ordenación del procedimiento.

14.12. Conforme lo establecido por la Ley 39/2015, en todo caso estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos (señale la respuesta falsa): a) Los empleados de las Administraciones Públicas, para los trámites y actuaciones que realicen con ellas en su condición de persona física. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Los notarios. d) Los registradores de la propiedad y mercantiles.

14.14. De acuerdo con el articulo 14 de la Ley 39/2015, las personas jurídicas se relacionan con la Administración para cualquier trámite del procedimiento administrativo: a) Mediante medios electrónicos obligatoriamente. b) Pueden elegir el uso de medios electrónicos o no. c) Mediante medios electrónicos cuando lo exija una ley. d) Mediante medios electrónicos cuando se desarrolle reglamentariamente.

14.16. De conformidad con la Ley 39/2015, No estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: a) Un funcionario en los trámites y actuaciones que realiza con la Administración Pública por su condición de empleado público. b) Un empleado público que presenta alegaciones en un procedimiento sancionador que se le ha incoado por una infracción de tráfico. c) Una sociedad cooperativa. d) Un notario.

14.17. De acuerdo con la Ley 39/2015, no están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas en el ejercicio de toda actividad profesional o comercial. b) Las personas jurídicas. c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. d) Las entidades sin personalidad jurídica.

14.18. De acuerdo con la Ley 39/2015, no están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Las personas físicas en sus reclamaciones. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

14.19. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas en todo caso: a) Las entidades sin personalidad jurídica. b) Las personas físicas. c) Los que actúen como representantes de algún interesado. d) Los empleados de las Administraciones Públicas.

14.20. De acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para cualquier trámite de un procedimiento administrativo (señala la respuesta incorrecta): a) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera o no colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. d) Las entidades sin personalidad jurídica.

14.21. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 39/2015, ¿están obligadas las entidades sin personalidad jurídica, a relacionarse electrónicamente con la Administración para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?. a) Sí, pero únicamente para la realización de determinados trámites, de conformidad con las disposiciones reguladoras del procedimiento. b) Sí, en todo caso. c) No, porque al carecer de personalidad jurídica no pueden ejercer derechos y obligaciones ante la Administración. d) Sí, pero únicamente en aquellos procedimientos establecidos reglamentariamente por las Administraciones Públicas.

14.22. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 39/2015, las personas físicas, que no estando obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, elijan este medio de comunicación, ¿pueden modificar durante la tramitación del expediente el medio elegido para relacionarse con las Administraciones Públicas?. a) No. Una vez que han optado por relacionarse electrónicamente con las Administraciones, el expediente debe tramitarse en todas sus fases por medios electrónicos. b) Pueden modificarlo, pero únicamente para los trámites anteriores al de audiencia. c) Pueden modificarlo, siempre y cuando la Administración admita la modificación. d) Sí, pueden modificarlo en cualquier momento.

14.23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, señale la respuesta incorrecta, respecto de los obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones Públicas: a) Las entidades sin personalidad jurídica. b) Los empleados de las Administraciones Públicas, en todo caso. c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. d) Las personas jurídicas.

14.24. El art. 14 de la Ley 39/2015 que regula el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas dispone: Señálese la respuesta correcta. a) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. b) Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. c) Las entidades sin personalidad jurídica podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. d) Los empleados de las Administraciones Públicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

14.25. El articulo 14 de la Ley 39/2015, regula el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Según este artículo en su punto 1 ... a) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. El medio elegido podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. b) Las personas físicas y jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. El medio elegido podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. c) Las personas físicas podrán elegir, al inicio del procedimiento, si se comunican para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. El medio elegido podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. d) Las personas físicas y jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. El medio elegido no podrá ser modificado a largo del procedimiento.

14.26. El artículo 14 de la Ley 39/2015, establece que están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas: a) Las personas jurídicas. b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria exceptuando a los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. c) Las entidades con o sin personalidad jurídica de acuerdo a sus estatutos. d) Los empleados de las Administraciones Públicas para cualquier trámite o actuación que realicen con ellas en su condición de administrados.

14.27. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas: a) No puede ser modificado por aquella en ningún momento. b) Únicamente puede ser modificado por aquella dentro de los 10 días siguientes al inicio del procedimiento. c) Puede ser modificado por aquella en cualquier momento.

14.28. Elige la respuesta correcta. Respecto a la forma de comunicación con las administraciones públicas, las personas físicas: a) Podrán elegir en todo momento si se comunican a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones públicas no podrá ser modificado por aquella en ningún momento. b) Estarán obligadas a comunicarse por medios electrónicos. c) Podrán elegir en todo momento si se comunican a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. d) No podrán comunicarse a través de medios electrónicos en ningún caso.

14.30. En relación al derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, indique la respuesta correcta: a) En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. b) Las Administraciones Públicas podrán establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para todo tipo de procedimientos. c) El interesado, en ningún caso, podrá modificar el medio elegido para comunicarse con las Administraciones Públicas. d) Las entidades sin personalidad jurídica no están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

14.32. En todo caso, como indica el artículo 14.2 ley 39/2015, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las entidades sin personalidad jurídica. b) Quienes ejerzan un derecho que tenga relación con la Administración a la que se dirigen. c) Los extranjeros en los trámites de extranjería y asilo seguidos en los consulados y embajadas. d) Todos los sujetos que tengan capacidad y legitimación para intervenir en el procedimiento.

14.35. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: a) Las entidades con personalidad jurídica. b) Quienes ejerzan una actividad para la que no se requiera colegiación obligatoria. c) Las personas jurídicas. d) Todas son correctas.

14.36. Indique para cuál de los siguientes colectivos es una obligación relacionarse electrónicamente con la Administración: a) Los empleados de las Administraciones Públicas en sus solicitudes como empleados públicos, aunque pueden presentar la documentación mediante firma escaneada, en subsanación de algún defecto. b) El representante de un interesado que sea persona física. c) Todas las personas jurídicas, considerando como fecha de presentación de la solicitud aquella en que hubiera realizado la subsanación, en su caso. d) Las entidades sin personalidad jurídica cuando quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de medios electrónicos.

14.37. La Ley 39/2015, establece que en todo caso estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: a) Las personas físicas. b) Las personas físicas y jurídicas. c) Las personas jurídicas. d) Las personas que lo promuevan como titulares de un derecho legítimo.

14.38. En todo caso, NO estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionar se electrónicamente con la Administración. d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón por su condición de vecino del municipio.

14.40. La relación con la Administración Pública para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo será a través de medios electrónicos: a) Obligatoriamente para aquellos ciudadanos que dispongan de DNI electrónico. b) Cuando así haya sido señalado por el interesado al inicio del procedimiento sin que exista posibilidad de cambiar a otro medio de comunicación durante el mismo. c) Obligatoriamente para las personas jurídicas. d) Siempre de forma voluntaria.

14.41. Las personas físicas: a) No pueden elegir cómo se comunican con la Administración para el ejercicio de sus derechos. b) Se han de comunicar forzosamente con la Administración por medios electrónicos. c) Necesitan de abogado y procurador para comunicarse con la Administración. d) Podrán comunicarse con la Administración para el ejercicio de sus derechos por medios distintos a los electrónicos.

14.42. Las personas jurídicas se relacionarán con las Administraciones Públicas: a) A través de medios electrónicos en todo caso. b) A través del modo que tenga establecido la Administración destinataria. c) A través del modo que elijan, salvo que hayan de hacerlo mediante comparecencia personal o por representante. d) A través del modo que elijan salvo que estén obligados a relacionarse a través de medios electrónicos.

14.43. Ley 39/2015. Sobre los derechos y obligaciones en la relación electrónica con las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas podrán elegir, en todo caso, si se comunican electrónicamente con la Administración o no. b) Las entidades sin personalidad jurídica no estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. c) Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos. d) Las personas jurídicas no estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

14.46. Según el articulo 14 de la Ley 39/2015, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: a) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de medios electrónicos necesarios. b) Los funcionarios y el personal laboral de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de medios electrónicos necesarios. c) El personal de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de medios electrónicos necesarios. d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de medios electrónicos necesarios.

14.48. Según el artículo 14 de la Ley 39/ 2015, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Todas son correctas.

14.49. Según el articulo 14 de la Ley 39/2015, no están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas en un procedimiento administrativo: a) Las entidades sin personalidad jurídica. b) Los notarios. c) Las personas jurídicas. d) Los empleados de la Administraciones Públicas en toda relación con éstas.

14.50. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, las personas físicas: a) Podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, sin excepción alguna. b) Podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que reglamentariamente se establezca la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas. c) No podrán modificar el medio elegido para comunicarse con las Administraciones Públicas una vez seleccionado. d) No podrán elegir en ningún momento a través de qué medio se relacionan con las Administraciones Públicas.

14.51. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015: a) Para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, las personas físicas están obligadas a relacionarse con las Administraciones Públicas siempre a través de medios electrónicos. b) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. c) Una vez iniciado el procedimiento, las personas físicas no podrán modificar el medio elegido para comunicarse con las Administraciones Públicas. d) Los empleados de las Administraciones Públicas no están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

14.52. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos: a) Las personas físicas, en todo caso. b) Las personas físicas que no estén obligadas a relacionarse por medios electrónicos. c) Las personas físicas y jurídicas que no estén obligadas a relacionarse por medios electrónicos. d) Todos los interesados, ya se trate de personas físicas o jurídicas.

14.54. Según el articulo 14 de la Ley 39/2015, no están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas físicas. b) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. c) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. d) Todos los anteriores están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

14.55. Según el artículo 14.2 de la Ley 39/ 2015, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas físicas que por razón de su capacidad económica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que no tienen acceso ni disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. b) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación facultativa para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. d) Quienes ejerzan una actividad no profesional para la que se requiera colegiación facultativa, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad.

14.57. Según la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse, en todo caso, a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: a) Las personas físicas. b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. c) Los empleados de las Administraciones Públicas en la forma que se determine reglamentariamente por cada Administración. d) Las personas jurídicas.

14.59. Según la Ley 39/2015, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: a) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Las personas jurídicas. d) Todas las respuestas son correctas.

14.60. Según el articulo 14.3 de la Ley 39/2015. a) Por Resolución, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. b) Reglamentariamente, las Administraciones no podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos ni para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. c) Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. d) Por Ley, las Administraciones no podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos ni para ciertos colectivos de personas físicas.

14.62. Según la Ley 39/2015, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: a) Aquellos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. b) Quienes representen a un interesado. c) Las entidades sin personalidad jurídica.

14.63. De acuerdo con el artículo 14 de la ley 39/2015, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. b) Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional, En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Quienes sean titulares de concesiones o autorizaciones administrativas. c) Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

14.64. Según lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 39/2015, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: a) Las entidades sin personalidad jurídica que reglamentariamente se determinen por razón de su capacidad económica. b) Las personas físicas y jurídicas para los procedimientos que reglamentariamente se establezcan. c) Los Empleados de las Administraciones Públicas para el desempeño de sus funciones. d) Las personas jurídicas.

14.65. Según el articulo 14.2 de la Ley 39/2015, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: a) Las personas físicas y jurídicas. b) Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y, en todo caso, los empleados de las Administraciones Públicas. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. d) Los que representen a un interesado, aunque éste no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

15.1. En los procedimientos tramitados por las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales: a) Se utilizará el castellano. b) Se usará la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma. c) El uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica.

15.2. En relación con el derecho de las personas a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, el articulo 15 de la Ley 39/2015, establece lo siguiente: a) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en la lengua cooficial existente en dicha Comunidad Autónoma, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. b) La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, también será precisa su traducción. c) La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados aunque no lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. d) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

15.3. Según el articulo 15 de la Ley 39/2015, si en un procedimiento administrativo desarrollado ante los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial, concurrieran varios interesados en el procedimiento y existiera discrepancia entre ellos en cuanto a la lengua: a) Todo el procedimiento, sin excepción, se tramitará en castellano. b) Todo el procedimiento se tramitará, sin excepción, en la lengua utilizada por el prime.ro de los administrados intervinientes. c) Todo el procedimiento se desarrollará en la lengua que elija el titular del órgano administrativo, sin perjuicio de que los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. d) El procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

15.4. Señale la respuesta incorrecta: a) La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. b) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado sitos en alguna de las capitales vascas podrán utilizar el euskera. c) En los procedimientos tramitados por la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca, el uso del euskera se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. d) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las entidades locales vascas, el uso del euskera se ajustará a lo previsto en la legislación nacional de referencia.

15.5. Indique la respuesta INCORRECTA en relación a la lengua de los procedimientos, según el articulo 15 de la Ley 39/2015. a) La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. b) En los procedimientos tramitados por las administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. c) La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. d) Cuando la sede del órgano de la Administración General del Estado esté en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, con independencia de cualquier documento o testimonio requerido por los interesados.

15.6. Según el articulo 15.1 de la Ley 39/2015, la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado: a) Será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. b) Será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado o de la Administración local con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. c) Será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración local con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma tendrán que utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. d) Será la lengua oficial de la Administración a la cual se dirijan los interesados.

15.7. La lengua de los procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas: a) Será el castellano, únicamente. b) Será la que establezca la legislación estatal. c) Será la que esté prevista en la legislación autonómica correspondiente. d) Será la que desee el administrado.

15.8. Según el artículo 15.2 de la Ley 39/2015, la lengua utilizada en los procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas será: a) El castellano, como lengua oficial del estado. b) La lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. c) La lengua cooficial de la comunidad autónoma, siempre. d) El castellano o la lengua cooficial de la comunidad autónoma, indistintamente.

15.9. De conformidad con el articulo 15 de la Ley 39/2015, el uso de la lengua en los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales se ajustará a lo previsto en: a) La presente ley. b) La legislación autonómica correspondiente. c) La presente ley o en su defecto la legislación autonómica correspondiente. d) La legislación autonómica correspondiente o en su defecto la presente ley.

15.10. Según la Ley 39/2015, ¿Quién deberá traducir al castellano los expedientes que deban surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma, donde no sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano?. a) Deberá traducirlo la Administración Pública donde sea cooficial esa misma lengua. b) Deberá traducirlo la Administración Pública instructora. c) No será precisa su traducción. d) La Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua, distinta del castellano, deberá traducirlo si así lo solicita expresamente el interesado.

15.12. Según lo dispuesto en el articulo 15.2 de la Ley 39/ 2015, respecto a la lengua de los procedimientos señale la respuesta correcta: a) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la presente ley, en la legislación autonómica correspondiente y en la legislación local. b) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la presente ley. c) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica y a la legislación local correspondiente. d) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

15.13. El art. 15 de la Ley 39/2015 que regula la lengua de los procedimientos establece: Señale la incorrecta: a) La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma deberán utilizar preceptivamente el castellano. b) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. c) La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. d) En los procedimientos tramitados por las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

16.1. Conforme a la Ley 39/2015, ¿qué registros deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros?. a) Sólo los registros de la Administración Autonómica y Local. b) Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones. c) Sólo los registros de la Administración General del Estado. d) Sólo los registros electrónicos de los órganos de una misma Administración territorial.

16.2. Conforme al art. 16 de la Ley 39/2015, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: Señálese la incorrecta. a) En las oficinas de Correos. b) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares del extranjero en España. d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

16.3. Conforme al artículo 16.5 de la Ley 39/ 2015, ¿cuál es el modo de actuar en un registro si se presenta un ciudadano con los documentos en un Pendrive?. a) No lo aceptará: los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas han de ser obligatoriamente digitalizados. b) No lo aceptará: la administración siempre ha de devolver los originales al interesado. c) Lo aceptará: las Administraciones han de aceptar documentación presencial en cualquier soporte, sin necesidad de una norma que así lo determine. d) Lo aceptará: en el caso de que resulte obligatoria la presentación de estos documentos en un soporte específico no susceptible de digitalización.

16.4. El Articulo "16. Registros" de la Ley 39/2015, establece que: a) En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden consultarse en el mismo. b) Los registros electrónicos de las Comunidades Autónomas, deberán ser plenamente interoperables, no así los de los Ayuntamientos. c) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. d) Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha y la hora (hasta el nivel de segundos) del día en que se produzcan.

16.5. Conforme establece el artículo 16.3 de la Ley 39/2015, en el registro electrónico de cada Administración u Organismo en cada asiento que se practique se garantizará la constancia de (señale la respuesta incorrecta): a) Identificación del interesado. b) Fecha y hora de su presentación. c) Órgano donde fue presentado. d) Persona u órgano administrativo al que se envía.

16.6. El registro electrónico de cada Administración garantizara la constancia en cada asiento que se practique de: a) Un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al posible sentido positivo o negativo de la respuesta de la Administración. b) Un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia a las recursos administrativos que pudieran interponerse. c) Un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al posible sentido positivo o negativo de la respuesta de la Administración. d) Un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra.

16.7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.5 Ley 39/2015: "los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable ... " ¿Qué órgano administrativo deberá digitalizarlos?. a) La oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado. b) El órgano competente para la tramitación del procedimiento concreto. c) Las unidades de archivo central.

16.8. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 39/2015, las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en: a) El diario oficial correspondiente y su índice deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. b) La sede electrónica de acceso al registro y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en el portal de transparencia. c) El diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. d) La sede electrónica de acceso al registro y su índice deberá estar disponible para consulta en el diario oficial correspondiente.

16.9. El articulo 16.1 de la Ley 39/2015, establece que cada Administración dispondrá de: a) Un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado en los organismos públicos estatales y locales. b) Un Registro General, en el que se harán los asientos de cualquier documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo. c) Un Registro General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad, incluso los no vinculados a éstos. d) Un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos.

16.10. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, las disposiciones de creación de los registros electrónicos: a) Se publicarán en el tablón de edictos y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. b) Se publicarán en el portal de internet y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. c) Se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro.

16.11. En relación con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse: a) En las oficinas de Correos, en la forma que una norma, que necesariamente deberá tener rango de ley, establezca. b) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de cualquier país de la Unión Europea en el extranjero. c) En las oficinas de asistencia en materia de registros. d) En el registro electrónico de cualquier corporación pública o privada.

16.12. En todo caso, según el artículo 16 de la Ley 39/2015, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán necesariamente su contenido. ¿Cuál no constituye un contenido indispensable?: a) Fecha. b) Documentos que no pueden presentarse de forma presencial. c) Hora oficial. d) Días declarados inhábiles.

16.13. Los asientos de salida del Libro Registro no se referirán, entre otros, a los siguientes conceptos: a) Número de orden. b) Autoridad, Negociado, Sección o dependencia de donde procede. c) Fecha de ingreso del documento en las oficinas del Registro. d) Extracto de su contenido.

16.14. Ley 39/2015. En cuanto a los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas, éstos podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los registros electrónicos de cualquier Administración u Organismo conveniado con él. b) En las oficinas de Correos, cuando su presentación sea electrónica. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero y del extranjero en España. d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

16.15. Los asientos en los Registros, se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, indicando la fecha del día en que se produzcan. a) Sí, es cierto. b) El criterio de recepción de los documentos es el de que, primero, se asientan los procedentes de los juzgados. c) El orden temporal no es un criterio que deba tenerse en cuenta, cuando se trata de recepcionar un documento. d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

16.16. Los asientos que se anoten en el Registro Electrónico se harán respetando: a) La importancia del asunto de que se trate. b) El orden temporal de recepción o salida de los documentos. c) El órgano al que vaya dirigido o del que salga el documento en cuestión.

16.17. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, ¿deberán ser digitalizados?: a) Sí, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados. b) Sí, por el interesado y, en su defecto, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados. c) Sí, por cualquier dependencia administrativa de la Administración responsable del registro. d) No.

16.18. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con el articulo 27 de la Ley 39/2015, por las oficinas de asistencia en materia de registros y devueltos los originales al interesado: a) Siempre, sin excepciones. b) La única excepción es que se presente en un soporte no susceptible de digitalización. c) Excepto cuando una norma determine custodiar los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. d) La administración no tiene excepciones, tiene que quedarse con la documentación, independientemente que le entregue copias registradas a los que presenten la documentación.

16.20. Los documentos presentados presencialmente ante las Administraciones públicas, para su incorporación al expediente administrativo electrónico: a) Serán autenticados. b) Deben ser compulsados para su validez y eficacia. c) Requerirán de identificación electrónica. d) Deberán ser digitalizados.

16.21. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) Ante cualquier organismo dependiente de la Comunidad Autónoma. b) En las oficinas insulares. c) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el articulo 2.1 de la Ley 39/2015, en las oficinas de asistencia en materia de registros, en las oficinas de correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

16.22. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas, según establece el articulo 16 de la Ley 39/2015, podrán presentarse: a) En las oficinas de empresas públicas habilitadas para ello. b) En cualquier lugar aunque no esté establecido por las disposiciones legales. c) En el registro electrónico de la Administración y Organismo al que se dirijan.

16.23. Los escritos que los ciudadanos dirigen a la Administración pueden presentarse en: a) Oficina de Correos. b) Representaciones Diplomáticas. c) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirija. d) Todas son correctas.

16.24. No hace falta que conste entre la información de un asiento: a) Fecha y hora de presentación. b) Tipo de documento. c) Asunto del documento. d) Edad del solicitante.

16.25. Según el art. 16 de la Ley 39/2015, ¿Qué Administraciones Públicas dispondrán de un Registro Electrónico General?: a) Todas las Administraciones. b) Sólo la Administración General del Estado. c) Las Administraciones de las distintas Comunidades Autónomas cuyos estatutos de autonomía así lo establezcan. d) Exclusivamente las Corporaciones Locales.

16.26. Según el art. 16 de la Ley 39/2015, respecto a los registros electrónicos indique la respuesta correcta: a) El texto integro de las disposiciones de creación de los registros electrónicos deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. b) En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden gestionarse en el mismo. c) Las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como hábiles. d) Todas son correctas.

16.27. Según el art. 16 de la Ley 39/2015: a) Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados en le plazo de 3 días hábiles a sus respectivos destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes. b) Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración deberán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la administración de la que dependen. c) Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. d) El Registro Electrónico General será único para todas las Administraciones.

16.28. Según el articulo 16 de la Ley 39/2015, los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interconectado con: a) El Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. b) Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones. c) El Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. d) Las oficinas de Correos.

16.29. Según el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. c) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el articulo 2.1. d) Todas las respuestas son correctas.

16.30. Según el artículo 16 de la Ley 39/2015: a) Cada Administración dispondrá de un Registro General. b) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico Auxiliar. c) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General. d) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General y un Registro Electrónico Auxiliar.

16.31. Según la Ley 39/15 los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse (señale la INCORRECTA): a) En las oficinas de asistencia en materia de registros. b) En las oficinas de Correos. c) En las representaciones diplomáticas y consulares extranjeras en España. d) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

16.32. Según la Ley 39/2015: a) Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. b) Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados en el plazo de 3 días hábiles a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes. c) Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración deberán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. d) El Registro Electrónico General será único para todas las Administraciones.

16.33. Una solicitud, escrito o comunicación que los ciudadanos dirijan a los órganos de la Administración General del Estado puede presentarse. a) Entre otros, en los registros electrónicos de cualquier administración Autonómica. b) Exclusivamente, en el registro del órgano público al que se dirijan. c) Solo en los Registros de la Administración General del Estado. d) Solo en los registros adscritos a una Administración Estatal, Local o Autonómica.

17.1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. a) Es optativo para cada Administración. b) Solo es obligatorio para la Administración del Estado. c) Solo es obligatorio para las Comunidades Autónomas. d) Sí, es cierto, a partir de la fecha que establece la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

17.2. Señale la respuesta incorrecta según el artículo 17 de Ley 39/2015: a) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. b) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. c) No es necesario disponer de un registro electrónico único de los documentos electrónicos. d) Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

17.3. En relación a los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, cada Administración deberá mantener: a) Un archivo electrónico por cada procedimiento. b) Un archivo electrónico por cada documento de que conste el procedimiento. c) Un archivo electrónico único. d) Tantos archivos como documentos tenga el procedimiento de acuerdo al contenido de los mismos.

17.4. Según el articulo 17 de la Ley 39/2015, los documentos electrónicos deberán conservarse: a) En un formato que permita garantizar la veracidad, confidencialidad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. b) En un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. c) En un soporte que permita garantizar la veracidad, integridad, durabilidad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. d) En un soporte que permita garantizar la originalidad, integridad y durabilidad del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.

17.5. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015: a) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. b) Cada Administración deberá mantener un archivo general electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. c) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico auxiliar de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. d) Ninguna es correcta.

17.6. Según el articulo 17 de la Ley 39/2015: a) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. b) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como la consulta durante un plazo de 20 años. c) El número y objeto de cada uno de los archivos electrónicos será determinado por el titular del Departamento ministerial. d) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico de los documentos electrónicos que correspondan a todo procedimiento especial.

17.7. Según el artículo 17.1 de la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta respecto al archivo de documentos: a) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en esta Ley. b) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. c) Cada Administración podrá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en esta Ley. d) Cada Administración deberá mantener varios archivos electrónicos unidos de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

17.8. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, los documentos electrónicos deberán conservarse: a) En un Formato electrónico que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta en el plazo de un año desde su emisión. b) En un formato digital que permita garantizar la conservación del documento y su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. c) En un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. d) En un formato accesible que permita garantizar la veracidad, utilidad y conservación del documento, así coma su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.

18.1. Según el artículo 18 de la Ley 39/2015, el principio de colaboración de las personas con la Administración implica que: a) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. b) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él no están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante. c) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de comunicarle al interesado la apertura del procedimiento. d) Todo ciudadano que conozcan datos que permitan identificar a un interesado en un procedimiento que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.

18.2. Según el artículo 18.2 de la Ley 39/2015, los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en el: a) No tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. b) Solo tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante cuando tengan una amistad manifiesta. c) Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.

18.3. Según Ley 39/2015, ¿qué deber tienen los interesados que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en un procedimiento administrativo?: a) Deben comunicarse con dichos interesados para advertirles. b) Deben salvaguardar su identidad. c) Tienen el deber de indicar tal circunstancia a la Administración actuante, con pleno respeto a las garantías previstas en la legislación de protección de datos e intimidad de la persona. d) Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.

19.1. Conforme dispone el articulo 19 de la Ley 39/2015, en la comparecencia de las personas ante las oficina públicas, señale la respuesta incorrecta: a) Las Administraciones Públicas entregarán, en todo caso, al interesado certificación acreditativa de la comparecencia. b) La correspondiente citación hará constar expresamente los efectos de no atenderla. c) La comparecencia puede ser presencial o por medios electrónicos. d) La comparecencia sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

19.2. Conforme lo dispuesto en la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos: a) Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. b) Sólo será obligatoria cuando lo disponga una disposición de carácter reglamentario. c) Será potestativa, y a instancia de la unidad administrativa. d) En todo caso será discrecional del órgano superior jerárquico que adopte la decisión.

19.3. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas solo será obligatoria: a) únicamente cuando la comparecencia sea presencial y así esté previsto en una norma con rango de Ley. b) cuando la comparecencia sea presencial o por medios electrónicos y así esté previsto en una norma con rango de Ley. c) únicamente cuando la comparecencia sea presencial y así esté previsto en la Orden que regula el procedimiento en cuestión. d) cuando la comparecencia sea presencial o por medios electrónicos y así esté previsto en la Orden que regula el procedimiento en cuestión.

19.4. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos: a) Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. b) Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango reglamentario. c) Sólo será obligatoria cuando así lo acuerde de oficio el órgano que tramite el procedimiento. d) No será obligatoria en ningún caso.

19.5. De acuerdo con la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando: a) Así esté previsto en una norma con rango de reglamento. b) En todo caso. c) Así esté previsto en una norma con rango de ley. d) Así lo determinen las autoridades y personal al servicio de las Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

19.6. En los casos en que proceda la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas de la administración: a) Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia, sólo si lo estiman necesario. b) Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia, sólo si lo estiman justo y necesario. c) Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia, sólo si lo permite la ley. d) Ninguna de las opciones es correcta.

19.7. En relación con la colaboración de las personas y cuando proceda su comparecencia las Administraciones Públicas entregarán al interesado: a) Certificación acreditativa de la comparecencia. b) Resguardo de las diligencias. c) Certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite.

19.8. En relación con la comparecencia de las personas, regulada en el artículo 19 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas se hará de manera presencial exclusivamente. b) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. c) La comparecencia de las personas, ante las oficinas públicas, se hará de manera presencial exclusivamente, cando así previsto en una norma con rango de ley.

19.9. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas de la administración, ya sea presencialmente o por medios electrónicos: a) En ningún caso puede ser obligatoria. b) Solamente será obligatoria cuando así esté previsto por una norma reglamentaria. c) Solamente será obligatoria cuando así esté previsto por el funcionario correspondiente. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

19.10. La comparecencia de las personas en las Oficinas Pública solo será obligatoria: a) La comparecencia de las personas en las Oficinas Públicas, ya sea presencial o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. b) La comparecencia personal o por medios electrónicos siempre es obligatoria. c) Solo es obligatoria la comparecencia de los que actúan por representación. d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

19.11. La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria: a) Cuando se crea oportuno para resolver un expediente. b) Nunca. c) Cuando esté previsto en una norma con rango de Ley. d) Cuando razones de interés público así lo aconsejen.

19.12. La Ley 39/2015, establece expresamente respecto a la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas que: a) Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite. b) Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia aunque no lo solicite. c) La comparecencia solo será obligatoria si tiene carácter presencial pero nunca cuando se realiza por medios electrónicos. d) La comparecencia solo será obligatoria si se realiza por medios electrónicos pero nunca si tiene carácter presencial.

19.14. Según el artículo 19 de la Ley 39 /2015, en los casos en que proceda la comparecencia de las personas, la correspondiente citación hará constar expresamente: a) El nombre, lugar, fecha y hora. b) El lugar, fecha, hora, objeto de la comparecencia y expediente administrativo. c) El nombre, lugar, fecha, hora y los efectos de no atenderla. d) El lugar, fecha, hora, los efectos de no atenderla, el objeto de la comparecencia y los medios disponibles.

19.16. Según el artículo 19 de la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medíos electrónicos, sólo será obligatoria cuando: a) Así esté previsto en una norma con rango de Ley. b) Así esté previsto en una norma reglamentaria. c) Así esté previsto en la normativa concreta de cada procedimiento. d) Así lo establezca el órgano encargado de instruir el procedimiento.

20.1. En relación a la exigencia de responsabilidad, regulada en el artículo 20 de la Ley 39/2015, derivada de actuaciones que durante la tramitación del procedimiento pueda afectar a intereses legítimos de los interesados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a) La Administración a la que corresponda podrá solicitar la exigencia de responsabilidad al personal que tuviese a su cargo el despacho de los asuntos. b) Los interesados podrán solicitar la exigencia de responsabilidad al personal que tuviese a su cargo el despacho de los asuntos. c) La Administración competente en materia de impulso e inspección de servicios podrá exigir la responsabilidad a la Administración que corresponda dicho procedimiento. d) Los interesados podrán solicitar la exigencia de responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal afectado.

21.1. Conforme al artículo 21 de la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver y notificar la resolución, este será de tres meses, que se contará: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de la notificación del acuerdo de iniciación. b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u órgano competente para resolver. c) A y B son ciertas. d) A y B son falsas.

21.2. ¿Cuál es el plazo máximo en que debe resolverse y notificarse una resolución expresa por parte de la administración?. a) Cuatro meses. b) Un mes. c) Treinta días. d) Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

21.3. ¿Desde qué momento debe contarse el plazo máximo para resolver en el caso de que las normas reguladores del procedimiento no hubieran fijado un plazo máximo?. a) Desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento, en todos los casos. b) Desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento cuando aquel se inició a solicitud del interesado. c) Desde la fecha que establezca la propia Administración, caso por caso. d) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro competente para su tramitación, en el caso de procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

21.4. A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla: a) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. b) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración y los casos de desaparición sobrevenida del objeto. c) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. d) Los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

21.5. A tenor de lo indicado en el articulo 21 de la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para su resolución, este será de: a) 6 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados de oficio. b) 6 meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquier registro electrónico en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. c) 3 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados de oficio. d) 3 meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquier registro electrónico en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

21.6. ¿Cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa por parte de la Administración Pública, a tenor del artículo 21 de la Ley 39/2015?: a) Veinte días. b) Un mes. c) Tres meses. d) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

21.7. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver, éste será de: a) Seis meses. b) Tres meses. c) Un mes. d) El estrictamente necesario para resolver.

21.9. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, la Administración deberá: a) Dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación excepto en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. b) En todo caso, informar a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. c) Publicar y mantener actualizadas en el diario oficial correspondiente, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

21.10. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa en un procedimiento?. a) 1 mes. b) 2 meses. c) 15 días. d) El que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

21.11. Cuando las normas reguladores de los procedimientos no fijen el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, según la Ley 39/2015, éste será de: a) Tres meses. b) Seis meses. c) Nueve meses. d) Un año.

21.12. De acuerdo con el articulo 21 de la Ley 39/2015, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Se exceptúa de esta obligación el siguiente supuesto: a) Caducidad del procedimiento. b) Terminación del procedimiento por pacto o convenio. c) Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. d) Desistimiento en la solicitud.

21.13. De acuerdo con el articulo 21.4 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizado en el portal web: a) Las relaciones de procedimientos de su competencia. b) La duración mínima de los procedimientos. c) A los efectos del silencio administrativo solo cuando sea positivo. d) A los efectos del silencio administrativo solo cuando sea negativo.

21.14. De acuerdo con la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa NO podrá exceder de: a) 2 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. b) 3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. c) 5 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. d) 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

21.15. De acuerdo con la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de los procedimientos administrativos NO fijen el plazo máximo para resolver, éste será de: a) Seis meses. b) Un mes. c) Dos meses. d) Tres meses.

21.16. De acuerdo con la Ley 39/2015, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma que regule el procedimiento y que no podrá, con carácter general: a) Exceder de seis meses. b) Exceder de cuatro meses. c) Exceder de un año. d) Exceder de siete meses.

21.17. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley 39/2015, la Administración NO está obligada a dictar resolución expresa y notificarla: a) En los casos de desistimiento de la solicitud o renuncia del derecho. b) En los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación a la Administración. c) En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. d) En los casos de prescripción o caducidad del procedimiento.

21.18. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley 39/2015, relativo a la obligación de resolver de la Administración: a) Se exceptúan de dicha obligación los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. b) La Administración no estará obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en los procedimientos iniciados de oficio. c) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa podrá exceder en determinados casos de seis meses.

21.19. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para notificar la resolución expresa, éste será de: a) 3 meses, en los procedimientos iniciados de oficio, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. b) 6 meses, en los procedimientos iniciados de oficio, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación por el Organismo competente para su tramitación. c) 6 meses, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico del Organismo competente para su tramitación. d) 3 meses, en los procedimientos iniciados de oficio, a contar desde la fecha de entrada en el Organismo competente para su tramitación.

21.20. En relación con la obligación de resolver que recoge el articulo 21 de la Ley 39/2015, señala la respuesta FALSA: a) El incumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo podrá dar lugar únicamente a la exigencia de responsabilidad disciplinaria. b) En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. c) En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación. d) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

21.21. De conformidad con el artículo 21 de la ley 39/2015: a) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos si bien en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de tal circunstancia. b) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos incluidos los supuestos de terminación por pacto o convenio. c) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos excepto en aquellos iniciados de oficio bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia. d) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

21.22. De conformidad con el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, respecto a la obligación de resolver, señale la respuesta correcta: a) El plazo mínimo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. b) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. c) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. d) El plazo mínimo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

21.23. De conformidad con el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo: a) el plazo máximo será de tres meses. Este plazo se contará: En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha del acuerdo de iniciación. Y en los iniciados de oficio, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. b) el plazo máximo será de seis meses. Este plazo se contará: En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha del acuerdo de iniciación. Y en los iniciados de oficio, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. c) el plazo máximo será de tres meses. Este plazo se contará: En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. Y en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. d) el plazo máximo será de seis meses. Este plazo se contará: En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. Y en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

21.24. De conformidad con la Ley 39/2015, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificaría en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación salvo en determinadas excepciones legales. Una de dichas excepciones legales es: a) La caducidad del procedimiento. b) La prescripción. c) La desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. d) La terminación del procedimiento por pacto o convenio.

21.25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, en cuál de los siguientes casos la Administración está obligada a dictar resolución expresa?: a) En los casos de terminación del procedimiento por convenio. b) En casos de caducidad del procedimiento. c) En los casos de terminación del procedimiento por pacto. d) En el caso de procedimientos relacionados con el ejercicio de los derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

21.26. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa por parte de la Administración: a) Será el que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento. b) No podrá exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. c) En los procedimientos iniciados de oficio, se notificará la resolución cuando la Administración lo determine.

21.27. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa, cuando las normas reguladoras de los procedimientos administrativos no lo fijen, será de: a) Tres meses. b) Dos meses. c) Seis meses. d) Un mes.

21.28. El plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento iniciado de oficio el 7 de diciembre se contará desde: a) El día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. b) La fecha del acuerdo de incoación, es decir, desde el 7 de diciembre. c) El día siguiente a la notificación del plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento, en este caso, sería el 9 de diciembre.

21.29. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, el artículo 21.1 de la Ley 39/2015 indica que: a) No hace falta resolver expresamente el procedimiento. b) Se declarará el archivo sin más. c) Se resolverá declarando la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. d) Se emitirá un certificado de acto presunto desestimatorio por silencio.

21.30. De acuerdo con lo establecido en el articulo 21 de la Ley 39/2015, ¿en cuál de los siguientes supuestos la Administración no está obligada a dictar resolución expresa?: a) En los casos de prescripción. b) En los casos de caducidad del procedimiento. c) En los casos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. d) En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.

21.31. Indique la afirmación correcta en relación con la obligación de dictar resolución expresa y notificarla que tiene la Administración según la Ley 39/2015: a) Ante un acto desestimatorio producido por silencio administrativo, la resolución expresa posterior sólo podrá ser confirmatoria del mismo. b) El plazo no podrá exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. c) La falta de resolución expresa en un procedimiento sancionador tiene efectos estimatorios por silencio administrativo. d) En los procedimientos iniciados de oficio el plazo se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación.

21.32. La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación ¿Cuál es el plazo máximo en el que ésta deberá resolver si las normas reguladoras del procedimiento no lo fijan?. a) 3 meses. b) 6meses. c) 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. d) 3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

21.33. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Se exceptúan de esta obligación el supuesto de: a) Terminación del procedimiento por pacto o convenio. b) Caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. c) Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. d) Todas son correctas.

21.34. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos: a) Iniciados a solicitud del interesado. b) Cualquiera que sea su forma de iniciación. c) Salvo caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. d) Salvo en los casos de prescripción o renuncia del derecho.

21.35. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos ... a) solamente si se ha iniciado por el interesado. b) solamente si se ha iniciado de oficio. c) cualquiera que sea su forma de iniciación, sin excepciones. d) cualquiera que sea su forma de iniciación, con excepciones.

21.36. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: a) En todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, sin excepción. b) En todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo que se trate de procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. c) Solamente en los procedimientos iniciados a instancia del interesado. d) Solamente en los procedimientos iniciados de oficio.

21.37. La administración: a) Está obligada a dictar resolución expresa, salvo que el procedimiento termine por pacto o convenio. b) No está obligada a notificar la resolución en aquellos procedimientos iniciados a instancia de parte. c) No está obligada a notificar la resolución en aquellos procedimientos iniciados de oficio. d) Está obligada a dictar resolución expresa en los procedimientos relativos el ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable.

21.38. La Ley 39/2015, establece que las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizados a efectos informativos las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración y de los efectos que produzca el silencio administrativo, en: a) Sede electrónica. b) Portal web. c) Tablón de anuncios de las oficinas de registro.

21.39. Ley 39/2015. En cuanto a la obligación de resolver: a) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado o interesada, exclusivamente. b) La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. La notificación de dicha resolución tiene carácter potestativo para la Administración. c) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo los supuestos excepcionales tasados en la Ley. d) La Administración solo está obligada a dictar resolución expresa cuando el procedimiento se inicie de oficio.

21.40. Ley 39/2015. Se exceptúan de la obligación de resolver: a) Todos los procedimientos iniciados de oficio. b) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. c) Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos y libertades públicas. d) Todos los procedimientos citados anteriormente están exceptuados.

21.41. Los artículos 21 y 22 de la Ley 39/2015 que regulan la obligación de resolver de la Administración, disponen: (Indíquese la respuesta correcta). a) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de seis meses. b) El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. c) En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la Administración no está obligada a dictar la resolución expresa que le impone el párrafo primero del art. 21 de la Ley 39/2015. d) En ningún supuesto cabrá la suspensión del transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución.

21.42. Según dispone el artículo 21 de la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento, cuando no venga previsto en su norma reguladora: a) No podrá exceder de un mes. b) No podrá exceder de tres meses. c) No podrá exceder de seis meses. d) No podrá ser superior a la mitad del término establecido para la tramitación del procedimiento.

21.43. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, ¿quién está obligado/a a dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación?: a) Las autoridades públicas. b) Los funcionarios públicos. c) Las autoridades administrativas. d) La Administración.

21.44. Según el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo: a) Este será de 3 meses, y se contarán en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. b) Este será de 6 meses, y se contarán en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. c) Este será de 3 meses, y se contarán en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. d) Este será de 6 meses, y se contarán en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

21.45. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento: a) Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. b) No puede exceder los 3 meses. c) No podrá ser fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. d) No puede exceder los 2 meses.

21.46. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, exceptuándose: a) En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. b) En los casos de prescripción del procedimiento. c) En los casos de caducidad del procedimiento. d) En los casos de renuncia del derecho.

21.47. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015: a) Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. b) Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en la sede electrónica, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. c) Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con Indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. d) Las Administraciones Públicas no están obligadas a publicar y mantener actualizadas las relaciones de procedimientos de su competencia.

21.48. Según el artículo 21.5 de la Ley 39/2015, cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, ¿quién podrá habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo?. a) El órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver. b) El órgano instructor, a propuesta razonada del órgano competente para resolver o el superior jerárquico del órgano competente para resolver. c) El órgano competente para resolver, exclusivamente. d) El órgano competente para resolver o, en su caso, el superior jerárquico del órgano competente para resolver a propuesta razonada del órgano instructor.

21.49. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio el plazo para dictar resolución se contará desde: a) Desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de inicio. b) Desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio. c) Desde la fecha del acuerdo de inicio. d) Desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de inicio.

21.50. Según el artículo 21.5 de la Ley 39/2015, cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer: a) El incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para incumplir con el despacho adecuado y en plazo. b) Un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el inferior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. c) El cumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. d) Un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

21.51. Según la Ley 39 /2015 y en relación a la obligación de resolver que tiene la Administración Pública, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo máximo, éste será de: a) 6 meses. b) 3 meses. c) 1 mes. d) 10 días.

21.52. Según la Ley 39/2015, cuando el número de solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución del procedimiento administrativo, el órgano competente para resolver: a) Acordará la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, siempre que no exceda de la mitad del mismo. b) Podrá habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. c) Acordará, a petición de los interesados, la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento. d) Deberá habilitar los medios personales y materiales necesarios para resolver el procedimiento dentro del plazo máximo de seis meses.

21.53. Según la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver, éste será de: a) Un mes. b) Seis meses. c) Doce meses. d) Tres meses.

21.54. Según la Ley 39/2015, el plazo en el que la administración debe notificar una resolución expresa será. a) 6 meses como máximo, en todo caso. b) 3 meses como máximo, en todo caso. c) No podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. d) No hay plazo.

21.55. Según la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo máximo para resolver se contará: a) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. b) Desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento. c) Desde la fecha que figure en la solicitud. d) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el departamento que debe resolver.

21.56. Según la Ley 39/2015, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo: a) En los casos de la caducidad del procedimiento. b) En los casos de desistimiento de la solicitud. c) En el supuesto de terminación del procedimiento por pacto o convenio. d) En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.

21.57. Según lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa: a) Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, como norma general. b) En ningún caso podrá exceder de seis meses. c) Será siempre de tres meses. d) Será siempre de un mes.

21.58. Según lo previsto en la Ley 39/2015, cuándo las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo máximo para la notificación de la resolución, este será de: a) 15 días. b) 3 meses. c) 1 año. d) 1 mes.

21.59. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley 39/ 2015, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento: a) Será de 2 meses en todo caso. b) Será de 3 meses en todo caso. c) No podrá exceder en ningún caso de 6 meses. d) Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

22.1. Conforme el artículo 22.2 de la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá: a) Cuando un interesado promueva la recusación. b) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados. d) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea.

22.2. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma Administración, ¿se podrá suspender el plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento?. a) Si, el plazo de suspensión no podrá exceder de 3 meses. b) No, sólo procederá cuando el informe se solicita a un órgano de distinta Administración. c) Si, el plazo de suspensión no podrá exceder de 1 meses. d) Si, el plazo de suspensión no podrá exceder de 2 meses.

22.3. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 39/2015, señala en que caso de suspensión del plazo máximo legal para resolver un procedimiento NO se exige la comunicación a los interesados: a) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución. b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea. c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los interesados. d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de distinta Administración.

22.4. De acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución podrá suspenderse en los siguientes casos: a) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración. Este plazo no podrá exceder en ningún caso de tres meses. b) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración. Este plazo no podrá exceder en ningún caso de seis meses. c) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración. Este plazo no podrá exceder en ningún caso de cuatro meses. d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración. Este plazo no podrá exceder en ningún caso de 1 mes.

22.5. De acuerdo con el articulo 22.1 de la Ley 39/ 2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender: a) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que esta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. b) Durante un plazo máximo de dos meses, cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. c) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora. d) Durante un plazo máximo de tres meses, cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados.

22.6. De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿en cuál de los siguientes supuestos NO se suspenderá necesariamente el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y dictar la resolución?. a) Cuando los interesados promuevan la recusación. b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria indispensable para resolver el procedimiento. c) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias. d) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio con el fin de terminar el procedimiento.

22.7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 39/ 2015, se suspenderá el vencimiento del plazo legal máximo para resolver un procedimiento y notificar la resolución: a) Cuando un interesado promueva la recusación. b) Cuando algún interesado deba ser requerido para subsanar deficiencias o aportar documentos y demás elementos de juicio necesarios. c) Cuando deban realizarse ensayos técnicos o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados. d) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea.

22.8. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, en relación con la suspensión del plazo máximo para resolver un procedimiento: a) Se podrá suspender, cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma Administración, por un periodo que no podrá exceder en ningún caso de tres meses. b) Se podrá suspender cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. c) Deberá suspenderse cuando hayan de realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

22.9. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender, entre otros casos, en el siguiente: a) No se puede suspender, una vez iniciado el procedimiento. b) Solo si lo pide el interesado. c) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. d) Ninguna respuesta es correcta.

22.10. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en el siguiente caso, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados. b) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el articulo 86 de esta Ley. c) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el articulo 87 de esta Ley. d) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional.

22.11. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá, de acuerdo con el artículo 22.2 de la Ley 39/2015: a) Cuando se acuerde la ampliación de los plazos para resolver. b) Mientras se acuerda la tramitación simplificada del procedimiento. c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento. d) Cuando se acuerde un periodo extraordinario de prueba.

22.12. Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá ¿en cuál de los siguientes casos?. a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el articulo 68 de la presente Ley. b) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. c) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

22.13. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, según el art. 22 de la Ley 39/2015: a) Se deberá suspender cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. b) Se podrá suspender cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. c) Se podrá suspender cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. d) Se podrá suspender cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y facultativo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.

22.14. Según el articulo 22.1 de la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en el siguiente caso: a) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, y la notificación a la Administración instructora, que deberá serles comunicada. b) Cuando exista un procedimiento finalizado en el ámbito de la Unión Europea aunque no condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. c) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. d) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el articulo 67 de esta Ley, desde la declaración al respecto y hasta la conclusión, en su caso, de las referidas negociaciones, lo que deberá ser comunicado a los interesados por la Administración.

22.15. Según la Ley 39/2015, ¿se puede suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución?: a) Expresamente indica que en aras de la seguridad jurídica nunca puede suspenderse. b) Sí, pero no indica en qué casos puede suspenderse. c) Sí, y además dicha norma indica los casos en los que puede suspenderse. d) Sí, salvo en los procedimientos relativos a la seguridad y defensa nacional, los relativos a la hacienda pública y los que afecten a los derechos fundamentales de las personas.

22.16. Según la Ley 39/2015, ¿En cuál de los siguientes supuestos el plazo máximo legal para resolver un procedimiento se suspenderá en todo caso?: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, en su caso, por el plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 68 de la Ley mencionada. b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el articulo 87 de la Ley mencionada en el enunciado, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación. c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación del resultado al expediente. d) En todos los supuestos anteriores el plazo máximo legal para resolver queda suspendido.

22.17. Señale en cuál de los siguientes casos, de acuerdo con la Ley 39/2015, se pueden suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución: a) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento a posteriori de un órgano de las Comunidades Europeas. b) Cuando deba solicitarse cualquier tipo de informe a un órgano de la misma o distinta administración. c) Cuando deba motivarse de forma clara las circunstancias concurrentes, y sólo una vez agotados todos los medios a su disposición posibles. d) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos.

22.18. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015: a) La recusación promovida por los interesados solo conlleva la suspensión del plazo legal para resolver el procedimiento si transcurre el plazo de resolución de la recusación sin que el superior jerárquico del recusado se haya pronunciado sobre la misma. b) La recusación promovida por los interesados conlleva la suspensión del plazo legal para resolver el procedimiento desde la fecha en que se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. c) La recusación promovida por los interesados no produce la suspensión del plazo legal para resolver el procedimiento si, a juicio del superior jerárquico del recusado, ha sido planteada de manera injustificada y con el único fin de retrasar la conclusión del procedimiento. d) La recusación no conlleva en ningún caso la suspensión del plazo legal para resolver el procedimiento.

22.19. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá cuando: a) Se hayan agotado los medios materiales y personales para poder resolver. b) Deba obtenerse un pronunciamiento previo y facultativo de un órgano de la Unión Europea. c) Se soliciten informes facultativos a un órgano de distinta administración. d) El interesado promueva la recusación.

23.1. ¿Qué recurso cabe interponer contra un acuerdo de denegación de ampliación de plazo?: a) Recurso de alzada. b) Recurso potestativo de reposición. c) No cabe recurso alguno. d) Recurso extraordinario de revisión.

23.2. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, según la Ley 39/2015: a) Procederá el recurso de alzada. b) Procederá el recurso potestativo de reposición. c) Procederá el recurso extraordinario de revisión. d) No cabrá recurso alguno.

23.3. De acuerdo con el articulo 23 de la Ley 39/2015, la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación no podrá ser superior: a) Al establecido para la tramitación del procedimiento. b) A la mitad del establecido para la tramitación del procedimiento. c) Al establecido para la resolución del procedimiento. d) A la mitad del establecido para la resolución del procedimiento.

23.4. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 39/2015, la prórroga del plazo máximo para resolver y notificar: a) Solo necesita motivación en los trámites iniciados de oficio. b) No podrá ser superior a la mitad del plazo establecido en el procedimiento. c) Puede recurrirse ante el órgano competente. d) Tiene carácter excepcional.

23.5. De conformidad con el artículo 23.2 de la Ley 39/2015, respecto a la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar: a) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabrá recurso ante el órgano superior jerárquico. b) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabrá recurso. c) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. d) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que no deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

23.6. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 39/2015, sobre el acuerdo de ampliación del plazo máximo para resolver y notificar: a) Contra este acuerdo cabrá recurso de alzada. b) Contra este acuerdo no cabrá recurso alguno. c) Contra este acuerdo cabrá recurso de reposición. d) Contra este acuerdo cabrá recurso contencioso-administrativo.

23.7. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles y los que se hayan podido habilitar al efecto, el órgano competente podrá acordar de forma motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación. ¿Quién lo acordará y en qué plazo?. a) El instructor del procedimiento sin que el plazo acordado pueda exceder de la mitad de lo acordado inicialmente. b) El competente para resolver a propuesta del órgano instructor o del superior jerárquico, sin que el plazo acordado pueda exceder de la mitad de lo acordado inicialmente. c) El competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico, sin que el plazo que se amplía pueda ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. d) El instructor del procedimiento, sin que el plazo que se amplía pueda ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento.

23.8. Según la Ley 39/2015, ¿se puede ampliar el plazo máximo para resolver y notificar?: a) Expresamente indica que en aras de la seguridad jurídica nunca puede ampliarse. b) Sí, excepcionalmente. c) Sí, pero solo el plazo máximo de resolución no el de notificación. d) Sí, salvo en los procedimientos relativos a la seguridad y defensa nacional, los relativos a la hacienda pública y los que afecten a los derechos fundamentales de las personas.

23.9. Según el artículo 23 de la Ley 39/2015, ¿contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos cabe interponer recurso?: a) Si, recurso de alzada ante el órgano competente para su resolución, en el plazo legalmente establecido. b) Si, recurso potestativo de reposición ante el órgano que resolvió sobre la ampliación, en el plazo legalmente establecido. c) Si, recurso de alzada ante el órgano que resolvió sobre la ampliación, en el plazo legalmente establecido. d) No, el acuerdo de ampliación de plazo no es recurrible.

23.10. Según el artículo 23 de la Ley 39/2015, la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar (indicar la falsa): a) Podrá acordarse de forma motivada. b) No podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. c) Podrá recurrirse ante el órgano competente. d) El acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos deberá ser notificado a los interesados.

23.11. Según el articulo 23.2 de la Ley 39/2015, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos: a) Cabrá únicamente recurso de reposición. b) Cabrá recurso de alzada o de reposición. c) Cabrá recurso extraordinario de revisión. d) No cabrá recurso alguno.

24.1. De acuerdo con la Ley 39/2015, articulo 24, en cuál de los siguientes procedimientos tendrá el silencio efecto DESESTIMATORIO: a) Cuando el Procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades. b) Cuando su estimación tuviera como consecuencia que le transfieran al solicitante facultades relativas al dominio público. c) Cuando sea relativo a materias relacionadas con el tráfico de personas. d) Cuando se trate de un Procedimiento regulado por Derecho de la Unión Europea.

24.2. Conforme al art. 24.3 de la ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. c) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. d) Tanto en los casos estimación como desestimación por silencio administrativo, no cabe que la Administración adopte resolución expresa con posterioridad al vencimiento del plazo máximo para dictarla y notificarla.

24.3. De acuerdo con el articulo 24.1 de la Ley 39/2015, el silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados a solicitud de interesado: a) Tendrá efecto estimatorio. b) Tendrá efecto estimatorio si la cantidad reclamada no excede de 50.000 euros. c) Tendrá efecto desestimatorio. d) Producirá la caducidad del procedimiento.

24.4. De acuerdo con el articulo 24.3 de la Ley 39/2015, la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 de la misma, se sujetará al siguiente régimen: a) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración confirmando la desestimación. b) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto podrá dictarse sin vinculación alguna al sentido del silencio. c) En los casos de estimación por silencio administrativo, no es necesario dictar la resolución expresa posterior a la producción del acto. d) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

24.5. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado: a) Legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, en todo caso. b) El procedimiento tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos cuya estimación implique el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. c) El procedimiento no tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. d) El sentido del silencio no será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.

24.6. ¿Cuál es el plazo máximo para que el órgano competente para resolver pueda expedir un certificado de silencio administrativo una vez solicitado por el interesado?. a) 20 días. b) 15 días. c) 30 días.

24.7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa,. a) legitima al interesado o interesados para entenderla desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter estimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. b) legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. c) legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter estimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. d) legitima al interesado o interesados para entenderla desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

24.8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, el silencio administrativo tendrá efecto estimatorio: a) Cuando se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. c) En cualquier caso, en los recursos de alzada interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo. d) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas cuando el perjuicio sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

24.9. De conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, respecto al certificado acreditativo del silencio: a) Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver. b) Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para la instrucción del procedimiento en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver. c) Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde el día siguiente a que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver. d) Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.

24.10. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá de oficio: a) Por el órgano competente para iniciar el procedimiento. b) Por el órgano competente para instruir el procedimiento. c) Por el órgano competente para resolver el procedimiento. d) Por el superior jerárquico del órgano competente para instruir el procedimiento.

24.11. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido debe expedirse: a) Por el órgano competente para la instrucción del procedimiento, en el plazo de quince días desde la solicitud en tal sentido del interesado. b) De oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que la solicitud tenga entrada en el registro electrónico de la Administración. c) De oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días hábiles desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. d) Por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días naturales desde que la solicitud tenga entrada en el registro electrónico.

24.12. De conformidad con la Ley 39/2015, el silencio administrativo será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos. No obstante, cuando el recurso administrativo se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa del recurso. ¿A qué recurso o recursos afecta esta excepción, de acuerdo con el tenor literal de la ley?. a) Recurso de Alzada, exclusivamente. b) Recurso de Alzada y de Reposición. c) Recurso extraordinario de revisión, exclusivamente. d) Recurso de reposición, exclusivamente.

24.13. El certificado acreditativo del silencio producido al no haberse resuelto y notificado en el plazo máximo otorgado para hacerlo se ha de emitir de acuerdo con el articulo 24.4 de la ley 39/2015: a) Solo a instancia de parte. b) De oficio por el órgano competente para resolver, en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. c) A instancia de parte cuando se solicite como prueba del acto presunto en el plazo improrrogable de un mes tras la expiración del plazo máximo para resolver el procedimiento. d) De oficio por cualquier órgano de la administración en el plazo de 10 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

24.14. El silencio administrativo positivo está considerado: a) Como un acto de trámite que decide de forma estimatoria sobre el fondo del asunto. b) Como una ficción jurídica que permite entender provisionalmente concedida la solicitud. c) Como un verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento en sentido estimatorio. d) Como un acto firme y no revisable en el sentido estimatorio de la petición.

24.15. En los procedimientos de revisión de oficio, según el articulo 24 de la Ley 39/2015, iniciados a solicitud de los interesados, el silencio administrativo: a) Será desestimatorio. b) Será estimatorio cuando hayan transcurrido tres meses. c) Será estimatorio siempre. d) Será desestimatorio sólo en los casos que afecten a daños causados a la administración.

24.16. En el ejercicio de sus funciones, una vez ha expirado el plazo máximo para resolver un procedimiento, debe expedir un certificado acreditativo del silencio administrativo. ¿De qué plazo dispone para expedirlo?. a) 1 mes. b) 20 días. c) 3 meses. d) 15 días.

24.17. La desestimación de una solicitud por silencio administrativo: a) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. b) Permite a los interesados a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. c) Determina que la resolución expresa posterior de dicha solicitud deba dictarse en el mismo sentido desestimatorio. d) Podrá ser hecha valer por el interesado exclusivamente ante la Administración.

24.18. La Ley 39/2015, establece respecto al silencio administrativo que: a) Solo se produce en los procedimientos iniciados de oficio. b) La estimación por silencio administrativo no tiene efectos de acto administrativo finalizador del procedimiento. c) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. d) La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

24.19. Los actos administrativos producidos por silencio se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. El certificado acreditativo del silencio, ¿en qué plazo habrá de expedirse cuando se haga de oficio?: a) En el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud. b) En el plazo de quince días a contar desde el día de la presentación de la solicitud. c) En el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. d) En el plazo de quince días a contar desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

24.20. Según el art. 24.4 de la Ley 39/2015, el interesado podrá pedir certificado acreditativo del silencio administrativo producido: a) Antes de iniciar el procedimiento. b) 15 días antes de que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. c) En cualquier momento. d) Nunca.

24.21. Según el Articulo 24 de la Ley 39/2015, ¿en qué supuesto el sentido del silencio será estimatorio?: a) Cuando conlleve transferir al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. b) Cuando impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. c) Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud, con excepciones. d) Cuando se refiera al ejercicio del derecho de petición del Artículo 29 de la Constitución Española.

24.22. Según el artículo 24.2 de la Ley 39/2015: a) La estimación y desestimación por silencio administrativo tienen a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. b) La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. c) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición de los recursos que resulten procedentes. d) La estimación y desestimación por silencio administrativo solamente tienen los efectos de permitir a los interesados la interposición de los recursos que resulten procedentes.

24.23. Según el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer: a) tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. b) ante cualquier medio de prueba admitido en Derecho. c) ante la Administración pública. d) ante la persona física o jurídica, pública o privada.

24.24. Según la Ley 39/2015, ¿cuál será el sentido del silencio administrativo una vez que se haya producido el vencimiento del plazo máximo para resolver sin que la Administración haya dictado y notificado resolución expresa? Señale la respuesta INCORRECTA: a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, se producirá la caducidad del procedimiento. b) En los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. c) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, éste podrá entender estimadas o desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo, según los supuestos previstos en el artículo 24 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre. d) En los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.

24.25. Según la Ley 39/2015, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?. a) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier persona. b) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido. c) La existencia de los actos administrativos producidos por silencio administrativo puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. d) El certificado acreditativo del silencio producido solo se expedirá a instancia del interesado y deberá emitirse por el órgano competente para resolver en el plazo máximo de quince días.

24.26. Según establece la Ley 39/2015, el efecto que tendrá el silencio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Española será: a) Desestimatorio. b) Estimatorio. c) Estimatorio en caso de que el interesado alegue interés legítimo. d) En estos procedimientos siempre tiene que haber resolución expresa.

24.27. Según la Ley 39/2015, en relación con el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, señale la respuesta correcta: a) La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. b) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. c) El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. d) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos desde que se expida el certificado acreditativo del mismo.

24.28. Según Ley 39/2015, ¿en qué casos se produce el silencio administrativo?. a) En los procedimientos iniciados de oficio, en que haya vencido el plazo máximo establecido sin que la administración dicte y notifique resolución expresa, y ejercite potestades sancionadoras o de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen. b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legítima al interesado/s. c) En los procedimientos iniciados de oficio de revisión de actos nulos, si transcurre el plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución. d) En los procedimientos iniciados de oficio en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado y la administración no resuelva y notifique la resolución en plazo.

24.29. Según la Ley 39/2015, la falta de resolución de la administración en los procedimientos iniciados a instancia de parte: a) Tendrá efectos positivos o estimatorios salvo que una norma disponga lo contrario. b) Tendrá efectos positivos o estimatorios cuando se refiera al derecho de petición del articulo 29 de la CE. c) Tendrá efectos negativos o desestimatorios salvo que una norma disponga lo contrario. d) Produce la caducidad del procedimiento.

24.30. Según lo determinado en la Ley 39/2015, sobre los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa legitima al interesado para entender el sentido del silencio: a) Desestimatorio siempre. b) Estimatorio, relativo al ejercicio del derecho de petición. c) Desestimatorio, cuando se transfieran al solicitante facultades relativas al servicio público.

24.31. Señale la afirmación correcta acerca del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: a) La estimación par silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados interponer los recursos procedentes. b) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. c) La estimación por silencio administrativo solo puede hacerse valer ante quienes hayan intervenido en el procedimiento de que se trate. d) La falta de resolución dentro del plazo establecido producirá la caducidad, sin perjuicio de! derecho de los interesados a instar un nuevo procedimiento con las mismas pretensiones.

24.32. Según la ley 39/2015 señale la respuesta INCORRECTA en relación a la regulación del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado: a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. b) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. c) La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. d) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

24.33. Si no recae resolución expresa en un procedimiento de responsabilidad patrimonial de una administración pública: a) Se podrá entender estimada la solicitud de indemnización de conformidad con lo establecido en el articulo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b) Se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización. c) Se entenderá caducado el procedimiento y se procederá al archivo de la solicitud.