L39/2015

La presente Ley tiene por objeto regular: (señala la incorrecta). Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

Cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley: Solo mediante ley. Reglamentariamente. Mediante ley o reglamentariamente. Ninguna es correcta.

Podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar: solo mediante ley. reglamentariamente. mediante ley o reglamentariamente. mediante ley o reglamentariamente.

a presente Ley se aplica al sector público, que comprende (señala la incorrecta): la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. las Entidades que integran la Administración Local. el sector público institucional. el sector privado corporativo.

El sector público institucional se integra por: cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. las Universidades públicas. todas son correctas.

Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas: quedarán sujetas a lo dispuesto en todas las normas de esta Ley. quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. no están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas. no están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley.

Las Universidades públicas: se regirán únicamente por su normativa específica. se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. se regirán por las previsiones de esta Ley y supletoriamente por su normativa específica. se regirán únicamente por las previsiones de esta Ley.

Tienen la consideración de Administraciones Públicas: (señala la incorrecta). la Administración General del Estado. las Administraciones de las Comunidades Autónomas. las Entidades que integran la Administración Local. los organismos públicos y entidades de derecho privado que integran el sector público institucional.

Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por: su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley. la presente Ley, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública. su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley. la presente Ley, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública.

El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene: un artículo. dos artículos. tres artículos. cuatro artículos.

El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se denomina: De los interesados en el procedimiento. De la actividad de las Administraciones Públicas. Disposiciones generales. De los actos administrativos.

El sector público institucional se integra por: cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho privado vinculados o independientes de las Administraciones Públicas. cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o independientes de las Administraciones Públicas. cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a (señala la incorrecta): el Gobierno de la Nación. los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas. los órganos de gobierno locales. las asambleas parlamentarias del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.

Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán: vulnerar la Constitución. vulnerar las leyes. regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. todas son correctas.

Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley (señala la incorrecta): podrán tipificar infracciones administrativas. no podrán tipificar delitos o faltas. no podrán establecer penas o sanciones. no podrán establecer tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de: legalidad, eficacia, celeridad, contradicción, transparencia, e igualdad. necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. legalidad, eficacia, proporcionalidad, contradicción, transparencia, y eficiencia. legalidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, publicidad y transparencia.

La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución: en virtud de los principios de necesidad y eficacia. en virtud del principio de proporcionalidad. a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica. en aplicación del principio de transparencia.

6. La iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios: a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica. en aplicación del principio de transparencia. en virtud de los principios de necesidad y eficacia. en virtud del principio de proporcionalidad.

La iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas: a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica. en aplicación del principio de eficiencia. en aplicación del principio de transparencia. en virtud de los principios de necesidad y eficacia.

Señala la incorrecta: cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno. la atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter general y no precisará de justificación. as leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija.

Las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas: en aplicación del principio de eficiencia. en aplicación del principio de transparencia. a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica. en virtud de los principios de necesidad y eficacia.

La iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos: en aplicación del principio de eficiencia. en aplicación del principio de transparencia. en virtud del principio de proporcionalidad. en virtud de los principios de necesidad y eficacia.

Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberá: cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos. supeditar al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para: adaptarla a los principios de buena regulación. comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos. comprobar si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. todas son correctas.

El resultado de la evaluación normativa se plasmará en un informe: que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. que se hará público, con el detalle y periodicidad que determine el órgano de la Administración correspondiente. que no se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. que no se hará público, con el detalle y periodicidad que determine el órgano de la Administración correspondiente.

Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos: las normas con rango de ley. los reglamentos. las disposiciones administrativas. todas son correctas.

Respecto a la publicidad de las normas no es correcto: las Administraciones Públicas tendrán que establecer otros medios de publicidad complementarios al diario oficial correspondiente. la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. la publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente. ninguna es correcta.

Las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente: semanalmente. mensualmente. trimestralmente. anualmente.

Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en: la sede electrónica del Organismo competente. el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. el Boletín Oficial del Estado. el Diario oficial correspondiente.

Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias: con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento. con carácter posterior a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley. con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley. con carácter posterior a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento.

Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de: normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o la Administración autonómica. normas presupuestarias u organizativas de la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. que concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. todas son correctas.

Podrá omitirse la consulta pública a los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma cuando la propuesta normativa: no tenga un impacto significativo en la actividad económica. no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. regule aspectos parciales de una materia. todas son correctas.

A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas (señala la incorrecta): las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación no esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo (señala la incorrecta): quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales. quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos colectivos. los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución siempre que se personen en el procedimiento durante el trámite de audiencia.

Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible el derecho-habiente sucederá en tal condición: si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate: tienen capacidad de obrar limitada. pueden actuar sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. no tienen capacidad de obrar. ninguna es correcta.

Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado. entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado.

Podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas: las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté previsto en sus Estatutos. las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté previsto en sus Estatutos. las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.

Se presumirá la representación para: formular solicitudes. los actos y gestiones de mero trámite. presentar declaraciones responsables o comunicaciones. interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona.

Se entenderá acreditada la representación realizada: mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal. mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica. a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. todas son correctas.

Deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento: el órgano competente para la iniciación del procedimiento. el órgano competente para la instrucción del procedimiento. el órgano competente para la tramitación del procedimiento. el órgano competente para la terminación del procedimiento.

La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de: 5 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 10 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 15 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 20 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

Las Administraciones Públicas podrán habilitar: con carácter general a personas jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. con carácter general o específico a personas jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. con carácter general a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.

Será/n interoperable/s con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos: los registros mercantiles. los registros de la propiedad. los protocolos notariales. todas son correctas.

Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos: (señala la incorrecta). nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante y del apoderado. causas de anulación del apoderamiento. período de tiempo por el cual se otorga el poder. tipo de poder según las facultades que otorgue.

Respecto a los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pueden ser: un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto. un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. todas son correctas.

Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada: mínima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. máxima de 10 años a contar desde la fecha de inscripción. máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. mínima de 10 años a contar desde la fecha de inscripción.

Podrá revocar o prorrogar el poder: el poderdante en cualquier momento antes de la finalización del plazo de validez del poder. el apoderado una vez finalizado el plazo de validez del poder. el apoderado en cualquier momento antes de la finalización del plazo de validez del poder. el poderdante una vez finalizado el plazo de validez del poder.

Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo: deberán dirigirse al registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder donde quedará inscrita esta circunstancia. podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder. podrán dirigirse a cualquier registro en el que quedará inscrita esta circunstancia. deberán dirigirse al registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y quedará inscrita esta circunstancia en cualquier registro.

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. con el que figure en primer término, y, en su defecto, con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado. con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con todos ellos. con todos ellos, y, en su defecto, con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado.

Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en: el correspondiente registro administrativo. los archivos electrónicos de la Administración. el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. los documentos presentados por las partes.

Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar: la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento. la integridad del documento. la inalterabilidad del documento. todas son correctas.

Las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: (señala la incorrecta). formular solicitudes. presentar comunicaciones. gestiones de mero trámite. presentar declaraciones responsables.

Mantendrá/n actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma electrónica: la Administración General del Estado. la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, del derecho: (señala la incorrecta). a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. a la protección de datos de carácter personal, excepto la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. cualesquiera que les reconozcan la Constitución y las leyes.

El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas: podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. no podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia. únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra riesgo de no alcanzarse las pretensiones del interesado. no podrá ser modificado de manera unilateral por el interesado.

Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: (señala la incorrecta). las entidades con personalidad jurídica. las personas jurídicas. quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

Las Administraciones: podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos. podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para ciertos colectivos de personas físicas. no podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos ni para ciertos colectivos de personas físicas. podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas.

La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será: el castellano. el castellano o cualquier otra lengua oficial en algún territorio del Estado. preferiblemente el castellano. ninguna es correcta.

Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua: tanto el procedimiento como los documentos o testimonios que requieran los interesados se tramitarán en castellano. tanto el procedimiento como los documentos o testimonios que requieran los interesados se tramitarán en la lengua elegida por los mismos. el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por los mismos, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en castellano.

En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en: la presente Ley. en la legislación autonómica correspondiente. la presente Ley o, en su defecto, en la legislación autonómica correspondiente. la legislación autonómica correspondiente o, en su defecto, en la presente L.

Deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente: la Administración Pública que inicie el procedimiento. la Administración Pública instructora del procedimiento. la Administración Pública encargada de resolver el procedimiento. el propio interesado.

Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en: el diario oficial correspondiente y su índice deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. la sede electrónica de acceso al registro y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en el diario oficial correspondiente. el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. la sede electrónica de acceso al registro y su índice deberá estar disponible para consulta en el diario oficial correspondiente.

En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán: (señala la incorrecta). el órgano o unidad responsable de su gestión. la fecha oficial. los días declarados como hábiles. la hora oficial.

Concluido el trámite de registro, los documentos: serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. serán cursados en el plazo de un mes a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. serán cursados en el plazo de un mes a sus destinatarios o a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. serán cursados sin dilación a sus destinatarios o a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: (señala la incorrecta). en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. en las oficinas de Correos, en la forma que legalmente se establezca. en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados: por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, debiendo permanecer los originales en custodia de la Administración. por la Administración u Organismo en que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado. por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado. por la Administración u Organismo en que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, debiendo permanecer los originales en custodia de la Administración.

Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados, de acuerdo con lo previsto en: la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. el Esquema Nacional de Seguridad. las oficinas de asistencia en materia de registros. la Agencia Española de Seguridad Informática.

Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él: tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante si ésta lo solicita. no están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante. no están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante, salvo que ésta lo solicite. tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.

La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas: presencialmente, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma reglamentaria. ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. presencialmente, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma reglamentaria.

En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente: (señala la incorrecta). el lugar, fecha, hora. los medios disponibles. el objeto de la comparecencia. los efectos de atenderla.

Será/n responsable/s directo/s de su tramitación y adoptará/n las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad. los titulares de las unidades administrativas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos. el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviese a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos. los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos. ninguna es correcta.

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos: iniciados a solicitud del interesado. cualquiera que sea su forma de iniciación. salvo caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. salvo en los casos de prescripción o renuncia del derecho.

La resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables en los casos de: prescripción o renuncia del derecho. caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. todas son correctas.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será: de 10 días hábiles. de 1 mes. de 3 meses. el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para notificar la resolución expresa, éste será de : 6 meses. 1 mes. 3 meses.

El plazo para notificar la resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio se contarán: desde la fecha del acuerdo de iniciación. desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación.

Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de: los recursos que procedan contra el procedimiento. los plazos mínimos de duración de los mismos. los recursos que procedan contra el procedimiento y los efectos que produzca el silencio. los plazos máximos de duración de los mismos y los efectos que produzca el silencio.

Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales: en ningún caso. salvo que ya obraran en poder de la Administración. salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. ninguna es correcta.

Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a: las autoridades al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos. el personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos. los interesados en la tramitación de los asuntos. todas son correctas.

Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son hábiles: salvo que reglamentariamente se disponga otro cómputo. salvo que por Ley se disponga otro cómputo. salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo. salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional disponga otro cómputo.

Son hábiles: las horas comprendidas entres las 8 de la mañana y las 9 de la noche del día. las horas comprendidas entres las 8 de la mañana y las 9 de la noche de un día hábil. todas las horas del día que formen parte del día. todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

Los plazos expresados por horas se contarán: se contarán de hora en hora desde la hora en que tenga lugar la realización del acto de que se trate. se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. se contarán de hora en hora desde la hora en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la realización del acto de que se trate.

Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración: inferior a 1 hora, en cuyo caso se expresarán en minutos. inferior a 2 horas, en cuyo caso se expresarán en minutos. superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días. superior a 48 horas, en cuyo caso se expresarán en días.

Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días: se entiende que estos son hábiles. se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los declarados festivos. se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Los plazos expresados en días se contarán a partir de: el día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. el día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio adtvo. el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir de: el día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. el día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

Si el plazo se fija en meses o años, el plazo concluirá: el día antes en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. el día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. ninguna es correcta.

Con sujeción al calendario laboral oficial, fijará/n, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos: la Administración General del Estado. las Administraciones de las Comunidades Autónomas. la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Señala la correcta: si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente. cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil anterior. cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso.

El calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos: deberá publicarse en el primer trimestre de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda. deberá publicarse en el primer trimestre de cada año en el diario oficial que corresponda. deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

Señala la incorrecta: cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos. se garantizará el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. el registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la oficina central. el registro electrónico de cada Administración u Organismo deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible.

El contenido de los actos se ajustará: a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico. lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley. exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señala la incorrecta): los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos. los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión. los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.

Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señala la incorrecta): los actos que resuelvan recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su admisión. los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. la adopción de medidas provisionales. los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia.

Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señala la incorrecta): los acuerdos de aplicación de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados a instancia del interesado. los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. los actos que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva: se realizará de conformidad con lo que dispongan la presente ley. se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, sin necesidad de que queden acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. no precisarán de motivación.

En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por: el titular del órgano inferior. el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente. el titular del órgano superior o funcionario que la reciba oralmente. el titular del órgano superior.

Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado, cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como: nombramientos. concesiones. licencias. todas son correctas.

Respecto a la inderogabilidad singular: las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: son nulas. son anulables. son válidas. no son recurribles.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. el día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. la fecha en que se dicten, en cualquier caso.

Señala la correcta: excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos. en ningún caso, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. como regla general, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos.

Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos: siempre que dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma Administración. aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. aunque no dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma Administración. siempre que dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer: recurso de alzada. recurso potestativo de reposición. recurso extraordinario de revisión. recurso contencioso-administrativo.

Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos: cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto. cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto. cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto. cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.

Conforme a la Ley 39/2015, indique cuál de las siguientes es causa de Nulidad de los actos administrativos: Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o jerarquía. Cuando se lesione el artículo 14 de la Constitución. Cuando así lo disponga expresamente una disposición de rango reglamentario. Cuando suponga desviación del poder.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: El siguiente día al que sean dictados. La fecha en que se dicten salvo que en ellos se disponga otra cosa. A los 15 días de dictarse si no se estipula otra cosa en el propio acto. Que sean aprobados por el superior jerárquico.

Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el defecto de forma…. Determinará la nulidad de pleno derecho del acto. Determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. No implicará la anulabilidad de las partes del mismo independientes de aquélla. Nunca determinará la anulabilidad de un acto administrativo.

Respecto a la Convalidación de los actos administrativos: Si el vicio consistiera en la falta de alguna autorización, será convalidado automáticamente por el superior jerárquico. La Administración podrá convalidar los actos nulos. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. La Administración podrá convalidar los actos nulos y anulables.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en relación con la tramitación de urgencia de un procedimiento: Se realizará por el superior jerárquico. Cabrá recurso administrativo contra esta tramitación. Podrá realizarse de oficio o a petición del interesado, cuando razones de interés público lo aconsejen. Para la presentación de solicitudes y recursos, podrán reducirse a la mitad los plazos establecidos.

Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, serán nulos de pleno derecho. Los actos que lesionen los derechos y libertades no susceptibles de amparo constitucional. Los actos expresos o presuntos conformes al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se disponga de los requisitos esenciales para su adquisición. Los actos que sean constitutivos de falta administrativa. Los actos que tengan un contenido imposible.

El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y será: Determinable y adecuado a los fines de aquellos. Preciso y determinado por los fines de aquellos. Motivado y adecuado a los fines de aquellos. Determinado y adecuado a los fines de aquellos.

De conformidad con la Ley 39/2015, ¿Cuál de los siguientes actos administrativos NO serán motivados?. Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. Los actos de instrucción relevante. Los que resuelvan una reclamación previa a la vía judicial. Los acuerdos de suspensión de actos.

Respecto a las notificaciones en papel, según el artículo 42.2 de la ley 39/2015, Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se halle en el domicilio y que sea, mayor de…. 14 años. 15 años. 16 años. 18 años.

¿Cuál de los siguientes actos no requiere motivación?. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Los actos por los que se acuerde el inicio del trámite de audiencia. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.

La eficacia de un acto administrativo: Nunca quedará demorada. Quedará demorada siempre que se solicite por el interesado. Quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente, podrá demorarse solo cuando los actos se dicten en sustitución de actos anulados, aunque no lo exija su contenido.

En relación con la notificación, la ley 39/2015 dispone lo siguiente: Toda notificación deberá realizarse dentro del plazo de 10 días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia del acto administrativo quedará demorada cuando necesite notificación o publicación. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos desfavorables al interesado.

Contra el acuerdo que declare la tramitación de urgencia de un procedimiento…. Cabrá recurso de alzada ante el órgano superior al que dictó la tramitación de urgencia. Solo cabrá recurso de reposición. No cabrá recurso alguno. Cabra recurso de alzada ante el mismo órgano que dicto la tramitación de urgencia.

Señale la respuesta correcta, en relación con el cómputo de plazos que establece el artículo 30 de la Ley 39/2015: Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado y hábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Cuando el último día del plazo sea inhábil, en ningún caso se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Toda notificación deberá (señala la incorrecta): contener el texto íntegro de la resolución. indicar si pone fin o no a la vía administrativa. expresar los recursos que procedan, únicamente en vía administrativa. indicar el órgano ante el que hubieran de presentarse los recursos que procedan y el plazo para interponerlos.

Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los requisitos previstos en el artículo 40.2, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado: realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. interponga cualquier recurso que proceda. realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o interponga cualquier recurso procedente o no. a y b son correctas.

A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga: el texto íntegro de la resolución, así como la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa. el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. el texto íntegro de la resolución, así como la expresión de los recursos que procedan. el texto íntegro de la resolución.

Señala la correcta: en ningún caso las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos o para ciertos colectivos de personas físicas. los interesados que estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos y para la práctica de notificaciones. la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones: en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: por medios electrónicos. por medios no electrónicos. por el medio señalado al efecto por aquel. por el medio señalado al efecto por la Administración.

Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa: se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio. se dará por efectuado el trámite. seguirá el procedimiento. todas son correctas.

Las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única: con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria en: la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante. el tablón de edictos del Ayuntamiento de su domicilio. en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar. todas son correctas.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación: podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 16 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el edificio y haga constar su identidad. podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. no podrá hacerse cargo ninguna otra persona.

Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación: intento que se repetirá una sola vez y en una hora distinta dentro de los dos días siguientes. intento que se repetirá dos veces y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. intento que se repetirá una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. intento que se repetirá dos veces y en una hora distinta dentro de los dos días siguientes.

En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de: las 14 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 14 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de dos horas entre ambos intentos de notificación. las 15 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de dos horas entre ambos intentos de notificación. las 14 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 14 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. las 15 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación.

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán: mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante. a través de la dirección electrónica habilitada única. mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante y a través de la dirección electrónica habilitada única. todas son correctas.

Se entiende por comparecencia en la sede electrónica: el acceso por el interesado al contenido de la notificación. el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. la puesta al alcance del interesado del contenido de la notificación en la misma sede. ninguna es correcta.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado: se entenderá efectuada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Los interesados en un procedimiento administrativo, tienen derecho a (señala la incorrecta): conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. conocer el órgano competente para la instrucción de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

Los interesados en un procedimiento administrativo, tienen derecho a (señala la incorrecta): obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos. cualesquiera que les reconozcan la Constitución, las leyes o los reglamentos.

Respecto a la iniciación del procedimiento no es correcto: los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente abrirá un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.

Podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer: antes de iniciar el procedimiento, el órgano administrativo competente para iniciar o instruir, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada. iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada. antes de iniciar el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada. iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para iniciar o instruir, de oficio y de forma motivada y de forma motivada.

En los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas: el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio, iniciado el procedimiento administrativo. el órgano competente para resolver el procedimiento, de oficio, antes de la iniciación del procedimiento administrativo. el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, antes de la iniciación del procedimiento administrativo. el órgano competente para resolver el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, iniciado el procedimiento administrativo.

Podrán acordarse las siguientes medidas provisionales (señala la incorrecta): suspensión definitiva de actividades. prestación de fianzas. suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad. embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.

Respecto a las medidas provisionales: no se podrán adoptar si pueden causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o implicar violación de derechos amparados por las leyes. no podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. se consolidarán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. todas son correctas.

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento: cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

Una vez realizada la propuesta de iniciación del procedimiento por petición razonada de otro órgano administrativo: la petición vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. la petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, y tampoco es necesario comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que no procede la iniciación. la petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. ninguna es correcta.

Respecto al inicio del procedimiento administrativo por denuncia, se entiende por denuncia: el acto formulado por cualquier persona que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos del procedimiento por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. el acto propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo o persona que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento de una obligación legal o no, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento. todas son incorrectas.

Respecto al inicio del procedimiento por denuncia (señala la incorrecta): las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. cuando los hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la iniciación del procedimiento deberá ser motivada. cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.

La presentación de una denuncia: no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. confiere la condición de interesado en el procedimiento cuando aporte elementos de prueba que permitan iniciarlo. confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. ninguna es correcta.

Respecto al inicio del procedimiento a solicitud del interesado las solicitudes que se formulen deberán contener (señala la incorrecta): nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. hechos, razones y petición en que se haga una breve descripción de la solicitud. código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

Respecto al inicio del procedimiento a solicitud del interesado no es correcto: las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. los modelos y sistemas de presentación masiva, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas. los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales podrán no ser admitidos por el órgano al que se dirijan. cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados.

A petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos en periodo de subsanación presente dificultades especiales: siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 5 días. siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 5 días. siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 10 días. siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 10 días.

A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad: que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio y que dispone de la documentación que así lo acredita. que pondrá a disposición de la Administración la documentación cuando le sea requerida. que se compromete a mantener el cumplimiento de las obligaciones anteriores durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. todas son correctas.

A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente: sus datos identificativos. cualquier dato relevante para el inicio de una actividad. cualquier dato relevante para el ejercicio de un derecho. todas son correctas.

Señala la correcta: la declaración responsable y la comunicación podrán presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. la declaración responsable podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. la declaración responsable y la comunicación, en ningún caso, podrán presentarse con posterioridad al inicio de la actividad.

Respecto a la declaración responsable y la comunicación, la resolución de la Administración Pública que declare la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada podrá determinar (señala la incorrecta): la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho. la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente. la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto nunca más.

Respecto a la declaración responsable y la comunicación: las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados. para iniciar una actividad u obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, será exigible tanto una declaración responsable como una comunicación. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

Según dispone el artículo 56 de la Ley 39/2015, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer de acuerdo con los principios de: coordinación, reciprocidad y buena fe. proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. buena regulación, cobertura presupuestaria y mayor onerosidad. proporcionalidad, eficiencia y menor onerosidad.

Señale cuál de los enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015: las medidas provisionales que se hubieran adoptado antes de la iniciación de un procedimiento administrativo quedarán sin efecto si, en un plazo de quince días desde su adopción, no se ha iniciado el procedimiento mediante acuerdo del órgano competente el órgano competente para iniciar un procedimiento administrativo. el órgano competente para iniciar un procedimiento administrativo estará obligado a adoptar las medidas provisionales que soliciten los interesados siempre que no comporten gasto para la Administración y no impliquen violación de derechos amparados por las leyes. las medidas provisionales no pueden implicar violación de derechos amparados por las leyes, salvo en casos de urgencia inaplazable en los que resulte necesario para la protección provisional de los interesados implicados. las medidas provisionales adoptadas en un procedimiento administrativo no pueden ser alzadas mientras no recaiga resolución que ponga fin al mismo y establezca lo que proceda respecto a ellas.

¿Puede el órgano competente para iniciar o instruir un expediente adoptar medidas provisionales?. no, antes de la iniciación del procedimiento es el órgano competente para resolver el que podrá adoptar medidas provisionales. sí, antes de la iniciación del procedimiento podrá adoptar medidas provisionales de forma motivada, en los casos de urgencia inaplazable. no, en ningún caso. sí, después de iniciado el procedimiento.

Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, el órgano administrativo competente, podrá adoptar, medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer: en ningún caso. solo cuando se hubiera iniciado el procedimiento. antes de la iniciación del procedimiento en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. solo cuando se hubiera iniciado el procedimiento en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados.

Las medidas provisionales que eventualmente pudieren ser adoptadas una vez que se haya producido la iniciación del procedimiento, son competencia de: El órgano competente para iniciar e instruir el procedimiento. El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento. El órgano competente para resolver el procedimiento. El Alcalde, en virtud de la competencia residual que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

El artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contiene las medidas provisionales. Respecto a ellas: Iniciado el procedimiento, podrá adoptarlas el órgano competente para iniciar o instruir. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, podrá adoptarlas el órgano competente para resolver. En ningún caso podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento. Pueden ser adoptadas de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.

¿Cuál es la forma en la que se ha iniciado el procedimiento, de acuerdo a la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas?. A instancia de parte. De oficio, por petición razonada de otro órgano. A iniciativa del órgano competente. De oficio, como consecuencia de orden superior.

Si la actuación solicitada inicialmente desde la Concejalía tratara sobre las medidas provisionales a adoptar, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?: Se adoptará en todo caso de forma motivada por el órgano competente. Quedarán sin efecto, en todo caso, dentro de los 15 días siguientes a su adopción. No se podrán establecer si causan perjuicio de difícil o imposible reparación. Se podrá valorar el embargo preventivo de bienes como medida provisional a adoptar.

¿Cuál de las siguientes medidas provisionales podrán acordarse por parte del órgano competente, en consonancia con la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común? (Señale la incorrecta): La retención de ingresos a cuenta. La prestación de fianzas. La suspensión temporal de servicios. La retención de cosa inmueble.

¿Por qué motivo podría fundamentarse que la titular de la Concejalía de Acción Social ordenara el levantamiento de las medidas durante la tramitación de procedimiento que nos ocupa, según detalla el artículo 56 de la Ley 39/2015?. Las medidas provisionales podrán ser alzadas durante la tramitación, de oficio o a instancia de parte, en virtud de la instrucción del procedimiento. Las medidas provisionales podrán ser alzadas durante la tramitación, solo de oficio por parte del órgano competente, en virtud de la aparición de circunstancias sobrevenidas no previstas en el momento de su adopción. Las medidas provisionales podrán ser alzadas durante la tramitación, solo de oficio por parte del órgano competente, en virtud de la instrucción del procedimiento . Las medidas provisionales podrán ser alzadas durante la tramitación, de oficio o a instancia de parte, en virtud de la aparición de circunstancias sobrevenidas no previstas en el momento de su adopción.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el concepto de acumulación recogido en el artículo 57 de la citada Ley?. La acumulación solo es aplicable en los procedimientos iniciados de oficio. La acumulación solo se producirá entre procedimientos que guarden identidad sustancial o íntima conexión. La acumulación siempre se producirá de forma motivada. Contra la acumulación solo cabrá interponer el recurso potestativo de reposición.

Si todo el procedimiento se hubiera motivado por la denuncia de un particular, sería correcto afirmar que: El denunciante tendría automáticamente la condición de interesado en el procedimiento. Estaríamos en un procedimiento iniciado a instancia de parte. Si la denuncia detallara un perjuicio en el patrimonio del Ayuntamiento, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada. El órgano competente podrá resolver aumentar la sanción cuando el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor significativo respecto de aquellos de los que se disponga.

Sin embargo, si el procedimiento se hubiera iniciado por solicitud de un ciudadano y esta presentará deficiencias en base a los requisitos exigidos, esta se podrá subsanar, previo requerimiento. En un plazo de 10 días con indicación de que si no se hiciera, se le tendría por desistido sin necesidad de dictar resolución. En un plazo de 10 días con indicación de que si no se hiciera, se le tendría por desistido previa resolución. Si se trata de un proceso selectivo o de concurrencia competitiva el plazo será fijado automáticamente en 15 días. Si se trata de un proceso selectivo o de concurrencia competitiva el plazo podrá ampliarse, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, a 15 días.

Se entiende por expediente administrativo: el conjunto de documentos que sirven de antecedente y fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. el conjunto de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico: se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. se hará de acuerdo con lo previsto en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad. se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. todas son correctas.

La autenticación del índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de: su presentación y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. su presentación y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, no siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, no siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

Formará parte del expediente administrativo: información que tenga carácter auxiliar o de apoyo. información contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas. informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

De acuerdo con el principio de simplificación administrativa: se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento sucesivo. se acordarán en sucesivos actos todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. se acordarán en sucesivos actos todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento sucesivo.

Salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: 5 días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 5 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 10 días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.

A los interesados que no cumplan lo dispuesto en cuanto al cumplimiento de trámites se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera: antes del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. hasta 24 horas después del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. hasta 48 horas después del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán: garantizar el control de los tiempos y plazos. garantizar la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes. facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. todas son correctas.

En cuanto a los actos de instrucción, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a: los principios de eficacia y de proporcionalidad de los interesados en el procedimiento. los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. los principios de cooperación y de buena regulación de los interesados en el procedimiento. los principios de eficiencia y de necesidad de los interesados en el procedimiento.

Los interesados podrán, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: en todo momento. en cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

Los interesados podrán alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto: en todo momento. en cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

Cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo: no superior a 2 días. no superior a 5 días. no superior a 7 días. no superior a 10 días.

Respecto a los medios y período de prueba no es correcto: en los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter facultativo. cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.

La Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas: con 24 horas de antelación. con 48 horas de antelación. con 72 horas de antelación. con antelación suficiente.

Respecto a la petición de informes: a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales. a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. en la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita. todas son correctas.

Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor, en el plazo de: 10 días. 15 días. 20 días. 30 días.

Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido: se podrán proseguir las actuaciones. se suspenderá el procedimiento. se podrá ampliar el plazo para emitir el informe hasta 5 días más. se podrá ampliar el plazo para emitir el informe hasta 10 días más.

El informe emitido fuera de plazo: será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. supondrá la anulación del procedimiento. supondrá la nulidad del procedimiento.

La audiencia a los interesados: será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento. será simultánea a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento. será posterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento. ninguna es correcta.

Los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes: en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 30. en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 20. en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días. en un plazo no inferior a 15 días ni superior a 30.

Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, podrá acordar un período de información pública: el órgano al que corresponda iniciar el procedimiento. el órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento. el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento. cualquiera de los anteriores.

Respecto a la información pública es correcto: la incomparecencia en este trámite impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. la comparecencia en el trámite de información pública otorga, por sí misma, la condición de interesado. quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que será única y diferente para todas las alegaciones aunque planteen cuestiones sustancialmente iguales. las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos.

La imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas: producirá la terminación del procedimiento, la resolución que se dicte no necesitará ser motivada. no producirá la terminación del procedimiento, pero se dictará resolución que deberá ser motivada en todo caso. producirá la terminación del procedimiento, la resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. no producirá la terminación del procedimiento, pero se dictará resolución que no necesitará ser motivada.

Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con: personas de Derecho público. personas de Derecho privado. tanto personas de Derecho público como privado. ninguna es correcta.

Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule: pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter posterior, vinculante, a la resolución que les ponga fin. no pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. no pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter posterior, vinculante, a la resolución que les ponga fin. pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que celebren las Administraciones Públicas: deberán publicarse en el Diario oficial correspondiente en el plazo de 10 días desde su firma. deberán publicarse en la sede electrónica correspondiente en el plazo de 15 días desde su firma. deberán publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. deberán publicarse cuando así se establezca en los mismos.

Respecto a las actuaciones complementarias: antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento tendrán la consideración de actuaciones complementarias. la realización de las actuaciones complementarias no supondrá la suspensión del plazo para resolver el procedimiento. todas son correctas.

El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas de: 5 días. 7 días. 10 días. 15 días.

Respecto al contenido de la resolución cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba por un plazo: superior a 10 días. no superior a 10 días. superior a 15 días. no superior a 15 días.

En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto d silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso: ni podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 27 de la Constitución. aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 27 de la Constitución. aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución. ni podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución.

En los procedimientos iniciados de oficio: la Administración podrá desistir, sin necesidad de motivar, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes. la Administración no podrá desistir en ningún caso del procedimiento. la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes. la Administración podrá desistir libremente cuando lo considere conveniente.

Respecto al desistimiento y renuncia por los interesados: todo interesado podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos. todo interesado podrá renunciar a sus derechos o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, desistir de su solicitud. todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. una vez alcanzado el trámite de audiencia los interesados no podrán desistir de su solicitud ni renunciar a sus derechos.

La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de: 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 15 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 20 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 30 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento: la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado finalizando el procedimiento. la Administración suspenderá el procedimiento por el tiempo necesario. la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. la Administración no podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado por tratarse de derechos indisponibles.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento transcurrido: 1 mes. 2 meses. 3 meses. 6 meses.

La caducidad: producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

Respecto a la caducidad es correcto: en los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. en el nuevo procedimiento si no se ha producido la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, podrán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. la caducidad será aplicable en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. contra la caducidad no cabe recurso alguno.

Las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento. de oficio, cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. de oficio, cuando razones de interés público así lo aconsejen. de oficio o a solicitud del interesado, cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. de oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.

Una vez acordada la tramitación simplificada del procedimiento: no será posible volver a la tramitación ordinaria del procedimiento. el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria en cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución. el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

Cuando la tramitación simplificada del procedimiento sea acordada por la Administración: de oficio, deberá notificarlo a los interesados, si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. de oficio, deberá notificarlo a los interesados, aunque alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración seguirá con la tramitación simplificada. a solicitud de los interesados, deberá notificarlo a éstos, si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. a solicitud de los interesados, deberá notificarlo a éstos y aunque alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración seguirá con la tramitación simplificada.

Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. El órgano competente para la tramitación podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de: 5 días desde su presentación, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer el interesado. 10 días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. 5 días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. 10 días desde su presentación, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer el interesado.

En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como: leve, sin perjuicio de la oposición expresa por parte del interesado. grave, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado. leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado. grave, sin perjuicio de la oposición expresa por parte del interesado.

Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en: 10 días. 20 días. 30 días. 60 días.

Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada constarán de: inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. subsanación de la solicitud presentada, en todo caso. alegaciones formuladas al final del procedimiento durante el plazo de 5 días. trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser favorable para el interesado.

Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada constarán de (señala la incorrecta): informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. informe del Consejo General del Poder Judicial, en todo caso. dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. resolución.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que (señala la incorrecta): se produzca la suspensión de la ejecución del acto. se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, salvo el potestativo de reposición. una disposición establezca lo contrario. se necesite aprobación o autorización superior.

Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos salvo: en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley. cuando la Constitución exija la intervención de un órgano judicial. cuando la Ley exija la intervención de un órgano judicial. todas son correctas.

La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios (señala la correcta): apremio sobre el patrimonio. ejecución coercitiva. multa subsidiaria. compulsión sobre el patrimonio.

Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá: el que decida el afectado. el que decida el órgano administrativo competente. el que se pueda llevar a cabo con mayor rapidez. el menos restrictivo de la libertad individual.

Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida: se seguirá el procedimiento previsto en en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. habrá lugar a la ejecución subsidiaria. podrá ser ejecutado por compulsión directa sobre las personas. podrán imponerse multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo.

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que: por ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. por no ser personalísimos no puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. por ser personalísimos no puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

En la ejecución subsidiaria el importe de los gastos, daños y perjuicios: podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. no podrá liquidarse de forma provisional ni realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. podrá liquidarse de forma provisional pero no podrá realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. no podrá liquidarse de forma provisional pero podrá realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos (señala la incorrecta): actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona.

La multa coercitiva es: dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas. independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas.

Podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas: los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar. los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de hacer o soportar. los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de hacer o no soportar. los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o no soportar.

Un acto administrativo podrá ser ejecutado por compulsión directa sobre las personas: en los casos en que la ley expresamente lo autorice. dentro siempre del respeto debido a su dignidad. dentro siempre del respeto debido a los derechos reconocidos en la Constitución. todas son correctas.

Las acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido: en ningún caso se admitirán a trámite. excepcionalmente podrán admitirse a trámite. se admitirán a trámite como regla general. se admitirán a trámite en todo caso.